Un programa como una casa

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© Frente Amplio, 2026.

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C ontenido Introducción 0 7 0 1. Acabar con la especulación y garantizar el derecho a la vivienda 1 .1. Un gran parque público y asequible de vivienda mayoritariamente en alquiler 13 1 .2. Viviendas para vivir, no para especular 14 1 .3. Bajar el precio de alquileres e hipotecas 16 1 .4. Ni un desahucio más 18 1 .5. Rehabilitación energética integral del parque residencial vulnerable 19 1 .6. Derecho a la vivienda en la ciudad de los quince minutos 20 1 .7. Medidas fiscales 20 1 .8. Financiación del Plan de Vivienda 22 1 .9. Reforma constitucional del artículo 47 y exigibilidad judicial directa 22 0 2. Derechos sociales para una vida digna 2 .1. Reducir la desigualdad y acabar con la pobreza 25 2 .2. Derecho a cuidar y a recibir cuidados 27 2 .3. Inclusión para que nadie quede atrás 29 2 .4. Una sanidad pública más fuerte 30 2 .5. Una educación pública para la igualdad de oportunidades

35 2 .6. La cultura como derecho 38 2 .7. Feminismo que pone la vida en el centro y transforma lo cotidiano 41 2 .8. Infancia, adolescencia y juventud con derechos 44 0 3. Una reforma fiscal en profundidad 3 .1. Que las grandes empresas paguen lo que les corresponde 49 3 .2. Más contribución de los grandes patrimonios 50 3 .3. Que las rentas del capital tributen como las del trabajo 51 3 .4. Un IVA más justo 52 3 .5. Fiscalidad verde y sobre el lujo 52 3 .6. Lucha contra el fraude fiscal 53 3 .7. Transparencia fiscal 54

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0 4. Salarios y pensiones dignos y precios asequibles 4 .1. Salarios que deben crecer, más tiempo para la vida 57 4 .2. Precios asequibles y control de márgenes 62 4 .3. Pensiones públicas dignas 63 0 5. Continuar el impulso hacia una transición ecológica justa 5 .1. Energía limpia, pública y al alcance de todas las familias 68 5 .2. Transporte público asequible y seguro para alcanzar una movilidad sostenible 72 5 .3. Protección ambiental: ciudades y territorios adaptándose para el cambio climático 76 5 .4. Descarbonización del turismo 78 5 .5. Gestión de residuos, reparación y reutilización 79 5 .6. Agua como bien público 80 5 .7. Bienestar animal 82 0 6. Estado emprendedor y política industrial activa 6 .1. Una nueva política industrial y soberanía tecnológica 89 6 .2. Empresas públicas fuertes 93 6 .3. Banca pública 93 0 7. Agricultura, ganadería y pesca: hacia su sostenibilidad

medioambiental, social y económica 7.1. Sostenibilidad económica y social 97 7.2. Sostenibilidad medioambiental: descarbonización de la agricultura, la ganadería y la pesca 98 0 8. Autónomos, pymes y economía social 8.1. Simplificación burocrática, digitalización, protección a las pymes y fiscalidad 103 8.2. Energía a precios justos 104 8.3. Impulsar la economía social 104 0 9. Lucha contra la despoblación y retos de la insularidad 9.1. Garantizar empleo y servicios públicos 109 9.2. Abordar los retos de la insularidad 110 10. Empleo público de calidad 10.1. Dignificar el empleo público 113 10.2. Potenciar el empleo público 113 11. Financiación autonómica y vertebración territorial 11.1. Reforma del modelo de financiación autonómica 117 11.2. Condonación de deuda y prohibición del dumping fiscal 118 11.3. Infraestructuras e inversión en todo el territorio 119 12. Ayuntamientos con

recursos y autonomía 12.1. Un nuevo marco de financiación local 125 12.2. Alivio de la deuda para ayuntamientos en riesgo financiero 126

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12.3. Una regla de gasto que no castigue a los ayuntamientos 126 12.4. Una fiscalidad local más justa y más verde 127 12.5. Un mejor gobierno local 129 13. Democratización económica y poder financiero 13.1. Democracia en las empresas 133 13.2. Límite al poder de los grandes grupos empresariales 134 14. Poder digital y pluralismo informativo 14.1. Gobernanza digital, supervisión y responsabilidad penal de directivos 139 14.2. Transparencia algorítmica, autonomía del usuario, interoperabilidad y privacidad 139 14.3. Regulación de la inteligencia artificial en el sector público y privado 140 15. Igualdad y más derechos para todas, todos y todes 15.1. Transparencia salarial y erradicación de la brecha de género 145 15.2. Despliegue de la Ley Trans e identidades no binarias 145 16. Migraciones y antirracismo 16.1. Ley Integral Antirracismo y el Estatuto del Pueblo Gitano 149 16.2.

Procedimientos estables de regularización y vías legales y seguras para la migración y el asilo 149 17. La seguridad humana: paz, solidaridad y Europa 17.1. Apostar por la seguridad humana frente al discurso belicista 155 17.2. Cooperación internacional y ayuda al desarrollo 158 17.3. Hacia una Europa de los pueblos 160 18. Hacia una democracia avanzada 18.1. Hacia una República Federal para alcanzar la democracia real 167 18.2. Transparencia, lucha contra la corrupción y dimensión ética de la gestión pública 168 18.3. Acabar con la criminalización de la protesta social 169 18.4. Deberes y derechos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para servir en un Estado democrático 170 18.5. Transparencia y la pluralidad en los medios de comunicación privados y públicos 172 18.6. Más memoria democrática para el reconocimiento, la justicia y la reparación 173 18.7. Modernización, renovación y democratización del acceso al sistema judicial 175 18.8. Laicidad del Estado 177

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Las próximas elecciones generales son una encrucijada histórica. Durante dos legislaturas hemos demostrado que existe otra forma de gestionar lo común: frente a las recetas de la austeridad y el recorte que castigaron a la mayoría social en crisis anteriores, hoy sabemos que subir salarios, proteger el empleo y ensanchar los derechos no solo es más justo, sino que hace avanzar al conjunto del país. Hemos avanzado mucho, pero hay desafíos pendientes. Millones de familias sienten hoy que, pese a trabajar más que nunca, el coste de la vida —y muy especialmente el acceso a una vivienda digna— amenaza su bienestar y el horizonte de las próximas generaciones. La especulación es una fábrica de desigualdad que se come los salarios y quiebra el modelo económico. Frente a quienes proponen volver atrás, recortar libertades, privatizar lo que es de to - das y enfrentar a unos territorios contra

otros, el Frente Amplio nace de una convic - ción profunda: la mejor manera de defender la democracia frente a la ola reaccionaria es ampliarla, blindando los derechos sociales, acabando con la especulación y poniendo la economía al servicio de la vida. Para el Frente Amplio, el progreso real ocurre cuando tenemos más tiempo para vivir, la vida es más asequible, los servicios públicos son más fuertes y el planeta es más habi - table. Para ello, proponemos seis grandes transformaciones para mejorar la vida de la mayoría social: 1. Casas para vivir, no para especular. La vivienda es un derecho fundamental, no un ac - tivo financiero en manos de fondos buitre. Blindaremos el artículo 47 de la Constitución, invertiremos el 1 % del PIB anual para levantar un gran parque público de 1,5 millones de viviendas en alquiler asequible, toparemos las rentas vinculándolas al 25 % de los ingresos del

hogar, erradicaremos los desahucios sin alternativa habitacional y pondre - mos freno definitivo a los pisos turísticos que expulsan a vecinas y vecinos de nuestros barrios. 2. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Avanzaremos hacia la jornada laboral máxima de 32 horas semanales sin reducción salarial —empezando por las 37,5 horas de forma inmediata—, blindaremos por ley un Salario Mínimo Interprofesional equivalente al 60 % del salario medio neto y revalorizaremos las pensiones públicas por mandato constitu - cional. Vamos a llevar la democracia a las empresas con participación de las plantillas en los consejos de administración y el reparto obligatorio de beneficios. 3. Blindar un Estado del bienestar con los cuidados en el centro. Apostamos por una sani - dad 100 % pública, universal y de gestión directa con un suelo del 8 % del PIB —incorpo - rando la salud bucodental,

visual, auditiva y mental— y una educación pública blindada con el 7 % del PIB, ratios reducidas y gratuidad desde los 0 años hasta la universidad. Implantaremos una Prestación Universal por Crianza de 200 euros mensuales por menor para erradicar la pobreza infantil y desplegaremos un Pacto de Estado por los Cuidados y un feminismo que garantice vidas libres de violencias.

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10 INTRODUCCIÓN 4. Una reforma fiscal que pague el 1 % para que se beneficie el 99 %. Los derechos se sos - tienen con justicia tributaria. Nuestra reforma fiscal hará que el nuevo esfuerzo tributario recaiga sobre las grandes corporaciones, el sector financiero y las grandes fortunas — mediante un tipo mínimo real del 20 % en Sociedades y la implantación de un impuesto a los ultrarricos—, mientras bajamos el IRPF a los salarios más bajos y reducimos el IVA de los bienes básicos y la energía. 5. Una transición ecológica justa para reindustrializar el país y vivir mejor. Actuaremos con - tra la emergencia climática con valentía e inversión pública, dedicando el 3,5 % del PIB anual. Aprovecharemos el potencial renovable de España para transformar nuestro mode - lo productivo gracias a una política industrial verde, una banca pública estatal y un fondo soberano renovable que garanticen

soberanía energética, empleo estable y electricidad barata. Democratizaremos la energía con intervención pública, recuperando las redes de distribución, poniendo en marcha una comercializadora pública, aprobando tres horas de luz gratuita al día y con autoconsumo en todos los tejados. Revolucionaremos la movilidad sostenible apostando por la electrificación, un abono único estatal de transporte y un tren público al servicio de los territorios y las clases populares. Garantizaremos un futuro para el mundo rural y la España vaciada con apoyo a la agricultura ecorregenerativa y la gana - dería extensiva, pago por servicios ambientales y empleo público. 6. Una democracia avanzada, plurinacional, feminista y comprometida con la paz. Frente al centralismo y la crispación, proponemos avanzar hacia una República Federal y Pluri - nacional que reconozca la diversidad de nuestros pueblos, refuerce

la autonomía muni - cipal, democratice la justicia y proteja nuestros derechos digitales frente al poder de los algoritmos. En el mundo, defenderemos una Europa social y autónoma, una cooperación internacional del 0,7 % y una política exterior basada en la seguridad humana, el derecho internacional, la solución dialogada de los conflictos y la solidaridad activa con los pue - blos de Palestina y el Sáhara Occidental. Una invitación a construir el país que merecemos Cada una de las medidas recogidas en las páginas siguientes es el fruto del trabajo colec - tivo de las organizaciones políticas que forman parte del Frente Amplio y ha sido elaborada junto a movimientos sociales, sindicatos, profesionales de los servicios públicos, el tejido cooperativo, la comunidad científica y miles de ciudadanos y ciudadanas que no se resig - nan al conformismo. Sabemos que las grandes conquistas de

nuestra historia nunca fueron un regalo: nacieron siempre de la esperanza organizada y del empuje colectivo. Este programa es un compromiso firme con la mayoría trabajadora, con la juventud que exige emanciparse, con las mujeres que sostienen la vida y con cada pueblo y barrio de este país. Te invitamos a leerlo, a debatirlo y a hacerlo tuyo. Porque en 2026 tenemos la oportunidad de abrir una nueva década de avances, justicia social y esperanza. Contigo, es posible.

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Acabar con la especulación y garantizar el derecho a la vivienda 01

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1.1. Un gran parque público y asequible de vivienda mayoritariamente en alquiler Plan Estatal para conformar un parque público y asequible de vivienda en alquiler ● Asignación presupuestaria permanente del 1 % del PIB anual (aprox. 17.000 M€/ año) consagrada a la creación del parque público de vivienda. ● Ampliaremos el parque público y asequible de vivienda a través de la construcción directa y delegada, la compra por tanteo y retracto, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada, la redensificación, la expropiación y el ejercicio del tanteo público con el que se incorporarán 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años (125.000 viviendas públicas/año), alcanzando la media europea (9,3 %) durante la legislatura y el 20 % del parque total en 2035. Los precios del alquiler público se toparán teniendo en cuenta el coste de la vida en cada territorio con un máximo de 600 €

mensuales para inmuebles tipo de 80 m² y en cualquier caso teniendo en cuenta el coste de la vida de cada territorio para que no supere el 25 % de la renta. ● Modificaremos la legislación vigente para que ninguna vivienda protegida pase al mercado libre, independientemente de quién sea su titular y cualquiera que sea el régimen de acceso o disfrute. Expropiación progresiva del stock inmobiliario de grandes tenedores corporativos ● Aprobación de la Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados: El proceso afectará en primera fase al stock residencial de entidades poseedoras de más de 1.000 viviendas (como Blackstone o CaixaBank), en segun - da fase a tenedores de más de 700 viviendas y en tercera fase a empresas pro - pietarias de más de 50 inmuebles. Paralelamente, adscribiremos obligatoriamente todas las fincas urbanas y suelos residenciales de la SAREB a la

empresa pública Casa 47. Reserva obligatoria del 90 % de suelo para vivienda habitual ● Modificación de la Ley del Suelo para que el uso residencial signifique exclusiva - mente vivienda habitual: La ley fijará una reserva mínima del 90 % de la edificabi - lidad residencial para vivienda habitual, que será del 100 % en las zonas tensiona - das. Reservaremos para vivienda protegida al menos el 40 % de la edificabilidad residencial, destinada mayoritariamente a alquiler asequible (25 % del ingreso medio de los hogares de cada zona censal) mediante la reforma de la Ley del Suelo. ● El suelo urbanizable adscrito a vivienda que permanezca inactivo o sin ejecutar durante 2 años se expropiará automáticamente o revertirá a suelo no urbanizable.

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14 ACABAR CON LA ESPECULACIÓN Y G ARANTIZAR EL DERECHO A LA V IVIENDA Vivienda cooperativa en cesión de uso ● Aprobaremos una línea del ICO para la promoción de vivienda cooperativa en cesión de uso, participación de la economía social y solidaria en el Fondo de Vi - vienda de Impacto Social y un sistema de avales y garantías a través de CERSA y las sociedades de garantía recíproca. ● Movilizaremos suelo y edificios públicos de titularidad estatal, incluidos los de Casa 47, para su cesión a cooperativas sin ánimo de lucro mediante derechos de superficie a largo plazo, con instrumentos de concertación con el sector y concur - sos restringidos. ● Reconoceremos por ley a los proveedores sociales de vivienda sin ánimo de lucro, incluida la vivienda cooperativa en cesión de uso, en coordinación con las figuras autonómicas existentes, y estableceremos un marco jurídico sólido para su colabora

- ción con las administraciones públicas en la promoción de vivienda social y asequible. ● Impulsaremos líneas específicas de ayudas a la vivienda cooperativa en cesión de uso para los hogares con menos recursos, mecanismos de financiación que complementen la financiación ajena y reduzcan las aportaciones iniciales de ca - pital de las personas socias, y acceso garantizado de las personas socias a las ayudas al alquiler. ● Reconocimiento y protección legal de la covivienda en el medio rural mediante cooperativas en cesión de uso, a través de la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, facilitando la rehabilitación de edificaciones existentes para varias unidades de convivencia y garantizando que la atribución del uso a las personas socias no se considere, por sí misma, una segregación o parcelación urbanística. 1.2. Viviendas para vivir, no para especular Prohibición de

compra especulativa a personas jurídicas y bancos ● Prohibiremos por ley la compra de viviendas residenciales para cualquier fin que no sea la residencia habitual y permanente de la persona compradora o su arrendamiento bajo el régimen de alquiler asequible regulado. Esta prohibición alcanzará de forma absoluta a cualquier persona jurídica con ánimo de lucro, como fondos buitre, SOCIMIs, inmobiliarias, entidades bancarias y fondos de inversión. Obligación legal de uso habitual y derecho de tanteo y retracto estatal ● Para garantizar el control público de las operaciones inmobiliarias de gran es - cala, se reconoce un derecho de tanteo y retracto preferente y subsidiario a la entidad pública estatal Casa 47 (respetando la prioridad de administraciones au - tonómicas y locales) para la adquisición prioritaria de edificios completos y carte - ras inmobiliarias antes de su comercialización privada.

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15 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO Erradicación de pisos turísticos y alquileres de temporada fraudulentos ● Tramitaremos la extinción progresiva y definitiva de todas las licencias de Vi - viendas de Uso Turístico (VUT) y alquileres de temporada fraudulentos en edifi - cios residenciales en un plazo máximo de 3 años dentro de las zonas tensiona - das, devolviendo las fincas al uso residencial estable. ● La actividad económica de los pisos turísticos pasará a tributar al tipo general del IVA del 21 % y perderán toda deducción en el Impuesto sobre Sociedades e IRPF (gastos financieros, reformas y amortización), se elevará al 20 % la imputa - ción de rentas en IRPF por periodos no ocupados y sufrirán un recargo en el IBI de hasta el 150 %. ● Las plataformas digitales estarán obligadas a retirar de inmediato cualquier anuncio no registrado bajo apercibimiento de multas administrativas de

elevada cuantía. ● Daremos continuidad a la normativa para evitar la elusión de la regulación a tra - vés del alquiler de temporada y de habitaciones, modificando la Ley de Arren - damientos Urbanos. Los alquileres con una duración igual o menor a 30 días pasarán a considerarse alquileres turísticos para evitar el fraude de ley de las plataformas turísticas y se equiparará el régimen jurídico, en especial en lo relativo a los mecanismos de contención de rentas, entre el alquiler de vivienda habitual y el alquiler de temporada, así como respecto del alquiler de habitaciones. Creación de la Agencia Estatal de la Vivienda (AEV) y del Registro Estatal de Arrendamientos (REA) ● Constituiremos la Agencia Estatal de la Vivienda (AEV) como organismo públi - co independiente dotado de un cuerpo especializado de inspección y capacidad sancionadora directa para imponer multas de hasta 1.000.000 €

por infracciones graves a la normativa inmobiliaria. Se complementará y coordinará con las comu - nidades autónomas y ayuntamientos que ya dispongan de equipos de inspección y sanción. ● Paralelamente, crearemos el Registro Estatal de Arrendamientos (REA) en tiem - po real, en el que será obligatorio inscribir cualquier contrato de alquiler de vivien - da habitual o de temporada de forma previa a su publicidad o firma, permitiendo controlar fraudes y evitar encadenamientos ilícitos de contratos de corta estancia. ● Daremos recursos a ayuntamientos y comunidades autónomas para que hagan cumplir la normativa de pisos turísticos y de vivienda. Serán fondos condiciona - dos a reforzar la inspección y la sanción, porque de nada sirve una buena ley si no hay recursos o voluntad política para aplicarla. Esto incluirá financiación a los ayuntamientos para que, una vez que hayan vencido los

plazos de la licencia o del plan sin que se haya iniciado la construcción, puedan iniciar los trámites, declarar el incumplimiento de la obligación de construir y llevar a cabo la expropiación de los terrenos en manos de especuladores, pagando un precio justo, para destinar - los a viviendas públicas con alquileres asequibles.

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16 ACABAR CON LA ESPECULACIÓN Y G ARANTIZAR EL DERECHO A LA V IVIENDA Reconocimiento de sindicatos de inquilinas y regulación de la huelga de alquileres ● Otorgaremos reconocimiento legal pleno a los Sindicatos de Inquilinas como or - ganizaciones representativas con potestad para negociar convenios colectivos de arrendamiento de ámbito territorial o de gran tenedor. ● Asimismo, regularemos el derecho a la huelga de alquileres en supuestos de abusos sistémicos o incumplimientos graves de las condiciones de habitabili - dad, permitiendo el depósito de la renta en consignación judicial sin que ello pueda ser esgrimido como causa judicial de desahucio. ● Aprobaremos una Carta Estatal de Derechos de las Personas Inquilinas. Reforza - remos la defensa legal de inquilinas e inquilinos frente a los abusos, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil para que la existencia de cláusulas abusivas

sea causa de oposición. Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la gestión de la SAREB ● Pondremos en marcha de inmediato una Comisión de Investigación Parlamenta - ria encargada de auditar de forma exhaustiva la gestión de la SAREB desde su creación en 2012. La comisión analizará las desinversiones realizadas a fondos buitre a precio de saldo y depurará responsabilidades políticas, contables y patri - moniales por los más de 15.000 millones de euros de dinero público perdidos y los 35.000 millones de deuda absorbidos por el Estado. 1.3. Bajar el precio de alquileres e hipotecas Tope de precios de alquiler vinculado al 25 % de la renta del barrio ● Limitaremos por ley el precio del alquiler residencial en todas las zonas tensio - nadas aplicando la fórmula objetiva que garantice la renta más baja para el inqui - lino: el techo máximo de la mensualidad será la cifra menor

resultante de compa - rar el 25 % de la renta neta media por hogar de la sección censal y el tope fijado por el índice SERPAVI. Esta regulación provocará una reducción media del 35 % en los precios actuales del mercado. ● En municipios de más de 200.000 habitantes o con masificación turística seve - ra, se ordenará una rebaja adicional obligatoria del 30 % sobre el valor regulado. ● Desarrollaremos una nueva figura contractual en el marco de la Ley de Arrenda - mientos Urbanos que regule el alquiler de viviendas para servicios de carácter social que ofrecen alojamiento, siempre en condiciones de asequibilidad. ● Garantía pública de arrendamiento a propietarios privados a cambio de alquiler asequible: Ofreceremos a los arrendadores/as particulares la posibilidad de aco - gerse a un servicio que ofrece la administración para alquilar su vivienda. Este

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17 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO servicio incluirá todas las facilidades, desde la búsqueda de inquilinos hasta la garantía en el pago de la renta mensual, pasando por los arreglos de los desper - fectos, así como todas las gestiones administrativas. A cambio de ofrecer este servicio la administración alquila el inmueble a un precio regulado, de tal forma que la administración consigue aumentar la oferta de vivienda asequible. Declaración automática y subsidiaria estatal de zonas tensionadas ● La declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) será obliga - toria y automática en el momento en que una demarcación cumpla con los pará - metros objetivos legalmente establecidos en la Ley de Vivienda (carga de vivien - da >30 % de la renta media o incremento acumulado superior al IPC + 3 puntos). Si la comunidad autónoma correspondiente se negase a tramitar la declaración, el

Ministerio de Vivienda actuará de forma subsidiaria activando la ZMRT de oficio o a solicitud expresa del Ayuntamiento afectado. Contrato de alquiler indefinido como régimen estándar por defecto ● El contrato de arrendamiento residencial pasará a tener carácter indefinido por defecto. Durante la fase de transición legislativa, se establecerá la prórroga obli - gatoria del contrato en periodos automáticos de 5 años (7 años cuando el casero sea persona jurídica), exigiendo un preaviso legal de 6 meses para la no reno - vación y una indemnización de 12 mensualidades a cargo del arrendador si este incumple los estrictos supuestos legales fijados para rescindir el contrato. Prohibición de algoritmos inmobiliarios y software de fijación de rentas ● Prohibiremos totalmente el desarrollo, comercialización, cesión o empleo de aplicaciones informáticas, software o algoritmos de inteligencia

artificial orien - tados a la fijación automatizada, recomendación o coordinación de precios de alquiler a partir de bases de datos de arrendadores. Las empresas tecnológicas e inmobiliarias que utilicen o distribuyan estos sistemas serán sancionadas con multas de hasta el 10 % de su facturación global anual. ● Transparencia, control público y auditoría de los algoritmos de los portales inmo - biliarios: Reforzaremos las competencias de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en coordinación con la Agencia Estatal de la Vivienda, para fiscalizar los algoritmos empleados en el mercado inmobiliario, investigar posibles prácticas anticompetitivas y garantizar condiciones equitativas para pequeños propietarios, agencias y usuarios frente a los grandes operadores. Estableceremos la obligación de realizar auditorías periódicas e independientes de los

sistemas algorítmicos utilizados por las plataformas inmobiliarias, con el objetivo de detectar y corregir sesgos discriminatorios, prácticas de competencia desleal y mecanismos que puedan favorecer la coordinación de precios o la mani - pulación del mercado residencial.

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18 ACABAR CON LA ESPECULACIÓN Y G ARANTIZAR EL DERECHO A LA V IVIENDA 1.4. Ni un desahucio más Erradicación total de los desahucios sin alternativa habitacional ● Prohibiremos de forma permanente y con rango de ley la ejecución de lanza - mientos o desahucios de personas y familias en situación de vulnerabilidad eco - nómica o social sin que las administraciones públicas hayan proporcionado con carácter previo una alternativa habitacional digna, adecuada y estable. La admi - nistración pública asumirá el pago del alquiler a precio de índice de las propietarias que sean personas físicas pequeñas tenedoras. ● Asimismo, impondremos la obligación legal a grandes tenedores de ofrecer un con - trato de alquiler social de al menos 7 años, ajustado a los ingresos reales de la unidad familiar, antes de poder iniciar cualquier demanda judicial de recobro o desalojo. Escudo hipotecario e impuesto

negativo para hogares ahogados por subida de tipos ● Crearemos un escudo hipotecario de protección que otorgará una deducción en el IRPF en forma de impuesto negativo de hasta 300 € al mes para familias con ingresos inferiores a 3 IPREM (21.600 €/año) cuya cuota hipotecaria absorba más del 40 % de sus ingresos netos. ● Regularemos la dación en pago ante los impagos hipotecarios para acabar con la anomalía en Europa que supone perder la vivienda y quedarse con una deuda de por vida. ● Regularemos la Hipoteca Pública a Tipo Fijo de oferta obligatoria en todas las entidades bancarias. ● Eliminaremos de oficio de todas las escrituras las cláusulas abusivas (IRPH, RE - DAL, divisas y cláusulas suelo residuales). ● Protegeremos a las familias hipotecadas. Estableceremos una portabilidad real de las hipotecas entre entidades y reforzaremos el código de buenas prácticas. ● Pondremos en marcha

un programa para erradicar los desahucios por la impo - sibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca de la primera vivienda. El Estado se hará cargo de la vivienda y de la hipoteca, la incorporará al parque público y la familia podrá seguir viviendo en ella con un alquiler social ligado a sus ingresos. Un fondo de intervención urgente permitirá ejercer con rapidez el derecho de tan - teo y retracto en los procesos de desahucio. También obligaremos a los grandes tenedores de las zonas tensionadas a ofrecer un alquiler social a las familias vul - nerables en caso de desahucio.

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19 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO 1.5. Rehabilitación energética integral del parque residencial vulnerable ● Pondremos en marcha el plan de adecuación y eficiencia energética de 2,5 mi - llones de viviendas residenciales en 10 años (250.000 actuaciones/año) per - tenecientes a familias vulnerables. La administración pública subsidiará entre el 80 % y el 95 % del coste total de las obras, ejecutando las actuaciones a través del personal contratado por el Plan de Empleo Garantizado. ● Desplegaremos Oficinas de Proximidad como ventanillas únicas en red, coordi - nadas por las agencias de rehabilitación y el resto de las administraciones, para garantizar acceso universal, acompañamiento integral y participación ciudadana. Esta ventanilla única de financiación otorgará un marco estable, accesible y sufi - ciente de financiación y una fiscalidad justa asumiendo la vivienda, y en especial

la vivienda rehabilitada, como derecho social, herramienta climática y servicio de in - terés general, y no como un activo especulativo, por el conjunto de las administra - ciones públicas. Crearemos un instrumento público de financiación que funciona como ventanilla única (Monedero de rehabilitación para una Vivienda Digna) de fi - nanciación integral y que centraliza todos los recursos públicos (fondos europeos, estatales y autonómicos y reformas de fiscalidad verde) y privados (atracción de capital privado y ahorro ciudadano) para ofrecer soluciones financieras de reha - bilitación permanente, adaptadas de forma socialmente progresiva a cada hogar. ● Recuperaremos las Normas Mínimas de Eficiencia Energética (MEPS) mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), garantizando por ley una calidad energética digna en los contratos de compra y alquiler, o un plan obligato -

rio de mejora, reforzando así la función social de la propiedad. ● Construcción de edificios nuevos de consumo casi nulo o descarbonizados: Apli - caremos requisitos de eficiencia a las nuevas licencias y excluiremos calderas fó - siles, nuevas redes y acometidas de gas en desarrollos urbanísticos desde 2027. ● Unificaremos e implementaremos el Registro Digital del Edificio y el Pasaporte de Rehabilitación en una única herramienta digital que facilite la planificación y la mejora progresiva del parque edificatorio. ● Protegeremos la vivienda contra incendios e inundaciones estableciendo la pro - hibición por ley de edificar en áreas con riesgo potencial significativo de inun - dación (ARPSI) así como en los primeros 500 metros del litoral. Aseguraremos la existencia de planes de emergencia local con la financiación necesaria en las zonas de alto riesgo de incendio (ZAR).

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20 ACABAR CON LA ESPECULACIÓN Y G ARANTIZAR EL DERECHO A LA V IVIENDA 1.6. Derecho a la vivienda en la ciudad de los quince minutos Urbanismo de proximidad y modelo de la ciudad de los 15 minutos ● Integración del modelo urbanístico de los 15 minutos en la legislación estatal y autonómica de ordenación del territorio: Prohibiremos la aprobación de promo - ciones residenciales que no aseguren la existencia a menos de 15 minutos a pie o en transporte público de equipamientos sociales esenciales: centros de salud, escuelas infantiles y colegios, zonas verdes de calidad y redes de transporte co - lectivo. Movilidad y accesibilidad universal en el parque residencial público ● Implantaremos la gratuidad total en el abono de transporte público para todas las personas residentes en viviendas del parque público estatal. ● Ordenaremos una auditoría estatal de accesibilidad en el 100 % de los

edificios residenciales colectivos para financiar la instalación de ascensores y rampas en fincas con personas mayores o con movilidad reducida. 1.7. Medidas fiscales Contribución empresarial para financiar vivienda asequible ● Crearemos una contribución obligatoria para determinadas empresas, vinculada a su masa salarial, destinada a financiar la promoción de vivienda pública para alquiler asequible siguiendo el modelo francés de participación empresarial en el esfuerzo de construcción. Se aplicará a todas las empresas privadas que em - plean un promedio anual de 50 o más asalariados durante cinco años consecuti - vos. Aplicaremos un tipo del 0,45 % sobre la masa salarial bruta pagada por las empresas en el ejercicio anterior. Recaudará en torno a los 1.000 millones de euros anuales y permitirá promover la construcción de unas 10.000 viviendas para alquiler asequible al año. Supresión

del régimen especial y privilegios fiscales de las SOCIMI y las EDAV ● Derogaremos de forma inmediata y definitiva el régimen fiscal especial regulado para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobi - liario (SOCIMI) y el de las Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas (EDAV). Pasarán a tributar por el tipo general del Impuesto sobre Sociedades (con el tipo mínimo real del 20 %), eliminando de forma tajante su exención tributaria en el gravamen de beneficios corporativos y el reparto de dividendos y dejarán de tener bonificaciones en el IVA.

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21 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO Fiscalidad progresiva de la propiedad inmobiliaria, IBI penalizador y ventajas fiscales para vivienda social y cooperativas ● Reestructuraremos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para convertirlo en un tributo altamente progresivo que penalice las fincas de elevado valor catastral, las propiedades pertenecientes a grandes tenedores corporativos y a entidades jurídicas, y las viviendas mantenidas vacías de forma injustificada. ● Crearemos un impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos que afectará a las empresas desde el primer inmueble y a los particulares a partir del cuarto, cuan - do sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros. La propuesta contempla dejar exentas las viviendas destinadas al alquiler asequible y estable. El objetivo del tributo es incentivar que los propietarios reduzcan las rentas para evitar su pago. La

excepción para las viviendas arrendadas a precios asequibles constituye uno de los elementos centrales de la propuesta. Su aplicación permitirá a los titulares mantener los inmuebles sin asumir el nuevo gravamen, siempre que cumplan las condiciones de precio y estabilidad previstas. La iniciativa también prevé excepciones para particulares con participaciones minoritarias heredadas, inmuebles de escaso valor o circunstancias familiares acreditadas. En el caso de las personas jurídicas, quedarán fuera las cooperativas de vivienda, las adminis - traciones públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro. ● IVA superreducido del 4 % para la construcción y rehabilitación de vivienda so - cial en alquiler y en cesión de uso, equiparando su tratamiento al de la transmisión de vivienda de protección oficial. ● Tipo cero en el Impuesto sobre Sociedades para las cooperativas de vivienda en

cesión de uso sin ánimo de lucro y entidades del tercer sector hasta que se apruebe la regulación de los proveedores sociales de vivienda. ● Revisaremos el artículo 12 bis de la Ley 20/1990, sobre Régimen Fiscal de las Coo - perativas, para considerar especialmente protegidas las distintas clases de coope - rativas en cesión de uso reguladas por la normativa autonómica, fijar en el 30 % el límite de las aportaciones obligatorias de las personas socias usuarias y diferenciar - las de las aportaciones voluntarias al capital social o de las de otros tipos de socios. Impuesto penalizador a la compra no residencial e incremento progresivo del ITP ● Implantaremos un gravamen estatal extraordinario que duplicará (100 % de re - cargo) la tributación aplicable a las compras de vivienda no destinadas a uso habitual realizadas por compradores, incluidas las personas físicas no residentes y

extracomunitarias. ● En el marco del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), se fijará la exención total del tributo para la adquisición de la primera vivienda habitual de familias e individuos definiendo un tope máximo de ingresos y de precio de la

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22 ACABAR CON LA ESPECULACIÓN Y G ARANTIZAR EL DERECHO A LA V IVIENDA vivienda, al tiempo que se aplicará un recargo del 200 % en la adquisición de la segunda propiedad y del 1.000 % a partir de la tercera vivienda. 1.8. Financiación del Plan de Vivienda Estructura y fuentes de financiación del Plan de Vivienda ● El paquete integral de vivienda requerirá una inversión pública del 1 % del PIB anual (aproximadamente 17.000 M€). 1.9. Reforma constitucional del artículo 47 y exigibilidad judicial directa En los anteriores apartados hemos detallado las políticas públicas que vamos a de - sarrollar para acabar con la especulación y garantizar el derecho a una vivienda ase - quible. Para asegurar que la vivienda sea un derecho fundamental exigible jurídica - mente planteamos la reforma de la Constitución. ● Impulsaremos una reforma constitucional de urgencia para trasladar el derecho a la

vivienda desde los principios rectores (Capítulo III) a la Sección 1.ª del Capí - tulo II del Título I de la Constitución Española. Con esta modificación, el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible adquirirá la condición de derecho fun - damental, otorgándole la máxima protección jurídica e idéntica exigibilidad directa ante los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional mediante recurso de am - paro. Hasta que se realice la reforma, reconoceremos por ley un derecho subjetivo a la vivienda exigible ante los tribunales, empezando por las personas en situación de sinhogarismo, las familias con menores y las víctimas de violencia machista. ● La reforma consagrará de forma explícita la prevalencia absoluta de la función social de la propiedad sobre cualquier interés comercial o especulativo, la prohi - bición expresa de ejecuciones hipotecarias o desahucios a personas

vulnerables sin alternativa habitacional digna a cargo de la administración pública, y el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de todo el parque público de vivienda o que tenga algún tipo de protección pública, impidiendo legalmente su privatiza - ción o venta a fondos especulativos.

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02 Derechos sociales para una vida digna

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2.1. Reducir la desigualdad y acabar con la pobreza Prestación Universal por Crianza (200 €/mes por menor) España destina al apoyo económico a las familias sensiblemente menos recursos que la mayoría de los países europeos, una brecha cercana al 1 % del PIB, equivalente a unos 16.000 millones de euros anuales. La consecuencia es una tasa de pobreza o exclusión social infantil inaceptablemente elevada: el 33,2 % de los menores de 18 años se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social según la última Encues - ta de Condiciones de Vida. Lejos de ser un gasto, invertir en infancia supone evitar costes mucho mayores en el futuro. La OCDE estima que las desventajas socioeco - nómicas sufridas durante la infancia generan un coste equivalente al 3,4 % del PIB cada año a través de menores salarios e ingresos futuros, peor salud, menor pro - ductividad y una mayor presión sobre los

servicios públicos. En términos actuales, ese coste supera los 55.000 millones de euros anuales, varias veces más que el es - fuerzo necesario para implantar una prestación universal por crianza. La experiencia de numerosos países europeos demuestra que este tipo de prestaciones constituye una de las herramientas más eficaces para reducir la pobreza infantil y garantizar la igualdad de oportunidades desde el inicio de la vida. ● Aprobaremos la Ley de Prestación Universal por Crianza que concederá 200 € al mes por cada menor de 18 años a cargo. La prestación se configurará como un derecho propio del menor, inembargable y desvinculado de los ingresos o situa - ción laboral de los progenitores. La tramitaremos y abonaremos mensualmente de forma automática como deducción reembolsable del IRPF abonada por la Agencia Tributaria desde el momento del nacimiento. ● Implementación en 3 fases

durante la legislatura (0-6 años el año 1, 7-12 el año 2 y 13-18 al cierre de mandato), financiada con fiscalidad progresiva. Escudo social, comedor escolar gratuito y nutrición sostenible ● Prohibición de cortes de suministros: Blindaje por ley contra el corte de luz, agua y gas en hogares vulnerables. ● Bono social automático: Asignaremos el bono social eléctrico y térmico de oficio según renta, garantizando un consumo mínimo vital protegido. ● Servicios básicos: Extenderemos tarifas sociales de agua e internet asequible. ● Elevaremos de inmediato el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en 100 € iniciales hasta situarlo en un suelo de 700 € mensuales. Fijare - mos la obligación legal de actualizar anualmente el IPREM conforme al IPC acumu - lado, evitando que las ayudas y subsidios asistenciales pierdan poder de compra frente a la inflación. ● Desarrollaremos y

haremos cumplir la Ley de Atención a la Clientela, dotaremos de más recursos a los servicios públicos de consumo y reforzaremos la inspec -

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26 DERECHOS SOCIALES PARA UNA V IDA DIGNA ción de los servicios esenciales. Agilizaremos las reclamaciones colectivas y la devolución de cobros indebidos, asegurando que las sanciones disuadan de repe - tir los abusos y que las personas afectadas obtengan reparación efectiva. ● Estableceremos la gratuidad total y universal del servicio de comedor escolar para todo el alumnado matriculado en Educación Infantil y Primaria en centros de la red pública en todas las comunidades autónomas. Exigiremos por ley que los menús escolares se elaboren con productos frescos de proximidad y temporada, libres de ultraprocesados y adaptados a requerimientos nutricionales y alergias. ● Servicios complementarios: Desarrollaremos el Pacto de Estado con extraescola - res gratuitas y servicios de cuidado profesional a domicilio (Plan Corresponsables). Reforma integral del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ●

Transformaremos de forma radical el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para ser con - cedido de oficio a través de la interconexión automatizada de datos fiscales y de la Seguridad Social, suprimiendo el laberinto burocrático actual. Hay que avanzar hacia que la prestación del IMV alcance el 60 % de la renta mediana de la comuni - dad autónoma de residencia, con la regla de las unidades de consumo, para situar el nivel de ingresos del hogar por encima del umbral de la pobreza. ● Extenderemos de forma plena el IMV a jóvenes de 18 a 30 años sin exigir requi - sitos desproporcionados de emancipación previa, garantizando un suelo de renta equivalente al 40 % de la mediana de ingresos nacional, tal y como recomiendan la AIReF y el Instituto de Estudios Fiscales. Garantizaremos además los itinerarios de inclusión sociolaboral, entendidos como un doble derecho. ● Descentralización y seguridad jurídica:

Traspasaremos la gestión a las comuni - dades autónomas y protegeremos frente a reclamaciones por regularizaciones tardías de buena fe. ● Tomaremos en consideración de manera preferente los ingresos recientes, no los del año anterior, para que el IMV pueda dar respuesta a las situaciones de pobreza sobrevenida. Equiparación de familias monomarentales y simplificación administrativa para familias vulnerables ● Burocracia cero: Principio de «una sola vez», interoperabilidad entre administra - ciones y atención presencial obligatoria. ● Cuentas básicas: Garantizaremos de forma efectiva una cuenta de pago básica gratuita para personas vulnerables.

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27 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO 2.2. Derecho a cuidar y a recibir cuidados Sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia y modelo de cuidados ● Despliegue presupuestario del Sistema de Atención a la Dependencia para ele - var la inversión pública del 0,8 % al 1,7 % del PIB en 2030, con un plan con tiem - pos y objetivos presupuestarios concretos. ● Avanzaremos en la plena implementación de la Ley 4/2026 de modificación de la Ley para la promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, impulsando la transición hacia un modelo público de apoyos y cuidados de larga duración ba - sado en los derechos, la autonomía personal y la voluntad y preferencias de cada persona. Destacando: ▶ El despliegue de los nuevos servicios como el asistente personal o los cuidados en viviendas para que sean alternativa a las residencias. ▶ El acuerdo, con las CCAA, de estándares

mínimos de calidad para todo el Estado. ▶ El acuerdo de nuevas y mayores intensidades en los servicios y el incremento de las prestaciones económicas. ▶ Promoción de la complementariedad entre servicios para garantizar que las per - sonas puedan vivir en sus casas hasta el final con los cuidados que precisen. ▶ El establecimiento de los apoyos que han de tener a su disposición las personas cuidadoras no profesionales y cuidadoras principales, para ver cumplidos los nuevos derechos que se les reconoce por Ley, incluido el de conciliación de los cuidados que prestan con su vida familiar y personal, o con convalecencias médicas. ● Vincularemos el incremento de fondos a objetivos compartidos, transparentes y monitorizables en ampliación de la cobertura, reducción de listas de espera, mejora de la calidad e intensidad de los cuidados y apoyos, eliminación de los copagos y mejora en las

condiciones salariales y de calidad en el empleo de las profesionales. ● Duplicación de servicios de atención a domicilio y descanso familiar: Duplica - remos las horas e intensidad mínima de ayuda a domicilio (incluyendo fines de semana en gran dependencia) y reconoceremos por ley el «derecho al respiro» (mínimo 1 mes al año con centros de día o estancias temporales financiado al 50 % entre Estado y comunidades autónomas). ● Dignificación de los profesionales y apoyo a cuidadoras no profesionales: Re - forzaremos las plantillas, subiremos los salarios y mejoraremos la formación, la estabilidad y los tiempos asistenciales, además de dar mayor protección social y apoyo al descanso de cuidadoras no profesionales.

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28 DERECHOS SOCIALES PARA UNA V IDA DIGNA ● Reforzaremos la protección social a las cuidadoras principales, con acceso adaptado o automático a prestaciones o subsidios cuando se produce el falleci - miento de la persona en situación de dependencia. ● Análisis de la pertinencia de la introducción en el sistema de cuidados de larga du - ración español de las trabajadoras del hogar y cuidados directamente contratadas por las familias; mediante el establecimiento de prestaciones que cubran tanto el salario como las cotizaciones, y un mecanismo que garantice la formación de las profesionales. Marco legislativo, marco de cuidados y sistema de rentas (IMV) ● Nuevas leyes de cuidados y familias: Aprobaremos la Ley de Familias (recono - ciendo la diversidad familiar), la Ley de Cuidados y de Sostenibilidad de la Vida, y el Pacto de Estado por los Cuidados. Incorporaremos a la Ley de Familias el

princi - pio de libre designación de personas de referencia, para reconocer la diversidad de vínculos afectivos, familiares y de convivencia más allá de los modelos tradicio - nales de pareja y familia. Las personas designadas, sin necesidad de parentesco ni convivencia, serán referentes a efectos de permisos retribuidos por enfermedad, hospitalización, fallecimiento y cuidados, así como para el acompañamiento y la crianza de menores. Ampliaremos los permisos retribuidos y la protección laboral de quienes asuman estos cuidados. El reconocimiento será voluntario y no impon - drá obligaciones automáticas de cuidado ni sustituirá la responsabilidad pública: el Estado y las comunidades autónomas seguirán garantizando el acceso a cuidados dignos, universales y de calidad. ● Garantía de ingresos y erradicación de la pobreza severa: Incrementaremos gra - dualmente la renta garantizada del

Ingreso Mínimo Vital (IMV) para asegurar que ningún hogar viva por debajo del 40 % de la renta media, equiparando pensiones mínimas y no contributivas al umbral de la pobreza. Ampliación de permisos por cuidado de menores, de familiares, por nacimiento y adopción y por fallecimiento ● Ampliación y retribución del permiso parental por cuidado de hijos: Establece - remos la retribución del permiso parental para el cuidado de menores que llegará progresivamente a las 10 semanas retribuidas y hasta los 12 años, garantizando la retribución al 100 % de la base reguladora por la Seguridad Social para evitar la brecha por falta de ingresos. Se hará con carácter retroactivo, desde la apro - bación de la directiva que crea el permiso: Directiva (UE) 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. ● Ampliación del permiso por

nacimiento y adopción: Ampliaremos el permiso por nacimiento hasta las 20 semanas para cada progenitor con carácter intransferible, ofreciendo flexibilidad para su disfrute a tiempo parcial a partir de la semana 16. Se duplicará para familias monoparentales.

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29 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Flexibilidad y corresponsabilidad en familias monoparentales: Autorización a las familias monoparentales para transferir semanas de su permiso de maternidad a personas de su entorno directo para recibir apoyo tras el parto, promoviendo la corresponsabilidad y atendiendo a sus particularidades. ● Ampliación de permisos por cuidado de familiares: Ampliaremos de forma ge - neralizada los permisos retribuidos para el cuidado de familiares y personas en situación de dependencia del entorno. ● Ampliaremos el permiso retribuido por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado de consanguinidad de los dos días actuales a diez días hábiles, que podrán disfrutarse de forma continua o repartidos en las cuatro semanas siguientes al fallecimiento. ● Crearemos además un nuevo permiso retribuido de hasta quince días para acom - pañar

a un familiar en cuidados paliativos y un permiso de un día para acompañar a quien reciba la prestación de ayuda para morir, porque el duelo y los cuidados al final de la vida también deben estar protegidos en el trabajo. Educación Infantil (0-3 años), becas y Plan Corresponsables ● Universalización de la educación de 0 a 3 años: Integraremos plenamente el pri - mer ciclo de educación infantil en el sistema educativo, ampliaremos plazas pú - blicas gratuitas garantizadas para toda familia solicitante y comedor gratuito en la red pública de Infantil y Primaria. ● Mejoraremos la calidad del servicio de la etapa 0-3, promoviendo la pareja edu - cativa, reduciendo las ratios actuales y apostando por mejores condiciones para sus profesionales. Para ello realizaremos las modificaciones necesarias en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, para establecer las siguientes relaciones nu -

méricas alumnado-profesor en el primer ciclo de la etapa de Educación Infantil: ▶ 4 niños y niñas entre 0 y 1 año ▶ 6 niños y niñas entre 1 y 2 años ▶ 8 niños y niñas entre 2 y 3 años ● Garantizaremos el acceso gratuito y universal a servicios de conciliación para todas las familias con hijos e hijas menores de edad. Para ello aumentaremos un 20 % la financiación del Plan Corresponsables, extraescolares, campamentos y demás servicios de conciliación, y revertiremos los recortes para convertirlo en un auténtico sistema público de apoyo a los cuidados. 2.3. Inclusión para que nadie quede atrás ● Aprobaremos un Plan Estratégico Estatal para los servicios sociales, con el obje - tivo de promover su modernización y mejora en todo el Estado, reduciendo el asis - tencialismo y promoviendo el trabajo centrado en las personas y en sus relaciones, así como la activación comunitaria.

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30 DERECHOS SOCIALES PARA UNA V IDA DIGNA ● Incrementaremos la financiación estatal a los servicios sociales comunitarios y la redirigiremos a programas e inversiones estratégicos para el refuerzo del sis - tema, su modernización e innovación. ● Ley de Profesiones de los Servicios Sociales: Aprobaremos una ley que regule las profesiones de las trabajadoras sociales, educadores sociales y psicólogos sociales, entre otras, como pieza esencial del sistema de servicios sociales, y que mejore sus condiciones laborales. ● Impulsaremos a través de las administraciones competentes la creación de redes de acompañamiento psicosocial comunitario para prevenir problemas de salud mental asociados a la pobreza, el aislamiento, la violencia y la exclusión social, con especial atención a jóvenes y personas mayores. ● Reforzaremos la educación inclusiva mediante la puesta a disposición de las co -

munidades autónomas de más fondos para profesionales de apoyo. ● Desarrollaremos plenamente la Ley 4/2026 de extensión y refuerzo de los de - rechos de las personas con discapacidad, garantizando el cumplimiento efectivo de los nuevos derechos reconocidos en materia de accesibilidad universal, vida independiente o autonomía personal. 2.4. Una sanidad pública más fuerte Financiación, gobernanza y gestión de la sanidad pública ● Blindaje del gasto sanitario público: Compromiso desde los Presupuestos Gene - rales del Estado del 8 % del PIB estatal para la sanidad pública. ● Refuerzo obligatorio de la Atención Primaria: Continuaremos aumentando los fondos finalistas a Atención Primaria para cumplir la recomendación de la OMS de destinar el 25 % del presupuesto sanitario a Atención Primaria. ● Apostaremos de nuevo por una Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud para

consagrar la gestión pública directa como la vía general para los centros y servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Derogaremos expresamente la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS, que había abierto la puerta a la colaboración con entidades privadas, y los modelos de gestión indirecta pasarán a ser estrictamente excepcionales. Requeri - rán una justificación objetiva de que no es posible la gestión directa y una evalua - ción previa obligatoria por un comité técnico especializado. ● Plan de reversión e internalización: Revisaremos los contratos de los servicios pri - vatizados, evaluaremos su impacto y resultados y elaboraremos planes de interna - lización paulatina de servicios privatizados garantizando la atención y la equidad. ● Blindaremos por ley la universalidad de la atención sanitaria para residentes en Es - paña, independientemente de su estatus administrativo. Se volverá a apostar por

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31 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO la Ley de universalidad del SNS que termine de garantizar lo conseguido a través del Real Decreto 180/2026 del actual Ministerio de Sanidad. ● Seguiremos reforzando los planes de inversión en nuevas tecnologías con fon - dos finalistas para las comunidades autónomas. ● Supervisión, transparencia y Alta Inspección: Desarrollaremos los medios de la Alta Inspección (Ley 16/2003), publicaremos de forma homogénea costes, planti - llas, tiempos de espera y calidad (incluidos conciertos), y ejecutaremos auditorías para detectar sobrecostes y desvíos. ● Creación de órganos de control independientes: Crearemos el Observatorio de Evaluación, Control, Transparencia, Calidad y Sostenibilidad del SNS, y la Agencia de Calidad y Evaluación del Sistema para publicar presupuestos y resultados de salud. ● Integración de mutuas de funcionariado (MUFACE/MUGEJU/ISFAS):

Aplicare - mos el plan propuesto para la integración definitiva de todas las mutuas de funcio - narios al Sistema Nacional de Salud. ● Equidad territorial y liquidación turística: Actualizaremos los criterios del FOGA y del FCS, junto con la creación de un mecanismo ágil para liquidar la asistencia a turistas internacionales. Ampliación de la cartera de servicios y prestaciones ● Salud bucodental: Continuaremos la ampliación de la cobertura bucodental rea - lizada en esta legislatura (menores hasta 14 años, embarazadas, mayores de 65 años, pacientes oncológicos específicos) hasta alcanzar al menos el 50 % de la población residente al final de la legislatura. ● Salud visual: Universalizaremos el «Plan Veo» (gafas y lentillas gratuitas) a to - dos los grupos de edad de la población residente (ampliando la medida inicial para menores de 16 años). ● Salud auditiva: Financiación pública e

inclusión de los audífonos en la cartera común de servicios para toda la población que los necesite, con programas prio - ritarios de ayudas para mayores de 65 años y personas con discapacidad. ● Banco público de prótesis y órtesis: Crearemos un banco público accesible para las comunidades autónomas con el fin de reutilizar, optimizar la vida útil y mejorar la sostenibilidad financiera. ● Salud sexual y gratuidad de productos: Dispensación gratuita de preservativos en farmacias comunitarias para jóvenes (prevención de ITS) y distribución gra - tuita de copas menstruales para la salud reproductiva y sostenibilidad. ● Servicios sanitarios rurales y comunidades vulnerables: Ampliaremos especiali - dades médicas (Traumatología, ORL, Oncología, Dermatología, Neurología, etc.) en hospitales rurales. Podrá establecerse que algunas especialidades hospita -

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32 DERECHOS SOCIALES PARA UNA V IDA DIGNA larias puedan ofrecer consultas fuera del hospital, acercando la atención espe - cializada a la comunidad. ● Aumentaremos la dotación de recursos y condiciones laborales de la Atención Primaria en función de los determinantes sociales de la población asignada. Salud mental y bienestar emocional ● Inversión finalista en salud mental: Crearemos un fondo específico para la Red de Salud Mental Comunitaria y aumentaremos las ratios de profesionales (psiquiatría, psicología clínica, enfermería especializada, trabajo social, terapeutas y expertos por experiencia) hasta un mínimo de 10 por cada 100.000 habitantes. ● Derechos humanos y estrategia «Cero Contenciones»: Apostaremos por un modelo asistencial comunitario de proximidad y desarrollaremos la estrategia «Cero Contenciones». ● Permiso por riesgo suicida: Crearemos un permiso laboral de

acompañamiento para familiares y personas del entorno cercano de pacientes en riesgo de suici - dio. ● Estrategia de cultura y salud: Primera estrategia estatal con fondos finalistas para prescribir actividades culturales desde Atención Primaria y desarrollar programas culturales dentro de los centros sanitarios. Salud sexual, reproductiva, obstétrica y duelo perinatal ● Reformaremos el artículo 43 de la Constitución para incluir el derecho al aborto, incluyendo expresamente en la misma que los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio. ● Garantía del aborto (IVE): Estrategia para garantizar la IVE en centros públicos en todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, financiada con el Fondo

Social Europeo Plus (FSE+) e incluyendo gastos de desplazamiento. Forma - ción obligatoria en IVE en planes de estudio y especialidades sanitarias. ● Ley Integral de Salud Obstétrica: Reconoceremos el embarazo, parto y posparto como procesos naturales. Tipificaremos la violencia obstétrica, crearemos un ca - nal de denuncia confidencial y garantizaremos derechos por ley (acompañamien - to, libre movimiento, alivio del dolor y ratio OMS de 1 matrona por mujer en parto activo en máximo 5 años). ● Ampliación de protección por duelo perinatal y secuelas: Inscripción en el Regis - tro Civil de la pérdida gestacional desde el sexto mes de gestación, permiso para el otro progenitor tras muerte fetal desde los 180 días y ampliación del permiso maternal por complicaciones físicas tras el parto acreditadas médicamente.

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33 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Atención integral al climaterio y menopausia: Incluiremos la atención a la meno - pausia como derecho con consultas extendidas, valoración individualizada multi - disciplinar y control de precios de medicamentos para evitar desabastecimientos e incrementos especulativos. ● Estudio de fertilidad y reproducción asistida: Incluiremos la valoración de la fer - tilidad previa a los intentos de concepción en el SNS y aumentaremos los recur - sos finalistas para servicios de reproducción asistida en edades tempranas. ● Impulsaremos el refuerzo de la provisión pública mediante el despliegue de in - fraestructuras y capacidades propias del sistema sanitario público, incluidos ban - cos públicos de óvulos y otros recursos necesarios, y promoveremos un debate público y bioético sobre el modelo de reproducción asistida. Tiempos de espera, listas de espera y

diagnóstico ● Aprobaremos el Real Decreto de listas de espera impulsado en la legislatura, que incluya gestión de tiempos y registros iniciando el cómputo con la indicación facultativa (máximo de cinco días para la inscripción sin alterar la fecha por falta de agenda) y prohíba las listas paralelas o de «paso B»; que incluya por primera vez los tiempos de Atención Primaria (medicina de familia, pediatría y enfermería) y de Salud Mental; y se amplíen a 25 los procedimientos quirúrgicos analizados y se evalúen 15 pruebas diagnósticas y terapéuticas. Dicho Real Decreto asegurará el control y la transparencia, ya que los pacientes derivados a centros concertados seguirán en el registro oficial hasta recibir asistencia, y se planificará una mayor periodicidad en la publicación de datos e indicadores de demora. ● Plan de modernización tecnológica e infraestructuras: Continuaremos la financia

- ción finalista a comunidades autónomas para renovar la tecnología diagnóstica en hospitales públicos (Anatomía Patológica, Microbiología) y acelerar diagnósticos. Política farmacéutica, investigación e industria pública ● Industria farmacéutica pública y autonomía estratégica: Crearemos una empre - sa/industria farmacéutica con participación 100 % pública y expansión de iniciati - vas existentes (Certera, Terafront) para asegurar liderazgo investigador, reforzar la producción en España/Europa y evitar desabastecimientos. ● Ley de Medicamentos y acceso innovador: Reforma legislativa para reducir los tiempos de acceso a fármacos innovadores, fijar precios sostenibles para el SNS, coordinar farmacias comunitarias con Atención Primaria y proteger el suministro. ● Cláusulas de acceso justo y medicamentos huérfanos: Obligación de aplicar cláusulas de acceso justo en fármacos desarrollados

con fondos públicos y crea - ción de un fondo finalista para medicamentos huérfanos de elevado impacto eco - nómico. ● Independencia de la industria: Garantizaremos la independencia total de la ges - tión de la sanidad respecto a las multinacionales farmacéuticas y biotecnológicas.

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34 DERECHOS SOCIALES PARA UNA V IDA DIGNA Profesionales sanitarios y salud laboral ● Reclasificación profesional: Reclasificación inmediata de profesionales como la incluida en la reforma del estatuto marco, para todas las profesiones sanitarias según su formación y los créditos de la misma, cumpliendo el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. ● Libranza de la mañana del día de guardias de 24 horas: Impondremos el des - canso/libranza la mañana del día de la guardia (libranza del entrante) igual que ahora se libra la posterior. Promoveremos que los servicios autonómicos de salud aumenten sus plantillas en función de sus especificidades para implantar turnos de 8 y 12 h. ● Reformaremos de forma definitiva la Ley de Ordenación de las Profesiones Sa - nitarias actualizando las profesiones sanitarias y sus competencias generales. ● Aumento y planificación de plazas de

formación sanitaria especializada: Con - tinuaremos con el aumento de plazas de la FSE según las necesidades del SNS identificadas entre las comunidades autónomas y el ministerio. ● Continuaremos con la creación de especialidades sanitarias, diplomas, diplomas de acreditación avanzada, etc., según las necesidades de perfiles profesionales definidas (Enfermedades Infecciosas, Genética Médica, Genética Clínica de Labo - ratorio, Enfermería de Críticos/Urgencias y Práctica Avanzada…). ● Gestión de las incapacidades temporales (IT): Blindaje por ley para que el control de las altas/bajas médicas corresponda en exclusiva a los médicos del SNS, li - mitando las mutuas a un papel de apoyo y financiación en enfermedades profe - sionales. Salud pública ● Ley Antitabaquismo Extendida: Prohibiremos fumar en terrazas y playas, implan - taremos el empaquetado genérico, prohibiremos vapeadores

desechables y equi - pararemos dispositivos electrónicos/tabaco calentado al tabaco tradicional. ● Fiscalidad saludable e impuestos finalistas: Crearemos impuestos específicos a bebidas energéticas, refrescos azucarados, tabaco y productos ultraprocesados para destinar su recaudación a mejoras en salud. ● Protección de menores frente a la publicidad: Regularemos con severidad la pu - blicidad y patrocinio de alimentos ultraprocesados y alcohol orientado a la infancia y adolescencia. ● Salud pública y emergencias: Desplegaremos la Agencia de Salud Pública estatal, reforzaremos agencias autonómicas y homologaremos protocolos para emergen - cias y pandemias con acceso equitativo a material y vacunas. ● Fortaleceremos la red de Centros de Tratamiento de Adicciones (alcohol, drogas y juego) en todo el Estado, con un protocolo de actuación común en cada sistema

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35 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO de salud autonómico y una evaluación del número de personas usuarias en cada comunidad, de modo que el Ministerio de Sanidad disponga de informes realistas y pueda lanzar campañas ajustadas a la realidad de la población y a los riesgos de adicción actuales. Asimismo, impulsaremos campañas para la prevención y la detección de consumos adictivos. Derechos de pacientes y Ley Celíaca ● Ley de Organizaciones de Pacientes: Marco legal que garantiza la participación estructurada de los pacientes en los órganos de toma de decisiones del SNS. ● Ley Celíaca: Promulgaremos una ley específica con un sello oficial de control del Ministerio, ayudas económicas directas para la compra de alimentos sin gluten y controles de salud infantiles específicos. 2.5. Una educación pública para la igualdad de oportunidades Financiación y modelo de una educación pública para la

igualdad de oportunidades ● Suelo legal de gasto educativo público: Aprobaremos una Ley de Financiación Educativa que blinde legalmente un porcentaje mínimo de inversión estatal y que deberá llegar al 7 % del PIB en 2030. ● Crearemos de forma prioritaria plazas públicas en todas las etapas —incluyendo de 0 a 3 años— e implantaremos una hoja de ruta progresiva que avance para que todo el alumnado pueda disfrutar de la educación pública. En el periodo de coexistencia con centros concertados se prohibirán de forma inmediata las cuotas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos, sancionando incumpli - mientos. El objetivo es que el 100 % de los fondos públicos vayan destinados a la educación pública. ● Reducción legal de ratios por aula: Fijaremos por ley ratios máximas por aula: ▶ Educación Infantil: ▷ 4 niños y niñas entre 0 y 1 año ▷ 6 niños y niñas entre 1 y 2 años ▷ 8

niños y niñas entre 2 y 3 años ▶ 15 en Primaria y FP, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato, disponiendo que el alumnado NEAE compute el doble a efectos de ratio. ● Plan estatal de inclusión y lucha contra la segregación: Planes contra la segre - gación escolar, reserva y tope máximo de alumnado NEAE por centro, gestión adecuada de la matrícula viva y acceso garantizado a actividades extraescolares y deportivas complementarias.

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36 DERECHOS SOCIALES PARA UNA V IDA DIGNA ● Atención a trastornos del neurodesarrollo y dificultades severas: Plan estatal de recursos para alumnado con trastornos del neurodesarrollo o del aprendizaje, jun - to a la creación de una red de centros de atención educativa para casos severos. ● Salud mental y prevención del acoso escolar: Crearemos unidades de emergencia para la atención a la salud mental y prevención del suicidio en el ámbito educativo, junto con planes integrales contra el bullying y recursos reforzados en centros de alta complejidad. ● Lenguas cooficiales y modelo lingüístico: Lanzaremos un Plan Estatal para el aprendizaje y divulgación de las lenguas cooficiales en todo el Estado, garanti - zando la inmersión lingüística en catalán como lengua vehicular en Cataluña. ● Reforzaremos, mediante el currículo educativo de competencia estatal, los apren - dizajes basados en

valores democráticos, igualdad y memoria democrática. ● Regulación de la inteligencia artificial y teléfonos móviles: Abriremos un estudio pedagógico con la comunidad educativa para regular el uso responsable de la IA y limitar/regular el uso de teléfonos móviles en los centros escolares. ● Plan de infraestructuras, climatización y escuela rural: Plan estatal de inversión para construcción, reforma y climatización de aulas en colaboración con las co - munidades autónomas, potenciando la escuela pública rural para combatir la des - población. Becas, ayudas y equidad educativa ● Aumento del presupuesto de becas al promedio europeo (0,44 % PIB): Incremen - taremos las cuantías de becas postobligatorias hasta el 0,44 % del PIB, garanti - zando el cobro al inicio de curso, elevando las ayudas de residencia y creando becas-salario para evitar el abandono escolar por motivos económicos. ●

Refuerzo de becas para familias vulnerables: Duplicaremos las becas en las eta - pas educativas obligatorias para alumnado de la escuela pública perteneciente a familias vulnerables (alcanzando a 500.000 estudiantes más). ● Refuerzo del alumnado con necesidades específicas (NEAE): Incrementaremos un 60 % las becas para alumnado NEAE (por motivos socioeconómicos, trastor - nos o discapacidad), incluiremos nuevos colectivos e impondremos el criterio de renta familiar como determinante tras la acreditación técnica. ● Gratuidad de servicios complementarios: Reforzaremos los Programas de Coo - peración Territorial para asegurar ayudas directas y gratuidad en servicios de co - medor, transporte escolar y material didáctico. Mejora de las condiciones del profesorado: cuidar a quien nos enseña ● Reducción de la carga lectiva docente: Fijación estatal por ley de un máximo de 18 horas lectivas en Secundaria, Bachillerato, FP y Régimen Especial, y de 23 horas en Infantil y Primaria.

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37 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Plan Estatal de Desburocratización Docente: Simplificaremos informes, progra - maciones y evaluaciones, unificaremos plataformas digitales escolares y elimina - remos trámites duplicados. ● Estatuto del Docente y condiciones laborales: Aprobaremos el Estatuto del Do - cente, reduciremos la interinidad laboral, mejoraremos la formación continuada y reforzaremos la gestión de tutorías y resolución de conflictos. Sistema universitario, UNED y universidades privadas ● Financiación autonómica para universidades públicas (LOSU): Modificaremos la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para que las comunidades autó - nomas destinen al menos el 1 % de su PIB regional a la financiación de sus uni - versidades públicas. ● Ampliaremos las plazas públicas de grado y máster en las universidades públi - cas, especialmente en titulaciones necesarias para

acceder a una profesión, y reduciremos sus precios. ● Estándares y auditorías a universidades privadas: Aprobaremos normativa es - tatal que exija a la universidad privada requisitos de funcionamiento docente e investigador idénticos a la pública, junto con auditorías de calidad periódicas por la ANECA con facultad sancionadora ante incumplimientos. ● Transformación y expansión presencial de la UNED: Dotación presupuestaria a la UNED para abrir centros presenciales, residencias a precios asequibles y des - cuentos por renta en comunidades autónomas con déficit de oferta universitaria pública. ● Sostenibilidad financiera y plantillas universitarias: Planes de financiación plu - rianual para docencia e investigación, ampliación de plazas públicas de grado/ máster, reducción de precios hacia la gratuidad y planes estatales de reposición para reducir el empleo precario del PDI y del PTGAS.

● Promoveremos la investigación en las universidades públicas con más becas y ayudas, aumentaremos las ayudas FPI y FPU para contratos predoctorales y re - cuperaremos las ayudas Margarita Salas para estabilizar la carrera investigadora y acabar con la precariedad posdoctoral. ● Reformaremos de forma integral la ANECA para que sea un organismo de calidad y supervisión académica y no un filtro de acceso. ● Eliminaremos la figura de profesor sustituto, que precariza a quien la ocupa y desincentiva nuevas contrataciones, estabilizaremos todos los contratos y repon - dremos por completo las plazas pendientes.

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38 DERECHOS SOCIALES PARA UNA V IDA DIGNA 2.6. La cultura como derecho Financiación y modernización del sector público cultural ● Inversión en cultura del 2 % del gasto público: Alcanzaremos durante la legislatu - ra el objetivo de destinar a cultura el 2 % del gasto total del conjunto de las admi - nistraciones públicas, tal y como recomienda la Unión Europea. ● Ley del Sistema Público de la Cultura: Desarrollaremos el mandato del artículo 149.2 de la Constitución, estableciendo las responsabilidades del Estado en mate - ria cultural, un suelo mínimo de inversión pública estatal, garantía de los derechos culturales, mecanismos estables de financiación y cooperación con las comunida - des autónomas, respetando sus competencias. ● Trabajaremos para la aprobación de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual cuya tramitación fue interrumpida por la convocatoria electoral. Dicha Ley tiene

como objetivo la actualización de la normativa de 2007 a la realidad cultural y tec - nológica de 2026, así como el fortalecimiento de toda la cadena de valor industrial y creativa del sector audiovisual. Una de sus medidas más relevantes es, además, la protección de los productores independientes en el contexto de la emergencia de las grandes plataformas. ● Ley de Archivos para proteger el patrimonio, mejorar la gestión documental y seguir trabajando en el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática de 2022. ● Nueva Ley de Patrimonio Cultural para agilizar el cumplimiento de los mandatos de las diversas convenciones internacionales que España ha refrendado desde el año 2005, abordando temas pendientes como la protección de tipos de bienes culturales como el audiovisual, el industrial, el sonoro o el paisaje cultural y la promoción y sen - sibilización contra la detección

ilegal de metales y el expolio, integrando así la edu - cación ciudadana sobre la importancia de la conservación preventiva y el necesario fomento del cruce de datos y el trabajo conjunto entre las distintas administraciones. ● Derogaremos la Ley 18/2013 que reconoce y protege la tauromaquia como pa - trimonio cultural. ● Equidad territorial en la cultura: Desarrollaremos y ampliaremos el Plan de Impul - so Territorial a los Equipamientos Culturales (PITEC), con financiación estatal y en cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales, para reforzar las infraestructuras culturales y corregir los desequilibrios territoriales, atendiendo a las necesidades y prioridades de cada territorio. Seguir mejorando el trabajo cultural ● Desarrollo del Estatuto del Artista: Desplegaremos por completo la agenda nor - mativa avanzando en el tratamiento fiscal y en el sistema de

cotización y presta - ciones de la Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, así como en el desarrollo reglamentario íntegro de la Ley de Enseñanzas Artísticas y la revisión de las titulaciones de Formación Profesional.

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39 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Modernización del sector público y mejoras laborales: Seguiremos con la reno - vación de teatros, museos, archivos y demás equipamientos culturales pertene - cientes al Estado, así como con la revisión de plantillas y recursos del Ministerio de Cultura. En este sentido, cabe destacar la necesidad de un refuerzo integral de los cuerpos facultativos del Ministerio de Cultura para garantizar el desarrollo de la carrera funcionarial de los profesionales del patrimonio cultural, ampliando el número de puestos de trabajo y revisando las funciones relativas a cada uno de los cuerpos. ● Red de residencias y apoyo a la creación: Ampliaremos ayudas directas a la crea - ción artística y consolidaremos la red de residencias para asegurar la independen - cia creativa al margen de la situación económica o residencia geográfica. ● Fortalecimiento del asociacionismo

y sindicalismo cultural: Consolidación y am - pliación de las líneas de ayudas destinadas a fortalecer las estructuras, capaci - dades organizativas y funcionamiento de las asociaciones y sindicatos del sector cultural, favoreciendo su sostenibilidad, su capacidad de representación y su par - ticipación en las políticas públicas culturales. ● Impulso de la economía social en la cultura: Fortaleceremos las entidades de eco - nomía social en el ámbito cultural, mediante políticas de apoyo a su desarrollo, consolidación y sostenibilidad, el reconocimiento de su contribución social y el impulso de su presencia en el conjunto del ecosistema cultural. Seguir desarrollando los derechos culturales ● Daremos cumplimiento al Plan de Derechos Culturales en su fase 2027-2030. ● Impacto social de la cultura y desarrollo cultural territorial: Reforzaremos el apo - yo a proyectos culturales con impacto

social y a iniciativas en el medio rural, favo - reciendo la participación ciudadana, el fortalecimiento del tejido cultural local y la cohesión territorial. ● Impulso de la transversalidad de la cultura en las políticas públicas: Reforzare - mos la integración de la cultura en los ámbitos educativo, sanitario y penitenciario, así como en las políticas de desarrollo sostenible, mediante proyectos intersec - toriales, la cooperación entre administraciones y la defensa de la cultura como objetivo propio en la Agenda Post-2030. ● Impulsaremos políticas culturales que reconozcan y protejan la diversidad étni - co-racial, garanticen la participación de las comunidades históricamente infrarre - presentadas, combatan la discriminación y amplíen su presencia en la creación, las instituciones y los espacios de decisión cultural. ● Infraestructuras digitales públicas y soberanía digital en la

cultura: Impulsare - mos plataformas digitales públicas para la creación, difusión y acceso a la cultura; apoyaremos plataformas digitales comunitarias de interés público y modelos de gestión participativa que refuercen la soberanía digital y el acceso equitativo, y lucharemos contra las brechas digitales.

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40 DERECHOS SOCIALES PARA UNA V IDA DIGNA ● Reconocimiento profesional de la mediación cultural: Impulsaremos el recono - cimiento y la profesionalización de la mediación cultural, mediante la definición de sus competencias, perfiles y condiciones laborales, y el fortalecimiento de su papel como herramienta fundamental para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos culturales. Fortalecimiento y desarrollo de los sectores culturales ● Seguir reforzando y modernizando las salas de música: Ampliaremos las ayudas a salas de música en vivo (priorizando medianas y pequeñas) para programación artística, adaptación acústica, accesibilidad, seguridad y transición ecológica. ● Protección de librerías y envíos a distancia: Estableceremos un coste mínimo de envío obligatorio en la venta de libros a distancia para evitar que las grandes pla - taformas utilicen el envío gratuito como ventaja

desleal frente a las librerías inde - pendientes. ● Internacionalización y digitalización cultural: Dotación presupuestaria al Plan de Acción de las Industrias Culturales para fomentar la digitalización, la transición ecológica (eficiencia, medición de emisiones y reutilización) y la presencia inter - nacional en ferias y festivales (audiovisual y sector literario). ● Obligatoriedad del establecimiento de bibliotecas públicas en municipios de más de 2.000 personas. Modificaremos la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local para reducirlo de 5.000 a 2.000. Es una petición que surge del Grupo de Trabajo del Plan Especial de Atención al Medio Rural del CCB (Consejo de Cooperación Bibliotecaria). Promoción y creación de la diversidad lingüística en la cultura: ● Fomento de la creación digital en lenguas del Estado: Nueva línea de ayudas para la creación de contenido digital en lenguas

cooficiales. ● Protección y promoción de la cultura gitana y la lengua romaní: Impulsaremos medidas para el reconocimiento, protección y difusión del patrimonio cultural del pueblo gitano y la revitalización de la lengua romaní, apoyando la creación cultural gitana y su presencia en las instituciones y políticas culturales públicas. ● Plan Nacional de Diversidad Cultural y Lingüística: Blindaremos el reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística como una política estructural del Ministerio de Cultura, que defina el marco de actuaciones de las políticas públicas a nivel nacio - nal y en relación con las comunidades autónomas. Por una cultura con memoria democrática ● Seguiremos impulsando el Archivo Histórico de Movimientos Sociales. Abrire - mos al público el Archivo de Movimientos Sociales, como un espacio de referencia para la memoria histórica de los movimientos sociales y la

lucha antifranquista en España. Esta legislatura se impulsó la dotación de fondos archivísticos y se acordó que su sede será La Galera, la antigua cárcel de mujeres de Alcalá de Henares.

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41 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Seguiremos con el proceso de devoluciones de los bienes incautados por la Re - pública y no devueltos por el franquismo a sus legítimos dueños. Cultura y emergencia climática ● Plan de refugios climáticos culturales: Impulsaremos un plan de eficiencia ener - gética para todos los edificios dependientes del Ministerio de Cultura, así como la convocatoria de ayudas para la reconversión de los espacios culturales para que puedan pasar a formar parte de la Red Estatal de Refugios Climáticos. ● Comité Estatal de Emergencia Climática en patrimonio cultural: Crearemos un ór - gano de coordinación institucional, a nivel estatal, autonómico y local, en el marco del Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural, para poder prevenir y actuar en situaciones de riesgo para el patrimonio derivadas de los cambios ambientales y los

fenómenos meteorológicos extremos derivados de la emergencia climática. 2.7. Feminismo que pone la vida en el centro y transforma lo cotidiano La igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres no es un compartimento es - tanco de la acción de gobierno, sino el motor indispensable para construir una de - mocracia plena y una sociedad más justa. Desde Frente Amplio consideramos el feminismo como un proyecto de país capaz de transformar las estructuras económi - cas, sociales e institucionales para liberar la vida cotidiana y garantizar que todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual o identidad, puedan desarrollar su proyecto de vida en libertad y dignidad. Frente a quienes pretenden hacer retroceder los derechos conquistados por el mo - vimiento feminista y LGTBI+, apostamos por blindar y ampliar las libertades públicas con políticas valientes y recursos

suficientes. Esto significa: ● Garantizaremos el derecho al propio cuerpo mediante el blindaje constitucional del aborto libre y universal en la sanidad pública. ● Erradicaremos todas las formas de violencia machista y LGTBIfóbica con redes sólidas de prevención y acogida. ● Educaremos en igualdad a través de la coeducación y la educación sexoafectiva en las aulas. ● Adaptaremos la normativa electoral para consolidar una paridad real y efectiva. Proponemos un modelo de listas en el que el formato cremallera se aplique como garantía mínima, permitiendo la presencia consecutiva de mujeres en puestos elegi - bles como mecanismo legítimo de acción positiva frente a la desigualdad histórica. Al mismo tiempo, entendemos que no hay emancipación feminista sin justicia social ni redistribución del tiempo y la riqueza. Por ello, situamos la corresponsabilidad y el reconocimiento de los cuidados como un pilar central del Estado del bienestar,

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42 DERECHOS SOCIALES PARA UNA V IDA DIGNA impulsando servicios públicos fuertes, el derecho efectivo a la vivienda, la reducción de la jornada laboral y medidas decididas para acabar con la brecha salarial y la pre - cariedad que siguen golpeando de forma desproporcionada a las mujeres. Nuestro compromiso es claro: conquistar tiempo para vivir, garantizar derechos para todas y construir un horizonte común donde nadie quede atrás. Más recursos para poder garantizar vidas libres de violencias machistas ● Asignaremos de forma obligatoria por ley al menos un 5 % del presupuesto no financiero del Estado a políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres (superando el 4,4 % actual). ● Aumentaremos un 10 % (con carácter adicional anual) la partida contra las vio - lencias machistas y blindaremos con carácter plurianual las partidas estructurales del Pacto de Estado contra la Violencia de

Género para asegurar su estabilidad. ● Acceso prioritario a vivienda pública: Garantizaremos acceso prioritario a vivien - da pública y protegida para mujeres víctimas de violencia machista. Garantía del consentimiento, más protección judicial y violencia vicaria ● Solo sí es sí: El consentimiento explícito de las mujeres es lo que determina si exis - te o no agresión sexual y deberá ser el eje vertebrador de las normas legales, evi - tando que tengan que demostrar que ha habido violencia y/o intimidación. Serán estrictamente agravantes de la conducta y no requisitos del tipo penal básico. ● Suspensión cautelar automática del régimen de visitas: Estableceremos la sus - pensión cautelar automática del régimen de visitas, estancia y comunicaciones respecto al progenitor investigado por violencia machista, violencia vicaria, deli - tos contra la libertad sexual o violencia grave a menores,

manteniéndose mientras exista riesgo. ● Reforma de la violencia vicaria y sistema VioGén: Ampliaremos por ley la defi - nición de violencia vicaria y reforzaremos el sistema VioGén incorporando una evaluación del riesgo específica para hijas e hijos de las víctimas. ● Prohibición del SAP y pseudociencias: Cumpliremos de forma efectiva la prohi - bición del Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías equivalentes mediante el control de informes periciales, formación obligatoria a la judicatura, fiscalía y equipos psicosociales, y procedimientos ágiles para impugnar resoluciones basa - das en estos planteamientos. ● Juzgados especializados y centros de crisis 24 horas: Crearemos más Juzgados de Violencia sobre la Mujer y dotaremos adecuadamente de personal y recursos a los Centros de Crisis 24 horas.

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43 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO Lucha contra la trata y la explotación sexual ● Ley Integral contra la Trata y Plan de Integración: Desarrollaremos la Ley Integral para la Prevención, Persecución y Erradicación de la Trata de Seres Humanos, incorporando un plan de integración social y laboral para las víctimas. ● Eliminaremos toda normativa que penalice o punitivice a las personas que ejer - cen la prostitución garantizando el acceso a derechos fundamentales como se - guridad social, salud, condiciones de trabajo dignas y la posibilidad de organizar - se, rechazando siempre el estigma asociado a la misma. ● Desvinculación de la denuncia policial (Ley de Extranjería): Reformaremos el ar - tículo 59 bis de la Ley de Extranjería para garantizar que el permiso de residen - cia, la atención y la protección a las víctimas de trata en situación irregular no dependan de su colaboración con

las autoridades policiales. ● Asignación de al menos 250 millones de euros para la atención integral a mu - jeres víctimas de trata y explotación sexual: Prohibiremos subcontrataciones a empresas privadas, garantizando que la asistencia sea prestada directamente por profesionales y servicios públicos. Reconocimiento de los cuidados como un pilar central del Estado del bienestar ● Aprobaremos un Pacto de Estado por los Cuidados que los garantice marcando los mínimos requeridos, así como sistemas específicos de seguimiento y evalua - ción, con especial atención a la educación pública, sanidad pública, servicios so - ciales y vivienda. En el marco descentralizado de competencias del Estado de las autonomías, el Estado debe evitar disparidades territoriales y valorar la posibilidad de establecer leyes básicas de mínimos. ● Mejoraremos los permisos de cuidados tal y como se desarrolla en

este progra - ma en el apartado «Derecho a cuidar y a recibir cuidados». ● Familias escogidas. Reconoceremos el principio de libre designación de perso - nas de referencia y reconocimiento de vínculos afectivos y de cuidados. Reco - nociendo las necesidades de cuidado de familiares y personas dependientes con permisos retribuidos suficientes y más protección laboral para quienes asuman responsabilidades de cuidados, sin necesidad de mantener vínculos de parentes - co o convivencia, las personas designadas serán referentes a efectos de permisos retribuidos por enfermedad, hospitalización, fallecimiento y cuidados, así como para el acompañamiento y la crianza de menores. El reconocimiento de estas re - des será voluntario y no implicará la imposición automática de obligaciones de cuidado. El Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competen - cias, seguirán siendo

responsables de garantizar el acceso efectivo a cuidados dignos, universales y de calidad, de manera que ninguna persona se vea obligada a depender de la disponibilidad o capacidad de cuidado de su entorno.

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44 DERECHOS SOCIALES PARA UNA V IDA DIGNA Prevención, educación, vivienda y violencia digital ● Estrategia estatal de educación en igualdad: Desarrollaremos una estrategia edu - cativa en cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos para formar en igualdad y prevenir todas las violencias desde edades tempranas. ● Combate a la violencia digital y por inteligencia artificial: Reformaremos de for - ma integral el Código Penal, Derecho Civil y leyes de protección para sancionar y prevenir las nuevas formas de violencia digital machista generadas por TIC e inteligencia artificial. 2.8. Infancia, adolescencia y juventud con derechos Inversión pública y gobernanza de la infancia ● Suelo de inversión pública al 2,4 % del PIB: Elevaremos la inversión estatal en políticas de protección a la infancia y familias del 1,5 % actual al 2,4 % del PIB para equipararla a la media europea. ● Plan

para la promoción de derechos y bienestar: Aprobaremos un plan marco que desarrolle programas intersectoriales para estimular y regular las garantías de calidad en los servicios de atención a la infancia, la adolescencia y las familias. ● Participación infantil y seguimiento internacional: Fortalecimiento y consoli - dación del Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente, junto con la creación de un Comité de Seguimiento de las Resoluciones de los Órganos Inter - nacionales de Derechos Humanos (Comités de Tratados, medidas cautelares y dictámenes). Protección integral frente a la violencia infantil y justicia adaptada ● Financiación completa de la LOPIVI: Aseguraremos la dotación presupuestaria suficiente para todos los ámbitos e instrumentos de la Ley Orgánica 8/2021 (LO - PIVI) en todos los niveles administrativos (estatal, autonómico y local) y desple - garemos la

Estrategia de Erradicación de la Violencia con sus planes operativos. ● Juzgados especializados y Fiscalía de Infancia: Dotaremos adecuadamente de recursos presupuestarios, materiales y humanos a la Fiscalía y a los Juzgados especializados en violencia contra la infancia creados por la Ley Orgánica 1/2025 y la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. ● Justicia adaptada: Crearemos secciones de infancia y adolescencia en los tribu - nales y extenderemos de forma generalizada la prueba preconstituida hasta los 18 años. ● Implantaremos el modelo Barnahus en todo el territorio estatal y crearemos la Comisión de Reconocimiento de víctimas de violencia sexual infantil.

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45 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO Acogimiento familiar, desinstitucionalización y vulnerabilidad ● Priorización y financiación del acogimiento familiar: Priorizaremos por ley el aco - gimiento familiar frente al residencial cuando la familia de origen no pueda proveer el cuidado, habilitando recursos técnicos, capacitación y ayudas económicas para familias acogedoras. ● Calendario de cierre del acogimiento residencial temprano: Prohibiremos el aco - gimiento residencial para menores de 6 años, lo eliminaremos para menores de 10 años en 2030 y alcanzaremos el 70 % de acogimiento familiar ese mismo año, junto con planes piloto de transición a la vida adulta. ● Infancia migrante no acompañada: Aprobaremos el Plan Integral de Atención, Protección e Inclusión de la Infancia Migrante (incluyendo jóvenes en tránsito a la vida adulta) con un acuerdo marco vinculante para un reparto solidario

y equi - tativo entre comunidades autónomas. ● Protección habitacional: Prohibiremos de forma absoluta desahucios a familias con niños, niñas o adolescentes sin garantizar previamente una alternativa ha - bitacional adecuada. Entorno digital seguro y bienestar en las aulas ● Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entor - nos digitales que debe establecer mecanismos claros de responsabilidad penal y patrimonial para las grandes plataformas digitales que ignoren de forma sistemá - tica y negligente las notificaciones de contenido ilegal de abuso sexual infantil. ▶ Regulación severa de plataformas y redes sociales dirigidas a menores de 16 años sin verificación de edad respetuosa con la privacidad y eliminación de funciones adictivas (scroll infinito, reproducción automática, notificaciones constantes, «me gusta», rachas, recomendaciones algorítmicas,

publicidad diri - gida, rastreo biométrico/emocional y contacto con adultos desconocidos). ▶ Habilitación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda cumplir las competencias que le encomienda el Reglamento de la UE de Servicios Digitales (DSA) y que son de vital importancia para la protección de los menores, como designar alertadores fiables de contenido ilegal o facilitar a los investigadores acceso a los datos de las plataformas para estudiar el fenómeno. ● Bienestar digital en centros educativos: Límites automáticos por defecto de tiempo de pantalla durante el horario lectivo en plataformas educativas, formación docente en ciberacoso generado por IA y creación de escuelas de bienestar digital para fa - milias. ● Impulsaremos una reforma de la LOMLOE que incluya la alfabetización informa - cional y digital como competencia clave desde la educación

primaria para aportar a niños y adolescentes recursos que les permitan entender y afrontar los riesgos derivados del uso de tecnologías de la información con especial atención al abuso

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46 DERECHOS SOCIALES PARA UNA V IDA DIGNA sexual infantil, favoreciendo la capacitación del profesorado y la elaboración de contenidos y actividades didácticas a tal efecto. ● Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros: Despliegue presupuestario para alfabetización mediática, laboratorios públicos de cultura digital y educación afectivo-sexual basada en evidencia científica. ● Impulsaremos que el nuevo Reglamento de la UE «EU KIDS ACT» establezca para las plataformas y motores de búsqueda de muy gran tamaño: ▶ Un plazo máximo, específico y obligatorio para la retirada del contenido ilegal de abuso infantil que les es notificado. ▶ Requerimientos específicos, obligatorios, no excluyentes y verificables para la identificación y mitigación de riesgos sistémicos para la protección de los me - nores de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la DSA, con especial atención a elementos y

funcionalidades claves como algoritmos de recomendación, meca - nismos de moderación de contenido, aplicación de los términos y condiciones de servicio, interfaces de búsqueda, contenido en directo o monetización. ▶ Obligaciones claras y verificables de capacidad de supervisión humana, experta y local en el procesamiento de notificaciones de abuso sexual infantil, de iden - tificación y mitigación de riesgos sistémicos para la protección de los menores, y de comunicación a las autoridades de sospechas de delitos de acuerdo con el artículo 18 de la DSA. Salud mental infantil y crianza ● Contratación estructural de profesionales de salud mental: Programa plurianual para contratar en escuelas, centros deportivos, culturales y comunitarios a psicó - logos clínicos, psiquiatras infantojuveniles, enfermeras especialistas, trabajadores sociales y educadores sociales, coordinados con la figura

LOPIVI y priorizando barrios vulnerables. ● Anticipación de la prestación por crianza: Posibilidad de adelantar el inicio de la Prestación Universal por Crianza hasta un máximo de 12 meses durante el periodo de búsqueda de embarazo para mejorar la solvencia material y detectar infertili - dad de forma precoz. Juventud, emancipación y derechos democráticos ● Ley Estatal de Juventud y Pacto de Estado: Aprobaremos la primera Ley esta - tal de Juventud estructurada en 4 pilares: derechos socioeconómicos (vivienda y empleo), participación democrática, salud mental/bienestar y justicia intergenera - cional/crisis ecosocial. ● Derecho al voto a los 16 años: Reconoceremos por ley el derecho al voto a partir de los 16 años. ● Plan de Emancipación Juvenil e Ingreso Mínimo Vital: Plan de emancipación ar - ticulado en vivienda asequible, empleo estable y participación, combinado con la revisión de barreras de acceso al IMV para jóvenes.

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03 Una reforma fiscal en profundidad

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3.1. Que las grandes empresas paguen lo que les corresponde ● Tipo mínimo real del 20 % para grandes grupos en el Impuesto sobre Socieda - des: Impondremos un tipo mínimo efectivo del 20 % sobre el resultado contable ajustado para las grandes empresas y grupos corporativos, avanzando sobre el mínimo previo del 15 % mediante reglas homogéneas que eviten la manipulación de la base tributaria, sin elevar la carga fiscal de las pymes. ● Supresión del régimen de consolidación fiscal: Eliminaremos el régimen de con - solidación fiscal de los grupos empresariales para impedir la reducción artificial de la tributación. ● Limitación temporal de compensación de pérdidas en sociedades: Limitación a un plazo máximo de 4 años para la compensación de bases imponibles negativas (pérdidas) o deducciones no aplicadas. ● Eliminación de exenciones por repatriación de dividendos en sociedades: Elimi -

naremos la exención por doble imposición internacional aplicable a los dividendos repatriados desde fuera de la Unión Europea y revisaremos las exenciones gene - rales sobre dividendos. ● Revisión y reducción global de deducciones: Cerraremos vías de elusión tributa - ria en el Impuesto sobre Sociedades mediante la revisión y reducción sistemática de las deducciones fiscales vigentes aplicables a grandes empresas. ● Restablecimiento del gravamen especial del 1,2 %: Recuperación con carácter estructural del gravamen especial del 1,2 % sobre la cifra de negocios de los gran - des operadores y empresas energéticas que actúan en España. Mediante la intro - ducción de deducciones para los activos renovables este impuesto incentivará la descarbonización del sector energético. ● Ayuda directa de 1.000 € a hogares vulnerables: Destinaremos íntegramente la recaudación del gravamen energético a

financiar una ayuda directa de 1.000 euros por hogar durante dos años, beneficiando a 1,4 millones de familias en situación de vulnerabilidad. Reconocimiento automático de la ayuda por parte de la Agencia Tributaria y las Haciendas Forales mediante transferencia bancaria o cheque no - minativo (sin barreras digitales), junto a la prohibición expresa de que las energéti - cas trasladen el impuesto a los clientes, bajo la supervisión y régimen sancionador de la CNMC. ● Incrementaremos el Impuesto sobre Depósitos Bancarios desde el 0,03 % actual hasta el 1 % en un tramo estatal, orientando la recaudación a recuperar los costes derivados del rescate bancario. ● Mantendremos con carácter estructural el gravamen bancario. Mantendremos de forma estructural el gravamen específico sobre las entidades bancarias para garantizar una contribución adicional del sector financiero. ● Reforma tributaria

de las SOCIMI: Suprimiremos los privilegios fiscales de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SO -

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50 UNA R EFORMA FISCAL EN PROFUNDIDAD CIMI), reduciendo su bonificación del 95 % en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD). ● Regulación de las SICAV: Reformaremos el régimen de las Sociedades de Inver - sión de Capital Variable (SICAV), fijando un tope a la concentración de capital en manos de un mismo accionista y estableciendo un periodo máximo de 4 años para mantener las plusvalías acumuladas. ● Elevación de la «tasa Google» al 15 %: Incrementaremos el tipo impositivo del Impuesto sobre Servicios Digitales del tipo actual hasta el 15 %, gravando a las grandes multinacionales tecnológicas. ● Eliminaremos la bonificación en Sociedades del alquiler no asequible. Elimina - remos la bonificación del 40 % aplicable a determinadas rentas del alquiler en el Impuesto sobre Sociedades, salvo cuando los inmuebles estén destinados a alquiler

asequible. ● Reforma del Impuesto sobre Actividades del Juego: Reestructuración tributaria del sector del juego para gravar con un tipo del 10 % la cantidad bruta apostada y desincentivar el uso de bonos gratuitos de fidelización. 3.2. Más contribución de los grandes patrimonios ● Reformaremos el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas para garan - tizar que los patrimonios con más de un millón de euros paguen como mínimo el 2 %. Garantizaremos que todos los patrimonios de más de un millón de euros tributen como mínimo un 2 %. El tipo impositivo actual del impuesto aumentará 2 puntos sobre la escala actual y 3 puntos a partir de los 50 millones. Para ello, refor - maremos el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas para reducir de tres a un millón de euros el patrimonio neto a partir del cual comienza a operar, sin per - juicio del mínimo exento de 700.000 euros. Para

calcular el límite conjunto con el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio se tendrá en cuenta la cuota efectivamente pagada en Patrimonio y no la cuota íntegra. El impuesto mantendrá su carácter estatal y complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, con deducción de las cuotas efectivamente satisfechas por este último y con el objetivo de impedir que las bonificaciones autonómicas vacíen la tributación de las grandes fortunas. ● Implantaremos la Tasa Zucman, consistente en un impuesto estatal, permanen - te y finalista del 3 % anual sobre el patrimonio neto individual que supere los 50 millones de euros. No se admitirán exenciones a la empresa familiar ni bonifica - ciones de comunidades autónomas. Incluirá una cláusula antideslocalización que mantendrá la obligación de tributar durante los 5 años posteriores al traslado de residencia a un paraíso o país extranjero. Operará como un

mínimo efectivo de recaudación del 3 % sobre todos los patrimonios a partir de los 50 millones. La recaudación financiará la Prestación Universal por Crianza. ● Crearemos un impuesto estatal sobre las grandes herencias, de más de un mi - llón de euros. Será estatal y complementario del Impuesto sobre Sucesiones y

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51 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO Donaciones y gravará las adquisiciones gratuitas de riqueza de más de un millón de euros netos por beneficiario. Aplicaremos una tarifa progresiva que alcanza un marginal del 34 % y deduciremos el impuesto autonómico efectivamente satisfe - cho. Gravaremos herencias, donaciones y los seguros de vida en los supuestos previstos en la norma, manteniendo las reducciones por parentesco, discapaci - dad, transmisión de empresas y vivienda habitual, y otras legalmente contem - pladas. Los residentes estarán sujetos por sus adquisiciones mundiales y los no residentes por las vinculadas al territorio español según las reglas de la ley. La recaudación será estatal, sin cesión a las comunidades autónomas, para asegurar un suelo común de tributación sin impedir una mayor contribución autonómica. ● Limitaremos las herencias de los ultrarricos a un máximo de 10

millones de euros por heredero. Esta limitación se implementará estableciendo un tipo impositivo marginal del 100 % sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En el importe total se tendrán en cuen - ta las donaciones recibidas en vida y no se permitirán las bonificaciones autonómi - cas. No obstante, quedará exenta una vivienda por heredero hasta un máximo de 5. Es una medida orientada a restringir el poder económico y político de los gran - des patrimonios de nuestro país. Pero, al mismo tiempo, la recaudación lograda se destinará a doblar el gasto actual en políticas sociales de vivienda, contribuyendo así a frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza y a promover una mayor igualdad de oportunidades. ● Crearemos un impuesto estatal sobre las grandes propiedades inmobiliarias. Homogeneizará la tributación de los

inmuebles de más de un millón de euros y será progresivo según su valor catastral. 3.3. Que las rentas del capital tributen como las del trabajo ● Acercaremos la tributación de las rentas del capital a la de las rentas del traba - jo. Hoy las rentas del capital tributan entre el 19 % y el 30 %, mientras que las del trabajo lo hacen entre el 19 % y el 47 %. Así, las clases medias y trabajadoras, que viven de su salario, pagan proporcionalmente más que las rentas altas, que obtie - nen buena parte de sus ingresos del capital. ● Bajaremos el IRPF a las rentas del trabajo de hasta 27.000 euros (1,5 veces el SMI). Aumentaremos la reducción por rendimientos del trabajo para que quien cobre el salario mínimo no pague IRPF y extenderemos esa rebaja, de forma de - creciente, hasta los 27.000 euros. ● Ampliaremos el número de tramos del IRPF a partir de 120.000 euros anuales y elevaremos

progresivamente los tipos marginales hasta alcanzar el 52 % para rentas a partir de 300.000 euros. ● Eliminaremos el régimen fiscal especial de los trabajadores desplazados y las deducciones por planes de pensiones privados individuales.

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52 UNA R EFORMA FISCAL EN PROFUNDIDAD ● Reservaremos los incentivos del IRPF al alquiler asequible y estable. Limitare - mos las reducciones y deducciones del IRPF sobre rendimientos del alquiler de vivienda a los arrendadores que cumplan simultáneamente dos requisitos: que ofrezcan contratos de arrendamiento indefinidos y que los precios del alquiler de la vivienda estén como mínimo un 5 % por debajo del precio del índice estatal. ● No se aplicarán dichas renuncias recaudatorias a los alquileres que incumplan cualquiera de esas condiciones. ● Reforzaremos los ingresos de la Seguridad Social. Continuaremos elevando la contribución de los salarios más altos mediante el destope progresivo de las bases y la cotización de solidaridad. 3.4. Un IVA más justo ● Bajaremos el IVA de bienes y servicios básicos de consumo general. Las pelu - querías y los servicios veterinarios pasarán del tipo

general al reducido, los paña - les del reducido al superreducido y los productos sin gluten tendrán IVA cero para compensar su mayor precio. ● Haremos progresivo el IVA de la luz. Aplicaremos un tipo reducido a los consumos eléctricos vitales, tanto en el IVA como en el Impuesto Especial sobre la Electrici - dad. El IVA de la electricidad dependerá del consumo por persona: empezará en el 0 % para los consumos más bajos y personas en situación de vulnerabilidad y el autoconsumo y subirá de forma progresiva en los tramos altos hasta el 21 %. ● Eliminaremos la exención del IVA a la enseñanza privada y la del Impuesto sobre las Primas de Seguros a los seguros sanitarios privados. Son beneficios fiscales que aprovechan sobre todo las rentas altas y que restan recursos a los servicios públicos. 3.5. Fiscalidad verde y sobre el lujo ● Crearemos un gravamen de solidaridad ambiental sobre el

uso de aviones priva - dos, yates, coches de lujo y otros bienes suntuarios. ● Ampliaremos el impuesto sobre las transacciones financieras a la renta fija pri - vada (0,1 %), las acciones (0,2 %) y los derivados financieros (0,3 %) para d esin - centivar las operaciones financieras especulativas. ● Aprobaremos un impuesto a las actividades mineras extractivas para gravar las externalidades ambientales en unas 2.800 explotaciones, recaudando más de 470 M€ anuales. ● Gravaremos el queroseno de los vuelos nacionales. ● Equipararemos la fiscalidad del diésel a la de otros combustibles fósiles en el impuesto de hidrocarburos.

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53 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Profundizaremos en la fiscalidad sobre el carbono y los hidrocarburos, con com - pensaciones y exenciones para las rentas bajas y colectivos vulnerables. La transición tiene que ser justa con quienes menos tienen. ● Eliminaremos el Impuesto sobre la producción eléctrica para la energía renova - ble, reduciendo su tipo al 0 %, estableciendo de forma paralela una compensa - ción económica para las denominadas «zonas de sacrificio ambiental» (por los efectos negativos de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos en territorios así denominados). ● Gravaremos la especulación con proyectos y permisos renovables. Establece - remos un gravamen sobre las plusvalías por venta de instalaciones de energías renovables antes de un año desde su recepción y sobre las transacciones espe - culativas de permisos de acceso y autorizaciones administrativas. ●

Prorrogaremos y ampliaremos durante tres años la deducción en el IRPF por obras de rehabilitación energética de la vivienda habitual, como aislamientos o instalaciones de autoconsumo individual o colectivo. ● Subiremos la fiscalidad del tabaco hasta acercarla a la media europea, incluidas las nuevas formas de consumo de tabaco. ● Aumentaremos la fiscalidad de las viviendas que no se usan como residencia permanente. ● Reformaremos el impuesto municipal sobre vehículos según sus emisiones. El objetivo es vincularlo a las emisiones reales de CO₂ y a la etiqueta ambiental, en vez de a la potencia fiscal. Permitiremos un coeficiente de hasta 2,5 para vehículos sin distintivo ambiental o con emisiones superiores a 120 g/km. 3.6. Lucha contra el fraude fiscal ● Duplicaremos en cuatro años la plantilla de la Agencia Tributaria para igualarla a la media de los países europeos de referencia.

Autorizaremos de manera inme - diata a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda para que asuman mayores responsabilidades en la aplicación de los tributos. ● Centraremos la lucha contra el fraude en las grandes empresas y los grandes patrimonios. La Agencia Tributaria y la IGAE darán prioridad a la detección del fraude fiscal y el blanqueo de capitales de quienes más tienen. Crearemos la Auto - ridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI) integrando el Sepblac y las compe - tencias de inteligencia financiera, supervisión, inspección y sanción actualmente dispersas. ● Cruzaremos los registros públicos de alquiler con la información tributaria. De - sarrollaremos el Registro Estatal de Arrendamientos y su cruce continuo de datos con la Agencia Tributaria, para detectar alquileres no declarados, fraude en los contratos de temporada y aplicación irregular de deducciones o reducciones.

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54 UNA R EFORMA FISCAL EN PROFUNDIDAD 3.7. Transparencia fiscal ● Crearemos una herramienta para que cada contribuyente sepa a qué se desti - nan sus impuestos y pueda valorar su importancia para sostener el Estado del bienestar. ● Mejoraremos el desglose de la información de los Presupuestos Generales del Estado, en particular del Informe Económico y Financiero que los acompaña. ● Publicaremos estadísticas tributarias más detalladas, en especial de los impues - tos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones gestionados por las comunidades autónomas. ● Revisaremos los beneficios fiscales y haremos visible su coste. Evaluaremos de - ducciones, bonificaciones y exenciones según sus objetivos y sus beneficiarios, suprimiendo las que carezcan de justificación o refuercen la desigualdad. Publica - remos su coste y su distribución por renta, patrimonio y tamaño empresarial, junto a una explicación accesible del destino de los impuestos.

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Salarios y pensiones dignos y precios asequibles 04

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4.1. Salarios que deben crecer, más tiempo para la vida Subir los salarios y mejorar las condiciones de trabajo ● Suelo legal del SMI al 60 % del salario medio neto: Garantizaremos por ley una subida progresiva del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) manteniendo un suelo permanente equivalente al 60 % del salario medio neto de la economía. ● Igualdad salarial en contratas y subcontratas: Igualación de las retribuciones de las personas trabajadoras de contratas y subcontratas con las que perciben en la empresa principal quienes realizan tareas similares. ● Prohibición de absorción y compensación del SMI: Aclararemos con urgencia las reglas de fijación del SMI imponiendo la prohibición explícita de que pueda ser absorbido o compensado mediante complementos o pluses salariales. ● Cláusulas de revisión salarial ligadas al IPC: Modificaremos el Estatuto de los Tra - bajadores para que los

convenios colectivos incluyan obligatoriamente cláusulas de revisión salarial que preserven el poder adquisitivo. Cuando el convenio no las prevea, las retribuciones pactadas se revisarán de forma subsidiaria conforme al IPC: si suben los precios, suben los salarios. ● Observatorio de Márgenes Empresariales y cláusulas de revisión: Envío de la in - formación del Observatorio de Márgenes Empresariales (adaptada por sector y territorio) a las mesas de negociación de los convenios y obligatoriedad de incluir cláusulas de revisión salarial para preservar el poder adquisitivo mediante una modificación del Estatuto de los Trabajadores que introduzca una previsión de aplicación subsidiaria que obligue a revisar conforme al IPC las retribuciones pac - tadas en el convenio colectivo. La evolución de los márgenes se debe traducir en mejoras salariales y de condiciones para las plantillas. ●

Prevalencia del convenio sectorial y ultraactividad indefinida: Consolidaremos la ul - traactividad indefinida de los convenios, limitaremos la inaplicación a situaciones eco - nómicas graves acreditadas y extenderemos la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa en materia de jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo sal - vo cuando el convenio colectivo de empresa establezca condiciones más favorables. ● Participación en beneficios y derecho preferente de adquisición: Mecanismos para la participación de las plantillas en los beneficios de la empresa y derecho preferente de adquisición a favor de las plantillas ante el cierre o venta de em - presas viables para constituir cooperativas o sociedades laborales (con apoyo del ICO o ICF). ● Gravamen sobre beneficios no compartidos: Crearemos un gravamen estatal para las empresas con una cifra de facturación superior a

50 millones de euros cuyo beneficio crezca mientras los salarios de su plantilla se quedan atrás. Se aplicará sobre el beneficio de explotación que supere la media de los tres ejerci - cios anteriores cuando la subida salarial de la plantilla no alcance la de referencia: la inflación del año o, si es mayor, la pactada en el Acuerdo para el Empleo y la

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58 SALARIOS Y PENSIONES DIGNOS Y PRECIOS ASEQUIBLES Negociación Colectiva (AENC) vigente. El tipo será del 30 %; la empresa que suba los salarios lo que marca la referencia no pagará nada. ● Exigiremos a las empresas que reciban subvenciones, ayudas o contratos públi - cos que cumplan el convenio sectorial de referencia y que la diferencia entre la retribución más alta y la más baja no supere la ratio que fije la ley. ● Priorizaremos en la contratación pública a las empresas con convenio colectivo aplicable, representación sindical efectiva y órganos de participación de la plantilla. Tiempo de trabajo, registro de jornada digital y jornada continua ● Registro de jornada digital, interoperable y con acceso remoto: Implantaremos un registro horario digital, fiable e interoperable que recoja la jornada real y sus interrupciones, garantizando el acceso remoto en tiempo real para la

Inspección de Trabajo sin desplazamientos previos. ● Garantías de protección de datos en el registro de jornada: Prohibiremos utilizar datos biométricos y geolocalización permanente para el control horario de la plan - tilla, siguiendo los criterios de la AEPD. ● Generalización de la jornada continua y límites a la jornada partida: Haremos de la jornada continua la forma habitual de organización del trabajo. Limitaremos las jornadas partidas a supuestos justificados por negociación colectiva, fijaremos lí - mites a las interrupciones y estableceremos una compensación salarial obligatoria y no absorbible proporcional al tiempo de interrupción. ● Ley Rider Universal y transposición de la Directiva de Plataformas: Presunción de laboralidad por cuenta ajena para todo el trabajo en plataformas digitales, per - secución de las flotas subcontratadas y falsos autónomos con responsabilidad

solidaria de la plataforma matriz. Para ello es imprescindible el refuerzo de la Ins - pección. ● Regulación de la gestión algorítmica y auditoría sindical: Derecho a la revisión humana de cualquier despido o sanción decidido por algoritmos, acceso de la representación legal a los parámetros y evaluaciones de impacto del algoritmo, y derecho a auditorías independientes pagadas por la empresa. ● Evaluación de impacto en salud y prohibición de datos sensibles: Reconocere - mos por ley la gestión algorítmica como factor de riesgo laboral con evaluación previa obligatoria, y prohibiremos el tratamiento de datos emocionales, biométri - cos y videovigilancia permanente en teletrabajo. ● Haremos de la introducción de sistemas de inteligencia artificial una materia de negociación obligatoria, siguiendo el proceso del Acuerdo marco europeo sobre digitalización de 2020, con comisiones paritarias de algoritmos en los convenios.

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59 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO Despido, contratación y protección a los trabajadores ● Despido reparador y disuasorio: Reformaremos la indemnización por despido im - procedente para que repare el daño real causado a la persona trabajadora y di - suada de los despidos injustificados, en línea con el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada y con lo concluido por el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el sistema español de indemnización tasada. ● Autorización previa y compensación por despido tecnológico: Recuperaremos la autorización administrativa previa para despidos colectivos (o devolución de ayudas públicas en empresas con beneficios) y estableceremos un compromiso de cotización adicional a la Seguridad Social para empresas que despidan por im - plantar IA o automatización. ● Excluiremos de la contratación pública a las empresas condenadas por delitos contra la

seguridad de los trabajadores, e impediremos que la reducción de la sanción por pago inmediato se aplique cuando haya accidentes de trabajo o en - fermedades profesionales. ● Protección de trabajadores fijos discontinuos: Garantizaremos el llamamiento por orden y tiempo y el cómputo de toda la antigüedad, y modificaremos la regulación vigente para limitar las facultades del convenio colectivo al desarrollar los dere - chos que el Estatuto de los Trabajadores reconoce a las personas fijas disconti - nuas. ● Prohibición de dobles escalas salariales: Eliminaremos las dobles escalas salaria - les en las empresas y garantizaremos una formación real y tutelada en los contra - tos formativos. ● Periodo de prueba con garantías: Modificaremos el Estatuto de los Trabajadores para limitar la duración del periodo de prueba, obligar a las empresas a realizar efectivamente las pruebas y a facilitar a

la persona trabajadora las evidencias que demuestren, en términos objetivos, que no las ha superado. ● Reformaremos la regulación de los centros especiales de empleo, para ajustarla a los principios de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Protección por desempleo e inserción laboral ● Incremento de la prestación contributiva y topes: Elevaremos el porcentaje de la prestación contributiva por desempleo del 70 % al 80 % de la base reguladora durante los primeros seis meses (y 70 % el resto) y subiremos un 25 % los topes máximos. ● Ampliación de cobertura y Plan de Empleo Garantizado: Ampliaremos la cobertu - ra por desempleo y cese de actividad de autónomos para carreras discontinuas, y desplegaremos el Plan de Empleo Garantizado priorizando parados de larga du - ración y jóvenes.

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60 SALARIOS Y PENSIONES DIGNOS Y PRECIOS ASEQUIBLES ● Estableceremos como objetivo central de la política económica que la tasa de paro converja con la media europea y que existan suficientes empleos disponibles para las personas que deseen trabajar. A pesar de que la reforma laboral ha dado lugar a las cifras más altas de personas trabajando y de empleo estable, España tiene que enfrentar ahora el desafío de eliminar otra anomalía histórica: la de tener una tasa de paro muy superior a la media europea. El objetivo de la legislatura será converger con esta tasa de paro, que se sitúa en el 7 %, y alcanzar una tasa de empleo superior al 70 %. Es posible, si se pone en marcha una estrategia integrada de políticas eco - nómicas y políticas de empleo orientadas plenamente a este objetivo. ● Estableceremos el día 25 de cada mes como fecha de abono de las prestaciones y los subsidios por

desempleo, equiparándola a la fecha habitual de pago de las pensiones. Derechos sindicales, delegado compartido para microempresas e inspección ● Delegado sindical compartido para microempresas (≤ 6 trabajadores): Reforma - remos la LOLS para que plantillas de microempresas (de 6 o menos empleados) elijan un delegado sindical compartido por cada grupo de 50 a 100 negocios del mismo sector y territorio. ● Acceso a canales digitales y comités de empresa europeos: Derecho de los sindi - catos a comunicarse con la plantilla mediante los canales digitales de la empresa y transposición ambiciosa de la directiva sobre comités de empresa europeos. ● Refuerzo de la Inspección de Trabajo y traspaso a Cataluña: Reformaremos la Ley 23/2015 para el uso de nuevas tecnologías en inspecciones y traspasaremos por completo las funciones inspectoras (incluida Seguridad Social) a la Generalitat de Cataluña.

Prevención de riesgos psicosociales, salud laboral y mutuas ● Reglamento de Riesgos Psicosociales y CoPsoQ-istas21: Aprobación en máximo seis meses del reglamento de riesgos psicosociales obligando a evaluarlos me - diante métodos validados (CoPsoQ-istas21) e interviniendo sobre la organización del trabajo. ● Prohibición del presentismo y pluses de asistencia: Incluiremos el presentismo como riesgo psicosocial y prohibiremos los pluses de asistencia que penalicen bajas médicas o algoritmos que castiguen ausencias justificadas. ● Implementaremos la autojustificación con declaración responsable de la ausen - cia laboral por problema leve de salud que no necesite atención sanitaria, con un máximo de 3 días consecutivos y un total de 6 días al año, como permiso remu - nerado.

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61 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Control exclusivo de bajas por la sanidad pública: Garantizaremos por ley que las altas, bajas y confirmaciones por contingencias comunes correspondan en exclu - siva a la sanidad pública, rechazando ampliar competencias a las mutuas. ● Responsabilidad en subcontratación y acoso OIT 190: Responsabilidad de la em - presa principal en la seguridad de toda la cadena de subcontratación y desarrollo de protocolos contra el acoso sexual y LGTBIfóbico (Convenio 190 OIT). ● Garantizaremos que las prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad pro - fesional sean suficientes y adecuadas al salario real de la persona trabajadora. ● Reforzaremos el control público de las mutuas, con transparencia sobre sus re - sultados, revisión pública de las altas en contingencias profesionales y participa - ción sindical efectiva en sus órganos de control. ●

Aumentaremos la protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos climáticos desarrollando estándares laborales obligatorios para proteger a las personas trabajadoras frente a olas de calor y otros impactos, incluyendo adecua - ción de horarios, protocolos de hidratación, descanso y mecanismos de cese de actividad climática para autónomos y asalariados en alertas extremas. Teletrabajo, formación, prácticas y trabajo del hogar ● Regulación garantista del teletrabajo: Derecho al teletrabajo voluntario y rever - sible en puestos compatibles, con asunción de gastos y equipos por la empresa y desconexión digital efectiva. ● Estatuto de las personas en prácticas: Impediremos el trabajo gratuito mediante un plan formativo obligatorio, tutoría efectiva, duración limitada, compensación de gastos y prohibición de sustituir puestos de trabajo. ● Formación Profesional y recualificación

ante cambios tecnológicos: Formación dentro de la jornada laboral y planes de recualificación profesional vinculados a la automatización. ● Equiparación plena del trabajo del hogar: Prevención de riesgos laborales efecti - va, inspección de trabajo e itinerario de profesionalización en el sector del hogar y cuidados. Hacia una jornada laboral máxima de 32 horas semanales sin reducción salarial

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62 SALARIOS Y PENSIONES DIGNOS Y PRECIOS ASEQUIBLES ● Implantación inmediata a 37,5 horas en 2026 y 35 horas en el sector público, prohibiendo la compensación mediante horas extraordinarias y exigiendo la subi - da proporcional del salario hora en contratos a tiempo parcial. ● Reduciremos la jornada laboral limitando el tiempo de trabajo efectivo de forma progresiva hasta las 32 horas semanales. Esta propuesta pretende una reducción y reparto equitativo del tiempo de trabajo, evitando situaciones de desempleo, subempleo y sobreexplotación, así como garantizar el derecho a un uso del tiempo marcado por las necesidades sociales y colectivas que haga realidad, con carácter general, el principio de adaptación del trabajo a la persona. 4.2. Precios asequibles y control de márgenes Fijación de precios máximos en la cesta básica de alimentos ● Intervención y regulación de precios

alimentarios: Estableceremos mecanismos de control de precios en alimentos básicos de consumo diario con la fijación de topes máximos en la cesta saludable y condicionados a situaciones de emergencia o abuso acreditado. ● Impuesto inteligente sobre márgenes excesivos en alimentación: Crearemos un gravamen especial sobre los márgenes empresariales de grandes empresas de producción y distribución alimentaria. El tipo tributario se vinculará a la evolución del margen respecto a niveles prepandemia, incentivando la reducción voluntaria de precios para minorar o eliminar la carga fiscal. ● Cumplimiento sancionador de la Ley de la Cadena Alimentaria: Prohibición efec - tiva y sancionadora de la venta a pérdidas en origen, garantizando la obligación de remunerar a los productores por encima de sus costes efectivos de producción mediante el refuerzo de las inspecciones de oficio y medios de

control. ● Transparencia de costes y Fondo de Estabilización: Mejoraremos la transparen - cia informativa sobre costes y márgenes en la distribución, junto a la creación de un Fondo de Estabilización de Productos Alimenticios Básicos para amortiguar la volatilidad derivada de fluctuaciones en las cosechas. ● Prohibición de la especulación financiera en alimentos: Prohibiremos operar en los mercados de futuros de productos alimenticios a todo operador que no sea acreditado como productor directo. Sector energético, carburantes y reforma del sistema eléctrico ● Excepción ibérica y control de carburantes: Recuperaremos la excepción ibérica para el gas a nivel estatal y propondremos ante la Unión Europea fijar un tope al

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63 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO gas ante subidas extraordinarias en el mercado internacional, junto con la limita - ción legal de los márgenes en la distribución de carburantes. ● Auditoría pública de costes de generación eléctrica: Ejecutaremos una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías de generación eléc - trica en España para fijar retribuciones basadas en costes reales. ● Reforma de la Ley del Sistema Eléctrico y fin del sistema marginalista: Modifica - ción legislativa para excluir a las tecnologías nuclear e hidroeléctrica del sistema marginalista de fijación de precios, fijando un precio máximo retributivo para am - bas y eliminando los beneficios caídos del cielo (windfall profits). Supervisión de mercados, fiscalización por la CNMC y protección de las personas consumidoras ● Monitorización permanente por la CNMC: Mandato explícito a la

Comisión Nacio - nal de los Mercados y la Competencia (CNMC) para monitorizar de forma pública y permanente los precios y márgenes en los sectores de energía, alimentación, transporte, comunicaciones y sector financiero. ● Facultades interventoras de la CNMC: Concederemos facultades legales a la CNMC para fijar precios máximos de forma directa en cualquiera de dichos secto - res estratégicos cuando detecte o prevea prácticas y márgenes abusivos. ● Prohibición de precios de vigilancia dinámicos: Prohibiremos de forma absoluta fijar precios dinámicos o personalizados basados en el perfilado de datos perso - nales del cliente (historial, localización, modelo de móvil o nivel de renta estima - do), permitiéndose únicamente descuentos universales y tarifas sociales. ● Moratoria a etiquetas electrónicas en supermercados: Estableceremos una mo - ratoria de un año para la implantación de nuevas

etiquetas electrónicas en esta - blecimientos comerciales mientras se evalúa si su uso facilita incrementos abusi - vos de precios. ● Remuneración mínima obligatoria de depósitos bancarios: Obligación legal para las entidades de crédito de remunerar los depósitos a la vista de los hogares en función del tipo de intervención fijado por el Banco Central Europeo (BCE), com - partiendo el beneficio del depósito de reservas en el Banco de España. 4.3. Pensiones públicas dignas Blindaje constitucional del carácter público de las pensiones, de su revalorización y pensión mínima igual al SMI ● Reforzaremos el nivel de protección constitucional por la vía del procedimiento ordinario de reforma constitucional (artículo 167 CE). Para ello, ubicaremos el de - recho a la pensión pública y su revalorización automática con arreglo al IPC, que ninguna sea inferior al SMI y que no se privatice la gestión de las pensiones pú -

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64 SALARIOS Y PENSIONES DIGNOS Y PRECIOS ASEQUIBLES blicas en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I («De los derechos y deberes de los ciudadanos»), elevando significativamente su rango normativo y garantizando su aplicabilidad inmediata sin necesidad de convocar elecciones. Reducir edad de jubilación y eliminar la penalización por jubilación anticipada a quienes han cotizado más de 40 años ● Devolveremos la edad de jubilación a los 65 años, que nos fue arrebatada sin diálogo ni justificación en la reforma realizada en 2011. ● Reduciremos la edad de jubilación en determinados oficios y profesiones por su especial penosidad. Construcción, limpieza, ayuda a domicilio, camareras de piso y la pesca deben poder acceder a los 60 años por su especial esfuerzo físico y el elevado riesgo de siniestralidad. ● Eliminaremos los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de quienes

han cotizado más de 40 años y tienen que acogerse a la misma de ma - nera involuntaria. Auditoría pública e independiente de las cuentas de la Seguridad Social ● Publicaremos de inmediato el informe de auditoría independiente sobre las cuentas de la Seguridad Social (1967-2019) previsto en la Ley 21/2021. ● Reduciremos la brecha de género en las pensiones. Subiremos las pensiones contributivas más bajas y las no contributivas por encima de la media, para evitar que la pobreza en la vejez tenga rostro de mujer, y garantizaremos la sostenibili - dad del complemento de brecha de género con incrementos progresivos. Recono - ceremos de forma suficiente los periodos dedicados a cuidados y corregiremos la penalización de las carreras laborales interrumpidas o marcadas por la parcialidad involuntaria. ● Continuaremos elevando progresivamente el tope máximo de cotización y refor - zaremos el

mecanismo de equidad intergeneracional con una aportación adicio - nal de las empresas más automatizadas.

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Continuar el impulso hacia una transición ecológica justa 05

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Inversión del 3,5 % del PIB anual en transición ecológica ● La crisis climática es el gran desafío de nuestro tiempo. Las olas de calor, los incendios, las inundaciones y las sequías ya forman parte de nuestras vidas, y quienes más las sufren son los barrios vulnerables y las personas que trabajan en el campo, la construcción o al aire libre. Descarbonizar y electrificar la economía es también una gran oportunidad para crear empleo y riqueza y para vivir mejor. No hay transición posible si las personas no viven mejor gracias a ella. Compromiso presupuestario legal para destinar el 3,5 % del PIB anual a proyectos de transi - ción ecológica justa, descarbonización industrial, adaptación al cambio climáti - co e infraestructuras verdes. Revisión al alza del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC): ● Reduciremos las emisiones respecto a 1990 un 38 % en 2035, un 85 % en 2040 y

alcanzaremos la neutralidad climática en 2050, integrando estos objetivos en la legislación climática y en la planificación energética, con sendas sectoriales que permitan evaluar su cumplimiento y ajustar las medidas de ejecución. ● Alcanzaremos un 30 % de electrificación en 2030, un 40 % en 2035 y un 50 % en 2040, midiendo la electrificación como el porcentaje de electricidad sobre el consumo total de energía, y haciendo hincapié en aquellos sectores con un menor incremento en la última década (transporte, industria…). ● Aumentaremos la generación renovable hasta el 81 % en 2030, el 90 % en 2035 y el 100 % en 2040, midiendo la participación renovable sobre la generación eléc - trica total y coordinando el despliegue renovable con nuevas demandas, redes, almacenamiento y flexibilidad. ● Revisaremos al alza los objetivos y metas de la Ley de Cambio Climático y Transi - ción Energética y

el PNIEC, incorporando los objetivos actualizados y una planifi - cación conjunta de generación, electrificación, redes, almacenamiento y retirada de combustibles fósiles. Estableceremos hitos anuales y sectoriales coherentes con las metas generales. ● Impulsaremos la coherencia de políticas al desarrollo sostenible para multiplicar el impacto de un bienestar compartido, desde la apropiación local de municipios, comunidades autónomas y gobierno del Estado al ámbito internacional a través de la implementación coordinada de políticas públicas en todas sus dimensiones. ● Ley de generaciones futuras: Trabajaremos por la solidaridad intergeneracional y con el planeta aplicando los principios de desarrollo sostenible con un desarrollo legislativo que incluya evaluación previa, informes de impacto y evaluación poste - rior de cada normativa sobre las generaciones presentes y futuras. ●

Incorporaremos indicadores más allá del PIB para incluir las dimensiones socia - les y medioambientales de las políticas públicas en nuestro país. En concreto, incluiremos presupuestos de carbono quinquenales vinculantes, que deberán

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68 CONTINUAR EL IMPULSO HACIA UNA T R ANSICIÓN ECOLÓGICA J USTA quedar integrados en los Presupuestos Generales del Estado y acompañados de informes anuales de alineamiento climático de cada ministerio. ● Impulsaremos el desarrollo de grandes biorregiones, entendidas como nuevas ins - tituciones de gobernanza administrativa para gestionar los grandes ecosistemas del país que, sin cuestionar las divisiones político-administrativas actualmente existen - tes ni sus competencias, abordarán los retos ecológicos en un territorio definido. ● Reconoceremos por ley que la energía, el agua y el aire limpio son bienes comu - nes de primera necesidad. Garantizaremos su acceso universal, prohibiremos la privatización de su gestión esencial e incorporaremos este principio a la regula - ción sectorial. ● Crearemos una Asamblea Ciudadana por el Clima permanente, que renovará sus integrantes

anualmente y determinará una respuesta gubernamental vinculante a sus recomendaciones. ● Crearemos una Vicepresidencia Ejecutiva de Transición Ecológica, con rango y autoridad sobre el resto de los ministerios, que presida una Comisión Delegada del Gobierno para la Transición Ecológica y con capacidad para que todas las políti - cas, presupuestos y normas sean coherentes con los objetivos climáticos fijados a nivel nacional. ● Prohibiremos la publicidad fósil, como en su día se hizo con el tabaco. Elimina - remos los logotipos de las corporaciones fósiles de eventos deportivos, de las instituciones educativas y patrocinios culturales. El objetivo no es reducir las emi - siones, sino impedir que estas corporaciones compren legitimidad social. 5.1. Energía limpia, pública y al alcance de todas las familias Renovables justas y respetuosas con el territorio ● Aceleraremos la expansión

renovable y eliminaremos nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Garantizaremos el desarrollo de las energías renovables desde una planificación ordenada, sostenible y al servicio del territorio. Impulsare - mos la transición energética para reducir la dependencia de los combustibles fó - siles, priorizando el autoconsumo, las comunidades energéticas, las instalaciones en cubiertas y espacios ya transformados, así como la repotenciación de parques existentes frente a una ocupación indiscriminada de nuevos suelos. Coordinare - mos el despliegue de nueva generación renovable con la capacidad de almacena - miento, las redes de transporte y distribución y la electrificación de los consumos. Garantizaremos que los proyectos respeten la ordenación territorial, la protección de la biodiversidad, los usos agrarios y los valores paisajísticos, incorporando una evaluación ambiental

rigurosa y acumulativa. Reforzaremos los medios de las ad - ministraciones públicas para tramitar los proyectos con agilidad, transparencia y garantías, asegurando la participación efectiva de los municipios y de las pobla - ciones afectadas. Impulsaremos sistemas de almacenamiento —baterías y bom -

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69 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO beo— y mecanismos de gestión de la demanda que permitan aprovechar mejor la energía producida, reducir los vertidos y disminuir la necesidad de recurrir a centrales de gas. La transición energética debe generar beneficios para el territo - rio y sus habitantes, con participación pública y retorno económico y social en el territorio. ● Haremos que las renovables contribuyan a vertebrar el país y a fijar población en la España vaciada. Garantizaremos el carácter público de las líneas de trans - porte de más de 380 kV y crearemos una oficina de mediación con un protocolo de participación ciudadana. Además, reconoceremos el derecho al autoconsumo compartido para todos los vecinos y vecinas del municipio y de los municipios limítrofes en un radio mínimo de 20 km. ● Abriremos a la participación local el capital de proyectos renovables, ofreciendo al menos

el 20 % del capital de instalaciones de más de 5 MW (o las rentas equi - valentes) a vecinos, ayuntamientos o comunidades energéticas, con herramientas adaptadas y acordadas territorialmente. Redistribuiremos los beneficios más allá de los propietarios del suelo, reconociendo los efectos del uso de red y del des - pliegue sobre áreas más amplias, con aportaciones municipales por MWh genera - do y beneficios para las comunidades afectadas. ● Aumentaremos las ayudas a las comunidades energéticas y al autoconsumo co - lectivo, incluidas las baterías. ● Crearemos un Fondo Generacional de la Energía, inspirado en el modelo noruego, con participación pública del 30 % en las nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento pequeñas y medianas. La mitad de los beneficios se reinvertirá en el fondo y la otra mitad irá a vivienda pública, rehabilitación y pensiones. Una parte de los impuestos

de cada proyecto financiará comunidades energéticas mu - nicipales, para que los pueblos que producen la energía paguen menos por ella. ● Plan de Tejados Solares: Antes de 2030, todas las comunidades de vecinos con un tejado o una azotea útiles tendrán una instalación solar de autoconsumo com - partido. Será obligatoria y la financiará el Estado: adelantará el coste y la comuni - dad lo devolverá sin intereses con una parte de lo que ahorre en la luz. Europa ya exige placas en los edificios de viviendas nuevos a finales de 2029. Reforma del mercado eléctrico e intervención estatal ● Garantizaremos el acceso a la energía necesaria para una vida digna. Sustituire - mos los bonos sociales por una tarifa social de la energía, con reconocimiento de oficio para que todas las personas con derecho a esta protección puedan recibir - la. Actualizaremos las cuantías y los límites de consumo

protegido para cubrir las necesidades básicas de electricidad, calefacción y refrigeración. Convertiremos en permanente la protección frente a los cortes por impago de los hogares vulnerables. ● Reformaremos el sistema marginalista de precios del pool eléctrico. ● Aprovecharemos toda la capacidad útil de las redes de distribución existentes, reforzando la supervisión de la CNMC mediante auditorías de la capacidad dis -

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70 CONTINUAR EL IMPULSO HACIA UNA T R ANSICIÓN ECOLÓGICA J USTA ponible, las reservas de acceso y las denegaciones de conexión. Revisaremos los criterios de cálculo cuando restrinjan injustificadamente el aprovechamiento de la red e implantaremos los permisos de acceso flexible, preservando la seguridad del suministro. Haremos efectiva la liberación de capacidad reservada por proyectos que incumplan sus plazos y garantizaremos información pública, actualizada y ve - rificable. ● Reconoceremos la electricidad como servicio público y bien de primera necesi - dad, garantizando el acceso universal y la disponibilidad de un suministro básico acorde con las características familiares, incorporándolo a la regulación sectorial. Avanzaremos en el control público de la energía, incrementando la participación del Estado en el sistema eléctrico a través de Redeia y Enagás con la aportación de los

activos que pasen a formar parte del mismo. Para ello: ● Modificaremos la legislación actual para establecer la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica y de gas. Esta titularidad pública incluirá tanto la red existente como los nuevos desarrollos de red y las ampliaciones de capacidad que se realizan a cargo de terceros. Habilitaremos el marco jurídico para que las comunidades autónomas que lo soliciten puedan asumir la titularidad de redes de distribución en su ámbito territorial. La habilitación de este marco jurídico incluirá la posibilidad de que las entidades locales puedan asumir igualmente dicha titulari - dad y de que las comunidades energéticas puedan gestionar redes de distribución en su ámbito de actuación. ● Asumiremos de forma directa desde el sector público la gestión de los saltos de agua cuyas concesiones vayan expirando. ● Crearemos una

comercializadora pública de referencia, que distribuya energía a los hogares y rompa el oligopolio y su integración vertical. Esta empresa asumirá la gestión del PVPC y del bono social, ofrecerá una tarifa social que incluya un mí - nimo energético vital y utilizará contratos de suministro a largo plazo para ofrecer estabilidad. ● Recuperaremos el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico revisando las exenciones, su calendario de aplicación y la distribución de los cos - tes e ingresos del sistema energético. ● Recuperaremos una Comisión Nacional de la Energía independiente, separando así la regulación especializada de la autoridad transversal de competencia, refor - zando su capacidad técnica y sancionadora, y estableciendo nombramientos par - lamentarios. Incorporaremos además la representación activa de consumidores, sindicatos y organizaciones ambientales. ●

Aprobaremos un plan de climatización de hogares para los 1,7 millones de fami - lias con bono social térmico. Cubriremos entre el 85 % y el 95 % de la instalación de bombas de calor, aerotermia o bioclimatización, y aumentaremos en 144 kWh el umbral de consumo bonificado en junio, julio y agosto.

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71 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Evitaremos el crecimiento del biogás dependiente de la actividad de las macro - granjas. Endureceremos drásticamente la normativa básica estatal de emisiones, la normativa de nitratos y las limitaciones de las plantas de valorización de purines para acabar con el boom descontrolado de este sector. ● Planificación estratégica de soluciones renovables de alto impacto: Regularemos el empleo de las soluciones energéticas renovables como el hidrógeno renovable, la biomasa, el biogás y los biocombustibles (a base de residuos), que tienen un alto impacto y baja eficiencia, de manera que solo se empleen de manera contro - lada en sectores estratégicos de difícil descarbonización o donde esté disponible el residuo. ● Hidrógeno solo donde hace falta: El hidrógeno renovable se reservará a la indus - tria que no puede funcionar con electricidad directamente.

Retiraremos el apoyo público al H2Med y destinaremos esos 7.000 M€ a redes, almacenamiento y elec - trificación industrial. En cualquier caso, se debe realizar un estudio de impacto ambiental estratégico para la red de hidrógeno verde que evalúe su necesidad real y también de la infraestructura de energías renovables y electrolisis asociada, para planificar su despliegue y priorizar la electrificación directa de los usos frente al empleo del hidrógeno. ● Tres horas de luz gratis al día: En las horas de mayor producción de energía eléc - trica solar y en las que hay excedente con respecto a lo que consumimos, la luz será gratis para todos los hogares, tengan o no placas solares. La comercializado - ra pública ofrecerá de partida tres horas diarias gratuitas en la franja solar, y las grandes comercializadoras estarán obligadas por ley a incluirlas en su oferta. Para que esas horas gratis

no se cobren en el resto del día, la CNMC vigilará los precios y sancionará cualquier subida que las compense. Los peajes de red de esas horas se pagarán con el gravamen a las grandes energéticas. ● Cumpliremos el calendario de cierre de las centrales nucleares. Almaraz I y II ce - rrarán en los plazos previstos (2027-2028), sin beneficios fiscales, con la gestión de los residuos a cargo de las empresas y con recursos para la transición justa de sus trabajadores y la reactivación de las comarcas afectadas. Exigiremos que los operadores financien los costes que les corresponden de desmantelamiento y gestión de residuos. ● Eliminaremos las subvenciones a los combustibles fósiles y las ayudas en las crisis se darán según la renta. El Estado dejará de invertir en empresas dedicadas a la exploración, extracción, refino o distribución de combustibles fósiles. Planifi - caremos la retirada de

los ciclos combinados hasta 2045 y el desmantelamiento ordenado de la red de gas, sin nuevas infraestructuras ni inversiones retribuidas que acaben pagando los consumidores, con un gestor técnico gasista público. Prohibiremos importar gas obtenido con fracking o procedente de territorios san - cionados por vulnerar los derechos humanos. ● Ayudaremos a electrificar los pequeños barcos pesqueros de los puertos de pe - queñas localidades.

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72 CONTINUAR EL IMPULSO HACIA UNA T R ANSICIÓN ECOLÓGICA J USTA ● Financiaremos la compra de aparatos de refrigeración para personas vulne - rables: Daremos ayudas a la compra e instalación de aparatos de refrigeración (aerotermia, aire acondicionado de pared, aire acondicionado portátil…) para per - sonas vulnerables (mayores de 65, personas con enfermedades crónicas, emba - razadas, etc.) en función de la región climática. ● Creación de un cuerpo civil climático: Crearemos un cuerpo público y estable en el marco del Plan de Empleo Garantizado dedicado a cuidar el territorio y a la prevención de incendios en invierno y extinción en verano, restauración de ríos y acuíferos, adaptación a sequías e inundaciones y apoyo técnico a quienes quieran pasarse a la agricultura regenerativa. 5.2. Transporte público asequible y seguro para alcanzar una movilidad sostenible Abonos, tarificación y

financiación del transporte público ● Abono único estatal e integrado de transporte: Crearemos un abono único nomi - nativo y mensual válido en todo el Estado, ciudades y modos de transporte. Inclu - ye un esquema de precios de 20 €/mes para Cercanías (10 € para menores de 26 años y gratuito para menores de 16), descuentos del 60-70 % en Media Distancia (gratuito para menores de 15 años), 50 % en Larga Distancia para viajes recurren - tes (al menos 3 viajes de ida y vuelta al mes) y 75-80 % de descuento en autobús y metro municipal/autonómico (o tarifa plana combinada de 50 €/mes). ● Gratuidad insular y enclaves extrapeninsulares: Gratuidad total del transporte público urbano e interurbano (autobús y tren) en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla. ● Abarataremos también el resto del transporte público. Los autobuses de titulari - dad estatal tendrán descuentos de entre el 60 % y el 70

% según la edad y el tipo de abono, y los servicios públicos de bicicleta, del 50 %: el Gobierno asumirá el 30 % si las entidades locales asumen el 20 % restante. ● Incremento del Fondo Estatal de Financiación (0,25 % PIB): Incrementaremos un 20 % la financiación estatal del transporte público metropolitano repartido de forma equitativa por población, y crearemos un Fondo para la Sostenibilidad del Transporte Público dotado con al menos el 0,25 % del PIB estatal, junto a un fondo de compensación por inversiones radiales. Modelo ferroviario, electrificación y reversión de la liberalización ● Pacto de Estado por el Tren y operador público ferroviario único: Unificaremos Adif y Renfe en un gran operador público que coordine trenes e infraestructuras, con más inversión en plantilla y en mantenimiento, revirtiendo su externalización, y reforzaremos las Cercanías, el tren de la mayoría trabajadora, con más fiabilidad, frecuencias y seguridad.

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73 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Electrificación integral y fin del diésel para 2030: Electrificaremos por completo la red ferroviaria estatal antes de 2030 y eliminaremos por completo las locomo - toras diésel. ● Impulso a las mercancías por tren (meta del 80 %): Incrementaremos la cuota de mercancías por ferrocarril hasta alcanzar el 80 % del total mediante el aumento de la capacidad de apartaderos, terminales intermodales y mejora de conexiones con puertos de interés general y el Corredor Mediterráneo. ● Reduciremos drásticamente los cánones de circulación en líneas ferroviarias convencionales para el transporte de mercancías. Fomentaremos además el uso de las centrales únicas de rotura de carga e impulsaremos la descarbonización de las flotas. ● Priorización de Cercanías, trenes nocturnos y accesibilidad: Priorización presu - puestaria del mantenimiento, accesibilidad y

renovación de material móvil en Cer - canías y ferrocarril convencional, impulso de líneas de trenes nocturnos y traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña. ● Reforzaremos las inversiones ferroviarias en Cercanías, para, al menos, triplicar la inversión anual en esta red en los próximos cuatro años, con el objetivo de solucionar los problemas actuales de la infraestructura, mejorar las frecuencias y garantizar un servicio de calidad. ● Acreditación oficial de retrasos: Crearemos un sistema oficial público de acredi - tación de retrasos en el transporte para proteger los derechos laborales del co - lectivo usuario. Vehículo eléctrico, leasing social e infraestructura de recarga ● Aumentaremos la disponibilidad de las instalaciones de recarga, unificando el sistema de recarga e impulsando la producción de vehículos eléctricos. ● Leasing social de vehículos eléctricos:

Implementaremos un sistema de alquiler con opción a compra de vehículos eléctricos por 100 €/mes (urbano) o 150 €/mes (familiar) para familias de rentas bajas y medias, microempresas y vulnerables del medio rural, incluyendo bono de recarga, furgonetas y estudios de carsharing rural. ● Plan Estatal MOVES para autónomos y agricultores: Ayudas directas de hasta 8.000 € por vehículo y deducción en IRPF de hasta 25.000 € para sustituir por eléctricos vehículos antiguos de reparto urbano y actividad agraria. ● Red estatal de recarga local y carga gratuita en farolas: Plan Estatal de Infraes - tructura de Recarga Local en zonas de carga y descarga, aparcamientos munici - pales y centros logísticos, combinado con la instalación de enchufes de carga en las farolas públicas (priorizando barrios con menos garajes y pueblos). ● Automatización de ayudas y proyecto piloto de retrofit: Automatizaremos ayudas progresivas a la compra de coches eléctricos, es decir, que las ayudas sean mayo -

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74 CONTINUAR EL IMPULSO HACIA UNA T R ANSICIÓN ECOLÓGICA J USTA res para quien menos tiene. Exención de barreras burocráticas y desarrollo de un proyecto piloto de retrofit para convertir vehículos de combustión en eléctricos. ● Crearemos un programa estatal estable de financiación para la electrificación de las flotas de transporte público, condicionado a objetivos de sustitución de vehículos contaminantes, y apoyaremos la infraestructura de recarga necesaria. ● Electrificaremos el transporte de mercancías por carretera, instalando puntos de recarga ultrarrápida en rutas comerciales y ayudas específicas para profesionales autónomos, coordinadas con la disponibilidad de red. Peajes en carreteras, distribución urbana y cohesión territorial ● Avanzaremos hacia un modelo de financiación y mantenimiento de las infraes - tructuras viarias basado en criterios de sostenibilidad, equidad y

cohesión te - rritorial. Aplicaremos un sistema de pago por uso de determinadas infraestruc - turas viarias, conforme al principio de la euroviñeta, para vehículos pesados de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas, con criterios de emisiones y conservación de la red. Cualquier sistema de pago por uso para el transporte de mercancías deberá aplicarse de manera homogénea y proporcionada, atendiendo a las emisiones, la distancia recorrida, la capacidad económica de los operado - res y la disponibilidad de alternativas ferroviarias. Evitaremos que los territorios atravesados por grandes corredores de transporte soporten una carga despro - porcionada por el tráfico de paso, penalizando a las empresas de transporte, a las pequeñas y medianas empresas y a las economías locales. Garantizaremos bo - nificaciones para los desplazamientos de proximidad y para quienes utilizan las

autopistas y vías rápidas de forma habitual por motivos laborales, económicos o de acceso a servicios, especialmente en zonas rurales y con escasas alternativas de transporte público. Los ingresos obtenidos deberán destinarse al mantenimien - to y mejora de las infraestructuras, con criterios transparentes de redistribución territorial. La transición hacia una movilidad más sostenible no puede convertirse en un nuevo factor de desigualdad entre territorios ni en un sobrecoste injustifica - do para quienes carecen de alternativas reales. ● Logística de última milla y centros de distribución urbana: Crearemos centros de distribución urbana de mercancías con vehículos pequeños eléctricos y regulare - mos las plataformas de repartidores en el espacio público. ● Protección del taxi y regulación de VTC: Protegeremos el servicio público de taxi y estableceremos restricciones severas a la

concesión de licencias VTC. ● Planes de movilidad sostenible en polígonos: Implantaremos de forma obligatoria planes de movilidad sostenible en polígonos industriales y grandes centros de tra - bajo en colaboración con la representación empresarial y sindical. ● Financiaremos transporte a demanda en el medio rural. Desarrollaremos autobús y taxi compartido con apoyo estatal y diputaciones, priorizando población vulne - rable, personas mayores y con dificultades de movilidad.

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75 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Protegeremos los entornos escolares del tráfico motorizado. Priorizaremos el acceso peatonal y ciclista, y reduciremos los carriles para vehículos en perímetros de centros educativos, permitiendo el paso de emergencias. Implementaremos «caminos escolares seguros» consolidados con señalización inteligente, pacifica - ción estricta del tráfico (velocidad máxima de 20 km/h) y vigilancia activa. Sector aéreo, fiscalidad verde y megacruceros ● Reducción de vuelos domésticos de corto radio: Prohibiremos vuelos domésticos que dispongan de una alternativa competitiva en tren de 2,5 horas (salvo los dedi - cados a conexión con vuelos internacionales). ● Fiscalidad verde al sector aéreo y transportes de lujo: Eliminaremos privilegios fiscales al sector aéreo, crearemos una tasa progresiva a los viajeros frecuentes y un nuevo impuesto a los transportes de lujo,

y paralizaremos las ampliaciones aeroportuarias incompatibles con objetivos climáticos. ● Regulación restrictiva de megacruceros: Regulación restrictiva a la llegada ma - siva de megacruceros en los puertos para reducir la contaminación, penalizando a los buques que emplean combustibles nocivos (como el fueloil pesado) por ser más ineficientes y generar más emisiones contaminantes para evitar la saturación de los servicios públicos urbanos. ● Diversificaremos las rutas de producción de combustibles de aviación. Desa - rrollaremos en paralelo bioSAF sostenible, e-SAF y electrificación de aeronaves. Investigaremos microalgas, residuos de difícil aprovechamiento y rutas sintéticas, evitando competencia con usos alimentarios y dependencia exclusiva de residuos limitados. ● Electrificaremos infraestructuras portuarias mediante la instalación de sistemas de conexión eléctrica (Onshore Power

Supply, OPS) en todos los muelles de cru - ceros y terminales de ferris para que los buques apaguen motores mientras están atracados. Estableceremos una limitación para la llegada de cruceros turísticos. Estrategia por la Bicicleta y movilidad activa ● Estrategia Estatal por la Bicicleta y red ciclista interurbana: Financiaremos servi - cios públicos municipales de alquiler de bicicletas (50 % de descuento general y gratuito en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla), carriles bici metropolitanos, red ciclista estatal paralela a carreteras nuevas y fomentaremos bicicletas de carga y triciclos eléctricos para conectar municipios rurales con estaciones. ● Plan MOVES de ayudas a la movilidad eléctrica ligera: Ayudas directas a la com - pra de bicicletas, motocicletas y patinetes eléctricos.

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76 CONTINUAR EL IMPULSO HACIA UNA T R ANSICIÓN ECOLÓGICA J USTA 5.3. Protección ambiental: ciudades y territorios adaptándose para el cambio climático ● Plan Estatal de Seguridad Ambiental: La recurrencia actual y futura de fenóme - nos meteorológicos extremos, ya sean fenómenos de precipitaciones extremas, DANA, incendios, inundaciones, sequías u olas de calor, requiere por parte del Estado de una respuesta suficiente para proteger a la población española de estos efectos derivados del cambio climático. Deben adaptarse los servicios públicos, las condiciones de trabajo y las inversiones a estas previsiones. En este sentido, deben reformularse leyes tan importantes como la de Costas o la de Aguas en clave de emergencia climática, proponiendo las acciones necesarias para la mi - nimización de riesgos. Deben realizarse mapas de vulnerabilidad climática, pro - tocolizar las alertas de

protección civil, actualizar los algoritmos de AEMET y de las demás agencias meteorológicas autonómicas, mejorar los sistemas de salud pública para abarcar cuestiones como las olas de calor, y potenciar los servicios de emergencias y protección civil en materia de riesgos climáticos. ● Impulsaremos la creación de una Agencia Estatal de Prevención y Adaptación Climática. Pondrá en marcha una Estrategia Nacional de Adaptación Climática de las ciudades y los territorios, cofinanciada por el Estado, las comunidades autóno - mas y los ayuntamientos. ● Programa de Adaptación Climática Urbana y renaturalización: Pondremos en marcha un gran programa de adaptación cofinanciado por el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Incluye renaturalización, arbolado (criterio de 1 árbol por cada 3 vecinos), nuevos espacios verdes, peatonalización, refugios climáticos y rehabilitación urbana,

priorizando los barrios más vulnerables y avanzando hacia el modelo de la «ciudad de los 15 minutos». Se coordinará el apoyo a los planes de adaptación urbana y sectoriales con las administraciones competentes. ● Red y desarrollo de refugios climáticos: Consolidación e impulso de la red de re - fugios climáticos mediante un mapa actualizado y accesible. Se dotará a las admi - nistraciones autonómicas y municipales de los recursos y herramientas necesarios para el despliegue de nuevos refugios. ● Plan Estatal de Bioclimatización y climatización educativa / social: Aprobaremos una regulación estatal con estándares mínimos de climatización, sombra, ventila - ción y acceso al agua en centros educativos, junto a un plan de emergencia contra el calor en escuelas y centros de servicios sociales (centros residenciales y cen - tros de día). Incluye un plan plurianual de ayudas para los más de

28.000 centros educativos (priorizando los más vulnerables) con el objetivo de mantener las aulas en un rango de 17 °C a 27 °C y evitando la suspensión de clases para no perjudicar la conciliación. ● Gestión integral del riesgo de inundaciones (PNACC): Ejecución prioritaria y ur - gente de las medidas del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PN - ACC) relativas a agua y recursos hídricos: evaluación de la gestión ante inundacio -

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77 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO nes, desarrollo de actuaciones de adaptación, e integración formal del riesgo de inundación en la ordenación territorial y urbanística. ● Conectividad urbana verde y azul: Aumentaremos la conectividad entre espacios verdes y azules en zonas urbanas y densamente pobladas en coordinación con las administraciones públicas. ● Mapeo de infraestructuras y pasos de fauna en carreteras: Realizaremos un es - tudio en carreteras de titularidad estatal para evaluar la efectividad de los pasos de fauna existentes y localizar tramos carentes de infraestructuras adecuadas. ● Planificaremos la retirada y reubicación estratégica de infraestructuras expues - tas en la franja costera para permitir la adaptación del litoral ante la subida del nivel del mar y los temporales, evitando la construcción de obras rígidas de de - fensa o la regeneración artificial continuada

de playas. Actualmente, la excesiva urbanización de la costa y el deterioro de dunas y humedales impiden que los eco - sistemas actúen como barreras naturales eficaces para proteger a las poblaciones del litoral. ● Implantación de un sistema de pagos por servicios ambientales en zonas ru - rales: Quien cuida la naturaleza merece cobrar por ello. A través de la PAC, es posible pagar a agricultores por desarrollar prácticas que protegen a todos: el cuidado y limpieza del monte, la creación de paisajes mosaico que frenan el fuego, la regeneración de suelos que retienen el agua. ● Elaboraremos una estrategia estatal de prevención de grandes incendios fores - tales que aborde los problemas estructurales de la propagación, integrando la ges - tión forestal sostenible, el uso planificado del fuego (quemas prescritas), la gana - dería extensiva, el fomento de paisajes en mosaico y la

restauración de servicios ecosistémicos incorporando criterios de resiliencia y adaptación al cambio climá - tico, y que contemple también la reducción de las causas de ignición, reforzando la cultura forestal mediante campañas públicas de sensibilización y educación am - biental y promoviendo la participación ciudadana y el diálogo con el medio rural. ● Integraremos la política forestal de manera transversal y coherente, reforzan - do la gobernanza y la coordinación entre ministerios y administraciones, con la política agraria y de desarrollo rural, la conservación del patrimonio natural, la po - lítica contra el cambio climático, la lucha contra la desertificación, la lucha contra la despoblación y el fomento del consumo de productos forestales a través de la compra pública. ● Desarrollaremos nuevos modelos de silvicultura que permitan una mayor resi - liencia de los montes

productivos, fomentando la producción y el uso industrial de especies nativas frente a otras de carácter exótico. Buscaremos una mayor diversificación (intraespecífica e interespecífica), cambios en los modelos de ges - tión, evitando la repetición del modelo actual (plantaciones regulares, monoespe - cíficas, con uso de agroquímicos y cortas a hecho), que se han demostrado muy vulnerables a los efectos del cambio climático. Llevaremos una parte de la gestión forestal en montes públicos hacia una silvicultura de cubierta continua o próxima

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78 CONTINUAR EL IMPULSO HACIA UNA T R ANSICIÓN ECOLÓGICA J USTA a la naturaleza, y garantizaremos superficies a libre evolución y la protección de bosques y rodales maduros. ● Protección y restauración territorial y marina (objetivo 30 %): Inversión general en biodiversidad y restauración de hábitats degradados (conforme a directivas europeas). Alcanzaremos el 30 % de zonas terrestres como áreas protegidas ob - jeto de restauración efectiva. Elevaremos al 30 % la protección del mar Medite - rráneo en áreas marinas estratégicas para la conservación de la posidonia (con restricciones de fondeo y sobreexplotación pesquera), creando además una Es - trategia Nacional de Conservación de la Posidonia Oceánica. ● Instalación de boyas ecológicas permanentes: Fomento, en colaboración con administraciones autonómicas y locales, de boyas permanentes que no dañen la biodiversidad marina y faciliten

la proliferación de la vida del mar. ● Protección especial y conservación de cetáceos: Incluiremos el cachalote y ror - cual común en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Espe - cial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas («en peligro de extinción», según ACCOBAMS). Aplicaremos medidas de conservación a través del Plan de Gestión del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo (reducción de velocidad según barco, reducción del ruido submarino, riesgo de colisión y emi - siones de GEI). ● Plan Nacional de Restauración Marina Pasiva: Desplegaremos el Plan Nacional de Restauración enfocado en la aplicación de medidas de restauración pasiva dentro de los ecosistemas marinos. ● Marco Mundial Kunming-Montreal: Aplicaremos los objetivos y medidas del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Montreal 2022 (Marco Mundial Kun - ming-Montreal). ● Haremos

efectiva la prohibición de comercializar en nuestro territorio productos importados que provengan de la deforestación, que no respeten la legislación laboral y de derechos humanos del país de origen, o que carezcan de una de - claración de diligencia debida verificable, exigiendo el cumplimiento estricto del Reglamento Europeo sobre la materia. Para garantizarlo, implantaremos inspec - ciones rigurosas de mercado y criterios de compra pública ética y verde en todas las administraciones, evitando que el consumo en nuestro territorio ampare abu - sos ecológicos o sociales globales. 5.4. Descarbonización del turismo ● Descarbonizaremos los alojamientos y servicios turísticos. Exigiremos eficiencia energética e hídrica, gestión de residuos, autoconsumo y comunidades energéti - cas en grandes establecimientos y exigiremos una cobertura de la demanda del 100 % con energías renovables.

Aplicaremos la retirada de nuevas calderas fósiles desde 2027 y los calendarios de sustitución. Exigiremos puntos de recarga en ho - teles, campings, otros alojamientos y aparcamientos turísticos.

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79 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Ordenaremos el turismo según la capacidad ecológica y social de los territorios. Limitaremos plazas en zonas tensionadas, controlaremos viviendas turísticas y exigiremos registros y retirada de anuncios sin licencia. Favoreceremos empresas y actividad local y revisaremos concentración en operadores. ● Diversificaremos y adaptaremos la actividad turística. Planificaremos frente a ca - lor, sequía, pérdida de playas y cambios del transporte aéreo, impulsando turismo rural y ecoturismo y alternativas de actividad y empleo. Incorporaremos vecinos y trabajadores a la gobernanza del sector. Garantizaremos empleo digno y una go - bernanza participativa con vecinos y trabajadores junto con la administración local. 5.5. Gestión de residuos, reparación y reutilización En un contexto de carencia de materias primas y lucha por los recursos a nivel mun - dial,

la transición de la cadena de tratamiento de residuos hacia un sector de eco - nomía circular que permita la reutilización de recursos tiene que ser una prioridad. Por otro lado, mejorar los procesos de tratamiento hasta alcanzar el residuo cero y trabajar en el marco de la reutilización y la reparación, tal y como se impulsa desde Europa, es un mandato claro para garantizar la sostenibilidad de nuestra sociedad. ● Impulsaremos la economía circular con un plan para desarrollar la industria de la minería urbana, en coordinación con las comunidades autónomas, y con tasas de recogida y reciclaje que permitan que los metales secundarios cubran el 57 % de la demanda en 2050. ● Fomentaremos el ecodiseño para minimizar la incorporación al mercado de pro - ductos no reutilizables o no reciclables o con presencia de productos tóxicos, nocivos o peligrosos. ● Revisaremos y actualizaremos la

normativa estatal relativa a la contaminación química y las sustancias tóxicas incluidas en la composición de productos y en - vases, incluido el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y resi - duos de envases, para que estén basadas en conocimientos científicos actuales, que apliquen el principio de precaución y los criterios de salud teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de la infancia y de las mujeres embarazadas, así como la prohibición de sustancias tóxicas detectadas durante el proceso de fabricación. ● Investigaremos y combatiremos los casos de obsolescencia programada. Pro - moveremos la redacción y aprobación de una ley que reconozca la existencia de la obsolescencia programada y sancione la práctica de predeterminar la vida útil de un producto, así como las técnicas que introduzcan defectos, debilidades, para - das programadas, obstáculos para su

reparación y limitaciones técnicas. El objeti - vo es superar un modelo de fabricación que incide directamente en el agotamiento de las materias primas, el aumento de emisiones de CO₂ y el endeudamiento de familias, empresas e, incluso, Estados. ● Potenciaremos la reutilización de envases y embalajes. Promoveremos la estan - darización de los envases —especialmente de bebidas— para facilitar la competiti -

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80 CONTINUAR EL IMPULSO HACIA UNA T R ANSICIÓN ECOLÓGICA J USTA vidad de los envases y embalajes reutilizables. Estableceremos objetivos vinculan - tes de reutilización en el sector de los envases y embalajes comerciales, así como para los flujos con alto potencial de reutilización, como RAEE, muebles o textiles. ● Actuaremos contra el derroche alimentario en el sector primario y agroalimenta - rio, así como en el ámbito de la distribución, la restauración y el ámbito doméstico. ● Restringiremos hasta eliminar los plásticos de un solo uso. ● Impulsaremos un modelo sostenible de gestión de residuos agrarios y ganade - ros, en beneficio del reciclaje y de la producción energética sostenible, y que dis - tribuya la responsabilidad a todas las capas de la cadena de producción y distribu - ción del alimento (en especial, a las grandes empresas integradoras). ● Impulsaremos campañas de

concienciación contra la compra en grandes plata - formas de productos de baja calidad importados de países con bajos estándares fiscales, laborales y ambientales. ● Crearemos una línea de ayudas para las pequeñas empresas de reutilización y reparación de ropa. ● Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar el tratamiento de los resi - duos textiles en el marco de la revisión de la Directiva 2008/98/CE de residuos y del PERTE de Economía Circular, mediante el impulso de las medidas necesarias para establecer criterios de diseño circular en la fabricación de prendas de vestir procurando, a su vez, que los productos sean también circulares y sostenibles, así como más duraderos, resistentes y reciclados, mediante la creación de requisitos mínimos de rendimiento e información, tal como recogerá el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles de la Unión Europea.

Impulsaremos también medidas que faciliten un amplio despliegue del sector de la reutilización y reparación en el ámbito textil y de moda. 5.6. Agua como bien público ● Derecho humano al agua: Reconoceremos expresamente al más alto nivel legis - lativo el derecho humano al agua y el saneamiento, con el alcance y contenido definido por Naciones Unidas. Garantizaremos un mínimo vital de agua gratuito para las personas y hogares en situación de vulnerabilidad y la prohibición legal de cortes de suministro por motivos económicos. Extenderemos el acceso a fuentes de agua potable y aseos públicos. ● Agua como bien público: Ciclo del agua 100 % de gestión pública directa, prohi - bición legal de cortes de suministro por motivos económicos y planes de ahorro/ eficiencia. ● Gravaremos el exceso de consumo de agua aplicando el principio de «quien con - tamina paga» a las grandes corporaciones

agroalimentarias y a los usos suntua - rios (piscinas, campos de golf, etc.), implementando una tarificación que penalice

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81 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO el exceso de consumo mediante la creación de un canon hídrico progresivo para el regadío industrial en zonas con acuíferos sobreexplotados y/o contaminados y destinando dichos recursos para la transformación agropecuaria sostenible y so - berana, y la adaptación y protección frente al cambio climático. ● Crearemos un canon específico sobre el agua consumida por grandes centros de datos y prohibiremos su refrigeración mediante agua en las cuencas afecta - das por sequía. ● Eficiencia y reutilización de aguas grises disponiendo por ley la instalación de sistemas de recuperación de aguas grises en hoteles y grandes infraestructuras, hasta conseguir ahorros del 35 % y la reutilización de estas aguas regeneradas para usos no potables (riego de parques, baldeo). ● Recuperaremos los acuíferos y clausuraremos pozos ilegales ejecutando un plan para el cierre de

las extracciones ilegales de agua subterránea (estimadas en más de un millón en España), y los recuperaremos como reservas estratégicas utilizando la digitalización y la inteligencia artificial para vigilar la legalidad y los vertidos de nitratos. ● Moratoria a la expansión de infraestructuras de alto impacto, tales como las grandes infraestructuras hidráulicas, como nuevos proyectos de embalses, tras - vases o megabalsas que agraven la sobreexplotación de los recursos hídricos. ● Regulación y, en su caso, prohibición del uso de agua por los centros de datos en zonas con estrés hídrico y riesgo de incendios en época estival. ● Restauración fluvial y de caudales ecológicos garantizando el mantenimiento de caudales ecológicos científicos que aseguren la salud de los ríos y humedales, incluyendo la eliminación de barreras transversales obsoletas y la recuperación de meandros para que las

llanuras de inundación actúen como amortiguadores naturales. ● Adaptación y protección frente al cambio climático prohibiendo nuevas cons - trucciones en terrenos con riesgo de inundación y en los primeros 500 metros del litoral y un plan de retirada progresiva de infraestructuras críticas situadas en zonas de flujo preferente. Asimismo, los municipios deben implementar Sistemas de Drenaje Sostenible (SuDS), pavimentos permeables y cubiertas vegetales para aumentar la infiltración del agua de lluvia y reducir el riesgo de riadas urbanas. ● Agricultura regenerativa: Impulsaremos una misión nacional para que 6 millones de hectáreas, una cuarta parte de la superficie agraria, se cultiven con prácticas regenerativas en 2030. Contará con técnicos comarcales, fincas demostrativas, un seguro que cubra los riesgos de la transición y compra pública. Así el coste del cambio no recaerá solo en

agricultores y ganaderos. Crearemos además un sello público «Eco+» que garantice a quien compra que lo regenerativo lo es de verdad. ● Ahorro frente al cambio climático: Garantizaremos la prioridad de usos estable - cida en la Ley de Aguas, caudales ecológicos y abastecimiento frente a los agrí - colas e industriales. Detendremos el crecimiento de las demandas de regadío y

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82 CONTINUAR EL IMPULSO HACIA UNA T R ANSICIÓN ECOLÓGICA J USTA las promociones urbanísticas y turísticas más despilfarradoras. Estableceremos un Plan Nacional de Ahorro de Recursos Hídricos ante los escenarios climáticos y los riesgos por sequía. Fomentaremos la reutilización de aguas depuradas o de escorrentía. ● Revisaremos la planificación hidrológica para adaptarla al cambio climático. Ac - tualizaremos los planes de sequía y las concesiones para evitar sobreexplotación, fomentar la eficiencia y reducir prácticas especulativas. Además, limitaremos nue - vas demandas en cuencas con estrés hídrico. Evaluaremos posibles moratorias a grandes proyectos, nuevos regadíos y actividades superintensivas en recursos apoyando el cultivo en secano y regadíos tradicionales. 5.7. Bienestar animal Convivimos con los animales dentro de nuestras familias, en nuestro entorno y tam - bién son parte de

nuestro sistema productivo. Con los animales silvestres compar - timos además el territorio, ya vivan en espacios naturales o en nuestras ciudades y pueblos. Todos merecen atención y respeto. El compromiso con la protección y el bienestar animal no es una cuestión accesoria, sino un pilar central de la ética pública, la justicia ecosocial y el respeto a la vida. Desde esta perspectiva, proponemos un necesario avance normativo e institucional que acabe con el maltrato y con la financiación pública del mismo; impulsando por otro lado el trabajo de las entidades de protección animal y el desarrollo de modelos más éticos en nuestra relación con los animales. Un marco normativo que promueva el bienestar animal y acabe con el maltrato ● Reformaremos la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, para incluir de forma plena a los perros de caza, de trabajo y a los

ani - males empleados en actividades ganaderas o deportivas, garantizando que todos gocen del mismo nivel de tutela jurídica. ● Reformaremos el Código Penal, introduciendo un incremento progresivo de las penas por maltrato, tortura y abandono animal en función de la reincidencia. ● Eliminaremos también del Código Penal la sustitución del cumplimiento de la pena por el pago de una multa alternativa y haremos que el maltrato animal en el contexto de la violencia machista sea considerado violencia vicaria. ● Aprobaremos la Ley de Protección de los Grandes Simios y un real decreto para garantizar el bienestar de los animales en cautividad (zoos y acuarios). ● Modificaremos la Ley 50/1999, sobre el régimen jurídico de la tenencia de ani - males potencialmente peligrosos, garantizando una mayor protección para estos animales, así como medidas eficaces para la ciudadanía y un enfoque preventivo centrado en la convivencia responsable.

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83 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO Acabar con la financiación pública de la tauromaquia ● Derogaremos la Ley 18/2013 de protección cultural y patrimonial de la tauro - maquia, como paso imprescindible para acabar con la financiación pública de la tauromaquia, promoviendo a la vez alternativas culturales a los festejos taurinos. ● Suprimiremos las subvenciones estatales a la tauromaquia, tanto directas como indirectas, eliminando los fondos públicos por retransmisiones televisivas, cesio - nes de locales, subvenciones directas procedentes de la PAC e incentivos fiscales destinados a la tauromaquia, festejos taurinos y cría de ganado de lidia. Fortalecer la protección pública y el ecosistema social de protección animal ● Pondremos en marcha un Plan Estatal de Abandono Cero, que fomente la adop - ción y subvencione la atención veterinaria básica a los colectivos especialmente vulnerables

. ● Apoyaremos a los refugios y centros de acogida, creando un fondo estatal de apoyo a centros de acogida públicos y entidades de protección animal, de forma que puedan adecuar sus instalaciones a la normativa europea de bienestar de perros y gatos. ● Supervisaremos y controlaremos la implantación del método CER (captura, es - terilización y retorno) en todos los municipios, para garantizar un control ético de las poblaciones felinas, apoyando especialmente a los municipios más pequeños. ● Reforzaremos el apoyo a las entidades de protección animal, ampliando los re - cursos, subvenciones y ayudas. También la formación y capacitación, tanto de las entidades como de las personas voluntarias. ● Acabaremos con la discriminación de los animales en el alquiler, declarando nu - las las cláusulas que prohíban de forma genérica tener animales de compañía en los contratos de arrendamiento de

vivienda habitual. ● Aprobaremos un plan estatal de atención a los animales en situaciones de emer - gencia. Cuidados veterinarios al alcance de todas las personas ● Reduciremos el IVA de los productos veterinarios al 10 % y trabajaremos en la UE para que los servicios veterinarios de animales de compañía puedan acogerse al tipo reducido, reconociendo a las clínicas como centros sanitarios. ● Reconoceremos la profesión veterinaria como profesión sanitaria esencial para la protección de la salud pública, el bienestar animal y la prevención de enferme - dades, en el marco del enfoque One Health, One Welfare.

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84 CONTINUAR EL IMPULSO HACIA UNA T R ANSICIÓN ECOLÓGICA J USTA Garantizar la gestión ética de los animales urbanos y silvestres ● Aprobaremos una estrategia estatal de gestión ética y coordinada de las pobla - ciones de animales urbanos, periurbanos, rurales y silvestres, con control de la reproducción y estudios previos multidisciplinares. ● Devolveremos al lobo la protección estricta en todo el territorio y apostaremos por la coexistencia: prevención de daños, indemnizaciones ágiles a las ganaderías y ninguna gestión letal como método para reducir sus poblaciones. Reconversión y desaparición progresiva de los zoos ● Actualizaremos la Ley 31/2003 de conservación de la fauna silvestre en los par - ques zoológicos, para iniciar la transformación de los zoos y acuarios en espacios de recuperación y protección, eliminando paulatinamente la exhibición. ● Acabaremos con la cautividad de los

cetáceos y otros mamíferos marinos, así como los espectáculos en los que participan, promoviendo la creación de santua - rios marinos. Avanzar hacia modelos más respetuosos con el bienestar de los animales de consumo ● Impulsaremos el máximo cumplimiento de la legislación europea en trámite para el fin de la instalación de nuevas jaulas y la ampliación de las existentes (gallinas ponedoras, conejas, codornices y cerdas). ● Crearemos un fondo nacional de transición ganadera con un sistema de ventani - lla única para las licencias de conversión. ● No autorizaremos nuevas macrogranjas ni nuevas instalaciones de acuicultura intensiva que contradigan los objetivos del Pacto Verde Europeo. Fijaremos lími - tes de tamaño y densidad, y daremos protección especial a la ganadería extensiva. ● Impulsaremos el cierre de las granjas peleteras con la prohibición de la cría y el sacrificio de animales

para la producción de pieles en la industria de la moda, acompañando el proceso con un plan para la reconversión de los empleos. ● Avanzaremos hasta la eliminación de la alimentación forzada en la producción de foie gras, dando cumplimiento a la PNL aprobada, estableciendo las medidas necesarias para su cierre, así como la reconversión industrial y laboral que garan - tice el mantenimiento de los puestos de trabajo. ● Prohibiremos la eliminación de pollitos macho en las incubadoras mediante el sexado en el huevo. ● Cumpliremos con la normativa europea que prohíbe el corte rutinario del rabo en cerdos.

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85 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Estableceremos procedimientos de aturdimiento previo para peces y otros ani - males acuáticos de piscifactoría. ● Limitaremos el transporte de animales vivos, garantizando el bienestar de los animales. ● Eliminaremos las peleas de gallos en todo el Estado, sin excepciones de ningún tipo. ● Garantizaremos un consumo informado, implantando un sistema de etiquetado de los productos de origen animal que indique el sistema de cría utilizado. ● Garantizaremos una opción de menú 100 % vegetal en todos los comedores pú - blicos. ● Pondremos en marcha un Plan Nacional de Fomento de las Proteínas Vegetales, que fomente la innovación e incremente el consumo de proteínas vegetales de cercanía, especialmente las legumbres, por ser más saludables, más sostenibles y respetuosas con los animales. Promover alternativas a la experimentación animal ● Aprobaremos un

Plan Estatal para el Desarrollo de Métodos Alternativos que in - cluya un centro de referencia en métodos alternativos a la experimentación ani - mal, fijando objetivos públicos de reducción y transparencia en los procedimientos realizados y garantizando que el estudiantado universitario pueda elegir, sin que tenga ninguna repercusión en su currículum académico, no participar en experi - mentos con animales. Desarrollar una estrategia educativa en materia de protección animal ● Integraremos la protección animal en el currículo educativo, proporcionando formación especializada a los agentes educativos. ● Cumpliremos con las recomendaciones de la ONU sobre infancia y tauromaquia.

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06 Estado emprendedor y política industrial activa

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6.1. Una nueva política industrial y soberanía tecnológica Arquitectura institucional y banca pública de inversión ● Agencia Industrial Pública sobre la SEPI: Transformaremos la SEPI en una verda - dera Agencia Industrial Pública, dotada de capital, personal especializado y capa - cidad operativa para crear empresas públicas, entrar en sectores estratégicos y coordinar la participación del Estado. Su actuación se articulará de forma coordi - nada con el ICO, CDTI, ENISA e instituciones autonómicas para evitar la dispersión de instrumentos públicos. ● Alcanzaremos una inversión en I+D+i del 3 % del PIB en 2030 y del 4 % en la dé - cada siguiente. Aprobaremos un presupuesto plurianual de ciencia e innovación que garantice un crecimiento constante de la inversión pública (hasta el 1,25 % del PIB, con un 1,75 % de inversión privada) y aumentaremos un 15 % todos los programas de la Agencia

Estatal de Investigación, en especial los de innovación. ● Banco Público de Inversión y reorganización de fondos: Crearemos un Banco Pú - blico de Inversión y reorganizaremos de forma integral los fondos públicos de apoyo a la empresa (actualmente dispersos en diversos ministerios) y de las ins - tituciones financieras públicas para invertir en la transformación del modelo pro - ductivo hacia la transición ecológica y digital. ● Creación de un fondo público de inversión tecnológica: Construiremos un fondo público de inversión para la innovación y empresas tecnológicas que apoye la creación, el crecimiento y la consolidación de empresas innovadoras. ● Financiación a las startups, pymes innovadoras y proyectos de escala: Facilita - remos la financiación a proyectos con potencial tecnológico y productivo que en - cuentren barreras de acceso a crédito y capital privado apoyando

especialmente a aquellos que incluyan iniciativas de economía social y cooperativa. ● Innovación territorial y empleo de calidad: Fomentaremos la inclusión de empre - sas tecnológicas que contribuyan a distribuir la actividad innovadora entre comu - nidades autónomas y territorios afectados por la desindustrialización o la despo - blación. Los proyectos financiados deberán comprometerse con la creación de empleo estable, la formación, la igualdad y el arraigo territorial de la actividad productiva. ● Estrategia plurianual de inversión por misiones: Aprobaremos una estrategia plu - rianual de inversión por misiones que establezca objetivos medibles de descar - bonización, autonomía tecnológica, producción de bienes esenciales y cuidados, con calendarios, asignación de responsables y presupuestos específicos. Los pro - yectos se evaluarán por su impacto productivo, social y ambiental, además de su rentabilidad financiera.

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90 ESTADO EMPRENDEDOR Y POLÍTICA INDUSTRIAL ACTIVA Reforma de la Ley de Industria y gobernanza empresarial ● Refuerzo de la Ley de Industria y participación pública: Refuerzo legal para la participación del Estado en el capital de empresas estratégicas, la recuperación de presencia pública en sectores clave y la titularidad pública de patentes. Introduc - ción de una acción de oro (golden share) en empresas estratégicas que vendan al menos el 50 % de su producción al sector público, junto a la creación de mecanis - mos de control de precios de insumos esenciales en situaciones de emergencia. ● Condicionamiento estricto de ayudas públicas y retornos: Exigencia a las em - presas beneficiarias de compromisos vinculantes de inversión, mantenimiento y calidad del empleo, formación, cumplimiento fiscal y permanencia de la actividad. Incorporaremos participaciones públicas en el capital,

derechos sobre patentes o retornos sobre beneficios cuando la aportación pública sea relevante. Establece - remos cláusulas de devolución de ayudas ante incumplimientos y límites al reparto extraordinario de dividendos durante el periodo de apoyo público. Las ayudas se evaluarán por su uso real y se eliminarán si no cumplen los requisitos mínimos. Estrategia de I+D+i, soberanía tecnológica y ciencia abierta ● Consolidación de objetivos de inversión en I+D+i y presupuesto plurianual: Apro - baremos un presupuesto plurianual de ciencia e innovación con recursos estables que aseguren el crecimiento constante de la inversión (incluso en escenarios de crisis) y mantengan la continuidad tras la finalización de los fondos europeos. Au - mentaremos un 15 % los programas de la Agencia Estatal de Investigación (con foco en innovación), reforzaremos la financiación estructural de universidades y

organismos de investigación, movilizaremos inversión privada y agilizaremos con - vocatorias y pagos previsibles. ● Posicionamiento internacional y carrera científica: Alcanzaremos la posición de país «fuertemente innovador» (100-125 % del promedio europeo) a lo largo de la legislatura y la de líder en innovación (>125 % del promedio europeo) en 2030. Consolidaremos el Estatuto del Personal de Investigación y las reformas de la ca - rrera científica con empleo estable, mejores condiciones y programas de retorno del talento. ● Ciencia abierta, ciudadanía y democratización del sistema: Impulsaremos mo - delos de ciencia abierta y ciudadana, profundizando en la responsabilidad social del personal investigador. Crearemos el Consejo Ciudadano de Ciencia adscrito al Congreso de los Diputados para dinamizar propuestas ciudadanas en iniciativas legislativas, y potenciaremos la sociedad civil

científica (sociedades, reales aca - demias y asambleas) como contrapeso a los grupos de presión corporativos. ● Transferencia tecnológica y apoyo a pymes innovadoras: Superaremos modelos tradicionales de apoyo mediante el impulso decidido a los ecosistemas de pymes innovadoras y cooperativas. Crearemos redes de transferencia entre universi - dades, centros tecnológicos y empresas mediante asesoramiento, instalaciones compartidas y financiación para procesos eficientes, facilitando el acceso a em - presas de menor tamaño y territorios con menor capacidad tecnológica.

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91 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO Planificación estratégica y regulación estricta de centros de datos ● Planificación y gobernanza de infraestructuras digitales: Consideraremos los centros de datos como infraestructura estratégica nacional orientando su implan - tación según criterios de impacto socioeconómico y recursos disponibles. Garanti - zaremos que su titularidad y gobernanza queden bajo control nacional o europeo, evaluando su impacto acumulado sobre el suelo, las redes y los recursos hídricos. ● Requisitos energéticos, térmicos e hídricos: Condicionaremos nuevas instalacio - nes a que su consumo eléctrico esté respaldado por generación renovable adicio - nal. Prohibiremos expresamente refrigerar con agua en cuencas en sequía y exigi - remos utilizar agua regenerada o desalinizada, garantizando la prioridad absoluta del agua para el abastecimiento de la población. Obligación

legal de aprovechar el calor residual (10 % en julio de 2026, aumentando al 20 % en 2028). Tarifa propia para grandes consumos que cubra la red y la nueva generación requerida (con contratos de larga duración y penalizaciones por cancelación anticipada). ● Fiscalidad, retorno territorial y contratación local: Estableceremos un gravamen sobre la actividad económica de los servicios digitales vinculados a los centros de datos («tasa nube»), destinando parte de la recaudación a los municipios y comarcas acogedoras. Obligación de contratar y formar personal en la región y garantía de prioridad de conexión eléctrica para viviendas, industrias y comunida - des energéticas. ● Transparencia y auditoría energética: Publicaremos de forma obligatoria el con - sumo de luz y agua, la procedencia de la energía y el porcentaje de calor residual aprovechado por parte de las grandes instalaciones,

impulsando la extensión de estos estándares de transparencia a toda la Unión Europea. Nube soberana, software libre y autonomía digital ● Programa de Soberanía Tecnológica y software libre: Liderazgo público firme en la gobernanza tecnológica frente al dominio de grandes corporaciones extranje - ras. Impulsaremos la creación de software y hardware de código abierto a través del Banco Público de Inversión, implantaremos auditorías públicas de contratos tecnológicos y crearemos un registro abierto de los sistemas de inteligencia arti - ficial financiados con dinero público (siguiendo modelos como el Sovereign Tech Fund o la Suite Numérique). ● Adhesión al consorcio europeo de bienes comunes digitales (Digital Commons EDIC): Incorporaremos España al consorcio europeo creado en 2025 por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Luxemburgo para desarrollar, mantener y financiar de forma

conjunta software libre e infraestructuras digitales compartidas, del que España no forma parte. España solicitará de inmediato el estatus de observadora y se incorporará como miembro de pleno derecho durante la legislatura, participan - do en el piloto de Sovereign Tech Fund europeo y en el desarrollo cooperativo de alternativas abiertas para las administraciones públicas (espacio de trabajo, nube, inteligencia artificial y ciberseguridad), en coordinación con las comunidades au - tónomas y los ayuntamientos.

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92 ESTADO EMPRENDEDOR Y POLÍTICA INDUSTRIAL ACTIVA ● Nube soberana para la administración pública y servicios críticos: Revisaremos la dependencia de proveedores tecnológicos no europeos en áreas críticas como defensa, sanidad, justicia, Hacienda y Seguridad Social en coordinación con co - munidades autónomas y ayuntamientos. Obligatoriedad legal de que los datos más sensibles del Estado se alojen exclusivamente en proveedores ubicados en España y sujetos de forma estricta a la legislación europea. ● Proyectos europeos de soberanía tecnológica: Impulso en la UE de proyectos como la constelación europea de satélites IRIS² y de cualquier otro que garantice una soberanía tecnológica real frente a la dependencia de las grandes tecnológi - cas de Silicon Valley. Transición ecológica, reindustrialización verde y marco europeo ● Estrategia «España, potencia industrial verde»: Desplegaremos un

plan integral de reindustrialización aprovechando la ventaja competitiva en energías renova - bles. Electrificaremos procesos industriales y servicios con asistencia técnica y apoyo a pymes. Desarrollaremos cadenas de valor completas en equipos renova - bles, almacenamiento, redes, movilidad eléctrica, rehabilitación, tecnologías di - gitales y medicamentos esenciales, coordinando suelo, conexiones y suministro mediante compra pública y financiación a largo plazo. ● Apoyo a la industria electrointensiva: Plan de apoyo específico para sectores de alto coste energético (como la industria cerámica), convirtiendo la disponibilidad de electricidad limpia y asequible en una ventaja competitiva industrial sostenida mediante descuentos en la tarifa para el consumo de electricidad de origen reno - vable y la obligación de instalar autoconsumo solar en las cubiertas de las instala - ciones

industriales. ● Formación Profesional industrial y empleo de calidad: Impulsaremos la Formación Profesional industrial e integraremos directamente los servicios públicos de em - pleo en los planes de reindustrialización regional y sectorial. ● Marco financiero europeo y gobernanza económica: Defensa en las instituciones europeas de un New Deal o gran plan de inversión equivalente al 4,5 % del PIB de la UE para política industrial, competitividad e industria verde. Prolongaremos los programas de inversión comunitaria, defenderemos una financiación bonificada del Banco Central Europeo (BCE) para la descarbonización y replantearemos las reglas de estabilidad presupuestaria para fiscalizar los superávits comerciales ex - cesivos e infrainversiones verdes de países miembros. ● Aprobaremos una ley específica de transición justa. Garantizará planes antici - pados para sectores potencialmente

afectados por la transición ecológica. Los planes se pondrán en marcha al menos cinco años antes de cada potencial cierre para cada comarca afectada, con calendario, presupuesto, indicadores de empleo y población y evaluación independiente.

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93 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO 6.2. Empresas públicas fuertes ● Dotaremos a la SEPI de los medios económicos y humanos para entrar como accionista en nuevas empresas y sectores estratégicos y para modernizar las empresas públicas en las que participa. ● Convertiremos a Navantia en motor de la reindustrialización. Aumentaremos su cartera de pedidos para dar plena ocupación a todos sus centros, diversificaremos su actividad hacia las renovables y la construcción naval de más valor añadido y abordaremos un plan de inversiones hasta 2030. La capitalizaremos para darle es - tabilidad financiera, garantizaremos la actividad en todos sus centros y negocia - remos con la plantilla un plan laboral que la amplíe y rejuvenezca, velando también por las condiciones de trabajo de su industria auxiliar. ● Reforzaremos Correos para que gane protagonismo en toda la cadena logística. Mejoraremos las

condiciones de su plantilla y sus recursos y diversificaremos su actividad: crearemos un Banco Postal público de ahorro y depósito que reduzca la concentración y la exclusión financiera, ofrecerá seguros propios, abrirá espacios de coworking e incubadoras en sus oficinas y será el proveedor de la nube sobe - rana de las administraciones públicas. ● Reforzaremos la Agencia EFE como gran agencia de noticias en español. Aumen - taremos su financiación como Servicio de Interés Económico General para acer - carla a la de France Presse o Associated Press, incorporaremos y estabilizaremos perfiles informativos, mejoraremos la conciliación y negociaremos el convenio co - lectivo pendiente. Además, la someteremos a control parlamentario, como RTVE, e incorporaremos la representación de la plantilla a su consejo de administración. ● Crearemos una empresa pública de materias primas estratégicas.

Impulsaremos participaciones públicas mayoritarias en explotaciones estratégicas para asegurar abastecimiento industrial, control de recursos y reinversión de beneficios en terri - torios y restauración. 6.3. Banca pública Constitución de la Banca Pública Estatal articulada mediante la integración del ICO, la red de oficinas de Correos (Banco Postal) y la activación de los derechos de voto en el 18 % público de CaixaBank. Creación de la Banca Pública Estatal ● Crearemos un Banco Postal Estatal a partir de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. El Banco Postal Estatal recibirá como aportación a su capital los acti - vos de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y las acciones de CaixaBank en manos del FROB. Garantizará la estabilidad del sistema financiero, financiará políticas públicas estratégicas, será motor de la reindustrialización, facilitará cré - ditos ventajosos a pymes y autónomos y coordinará el sistema de banca pública.

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94 ESTADO EMPRENDEDOR Y POLÍTICA INDUSTRIAL ACTIVA ● La vocación del Banco Postal Estatal será de crecimiento y paulatina integración de la banca privada sistémica cuya rentabilidad se desplomaría sin las ayudas pú - blicas derivadas de la contribución inferior a los sistemas de garantía de depósitos de la que actualmente se benefician. También procederá a la integración paulatina de las cooperativas de crédito como filiales, con la oportuna modificación legislati - va, que permita conservar los elementos indudablemente positivos del modelo de cajas rurales y combinarlo con la banca pública estatal. Ampliaremos las funciones que ya permiten a Correos operar como EDE (Entidad de Dinero Electrónico). La banca pública ofrecerá cuenta básica y pagos instantáneos gratuitos, y cobrará a autónomos y pequeños comercios muy por debajo de lo que cobran las tarjetas, como hace el sistema Pix en

Brasil. Los 8.267 puntos de atención de Correos, de los que más de 2.388 son oficinas digitalizadas, tienen la capilaridad necesaria para alcanzar el objetivo de la inclusión. Dada la peculiaridad de la cobertura de Correos, los servicios bancarios minoristas estarán distribuidos por toda la geo - grafía española, y así quedará mitigado rápidamente uno de los problemas más importantes de la exclusión financiera: la exclusión territorial.

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07 Agricultura, ganadería y pesca: hacia su sostenibilidad medioambiental, social y económica

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7.1. Sostenibilidad económica y social ● Aprobaremos un Pacto de Estado que se plasme en una Ley de Futuro de la Agri - cultura, la Ganadería y la Alimentación para realizar la necesaria transición agro - ecológica que nos permita avanzar hacia un modelo agroalimentario sostenible. Debe contar con la participación activa y la implicación de las personas trabajado - ras, organizaciones del sector agrario y de consumidores y con medidas regiona - les de acompañamiento. ● Garantizaremos la renta agraria al tiempo que se establecen mecanismos de so - lidaridad que garanticen el acceso a alimentos sanos y variados a un precio acce - sible para el conjunto de la población y unos precios justos para los productores. ● Cesión de suelo rústico de SAREB (banco malo) para fomentar explotaciones agrarias ecológicas: El desarrollo rural tiene que ponerse al servicio de un nue - vo modelo productivo

para las áreas rurales españolas. En dicho modelo han de primar las explotaciones familiares agrarias y ganaderas, los circuitos cortos de comercialización, los productos de calidad diferenciada, el mayor protagonismo de la mujer, la innovación y formación permanentes, y la mejora medioambiental. ● Promoveremos en la UE la puesta en marcha de un etiquetado que favorezca la producción extensiva en contraposición a la intensiva. ● Control exhaustivo y sanción de los incumplimientos de la Ley de la Cadena Ali - mentaria. ● Plan de Empleo Forestal en zonas de incidencia de grandes incendios, con per - sonas contratadas en los pueblos para la gestión integral forestal que se ocupen de la vigilancia, conservación, explotación de los recursos forestales en el marco del Plan de Empleo Garantizado. ● Adoptaremos el principio de «dinero público para bienes y servicios públicos» en las

negociaciones para la futura Política Agraria Común que debe conllevar la eliminación de los derechos históricos y orientar las ayudas a los sistemas produc - tivos que socialmente más aportan y no a los grandes terratenientes. ● Garantizaremos que la caza y la pesca estén vinculadas a la mejora de los recursos. ● Incrementaremos las indemnizaciones por daños a la ganadería extensiva por fauna silvestre y subvencionaremos las medidas implementadas para la protec - ción del ganado. ● Consideraremos los stocks pesqueros como bien público y modificaremos las políticas marcadas a nivel de la UE que únicamente los consideran un bien de mercado. ● Apostaremos por el mantenimiento de la flota pesquera con la adopción de me - didas que faciliten su rentabilidad y el futuro del sector, ya que en el periodo 2019-2020, mientras España ha perdido 153 buques, Italia y Francia han incre - mentado su flota.

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98 AGRICULTURA, G ANADERÍA Y PESCA: HACIA SU SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICA ● Gestión de las cuotas pesqueras con criterios sociales en vez de puramente mer - cantiles: Para ello deben establecerse mecanismos que obliguen a consumirlas y no a especular con ellas. ● Plan de ayuda y búsqueda de alternativas al sector pesquero afectado por es - pecies invasoras, como, por ejemplo, el alga Rugulopteryx okamurae. Esta alga invasora se ha convertido en el mayor peligro para la pesca litoral del estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Dicha especie se está expandiendo, teniendo un área de expansión potencial a todo el Mediterráneo. Es un problema grave que habrá que afrontar y que supondrá grandes esfuerzos e inversiones públicas. 7.2. Sostenibilidad medioambiental: descarbonización de la agricultura, la ganadería y la pesca ● Fomentaremos la ganadería extensiva y el

pastoreo como herramientas clave para la conservación de la biodiversidad, la prevención de incendios forestales y la vertebración del territorio mediante una estrategia de ganadería extensiva y co - existencia específica que ponga en valor la ganadería extensiva de base agroeco - lógica y garantice su coexistencia con la biodiversidad y los grandes carnívoros, manteniendo intacto su estatus de protección. ● Transición hacia una producción ganadera 100 % ecológica estableciendo el ob - jetivo de alcanzar al menos un 25 % de superficie en ecológico para 2030 y el 100 % para 2050, tanto en agricultura como en ganadería. ● Transición integral hacia la agroecología impulsando una Ley de Agricultura con el objetivo de alcanzar al menos un 25 % de superficie agraria útil en producción ecológica para 2030 y el 100 % para 2050. Este modelo debe priorizar las prác - ticas agroecológicas y los

cultivos de secano, las variedades tradicionales y las leguminosas como pieza clave para la adaptación climática, la fertilidad y mejora del suelo y la transición proteica. ● Regularemos el mercado de la tierra y garantizaremos el relevo generacional y el empleo digno fomentando la creación de un banco público de tierras estatal para la regulación del mercado de tierras, de los precios de la misma y el control de su uso para evitar la especulación. Los agricultores y agricultoras jóvenes, familiares y sociales tendrán prioridad en la compra o el arrendamiento, y se establecerá un techo de superficie por comprador, según los cultivos, para evitar la concentración y acaparamiento de la tierra en manos de unos pocos. Es imprescindible vincular las ayudas públicas a la condicionalidad social y ambiental y al mantenimiento del empleo rural digno que fije población en el medio rural. ●

Incentivaremos la agricultura agroecológica y reorientaremos el dinero público hacia explotaciones familiares de pequeña y mediana escala con mayor valor ecológico y social reformando la Política Agraria Común (PAC) mediante la elimi - nación progresiva de subsidios perversos en los pagos por hectárea. Excluiremos de las ayudas a los fondos de inversión y grandes sociedades mercantiles. En situaciones de estrés inflacionario, usaremos «bonos climáticos» para pequeños

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99 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO agricultores como balón de oxígeno para cubrir costes y transicionar hacia un mo - delo libre de fósiles. ● IVA reducido o exenciones para los alimentos de tierra y mar de origen ecológi - co, agroecológico y de proximidad, al mismo tiempo que se aplica el principio de «quien contamina paga» a las grandes corporaciones alimentarias incrementando los impuestos a los productos procesados e insanos. ● Protegeremos la biodiversidad mediante la reducción de insumos químicos es - tableciendo objetivos vinculantes para la reducción masiva del uso de plaguicidas, fertilizantes sintéticos (especialmente nitrogenados) y antimicrobianos, en línea con la Estrategia de la Granja a la Mesa. Asimismo, garantizaremos el 10 % de es - pacio para la biodiversidad en el campo y aplicaremos medidas estrictas para la protección de polinizadores. ● Reduciremos consumos

fósiles y emisiones en las actividades agrarias. Mejora - remos maquinaria y construcciones, introduciremos renovables y eficiencia, opti - mizaremos fertilización y rotación de cultivos y sustituiremos la quema de residuos por aprovechamientos compatibles con la economía circular. ● Priorizaremos los productos agroalimentarios locales y estatales. Apoyaremos la venta de proximidad y evitaremos importar productos que ya se cultivan en Es - paña solo porque sean más baratos, teniendo en cuenta sus efectos ambientales y sociales. Basaremos las decisiones sobre cultivos transgénicos en la evidencia científica, evaluando cada variedad y su uso y evitando diferencias injustificadas entre la producción estatal o europea y las importaciones. ● Descarbonizaremos el procesamiento, envasado y logística agroalimentarios. Apoyaremos diversificación de producciones de mayor valor con menor consumo

unitario de agua, investigación para secano y reorientación del regadío. ● Fomentaremos la pesca de bajo impacto ambiental y alto valor social priorizando la pesca artesanal como pilar de la biodiversidad, la salud y la cohesión territorial costera. Proponemos un necesario trasvase de inversión para apoyar estos mo - delos de alto valor social. ● Desaparición progresiva de la flota pesquera industrial en favor de artes pesque - ras más sostenibles implementando medidas urgentes (como proteger al menos el 30 % de los océanos para 2030, retirar el apoyo financiero público a las grandes flotas industriales destructivas y redirigirlo a la reconversión laboral del sector, y la priorización de los criterios socioambientales (artículo 17 de la Política Pesquera Común) sobre los criterios meramente históricos o económicos para favorecer a la pesca artesanal) para eliminar los impactos

industriales más severos sobre la biodiversidad marina, con el objetivo específico de poner fin a la pesca de arrastre. ● Apoyo al relevo generacional y de género en la producción pesquera social de bajo impacto ambiental manteniendo e incrementando las ayudas económicas para fomentar nuevas incorporaciones de trabajadores jóvenes y mujeres.

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100 AGRICULTURA, G ANADERÍA Y PESCA: HACIA SU SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICA ● Crearemos reservas marinas de protección efectiva aumentando las áreas pro - tegidas marinas clave para detener la degradación de la costa y aumentar su re - siliencia. Estas reservas deben contar con una protección real que genere un au - mento de la exportación de biomasa hacia los caladeros adyacentes. ● Mantendremos el marisqueo y la acuicultura extensiva tradiciona l de bivalvos, y restringiremos la acuicultura industrial intensiva (especialmente de especies piscí - voras como la lubina) por su impacto en la contaminación del agua, la transmisión de enfermedades y la sobreexplotación de océanos para fabricar piensos.

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08 Autónomos, pymes y economía social

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8.1. Simplificación burocrática, digitalización, protección a las pymes y fiscalidad ● Transposición del IVA franquiciado y régimen simplificado: Transpondremos de inmediato la directiva europea del IVA franquiciado para autónomos y pequeñas empresas. Aquellos que facturen menos de 85.000 euros anuales podrán optar por quedar exentos de liquidaciones periódicas y presentar una única declaración infor - mativa anual en lugar de las trimestrales. Estableceremos además una tributación simplificada para autónomos y socios cooperativistas de rentas bajas. ● Tarifa plana mientras se ingrese menos del SMI: Vincularemos la tarifa plana de 88 euros a los ingresos y no al tiempo. Hoy se pierde a los dos años; la mantendre - mos mientras los ingresos reales de la persona trabajadora autónoma sean inferio - res al SMI anual, sin pérdida de derechos de protección, para que nadie empiece a pagar más

antes de que su negocio sea sólido. ● Plena efectividad del IVA de caja: Haremos plenamente operativo el régimen del IVA de caja, impidiendo de forma efectiva que las grandes empresas limiten o blo - queen su aplicación práctica a pymes y autónomos. ● Ventanilla única, digitalización y acompañamiento: Reforzaremos la ventanilla única administrativa y aceleraremos la digitalización para reducir trabas y trámites burocráticos, ofreciendo servicios públicos de acompañamiento para la moder - nización de pequeñas y medianas empresas. Unificaremos las ayudas a pymes y autónomos en una convocatoria única, con plazos máximos de resolución breves. Crearemos un Kit Digital para la economía social basado en software libre. ● Pondremos en marcha un Plan Nacional de Adopción de Inteligencia Artificial y tecnologías digitales para pymes, autónomos y entidades de la economía social, con acompañamiento

técnico, acceso a la capacidad de computación pública y a espacios de datos y prioridad para las soluciones de código abierto condicionado a la prohibición de despedir y con el objetivo de que en 2030 el 90 % de las pymes alcance al menos una intensidad digital básica. ● Reforma de la Ley de Segunda Oportunidad: Reformaremos de forma integral la Ley de Segunda Oportunidad con el fin de evitar que las personas emprendedoras queden condenadas a una situación de ruina permanente tras el fracaso de un proyecto empresarial. ● Régimen sancionador contra la morosidad comercial: Aplicaremos un régimen sancionador efectivo para hacer cumplir la ley de morosidad, erradicando los re - trasos en los pagos por parte de grandes corporaciones y administraciones públi - cas que merman la liquidez de pymes y autónomos. ● Línea de crédito público ICO y financiación preferente: Abriremos una línea de

crédito público gestionada por el ICO de 3.000 millones de euros anuales destinada a empresas de menos de 50 trabajadores, con tipos de interés reducidos (euríbor + 1 %) y garantías basadas en la propia actividad empresarial. Destinaremos fondos europeos e instrumentos financieros públicos de manera preferente a las pymes.

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104 AUTÓNOMOS, PYMES Y ECONOMÍA SOCIAL ● Defensa de la competencia bancaria: Garantizaremos la competencia real en el sector financiero, evitando mayores procesos de concentración bancaria y prote - giendo a las entidades con vocación explícita de financiación a la economía real. ● Protección del alquiler comercial en la LAU: Reformaremos la Ley de Arrenda - mientos Urbanos (LAU) para proteger a autónomos y pequeñas empresas frente a subidas abusivas en los alquileres de locales y frenar la especulación inmobiliaria. Garantizaremos contratos mínimos de 5 años, un límite legal a las subidas anuales y el derecho a la renovación del contrato (con indemnización por expulsión para especulación). En zonas tensionadas, los grandes tenedores deberán sujetarse a un índice de precios de referencia. 8.2. Energía a precios justos ● Agrupación de compras energéticas, autoconsumo y almacenamiento:

Facilita - remos que las pymes se agrupen para negociar de forma colectiva contratos de electricidad a largo plazo, equiparando su capacidad negociadora a la de las gran - des empresas, e impulsando instalaciones de autoconsumo y sistemas de alma - cenamiento energético. ● Ayudas a la descarbonización de flotas: Concederemos ayudas y programas es - pecíficos para la descarbonización y renovación ecológica de las flotas de vehícu - los de pymes y trabajadores autónomos. 8.3. Impulsar la economía social ● Despliegue normativo e institucional de la economía social: Desarrollo reglamen - tario de la Ley 1/2026 integral de impulso de la economía social, creación del Ca - tálogo de Entidades de Economía Social y dotación de financiación estable para la Estrategia Española de Economía Social. ● Financiación, avales y preservación fiscal: Incrementaremos fondos, avales (a través del instrumento

específico del ICO) y ayudas directas a cooperativas, so - ciedades laborales y empresas de inserción. Mantendremos y consolidaremos el tratamiento fiscal específico y ventajoso para las cooperativas frente a las socie - dades de capital. ● Crearemos un fondo estatal de economía social y solidaria. Tendrá presupuesto plurianual y líneas específicas para financiar las políticas locales de los ayunta - mientos y los proyectos de coproducción público-comunitaria, e incorporaremos criterios de economía social en las bases de las subvenciones de la Administración General del Estado. ● Apostaremos por las cooperativas y la economía social como forma preferente para las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y explotaciones.

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105 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Transmisión preferente de empresas a plantillas y fondos colectivos: Recono - ceremos derechos preferentes de adquisición para los trabajadores en procesos de sucesión, venta o cierre de empresas viables, apoyando su transformación en cooperativas o sociedades laborales mediante financiación pública, asesoramien - to y fondos colectivos o reservas indivisibles que aseguren la permanencia del empleo. ● Infraestructuras de vanguardia y finanzas éticas: Impulsaremos el Hub de Van - guardia de la Economía Social en Donostia y reconoceremos las finanzas éticas como agente transformador a través de medidas legislativas, operativas y de sen - sibilización. ● Desarrollo del Reglamento de las SBIC: Desarrollaremos el Reglamento de las So - ciedades de Beneficio e Interés Común (SBIC) para dotarlas de seguridad jurídica e impulsar la generación de impacto

positivo en la sociedad y el medio ambiente. ● Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y criterios sociales/ambien - tales: Reforma normativa para eliminar el precio como criterio preferente de ad - judicación, garantizando que los criterios sociales y ambientales representen al menos el 51 % de la ponderación. Incluiremos cláusulas de Comercio Justo y fi - nanzas éticas, adjudicación por fases para asegurar pagos justos en la cadena de suministro, diseño de fórmulas que despenalicen bajadas moderadas, revisión de umbrales de ofertas anormalmente bajas y penalizaciones estrictas a las bajas temerarias. ● Reservas de mercado y motor del mercado social: Fijaremos porcentajes de re - serva de contratos públicos para Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y Empresas de Inserción superiores al mínimo legal del 15 %. Estableceremos ob - jetivos vinculantes de contratación

de productos y servicios de la Economía Social en la Administración General del Estado y sus empresas públicas, reconociendo la Auditoría/Balance Social como criterio de valoración. ● Indexación de contratos y equiparación de autónomos dependientes: Indexare - mos automáticamente los contratos públicos suscritos con autónomos al salario mínimo interprofesional y a los costes salariales. Garantizaremos la aplicación de las condiciones del convenio de la empresa cliente para los autónomos depen - dientes (TRADE). ● Eje transversal en políticas públicas: Poder de la contratación pública como pa - lanca de modernización, situando la transformación de pymes, autónomos y eco - nomía social como eje central de las políticas públicas industriales, digitales y de descarbonización. ● Reconocer y compensar los costes de inserción: Aplicación efectiva y homogé - nea del régimen de compensaciones

por servicios de interés económico general (SIEG) que reconoce la Ley 1/2026, con criterios comunes entre territorios; com - pensación de los costes específicos de inserción sociolaboral, incluidos los sobre - costes laborales y el acompañamiento; y un marco que evite que los límites de las ayudas de minimis restrinjan las ayudas a las empresas de inserción.

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106 AUTÓNOMOS, PYMES Y ECONOMÍA SOCIAL ● Aprobaremos un marco estatal de gestión público-comunitaria. Habilitará fór - mulas de coproducción de servicios entre las administraciones y las entidades de la economía social y solidaria y desarrollará las fórmulas no contractuales de prestación de servicios sociales, como el concierto social, para que los cuidados financiados con fondos públicos se presten sin ánimo de lucro. ● Llevaremos la economía social a la España que se vacía. Pondremos en marcha un Programa Estatal de Rescate Demográfico que apoye la creación y consolida - ción de cooperativas y empresas de economía social en municipios afectados por la despoblación, el envejecimiento o la pérdida de servicios, con especial atención a los proyectos liderados por mujeres y jóvenes, y abriremos una línea estatal de apoyo a equipamientos de fomento como los ateneos cooperativos y las

escuelas de emprendimiento colectivo. ● Defenderemos la economía social en el próximo presupuesto europeo. Impul - saremos que el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 reconozca la economía social como prioridad transversal, con presencia en los instrumentos de industria, cohesión, empleo, innovación y transición ecológica y digital, y que mantenga las líneas de apoyo del Fondo Social Europeo y de los programas de financiación para sus entidades.

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09 Lucha contra la despoblación y retos de la insularidad

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9.1. Garantizar empleo y servicios públicos ● Plan de empleo, industrialización y diversificación local: Esta medida impulsará la implantación y modernización de tejido industrial sostenible, la creación de en - claves logísticos comarcales, el apoyo a la industria agroalimentaria avanzada y la digitalización de pymes locales. Para ello, articularemos un sistema de incenti - vos económicos directos y una fiscalidad diferenciada —incluyendo la aplicación efectiva de bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en territorios de baja densidad, como ya se hace en territorios como Cuenca, So - ria o Teruel—, coordinados con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, orientado a generar empleo estable, cualificado y de alta retribución que frene la emigración juvenil y diversifique el modelo productivo más allá del sector primario tradicional. ●

Desarrollaremos la II Estrategia estatal frente al Reto Demográfico y su Plan de Acción, con recursos suficientes y cuanto antes, priorizando los territorios con mayor vulnerabilidad. ● Garantizaremos que los servicios públicos básicos estén a menos de 30 minutos de todas las personas que viven en el medio rural, fijando por ley, junto a las ad - ministraciones territoriales, este criterio de proximidad. ● Defenderemos en la Unión Europea fondos directos y específicos contra la des - población dentro del presupuesto comunitario. ● Aplicaremos el mecanismo rural de garantía, que obligará a evaluar el impacto de las políticas públicas sobre el medio rural. ● Pondremos en marcha un Programa Integral de Vivienda Rural. Construiremos viviendas sostenibles en los municipios despoblados, solo para residencia per - manente y nunca para uso turístico; ayudaremos al alquiler y a la

rehabilitación de viviendas para jóvenes, familias y profesionales que quieran instalarse en los pue - blos; fomentaremos la autopromoción y el cooperativismo; y crearemos oficinas comarcales de gestión con las comunidades autónomas. Empezaremos con un programa piloto en Aragón dotado con 75 millones de euros. ● Defenderemos el transporte por carretera en los pueblos. Retiraremos las pro - puestas de recortar paradas en las líneas de autobús y destinaremos una parte relevante del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible a sostener el transporte autonómico en los territorios afectados por la despoblación, según la superficie afectada. ● Conexión a internet rápido para vivir y trabajar en el pueblo: No basta con llevar fibra a las casas; necesitamos que los pueblos tengan la misma capacidad tecno - lógica que cualquier capital para crear empresas, atraer talento y

teletrabajar sin interrupciones. Necesitamos fibra, 5G real y calidad en la red en cada polígono industrial rural.

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110 LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y R ETOS DE LA INSULARIDAD ● Adaptaremos la sanidad a las zonas de baja densidad de población. Todas las estrategias del Ministerio de Sanidad incluirán incentivos y prácticas específicas para estas zonas, y crearemos una bolsa de financiación, a través del Consejo Interterritorial, para proyectos innovadores que garanticen la asistencia sanitaria en el medio rural. ● Reforzaremos la extensión de las escuelas rurales en colaboración con las co - munidades autónomas con el objetivo de garantizar el derecho a la educación, también en todo lo relativo a la inclusividad, en cualquier punto del país. ● Aprobaremos el Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población, consen - suado con la FEMP y las comunidades autónomas, para dar a los pueblos un marco legal adaptado a sus necesidades. ● Promoveremos Bancos de tierras públicas para movilizar parcelas

abandonadas de titularidad pública que puedan servir para facilitar el acceso a nuevos agricul - tores. Esta medida garantizará un acceso a la tierra más justo, facilitará el relevo generacional en el campo y se acompañará de apoyo técnico y económico para el acondicionamiento inicial, asegurando que los nuevos emprendedores puedan arrancar su actividad con viabilidad y estabilidad a largo plazo. 9.2. Abordar los retos de la insularidad ● Haremos atractivos los puestos de los servicios estatales en las islas, reforzando medidas como el plus de residencia, para compensar el sobrecoste de la vida y de la vivienda y evitar que queden vacantes. ● Apoyaremos la diversificación de la economía de Illes Balears y Canarias hacia sectores innovadores, para reducir su dependencia del monocultivo turístico, cuya fragilidad quedó a la vista durante la pandemia. ● Estudiaremos medidas que compensen

el sobrecoste del consumo en las islas, que golpea sobre todo a las clases populares y trabajadoras. ● Garantizaremos conexiones mínimas durante todo el año entre las islas y con la península, reforzando las obligaciones de servicio público, en especial entre las islas no capitalinas y la península (por ejemplo, Menorca-Barcelona). ● Mantendremos de forma indefinida el régimen especial de Illes Balears y las ayu - das al transporte de Illes Balears y Canarias, y promoveremos políticas fiscales que mejoren las condiciones derivadas del hecho insular. ● Apoyaremos la cultura de las islas, teniendo en cuenta la insularidad en todas las políticas culturales estatales y prestando un apoyo singular a la lengua catalana en Illes Balears y a la cultura propia de Canarias frente a la presión de la turistifi - cación.

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10 Empleo público de calidad

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10.1. Dignificar el empleo público ● Garantizaremos el poder adquisitivo de las empleadas y empleados públicos. Acordaremos con los sindicatos subidas salariales que, como mínimo, mantengan su poder de compra, con una cláusula de garantía salarial. ● Reduciremos la temporalidad en el sector público hasta el 8 %. Como primer paso, la bajaremos 10 puntos en el primer año, cumpliendo el acuerdo con la re - presentación sindical y las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre las interinidades. ● Reforzaremos las capacidades técnicas de la Administración. Recuperaremos capacidades propias de análisis económico, contratación, tecnología e inspección y profesionalizaremos la dirección pública mediante selección transparente y eva - luación de resultados. ● Haremos de la contratación pública una herramienta de transformación. Publi - caremos contratos, modificaciones, subcontratas y

beneficiarios efectivos, refor - zaremos el control de sobrecostes y exigiremos cláusulas laborales, sociales y ambientales verificables. Priorizaremos en la contratación pública a las empresas con convenio colectivo aplicable, representación sindical efectiva y órganos de participación de las plantillas. Garantizaremos capacidad pública para comparar costes y evaluar concesiones, así como protección efectiva de quienes denuncian irregularidades. ● Garantizaremos una evaluación independiente y facilitaremos el control social. Reforzaremos la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, creada re - cientemente, dotándola de independencia efectiva, financiación plurianual sufi - ciente, una plantilla especializada y acceso a la información necesaria para cumplir su misión. La evaluación de programas y políticas de gasto debe estar institucio - nalmente separada de la supervisión

fiscal de la AIReF en tanto que su mandato de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de la deuda podría favorecer que el ajuste del gasto prevaleciera sobre la valoración de la utilidad social de los progra - mas. Abriremos datos administrativos con garantías a la sociedad para que pueda haber el mayor número de evaluaciones independientes posibles. 10.2. Potenciar el empleo público ● Reforzaremos la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ampliaremos la plan - tilla de inspectores, subinspectores y personal de apoyo para acercarnos a la ratio de la OIT, aprobaremos una nueva relación de puestos de trabajo y un nuevo plan estratégico para combatir los excesos de jornada ilegales, los accidentes labora - les provocados por el cambio climático, la discriminación y la explotación laboral. ● Aumentaremos un 30 % los recursos de las Oficinas de Extranjería. Llevan años con graves

carencias: falta de personal, salarios bajos y material informático ob - soleto. Tras una auditoría de su funcionamiento, cubriremos todas las plazas y

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114 EMPLEO PÚBLICO DE CALIDAD crearemos las necesarias, mejoraremos los salarios de su personal, renovaremos sus equipos y mejoraremos el sistema de cita previa. ● Duplicaremos la plantilla de la Agencia Tributaria en cuatro años, como se reco - ge en el capítulo de fiscalidad. ● Pondremos en marcha un Plan de Empleo Garantizado. Se dirigirá preferente - mente a personas desempleadas de larga duración y se aplicará mediante conve - nios con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, cabil - dos insulares, mancomunidades y otras instituciones locales en el cumplimiento de sus competencias y en el ámbito de sus territorios. Los contratos que se firmen no podrán referirse a puestos de trabajo estructurales o estatutarios de las admi - nistraciones públicas. Los programas podrán desarrollarse a través de mecanis - mos de colaboración público-social (es decir, con

iniciativas de economía social). Las retribuciones serán las mínimas de ingreso existentes para cada puesto según la titulación exigida en los convenios colectivos del personal laboral de cada ins - titución. En el caso de que no exista convenio colectivo propio, se regulará por el convenio colectivo de sector aplicable. El programa estará destinado a: ▶ Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy día son insuficientes (educación pública, sanidad pública, culturales, deportivas, conservación del medio natural, prevención de incendios, generación de energía renovable, etc.). ▶ Crear nuevas actividades (sobre todo ecológicas: servicios de reutilización y reparación de materiales y productos, optimizar rendimiento energético de edi - ficios, etc.). ▶ Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados domésticos y otros tra - bajos hoy día voluntarios repartiendo esas actividades de forma solidaria entre la comunidad.

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11 Financiación autonómica y vertebración territorial

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11.1. Reforma del modelo de financiación autonómica ● Impulsaremos de forma inmediata la reforma del sistema de financiación auto - nómica. El actual sistema está caducado desde 2014. El nuevo modelo debe partir de la propuesta presentada por el Gobierno de Coalición Progresista, mejorando sus principales elementos. El nuevo sistema debe resolver los problemas estruc - turales de la financiación autonómica: la infrafinanciación de los servicios pú - blicos gestionados por las comunidades autónomas, la baja corresponsabilidad fiscal, la inequidad y la opacidad. El nuevo modelo debe garantizar la cohesión territorial y la equidad y debe acomodar la voluntad de mayor autogobierno que han expresado algunas comunidades autónomas, avanzando hacia un modelo de financiación que responda a los principios de un federalismo social y plurina - cional. Para ello, el sistema de financiación debe

asegurar la suficiencia finan - ciera, para blindar el Estado del bienestar y también para hacer frente a retos como la crisis climática. Los servicios gestionados por las comunidades autóno - mas, como la sanidad, la educación, los servicios sociales y los correspondientes a competencias singulares, deben estar adecuadamente financiados. El nuevo modelo debe avanzar en la autonomía financiera de las comunidades autónomas, con una mayor capacidad tributaria y de gestión por las agencias tributarias auto - nómicas. Y debe garantizar la equidad, con mecanismos claros y transparentes de solidaridad interterritorial, a similar esfuerzo fiscal, para la convergencia en la fi - nanciación por población ajustada, sin que suponga perjuicio alguno para ninguna comunidad autónoma. Asimismo, evitaremos la competencia fiscal a la baja entre territorios que debilita los servicios públicos y favorece a

las rentas más altas. ● Destinaremos al menos un 2,3 % del PIB adicional al sistema de financiación au - tonómica cada año. Supondrá unos 38.000 millones adicionales con los que se afrontará la necesidad de fortalecimiento de los servicios públicos. ● Plantearemos un mecanismo para garantizar que las comunidades infrafinan - ciadas puedan prestar el mismo nivel de servicios públicos que el resto de las comunidades autónomas. ● Mediremos las necesidades de gasto con criterios sociales. La población ajusta - da incorporará, entre otros criterios, a los parados sin prestación como indicador de pobreza y exclusión, a la población mayor de 80 años por su relación con la dependencia, a la población de 0 a 17 años y a la universitaria, mayor número de grupos de edad para imputar el gasto sanitario y los costes fijos de prestar los servicios. Tomará además la población más alta de los últimos

tres años, para proteger a los territorios que pierden habitantes. ● Los nuevos recursos servirán para mejorar los servicios sin computar en la regla de gasto. El gasto que las comunidades financien con los recursos permanentes que aporte la reforma no computará en la regla de gasto, y las entregas a cuenta se actualizarán cada año aunque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

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118 FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y V ERTEBRACIÓN T ERRITORIAL ● Aprobaremos un fondo para afrontar el cambio climático repartido según el ries - go. Mantendremos el Mecanismo para afrontar el Cambio Climático previsto en el Acuerdo 1/2026, dotado con 735 millones de euros en el año base, pero lo repar - tiremos según indicadores objetivos de exposición a riesgos climáticos —inunda - ciones, sequía, incendios u olas de calor— y no por zonas geográficas. ● Estableceremos un fondo de convergencia para las comunidades con menos re - cursos. En la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial crearemos un fondo para las comunidades cuya financiación por habitante ajustado quede por debajo de la media por su menor capacidad fiscal con el fin de corregir desequili - brios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. Se destinará a infraestructuras,

reindustrialización y productividad, y tendrá en cuen - ta la despoblación y la dispersión, las externalidades del turismo masivo, el riesgo forestal y la insularidad. ● Incluiremos en la propuesta de reforma la obligación de las comunidades autó - nomas de financiar competencias ejercidas por aquellas en su nombre por parte de las entidades locales. Las denominadas competencias impropias sostenidas por los ayuntamientos deben contar con suficiencia de recursos proporcionados por las comunidades autónomas y debe quedar asegurada en esta modificación del sistema de financiación. ● Es imprescindible incorporar a la reforma de la financiación (tanto autonómica como local) la modificación de elementos tan lesivos para las administraciones públicas como la interpretación de la regla de gasto establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En caso contrario,

es per - fectamente posible que, en la práctica, estos recursos adicionales no puedan ser utilizados por las comunidades autónomas. 11.2. Condonación de deuda y prohibición del dumping fiscal ● Condonación de deuda autonómica condicionada a la prohibición de efectuar dumping fiscal o bajadas de impuestos a rentas altas. Podrán destinar el 20 % de la deuda que se les condone a crear y ampliar su parque público de alquiler asequible. ● Reestructuraremos la deuda autonómica que queda tras la condonación, alar - gando plazos y bajando los tipos de interés, y compensaremos los déficits de financiación acumulados: en un máximo de seis meses calcularemos los déficits de financiación que han soportado las comunidades desde el modelo de 2001, tanto la insuficiencia general de todas las comunidades de régimen común como la infrafinanciación específica de algunas, y su impacto en la deuda; a

partir de ese cálculo activaremos los mecanismos de compensación previstos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, tal y como acordó la Comisión de Hacienda del Congreso en marzo de 2017; la forma y los plazos de compensación se acordarán mediante convenio entre el Estado y cada comunidad

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119 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO en los seis meses siguientes, y las comunidades con mecanismos bilaterales en sus Estatutos podrán utilizarlos para reclamar compensaciones. ● Actuaremos de manera firme contra el dumping fiscal incluyendo medidas de condicionalidad positiva para obligar a dedicar los recursos adicionales a servi - cios esenciales como educación, sanidad, dependencia o vivienda. Respetar la autonomía de decisión de los territorios no puede suponer una puerta abierta para rebajas tributarias a costa de la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. ● Las rebajas fiscales autonómicas no las pagará el resto del país. El Impuesto so - bre el Patrimonio se computará en el sistema por lo que se recaudaría sin las bonificaciones de cada comunidad, y el de Sucesiones y Donaciones por un valor normativo actualizado. Además, fijaremos por ley un mínimo común de

tributación en ambos impuestos en todo el territorio. Las deducciones autonómicas del IRPF dejarán de poder aplicarse para beneficiar a los que más tienen. Quien regale im - puestos a los más ricos lo hará con sus propios recursos. 11.3. Infraestructuras e inversión en todo el territorio Modelo público, reversión de subcontratas y plantillas en alta velocidad ● Alta velocidad 100 % pública y reversión de la liberalización: Restableceremos la alta velocidad como un servicio público de titularidad y operación exclusiva por parte de Renfe. Paralizaremos de inmediato la segunda fase de liberalización (que afectaría a las líneas de Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva) y revertiremos la liberalización con la no renovación de los acuerdos de capacidad con operado - res privados a su vencimiento a finales de la década, y defenderemos el ferrocarril como servicio público en el marco de

la Unión Europea. ● Integración voluntaria de plantillas de operadores privados en Renfe: Incorpora - ción a la plantilla de Renfe de todos los trabajadores de operadores privados (Oui - go e Iryo) que lo deseen, conservando su antigüedad y garantizando como mínimo su salario actual, mediante un proceso negociado con la representación sindical. ● Internalización de servicios subcontratados en Renfe y Adif: Eliminaremos la sub - contratación en servicios esenciales como limpieza, seguridad, atención a bordo, restauración y mantenimiento de trenes y estaciones. Las plantillas de las empre - sas contratistas actuales serán asumidas directamente como personal propio de Renfe y Adif. Auditoría, seguridad y gobernanza ferroviaria ● Auditoría independiente y plan acelerado de seguridad: Realización en un plazo de seis meses de una auditoría independiente de toda la red de alta velocidad (vías,

señalización, sistemas de seguridad, mantenimiento y centros de control), haciendo públicos sus resultados y transformándolos en un plan de acción dotado de presupuesto y plazos de ejecución. Sustituiremos aceleradamente los sistemas

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120 FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y V ERTEBRACIÓN T ERRITORIAL de seguridad antiguos (como el LZB de la línea Madrid-Sevilla) por el estándar europeo ERTMS y reforzaremos las plantillas de mantenimiento y control de Adif. ● Realizaremos una auditoría exhaustiva e independiente del conjunto del sistema ferroviario español en los próximos seis meses, con objeto de tener un análisis riguroso de su capacidad real actual. Evaluaremos el impacto de los procesos de liberalización y la entrada de operadores privados, así como de la externalización de servicios esenciales, como el mantenimiento o la seguridad, en el conjunto del sistema y en las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores. Sus conclusiones serán públicas y se convertirán en un plan de acción con plazos y presupuesto. ● Mesa Permanente de Seguridad y canal de denuncias: Crearemos una Mesa Per - manente de Seguridad

integrada por trabajadores y sindicatos de Renfe y Adif (maquinistas, personal de mantenimiento y circulación) con reuniones mensuales y respuesta pública a sus alertas. Implantaremos un canal protegido de denuncias de fallos operativos para el personal sin riesgo de represalias. Infraestructuras de Cercanías, Media Distancia y articulación territorial ● Plan de inversión y accesibilidad en red convencional, Cercanías y Media Distan - cia: Inversión prioritaria en renovación de trenes, creación de empleo y mejora de servicios en redes de cercanías, media distancia y red convencional para solventar los déficits de inversión pasados. Pondremos en marcha un plan de choque de accesibilidad integral en estaciones con la instalación de ascensores y escaleras mecánicas, priorizando la electrificación, el mantenimiento, la capacidad y la in - corporación de nuevo material móvil. ● Proponemos

destinar al ferrocarril los casi 13.000 millones previstos para am - pliar aeropuertos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (plan DORA) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. ● Vertebración transversal de la red e infraestructuras estratégicas: Reorientare - mos el diseño de la red ferroviaria para primar la vertebración territorial del país frente a modelos centralizados en Madrid. Priorizaremos la ejecución de los Co - rredores Mediterráneo, Atlántico y Cantábrico-Mediterráneo, impulsaremos las conexiones directas entre ciudades sin pasar por las estaciones madrileñas (Ato - cha y Chamartín) y avanzaremos en la planificación ejecutiva de la Línea Orbital Ferroviaria. ● Gestión de Rodalies, transparencia e intermodalidad urbana: Ejecutaremos con transparencia las actuaciones del Plan de Rodalies de Catalunya con publicacio - nes públicas de indicadores de

fiabilidad, completando además el traspaso de servicios y medios a la Generalitat con recursos y coordinación efectiva. Crea - remos un sistema oficial de acreditación de retrasos para proteger los derechos laborales de las personas usuarias y reforzaremos las conexiones fuera de los núcleos metropolitanos.

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121 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Fomento de aparcamientos disuasorios y movilidad en bicicleta: Mejora en cola - boración con las administraciones locales y autonómicas de los accesos del trans - porte público a las estaciones, adecuación de espacios específicos para bicicletas y creación de aparcamientos disuasorios periféricos allá donde el espacio lo per - mita. Transporte ferroviario de mercancías y puertos ● Impulso al transporte de mercancías por ferrocarril: Aumentaremos la capacidad de la red para el transporte ferroviario de mercancías mediante la ampliación de apartaderos y la modernización de terminales intermodales para trasvasar cargas de larga distancia de la carretera al tren. Conexión ferroviaria directa y reforzada de los puertos de interés general con el Corredor Mediterráneo. Cooperación interadministrativa y ejecución presupuestaria ● Planes de inversión

territorial concertada y encomiendas de gestión: Aproba - remos un plan de inversiones territoriales en infraestructuras atendiendo al peso poblacional y territorial de cada comunidad autónoma, incorporando mecanismos de control y seguimiento público para garantizar la ejecución de lo presupuestado. Firmaremos encomiendas de gestión y convenios con las comunidades autóno - mas con menores índices de ejecución estatal para asegurar la materialización de los proyectos. Reconstrucción post-DANA, adaptación climática y ayudas directas ● Financiación estatal para la reconstrucción de infraestructuras autonómicas y locales: Asunción por parte del Estado del coste de la reconstrucción y recupera - ción de infraestructuras públicas dañadas por la DANA en la Comunitat Valencia - na, incluyendo hospitales, centros educativos, residencias de mayores y equipa - mientos locales, mediante inversiones

públicas extraordinarias. ● Infraestructuras hidráulicas de adaptación climática y PNACC: Inversión priorita - ria en nuevas infraestructuras hidráulicas diseñadas frente a fenómenos meteoro - lógicos extremos. Ejecutaremos con urgencia el Plan de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) en materia de Agua y Recursos Hí - dricos (evaluación de gestión de eventos, actuaciones de adaptación al riesgo de inundaciones e integración en la ordenación territorial). ● Plan de Reindustrialización Verde comarcal: Elaboración coordinada con los mu - nicipios afectados de un plan de reindustrialización verde orientado a la reactiva - ción económica de las comarcas devastadas por la DANA. ● Agilización de ayudas directas, exención fiscal y ampliación territorial: Agiliza - ción en la concesión de ayudas directas a familias y negocios afectados declarán - dolas exentas de

tributación. Incluiremos formalmente 28 municipios valencianos y 30 aragoneses entre los beneficiarios de los fondos de ayuda por la DANA según lo aprobado en el Congreso de los Diputados.

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12 Ayuntamientos con recursos y autonomía

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12.1. Un nuevo marco de financiación local ● Aprobaremos un Proyecto de Ley de Gobiernos Locales que refuerce la auto - nomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias muy definidas de las entidades locales para que se puedan desarrollar las políticas públicas con garantías de calidad y transparencia. La nueva ley reconocerá las competencias exclusivas que en régimen local tengan las comunidades autónomas que así lo contemplen en sus estatutos, a las cuales les corresponderá regular, ampliar, desarrollar y desplegar a través de una arqui - tectura institucional propia. Las denominadas competencias impropias sostenidas por los ayuntamientos deben contar con suficiencia de recursos proporcionados por las comunidades autónomas y debe quedar asegurada en esta modificación del sistema de financiación. Se trata de dotar de estabilidad, rigor y

recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo con claridad la participación de las hacien - das locales en los tributos del Estado (PIE) y en los de las comunidades autónomas (PICA). ● Apostamos por una segunda descentralización que haga de los municipios ver - daderas instituciones de gobierno. Para ello hace falta garantizar su suficiencia financiera, ampliar su capacidad fiscal y reformar unas reglas fiscales que hoy tratan igual a ayuntamientos con situaciones muy distintas. Los ayuntamientos saneados deben poder usar sus superávits para mejorar los servicios públicos e invertir en sus vecinos y vecinas. ● Aumentaremos la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado hasta el 2,5 % del PIB. Lo pactaremos con las entidades municipalistas, el Estado y las comunidades autónomas, con

una senda plurianual que empezará con un incremento del 0,4 % del PIB (6.000 millones de euros) el primer año, una memoria económica, un calendario y una garantía transitoria para que ningún ayuntamiento pierda financiación. ● Ningún aumento de financiación local para regalos fiscales: Al igual que en la financiación autonómica, los aumentos de financiación local se condicionarán a la mejora de los servicios públicos, de forma que no se utilicen para realizar rebajas fiscales regresivas que solo benefician a los más ricos. ● Extenderemos a todos los municipios la participación en el IRPF, hoy limitada a algunos, combinando un tramo territorializado con otro de nivelación que tenga en cuenta la población, la vulnerabilidad, el envejecimiento, la dispersión, la centrali - dad y la población estacional. ● Garantizaremos la participación estable de los ayuntamientos en los ingresos de las

comunidades autónomas, respetando sus competencias. ● Ninguna nueva competencia municipal sin financiación: Toda norma estatal o au - tonómica que atribuya nuevas funciones a los ayuntamientos tendrá que incluir una memoria económica y garantizar los recursos para ejercerlas.

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126 AYUNTAMIENTOS CON R ECURSOS Y AUTONOMÍA ● Crearemos un Índice de Estabilidad Local, para que los errores de previsión del Estado no obliguen a los ayuntamientos a devolver fondos que ya han gastado en servicios sociales o en la transición verde. ● Crearemos un Fondo de Convergencia Municipal para que en cuatro años la di - ferencia de financiación por habitante entre los municipios más grandes y los más pequeños no supere el 50 %. ● Integraremos las subvenciones condicionadas en la participación en los tributos del Estado, sin condiciones, para reforzar la autonomía de gestión local. 12.2. Alivio de la deuda para ayuntamientos en riesgo financiero ● Aprobaremos una condonación extraordinaria de deuda para los ayuntamien - tos en riesgo financiero. Podrán acogerse los que cumplan criterios objetivos so - bre el volumen y el origen de su deuda, su liquidez, su capacidad fiscal, el

plazo de pago a proveedores y el nivel de sus servicios. Podrá incluir reestructuración, más plazo, menores costes financieros y, cuando esté justificado, quitas totales o parciales, sin que el saneamiento se traduzca en recortes. A cambio, los ayunta - mientos beneficiados deberán: aumentar el gasto y la inversión en servicios pú - blicos esenciales; no aplicar rebajas fiscales regresivas ni competir fiscalmente para atraer bases tributarias; aplicar la legislación estatal de vivienda; mejorar su gestión tributaria y reforzar la lucha contra el fraude; revisar los contratos y formas de gestión con costes injustificados y evaluar la remunicipalización de los servi - cios privatizados; proteger la inversión social, ambiental y de cohesión territorial. ● Condonaremos a los municipios más endeudados las deudas de las liquidacio - nes negativas de 2008 y 2009. Podrán acogerse los

ayuntamientos cuya deuda supere el 300 % de sus ingresos. ● Si el Estado condona deuda a una comunidad autónoma, aplicará una quita pro - porcional a la deuda de sus municipios. 12.3. Una regla de gasto que no castigue a los ayuntamientos ● Los ayuntamientos saneados no tendrán que aprobar planes económico-finan - cieros por usar sus remanentes. Será así de forma permanente para quienes pa - guen a tiempo a sus proveedores, tengan la deuda dentro de los límites legales y no presenten riesgos para su sostenibilidad, con un régimen específico para los que no tienen deuda. El plan solo seguirá siendo obligatorio cuando haya déficit estructural, endeudamiento excesivo o problemas persistentes de liquidez. ● Reformaremos las reglas presupuestarias para que los recursos disponibles puedan utilizarse. Permitiremos a los ayuntamientos saneados invertir sus re - manentes y realizar proyectos

plurianuales de vivienda, cuidados, movilidad y adaptación climática. Revisaremos la regla de gasto y el tratamiento de emergen -

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127 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO cias y fondos finalistas, articulando los cambios nacionales con la reforma europea y preservando la sostenibilidad financiera. ● Permitiremos de forma permanente que las inversiones financieramente soste - nibles sean plurianuales y ampliaremos su alcance a la vivienda pública, la re - habilitación, la adaptación climática, el ciclo del agua, la transición energética, la movilidad sostenible, la biodiversidad, los servicios sociales, los equipamientos educativos y comunitarios, la accesibilidad, la prevención de riesgos y la lucha contra la despoblación. ● Sacaremos de la regla de gasto los gastos que no suponen un aumento estruc - tural del gasto: los gastos extraordinarios por emergencias, catástrofes, crisis sa - nitarias o sentencias; el gasto financiado con fondos finalistas de la UE o de otras administraciones; los gastos que tienen un ingreso

equivalente en el mismo ejerci - cio; las transferencias entre administraciones para financiar una misma actuación, para evitar el doble cómputo; los gastos derivados de competencias impuestas por otras administraciones sin financiación, hasta que se compensen. ● Reconoceremos como aumentos permanentes de ingresos los derivados de cambios normativos, de la actualización de bases tributarias o de nuevas unida - des catastrales fruto del planeamiento urbanístico, cuando se hayan materializado. ● Permitiremos que el gasto de los ayuntamientos crezca cuando aumenten de forma permanente sus ingresos, cuando asuman nuevas competencias financia - das o cuando cambien estructuralmente los costes de sus servicios. ● El aumento de la participación en los tributos del Estado no computará en la regla de gasto. El gasto que los ayuntamientos financien con los nuevos recursos permanen - tes de la

participación en los tributos del Estado quedará fuera de la regla de gasto, con el mismo criterio que el Acuerdo 1/2026 prevé para las comunidades autónomas. 12.4. Una fiscalidad local más justa y más verde Haremos progresivo el IBI y penalizaremos las viviendas vacías. ● Transformaremos el IBI en un impuesto progresivo y contra los especuladores que penalice a los inmuebles de mayor valor catastral, a los grandes tenedores y a las entidades jurídicas y fondos buitre. ● Recargo en el IBI por vivienda vacía: Modificaremos la Ley de Haciendas Locales de acuerdo con lo aprobado en el Real Decreto 29/2026 para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible para establecer un recargo base del 50 % de la cuota líquida para inmuebles de uso residencial desocupados. En el caso de titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial, este

recargo podrá ser de hasta el 100 % de la cuota líquida del impuesto. Cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años, este recargo podrá alcanzar hasta el 150 %.

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128 AYUNTAMIENTOS CON R ECURSOS Y AUTONOMÍA ● Recargo al IBI para pisos turísticos: Modificaremos la Ley de Haciendas Locales para establecer un recargo base del 50 % de la cuota líquida para inmuebles des - tinados a alojamiento de uso turístico. Este recargo podrá ser de hasta el 100 % de la cuota líquida del impuesto cuando se trate de titulares de dos o más inmuebles y llegará hasta el 150 % cuando se trate de titulares de cuatro o más inmuebles de uso residencial destinados a alojamientos de uso turístico. ● Estableceremos coeficientes que incrementen la tributación y penalicen a los grandes tenedores de viviendas. Crearemos así un desincentivo a la acumulación y acaparamiento de viviendas, con objeto de reducir la especulación y utilización de la vivienda como un activo financiero. ● Estableceremos coeficientes para elevar la tributación de las empresas propie - tarias de

viviendas. Crearemos un incentivo para que las empresas dejen de acu - mular viviendas para especular y puedan devolverlas a su uso residencial. ● Incorporaremos criterios ambientales al IBI, con tipos, recargos y bonificaciones ligados a la certificación energética, la rehabilitación, el autoconsumo, las comu - nidades energéticas o la adaptación climática de los edificios. ● Prohibiremos que el IBI y otros tributos de la propiedad se repercutan en el inqui - lino, aunque lo diga el contrato, modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos. ● Equipararemos las bonificaciones del IBI de las familias monoparentales con las de las familias numerosas, y permitiremos modularlas según la renta, el valor de la vivienda, el número de personas a cargo y la vulnerabilidad. ● El impuesto de circulación dependerá de las emisiones reales de CO₂ y de la eti - queta ambiental, no de la potencia fiscal,

con un coeficiente de hasta 2,5 para los vehículos sin distintivo o con emisiones de más de 120 g/km. ● Haremos progresiva la plusvalía municipal, con un tipo de hasta el 35 % para las ventas de grandes tenedores cuando hayan tenido el inmueble menos de dos años. ● Revisaremos las exenciones fiscales de los inmuebles de las confesiones reli - giosas, para que tributen con normalidad los que se destinen a actividades eco - nómicas o a usos ajenos al culto, la asistencia social, las actividades comunitarias sin ánimo de lucro o la conservación del patrimonio. ● Tasa turística municipal: Proponemos la creación de un nuevo gravamen turístico, cuya recaudación municipal pueda destinarse a financiar los servicios públicos que se ven más afectados por el turismo, como la vivienda, la limpieza, la gestión de re - siduos o la protección del patrimonio histórico y ambiental. Son pocas las

ciudades en Europa en las que no se ha implantado una tasa turística. A lo largo del territorio europeo hay hasta 137 ciudades de 20 países diferentes que cobran algún tipo de tasa turística que, en muchos casos, está ligada a la estancia hotelera. Esta tasa gravará las estancias de las personas que se alojen en establecimientos hoteleros y viviendas de uso turístico. Podrán establecerse exenciones del impuesto a los jóve - nes y la tarifa podrá graduarse progresivamente por tipo de establecimiento.

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129 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO 12.5. Un mejor gobierno local ● Crearemos la figura del Comisionado o Comisionada para la Justicia Social y Cli - mática en los municipios de más de 20.000 habitantes, para supervisar la sosteni - bilidad de la contratación y la gestión presupuestaria. ● Las ciudades de menos de 50.000 habitantes podrán decidir si crean distritos, que dejarán de ser obligatorios, para eliminar cargas burocráticas innecesarias. ● Blindaremos la independencia técnica de secretarías, intervenciones y tesore - rías municipales. Revertiremos la reforma del Real Decreto-ley 13/2026 para que se cubran estrictamente según mérito, capacidad e independencia, eliminaremos la discrecionalidad en sus nombramientos y recuperaremos el informe preceptivo de Hacienda para pasar de concurso a libre designación. Asimismo, impulsaremos un plan estatal de refuerzo de los cuerpos de

funcionarios de administración local con habilitación nacional, ampliando la oferta de plazas y agilizando los procesos de selección y provisión, con especial atención a los municipios pequeños, para reducir las vacantes y garantizar una cobertura estable de estos puestos esencia - les para el funcionamiento de los ayuntamientos. ● Impulsaremos el gobierno de las grandes áreas metropolitanas y garantizare - mos su financiación. Para aquellos municipios donde todavía no esté implantada un área metropolitana, proponemos crear la figura de Observatorio Metropolitano como órgano consultivo plural, compuesto por organizaciones expertas y colecti - vos ciudadanos que permitan avanzar hacia el reconocimiento de áreas metropo - litanas como el nivel adecuado para gestionar el transporte público, la vivienda, el agua, los residuos y la adaptación climática cuando desbordan el término muni -

cipal. Su creación corresponderá a las comunidades autónomas, con la participa - ción de los ayuntamientos afectados. El Estado las dotará de un tramo propio en la participación en los tributos del Estado y firmará con ellas contratos-programa plurianuales de transporte público.

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13 Democratización económica y poder financiero

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13.1. Democracia en las empresas Democracia en las empresas, gobernanza y derechos de plantilla ● Participación paritaria en consejos de administración: Estableceremos por ley la representación democrática de las plantillas en los consejos de administración: un tercio del consejo en empresas de 50 a 1.000 trabajadores y el 50 % (paritaria entre trabajadores y accionistas) en empresas de más de 1.000 trabajadores. La fórmula concreta de elección se acordará mediante convenio colectivo, garanti - zando el acceso a información y a asesoramiento independiente. Este modelo se aplicará igualmente a las empresas públicas para adaptar su gobierno a la plantilla y al interés general. ● Capacidad de decisión y veto en transformaciones empresariales: Reforzaremos los derechos de información, consulta y negociación previa de la representación legal ante cierres, deslocalizaciones, automatizaciones y

reestructuraciones cor - porativas. Exigiremos de forma obligatoria planes de continuidad, mantenimiento del empleo y transición, habilitando mecanismos efectivos para impugnar judicial - mente decisiones empresariales adoptadas sin cumplir con estas obligaciones. ● Control democrático y regulación de la inteligencia artificial en el trabajo: Re - formaremos el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores para otorgar al comité de empresa la facultad de configurar, aprobar o vetar los sistemas de inteligen - cia artificial destinados a organizar, vigilar o evaluar el trabajo. El comité tendrá derecho a dos expertos financiados por la empresa (uno en IA y otro en impacto ambiental), defendiendo la extensión de este derecho a los comités de empresa de ámbito europeo. ● Garantizaremos auditorías independientes y libres de conflictos de interés. Re - formaremos la Ley de Auditoría de

Cuentas y la legislación societaria para separar entre sí la auditoría financiera y la verificación de la información de sostenibilidad, y ambas de cualquier otro servicio prestado a la empresa examinada. Prohibiremos que quienes realicen estas funciones, incluidas las entidades de su mismo grupo o red, presten simultáneamente servicios de consultoría, asesoramiento fiscal o cualquier otro servicio a esa empresa y a su grupo. Dotaremos al ICAC de personal y recursos suficientes para supervisar la calidad de estos trabajos y sancionar los incumplimientos, e impulsaremos las adaptaciones necesarias del marco europeo. Participación en el capital, reparto de beneficios y fondos de inversión ● Participación directa en el capital empresarial: Obligación legal de reservar o ges - tionar a través de fideicomisos o cooperativas de trabajadores más del 2 % del capital social en empresas de 25 a

1.000 trabajadores, y más del 10 % del capital en empresas de más de 1.000 trabajadores. ● Paga de beneficios obligatoria y prioridad sobre el dividendo: Estableceremos por ley el reparto obligatorio del 10 % del beneficio empresarial entre la plantilla en empresas de 50 o más trabajadores. Cada persona trabajadora podrá percibir su

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134 DEMOCRATIZACIÓN ECONÓMICA Y PODER FINANCIERO parte en metálico o convertirla en acciones de la plantilla. Prohibiremos expresa - mente que las empresas repartan dividendos a accionistas o realicen recompras de acciones sin haber abonado previamente esta paga de beneficios. ● Fondos colectivos de propiedad y fondos ciudadanos de inversión (Meidner): Crearemos fondos colectivos alimentados por aportaciones empresariales vincu - ladas a beneficios para acumular participaciones y derechos de voto bajo control democrático, manteniendo esta propiedad separada del ahorro individual para la jubilación (sin sustituir salarios). Crearemos Fondos Regionales de Inversión (Fon - dos Meidner) gobernados por los trabajadores para adquirir participaciones en medianas y grandes empresas y facilitar la conversión de pymes en cooperativas tras la jubilación de sus propietarios. Control directivo y

transparencia en la propiedad pública ● Reforma radical de los incentivos directivos: Obligación de vincular la remune - ración variable de los altos directivos a resultados de largo plazo, inversión pro - ductiva, creación de empleo y sostenibilidad. Exigiremos la devolución de incen - tivos (clawback) en casos de cuentas falseadas o decisiones que originen daños posteriores. Obligatoriedad de publicar la brecha entre la remuneración directiva y el salario medio de la plantilla, fijando topes retributivos en empresas públicas y entidades receptoras de ayudas públicas extraordinarias. ● Control democrático de las empresas públicas: Incorporaremos representación de trabajadores y usuarios en sus órganos directivos, con mandatos de servicio e inversión con objetivos evaluables y transparencia pública para impedir la gestión opaca o el reparto partidista de cargos, bajo una dirección

profesionalizada que rinda cuentas periódicamente ante el Congreso de los Diputados. 13.2. Límite al poder de los grandes grupos empresariales Regulación de la competencia y control de concentración bancaria ● Límite a los abusos de posición dominante y separación de actividades: Revisa - remos la normativa de competencia para vetar fusiones que eliminen opciones en el mercado y sancionar prácticas de exclusión. Exigiremos acceso no discrimina - torio a infraestructuras esenciales y estableceremos la facultad legal para impo - ner medidas de separación estructural de actividades o desinversión cuando los remedios conductuales resulten insuficientes. ● Contención de la concentración bancaria y solvencia: Prohibiremos operaciones de concentración bancaria que incrementen el poder de mercado, promoviendo de forma paralela la entrada y expansión de la banca pública, cooperativa y de

proximidad. Establecimiento en España y la UE de mayores colchones de capital y límites al reparto de dividendos y recompras de acciones cuando afecten a la solvencia o al crédito.

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135 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Excluiremos al capital riesgo de la gestión de los servicios esenciales y de cui - dados. Prohibiremos la adquisición, directa o indirecta, de hospitales, clínicas, re - sidencias, centros de servicios sociales y centros educativos de todos los niveles, incluidas las universidades, por parte de entidades de capital riesgo y otras enti - dades de inversión colectiva. Protección de la clientela financiera y servicios básicos ● Regulación de servicios bancarios esenciales y remuneración del ahorro: Limi - taremos por ley comisiones e inclusiones vinculantes abusivas. Estableceremos mecanismos normativos para que la remuneración del ahorro refleje obligatoria - mente la evolución de los tipos de interés y el negocio crediticio. Garantizaremos atención presencial, servicios mínimos territoriales evitando las zonas sin cober - tura y responsabilidad legal

de la banca en la prevención y reparación de fraudes digitales. ● Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero: Crearemos una úni - ca Autoridad Independiente que asuma las competencias de supervisión de con - ducta, transparencia y protección de la clientela actualmente dispersas entre el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros. Estará dotada de facultades inspectoras y sancionadoras, financiación mediante tasa a las entida - des y un procedimiento de reclamación gratuito, ágil y con resoluciones de obliga - do cumplimiento para el sector financiero. Estableceremos una tasa a cargo de las entidades financieras y aseguradoras para financiarla. Reforma del Banco de España y refuerzo de la CNMV ● Reforma estructural de la Ley de Autonomía del Banco de España: Separaremos las competencias nacionales de supervisión prudencial y de protección del cliente en

autoridades independientes. Reforzaremos la rendición de cuentas periódica ante el Congreso de los Diputados, publicaremos las decisiones supervisoras tras decaer su confidencialidad, estableceremos evaluaciones externas independien - tes y circunscribiremos su servicio de estudios estrictamente a funciones mo - netarias. Generalizaremos el acceso a la plantilla mediante concurso-oposición público, limitaremos retribuciones e indemnizaciones de la alta dirección a los ra - seros de los altos cargos estatales y endureceremos incompatibilidades contra las puertas giratorias. ● Refuerzo de capacidades de la CNMV y protección del ahorro: Reformaremos la Ley de los Mercados de Valores para obligar expresamente a la CNMV a verificar la veracidad, integridad y coherencia de los folletos de emisión antes de su aproba - ción. Dotación de plantillas suficientes y estables especializadas en

contabilidad, auditoría, análisis financiero y detección de fraude, junto a recursos tecnológicos avanzados para investigar irregularidades y exigir subsanaciones.

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14 Poder digital y pluralismo informativo

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14.1. Gobernanza digital, supervisión y responsabilidad penal de directivos ● Ley de Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y capacidad sancio - nadora: Aprobaremos un marco regulatorio integral que faculte a la CNMC para supervisar a las grandes plataformas digitales con plantilla y recursos adecuados, pudiendo imponer multas de hasta el 6 % de su facturación mundial. En infrac - ciones cometidas por plataformas con sede en otro país europeo, se elevará la denuncia ante la Comisión Europea, rindiendo cuentas anualmente de los casos tramitados. Garantizaremos el acceso de los investigadores a los datos internos de las plataformas. ● Responsabilidad penal de directivos y sanciones por contenidos ilícitos: Tipifi - cación como delito de la desobediencia de directivos de grandes plataformas a órdenes de retirada de contenidos ilícitos, castigada con penas de hasta 4 años de

prisión en contextos de riesgo para la vida democrática (como procesos elec - torales o emergencias). Sancionaremos penalmente la amplificación deliberada de contenidos ilícitos por motivos lucrativos, aplicando multas corporativas propor - cionales al volumen de facturación. 14.2. Transparencia algorítmica, autonomía del usuario, interoperabilidad y privacidad ● Código de transparencia algorítmica y eliminación de patrones adictivos: Esta - bleceremos un código mínimo de transparencia bajo supervisión pública e inde - pendiente sobre los algoritmos y sistemas de recomendación. Las plataformas deberán hacer comprensibles los criterios utilizados para ordenar, visibilizar o re - ducir la difusión de contenidos. Habilitaremos la selección libre de sistemas de recomendación sin dinámicas de scroll infinito. ● Elección individual del sistema de recomendación: Reconoceremos el derecho de las

personas usuarias a configurar el ordenamiento de sus contenidos en gran - des plataformas o a optar libremente por sistemas alternativos de recomendación, moderación o búsqueda (desarrollados por otras empresas, entidades sociales o la Administración), evitando la sumisión a un algoritmo orientativo único. ● Interoperabilidad obligatoria y redes abiertas: Promoción en la UE e Iberoamérica de la interoperabilidad obligatoria de grandes plataformas, permitiendo la comunicación fluida entre distintas aplicaciones de mensajería o el seguimiento cruzado en redes sociales. Prohibiremos que las grandes plataformas bloqueen o discriminen a rivales, impongan condiciones desfavorables o favorezcan sus propias herramientas. ● Portabilidad de datos y perfil social: Garantizaremos el derecho a la portabilidad completa y segura de datos, permitiendo a la ciudadanía transferir sus publicaciones,

contactos y seguidores a otras plataformas al cambiar de servicio. Abriremos plata - formas para facilitar la salida de usuarios e impondremos restricciones a la adquisi -

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140 PODER DIGITAL Y PLURALISMO INFORMATIVO ción de competidores y a la autofavoritización por posición dominante, promoviendo la separación estructural de actividades a nivel europeo cuando sea necesario. ● Preservación del seudónimo y acceso a datos por orden judicial: Reconoceremos el derecho a utilizar seudónimos legítimos en el entorno digital y a acreditar la ma - yoría de edad o la condición de persona real sin necesidad de revelar la identidad civil. La identificación real solo podrá realizarse mediante orden judicial explícita dentro de investigaciones penales. ● Espacios de datos públicos y retorno de la inversión colectiva: Impedimento de la apropiación exclusiva por parte de grandes tecnológicas de la información genera - da en servicios públicos. Crearemos espacios de datos con salvaguardas de priva - cidad para fines de interés general, fijando condiciones de acceso y

retorno público sobre infraestructuras, datos y conocimiento financiados con fondos colectivos. 14.3. Regulación de la inteligencia artificial en el sector público y privado ● Uso transparente de la inteligencia artificial en la administración pública: Apro - baremos una ley específica para el buen uso de la IA en el sector público, que in - cluya un inventario público obligatorio de los sistemas en uso, su finalidad, datos, tasa de error y sesgos, evaluados de forma previa a su despliegue y anualmente. Toda resolución administrativa asistida por IA lo indicará de forma expresa, otor - gando la facultad de solicitar una revisión por parte de un empleado público. ● Auditorías de seguridad e impacto en contratación pública y servicios esencia - les: Exigencia a proveedores de superar una auditoría de seguridad independiente antes de desplegar sistemas de IA en contratos públicos,

habilitando a la Admi - nistración para rescindir contratos en caso de comportamientos de riesgo. Ex - tenderemos las auditorías independientes a decisiones automatizadas en empleo, crédito, seguros y servicios esenciales, garantizando información clara, revisión humana, vías de reclamación y supervisión de la representación laboral contra la discriminación. ● Rendición de cuentas de directivos de IA y respuesta a emergencias: Compa - recencia obligatoria en el Congreso y el Senado de directivos de empresas de IA cuando sus agentes o sistemas autónomos pongan en peligro la seguridad ciudada - na, accedan a datos personales administrados por el Estado o manipulen servicios digitales públicos. Revisaremos con urgencia la capacidad de respuesta de Fuerzas de Seguridad, Protección Civil, Seguridad Nacional e INCIBE frente a incidentes o ciberataques contra infraestructuras críticas (red

eléctrica, hospitales, transporte). ● Protección frente a deepfakes e IA generativa: Consideración como intromisión ilegítima de la difusión no consentida de imágenes o voces hiperrealistas falsas de una persona (salvo excepciones de sátira y crítica pública). Exigencia a desa - rrolladores de IA generativa de acreditar medidas de seguridad eficaces ante los reguladores, y desarrollo de campañas educativas dirigidas a la juventud contra el uso humillante de estas tecnologías, con foco en la violencia de género.

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141 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Prohibición de chatbots con simulación afectiva y dependencia emocional: Pro - hibición a los asistentes y chatbots de compañía de simular vínculos sentimentales o emplear dinámicas manipuladoras basadas en perfiles psicológicos para retener al usuario. Los sistemas deberán recordar explícitamente su naturaleza no humana y recomendar canales de asistencia médica o psicológica cuando detecten usos prolongados que puedan afectar a la salud mental de personas vulnerables, espe - cialmente menores y mayores. ● Observatorio Público del Riesgo de la IA: Crearemos un centro público de investi - gación junto a la comunidad académica y la sociedad civil para estudiar de forma rigurosa los riesgos derivados del desarrollo de la inteligencia artificial por parte de grandes corporaciones y potencias extranjeras. ● Freno de emergencia contra la desinformación en

alertas: Instauraremos siste - mas de recomendación y búsqueda que prioricen información verificada e institu - cional en situaciones de catástrofe, emergencia climática o alerta pública, activa - bles de forma acelerada por las plataformas. ● Prohibición de cajas de recompensa (loot boxes) y protección en videojuegos: Prohibiremos las cajas de recompensa y mecánicas de juego de azar encubiertas en videojuegos dirigidos o al alcance de menores, fijando sanciones graves para empresas infractoras. Defensa en el marco de la UE de la preservación del formato físico, el derecho al préstamo y reventa de videojuegos digitales, y el manteni - miento funcional de los títulos tras el cese de soporte de la desarrolladora. ● Fiscalización de falsas ofertas, mercados de predicción y regulación de influen - cers: Sanción a prácticas comerciales abusivas y falsas rebajas mediante multas

proporcionales a la facturación en España. Regularemos apuestas o mercados de predicción disfrazados de productos financieros bajo la legislación sobre el juego, bloqueando plataformas sin licencia. Obligación legal para grandes influencers de emitir rectificaciones ante intromisiones al honor, intimidad o dignidad. ● Desarrollo de alternativas digitales públicas y cooperativas: Fomentaremos pla - taformas abiertas y de uso compartido para comercio, servicios y comunicación, garantizando condiciones de negociación equitativas y retribuciones justas para creadores y pymes frente a intermediarios dominantes, evitando exclusividades y comisiones abusivas. ● Limitación de la concentración en medios de comunicación: Fijaremos límites a la propiedad y al control cruzado de medios de comunicación en función de audien - cias, ingresos publicitarios e influencia. Exigiremos transparencia sobre

titulares reales, participaciones y financiación, aplicando criterios objetivos y auditables en el reparto de la publicidad institucional. ● Financiación garantizada e independencia del sector mediático: Garantizaremos financiación estable y control parlamentario para los medios de comunicación pú - blicos y la Agencia EFE. Impulsaremos medios cooperativos, locales y sin ánimo de lucro mediante convocatorias objetivas, preservando la independencia editorial de las presiones financieras.

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15 Igualdad y más derechos para todas, todos y todes

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15.1. Transparencia salarial y erradicación de la brecha de género ● Nueva generación de derechos feministas, Pacto de Estado por los Cuidados, garantía de plena igualdad salarial y laboral. ● Igualdad salarial real. Completaremos la transposición de la directiva europea de transparencia retributiva, la Directiva (UE) 2023/970: transparencia salarial desde la oferta de empleo, derecho a conocer los salarios medios por sexo de quienes hacen un trabajo de igual valor y evaluaciones salariales conjuntas cuando la brecha supere el 5 % sin justificación. ● Plan de choque contra la precariedad en sectores feminizados y control de la brecha salarial: Pondremos en marcha un plan de choque contra la precariedad en la limpieza, los cuidados, el comercio y la hostelería, con más inspección de trabajo y control de la brecha salarial. Tendrá atención específica a mujeres rura - les, gitanas,

racializadas, en situación administrativa irregular y con discapacidad; autodeterminación de las personas trans, intersex y no binarias; protección frente a la violencia intragénero; reconocimiento de las familias diversas. 15.2. Despliegue de la Ley Trans e identidades no binarias ● Desplegaremos de forma efectiva la Ley Trans, reconoceremos a las personas no binarias y protegeremos frente a la violencia intragénero. ● Garantizaremos la plena aplicación de la legislación estatal de protección de las personas trans y de las personas LGTBIQA+, con medidas contra la discrimina - ción en el empleo, la educación, la salud, la vivienda, el deporte, la cultura y los servicios públicos. ● Estableceremos un Observatorio Estatal contra la LGTBQAifobia que recoja ca - sos de discriminaciones y violencias en coordinación con diferentes observatorios territoriales y desarrollaremos una estrategia

para combatir la LGTBQAifobia e in - cidir de forma específica en ámbitos clave como el deporte, la cultura, el empleo o la educación. ● Combatiremos las agresiones y discursos de odio por orientación sexual, iden - tidad o expresión de género, también en las redes, y reforzaremos la prevención del acoso y el ciberacoso. ● Garantizaremos una atención sanitaria integral, accesible y respetuosa para las personas trans, despatologizada y basada en la autonomía personal y el consen - timiento informado. ● Protegeremos la autonomía corporal de las personas intersexuales y evitaremos intervenciones irreversibles no urgentes sin consentimiento libre e informado de la persona afectada.

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146 IGUALDAD Y MÁS DERECHOS PARA T O DAS, T O DOS Y T O DES ● Reconoceremos la diversidad de las familias en la normativa, prestaciones, for - mularios, servicios públicos y derechos de filiación y reproducción. ● Garantizaremos el acceso equitativo e información de tratamientos farmacológi - cos antirretrovirales PrEP y PEP, en un máximo de tres meses, en especial en zo - nas rurales y áreas no metropolitanas, a la población en general con especial énfasis en segmentos de la población más vulnerables ante las infecciones por VIH.

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16 Migraciones y antirracismo

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16.1. Ley Integral Antirracismo y el Estatuto del Pueblo Gitano ● Aprobaremos una Ley integral contra el racismo y un Pacto social y político con - tra los discursos de odio hacia las personas migrantes y refugiadas. ● Impulsaremos el Estatuto del Pueblo Gitano como marco de reconocimiento cul - tural y autogobierno cultural, garantizando la lucha contra el antigitanismo. ● Reconocimiento y financiación de las asociaciones antirracistas: Reconocere - mos las asociaciones antirracistas como entidades de interés social, garantizando su acceso a financiación pública estable y suficiente para el desarrollo de su ac - tividad, mediante mecanismos de apoyo institucional equiparables a los previstos para las organizaciones sindicales, respetando su autonomía e independencia. 16.2. Procedimientos estables de regularización y vías legales y seguras para la migración y el asilo Reforma de

extranjería, regularización y eliminación de barreras ● Culminar la regularización extraordinaria de 2026: Resolveremos todas las so - licitudes con medios suficientes, de modo que ninguna persona quede fuera por retrasos de la Administración. ● Procedimiento estable de regularización: Reformaremos de forma integral la Ley de Extranjería para instaurar un procedimiento estable, permanente y reglado de regularización administrativa. ● Eliminación de barreras de acceso a derechos básicos: Suprimiremos trabas ad - ministrativas para el acceso efectivo a derechos mediante un empadronamiento flexible, la garantía de acceso a una cuenta bancaria de pago básica, la acelera - ción y agilización del procedimiento de homologación de títulos académicos y el reconocimiento obligatorio de la documentación de las personas migrantes por parte de empresas y administraciones públicas. ● Garantía de cita

en las oficinas de extranjería en un plazo de una semana: Esta - bleceremos un plazo máximo de siete días naturales para la obtención de citas en las Oficinas de Extranjería. Para ello, reforzaremos los recursos humanos, técni - cos y materiales de estas oficinas y estableceremos un sistema público, gratuito, transparente y accesible de asignación de citas, eliminando las prácticas abusivas de intermediación y compraventa de citas. Frontera Sur, fin de devoluciones e internamiento ● Derogación del rechazo en frontera y control independiente: Derogaremos for - malmente la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería (relativa al «re - chazo en frontera») por poner en riesgo el derecho de asilo al carecer de procedi - mientos y garantías procesales debidas. Creación y financiación de un mecanismo de control independiente de derechos humanos en la Frontera Sur.

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150 MIGRACIONES Y ANTIRRACISMO ● Cierre de los CIE y limitación estricta de la detención en frontera: Cerraremos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En los procedimientos de asilo en frontera, la detención se aplicará únicamente como último recurso excepcional, priorizando medidas alternativas y garantizando la no prolongación de plazos. ● Prohibición de devoluciones ilegales encubiertas: Garantizaremos expresamente que no se llevarán a cabo devoluciones ilegales en frontera bajo la apariencia de re - tornos «voluntarios», asegurando que toda persona reciba información veraz, exacta, exhaustiva y en un idioma comprensible sobre las consecuencias jurídicas del retorno. ● Monitoreo del triaje por el Defensor del Pueblo: Dotación de recursos suficientes al Defensor del Pueblo para el desempeño de sus funciones como mecanismo in - dependiente de monitoreo del triaje y de los

procedimientos fronterizos previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Vías legales, seguras y marco de protección internacional ● Protección en embajadas y exención de visados de tránsito: Aplicaremos el ar - tículo 38 de la Ley de Asilo para permitir la solicitud de protección internacional en embajadas y consulados (conforme a la interpretación del Tribunal Supremo) y eximiremos del visado de tránsito aeroportuario a las personas procedentes de países en conflicto (tales como Palestina, Siria o Sudán). ● Rechazo a listas de países seguros y a centros de retorno en terceros países: Eliminaremos la lista nacional de países seguros para evitar devoluciones a territo - rios que incumplan los derechos humanos bajo una presunción generalizada. Re - chazaremos frontalmente la creación de centros de retorno en terceros países en la implementación del Reglamento de Retorno europeo por

el riesgo de detención arbitraria y vulneración del principio de no devolución (non-refoulement). ● La ayuda al desarrollo y los acuerdos comerciales no se condicionarán a la cola - boración de terceros países en los retornos. ● Aplicación garantista del Pacto Europeo y protección de la infancia: Interpreta - ción y aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo bajo su vertiente más garantista. En el caso de la infancia, primacía absoluta del interés superior del menor, determinación de la edad según estándares internacionales, evaluación continua de la vulnerabilidad y asignación de representación legal a la infancia no acompañada desde el primer momento. ● Creación de un registro público estatal de gestión de visados en el exterior: Impulsaremos la creación de un registro de gestión de visados que garantice la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas en los

procedimientos de solicitud y expedición de visados tramitados por las embajadas y consulados es - pañoles. ● Autorización de trabajo de las personas solicitantes del estatuto de apátrida: Garantizaremos la autorización de trabajo por cuenta propia y ajena de las perso - nas solicitantes del estatuto de apátrida a partir de los seis meses de presentación de la solicitud, sin esperar a la resolución definitiva.

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151 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO Agilización del procedimiento de asilo y reagrupación familiar ● Agencia de Asilo unificada: Crearemos una Agencia de Asilo dependiente direc - tamente de la Presidencia del Gobierno para unificar las competencias en materia de protección internacional actualmente dispersas entre diferentes organismos. ● Plazos estrictos de registro, formalización y expedición de documentación: Ga - rantizaremos acceso efectivo al procedimiento de protección internacional me - diante el registro obligatorio de la solicitud en un plazo máximo de 5 días desde la manifestación de voluntad y de 21 días para la formalización mediante entrevista. Si se excede cualquiera de estos plazos, se expedirá automáticamente el docu - mento acreditativo de solicitante de protección internacional. ● Garantía del derecho a la reagrupación familiar: Aseguramiento del derecho a la

reagrupación familiar mediante la obligación de resolver las solicitudes en un pla - zo máximo de tres meses, aplicando el silencio administrativo positivo en caso de falta de resolución. ● Reforma de la gestión de visados de reagrupación familiar en embajadas y con - sulados: Revisaremos los contratos con empresas privadas que gestionan las ci - tas y la recepción de solicitudes de visado, para garantizar un servicio accesible, transparente y sin cobros abusivos. ● Recuperación progresiva de la gestión pública de las solicitudes: Reforzando los recursos de embajadas y consulados y evitando que la falta de citas o la interven - ción de empresas privadas dificulte el acceso a los procedimientos. Derechos políticos, lucha contra el racismo y diáspora ● Ampliación del derecho de voto para personas residentes: Ampliaremos el de - recho de sufragio activo y pasivo de las personas migrantes

en las elecciones municipales. ● Derechos de la diáspora y estrategia estatal de retorno: Crearemos una circuns - cripción electoral propia para la ciudadanía en el exterior (diáspora), restituiremos el voto en elecciones municipales para residentes en el extranjero y aprobaremos una Estrategia Estatal para un Retorno Digno. ● Comisión de estudio sobre el racismo estructural: Impulsaremos la creación de una comisión parlamentaria de estudio sobre el racismo estructural en todos los ámbitos de la sociedad. ● Devolveremos la nacionalidad española a las y los saharauis: Devolveremos la nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo administración española antes de septiembre de 1977, así como a sus descendientes en primer grado de consanguinidad.

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17 La seguridad humana: paz, solidaridad y Europa

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17.1. Apostar por la seguridad humana frente al discurso belicista Nueva arquitectura de seguridad mundial, desarme y apuesta por la paz ● Seguridad humana, compartida y prevención diplomática: Defenderemos una nueva arquitectura de seguridad mundial centrada en la seguridad humana y la seguridad compartida frente al discurso belicista, apostando de manera decidida por la prevención diplomática de los conflictos y por un control efectivo y real del comercio internacional de armas. ● Reducción del gasto militar y rechazo al objetivo de la OTAN: Rechazaremos de forma explícita el compromiso de destinar el 5 % del PIB a gasto militar en el marco de la OTAN, impulsando una reducción efectiva de las partidas militares, reorien - tando los recursos presupuestarios hacia la seguridad humana, la protección civil, emergencias climáticas, sanidad y educación. Todo ello debe contar con el opor -

tuno control parlamentario. ● Soberanía y desmilitarización: Transición del modelo de seguridad hacia la des - militarización para convertir los recintos de uso militar extranjero en polos tecno - lógicos, industriales y de respuesta civil ante emergencias y protegiendo de forma prioritaria el empleo en las zonas en las que están ubicados. ● Desarme nuclear y un nuevo control de armas: Firma y ratificación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) y, desde el primer año, parti - cipación de España como observadora en sus reuniones de Estados parte, como hicieron Alemania o Noruega, aliados de la OTAN. Impulso desde la UE a un nuevo marco de control de armas nucleares que sustituya al New START y al INF, defen - sa del TNP tras el fracaso de su última Conferencia de Examen y apoyo a una zona libre de armas nucleares y de destrucción masiva en Oriente Próximo.

Blindaremos por ley el compromiso del referéndum de 1986 de no instalar, almacenar ni intro - ducir armas nucleares en territorio español. ● Derecho internacional y no injerencia: Defensa irrestricta de la soberanía de los pueblos, el derecho a la autodeterminación y el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales y bloqueos económicos en la política internacional. Evolución hacia una política exterior soberana que rompa con la posición de subordinación a las políticas agresivas e imperialistas. Defenderemos el derecho de los pueblos a de - finir su destino sin ser tratados como colonias, protectorados o «patios traseros» de potencias globales. ● Más financiación y acción política por los bienes esenciales de la humanidad: Apostaremos por la implementación de políticas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, sus herramientas de coherencia exterior de políticas y todas las agendas

de Naciones Unidas en las instituciones internacionales con más medios económicos, impulso político y actuación solidaria entre países para acelerar la alianza global contra el hambre y la desnutrición, así como avanzar hacia una ali - mentación nutritiva y saludable para todo el mundo evitando las muertes por ham -

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156 LA SEGURIDAD HUMANA: PAZ, SOLIDARIDAD Y EUROPA bre; para incrementar la aceleración de salud y bienestar; para mitigar los efectos del cambio climático y realizar una adaptación justa, con iniciativas de consumo responsable, comercio justo y financiación alternativa. Derecho internacional, jurisdicción universal y justicia penal ● Restablecimiento de la jurisdicción universal y ratificación de convenios: Recu - peraremos plenamente la jurisdicción universal para que los tribunales nacionales puedan perseguir violaciones graves de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Ratificaremos la Convención sobre la imprescriptibilidad de los críme - nes de guerra y de lesa humanidad. Apoyo político y financiero pleno a la Corte Penal Internacional frente a cualquier presión o sanción. ● Reforma de la ley de comercio de armas: Aprobaremos la reforma de la Ley 53/2007 para establecer

el embargo automático de material de defensa y de do - ble uso a cualquier Estado cuyos dirigentes estén investigados por la Corte Pe - nal Internacional, o sobre el que la Corte Internacional de Justicia haya dictado medidas provisionales, por genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad, y a cualquier país o régimen que vulnere los derechos humanos. Habrá control parlamentario previo de las autorizaciones, publicidad de las actas de la Junta Interministerial que las concede y plena aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas. Embargo integral de armas y medidas frente a Israel y la ocupación en Palestina ● Ley de embargo integral, total y permanente de armas a Israel: Aprobaremos una ley específica de embargo integral de armas a Israel para mejorar el Real Decre - to-ley 10/2025. Esta norma eliminará cualquier excepción autorizable por el Go - bierno, fijará el embargo con

carácter permanente mientras persista la ocupación ilegal o el riesgo de genocidio, cerrará vías de tránsito militar por aeropuertos, puertos, espacio aéreo y bases militares, y prohibirá la contratación pública o la cooperación militar/tecnológica con la industria de defensa israelí (incluyendo transferencias indirectas a través de terceros países). ● Ley de no reconocimiento y ruptura de relaciones por crímenes de genocidio o apartheid: Aprobaremos una Ley de No Reconocimiento que obligue de manera vinculante y efectiva a todas las administraciones públicas y empresas españolas a no colaborar, lucrarse ni reconocer situaciones derivadas de violaciones gra - ves del derecho internacional (como la ocupación ilegal, el genocidio o el crimen de apartheid). Prohibiremos todas las relaciones comerciales, políticas, cultura - les, económicas y diplomáticas con los actores implicados,

vetándoles de forma absoluta el acceso a contratos públicos, subvenciones, convenios o financiación estatal. ● Apoyaremos a la justicia internacional y la acción multilateral por Palestina: Res - paldaremos política y financieramente de forma activa a la Corte Penal Internacio - nal (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como estatutos personales

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157 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO de protección para sus integrantes, para perseguir crímenes de genocidio y lesa humanidad, garantizando que los responsables, como Netanyahu, comparezcan ante un tribunal internacional. Lideraremos el impulso europeo mediante accio - nes en todas las instituciones de la UE para alcanzar una suspensión efectiva del Acuerdo de Asociación UE-Israel y para que la totalidad de Estados miembros reconozcan formalmente al Estado de Palestina. Autodeterminación del pueblo saharaui y cumplimiento de las sentencias del TJUE ● Apoyo explícito a la autodeterminación y referéndum de la ONU: Retiraremos for - malmente el apoyo gubernamental al plan de autonomía marroquí para retomar la posición fijada por el derecho internacional. Defenderemos el derecho incondi - cional a la autodeterminación del pueblo saharaui mediante un referéndum libre supervisado por Naciones

Unidas, el cual deberá incluir expresamente la opción de la independencia. ● Cumplimiento estricto de las sentencias del TJUE sobre el Sáhara Occidental: Aplicaremos con rigor las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): prohibición de aplicar acuerdos comerciales, pesqueros o de cualquier índole entre la UE y Marruecos al territorio del Sáhara Occidental sin el consenti - miento expreso de su pueblo. España votará en contra en el Consejo de la UE de acuerdos comerciales que incluyan al territorio saharaui, aplicará en sus aduanas y contrataciones la diferenciación territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental, y defenderá un acuerdo de pesca limitado de manera exclusiva a aguas estricta - mente marroquíes. Multilateralismo, mediación internacional, reforma de la ONU, justicia fiscal global ● Reforma democrática de Naciones Unidas y gobernanza financiera:

Impulsare - mos una reforma profunda de la ONU que democratice el Consejo de Seguridad, otorgue un papel protagonista al Sur Global y cree una Asamblea Parlamentaria dentro de la ONU. Exigiremos reformas estructurales en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para incrementar la representación de los países en desarrollo. ● Agencia fiscal internacional e impuesto a las grandes riquezas: Defenderemos en foros multilaterales la creación de una agencia fiscal internacional y la implanta - ción de un impuesto global sobre las grandes riquezas para combatir la desigual - dad planetaria. ● Promoveremos la justicia global en sus dimensiones climática y de derechos la - borales a través del impulso de la descarbonización de la economía, la provisión de energías renovables, la justicia climática global y el cumplimiento de los com - promisos del Acuerdo de París y del Pacto

Verde Europeo. Apoyaremos la Agenda de Bridgetown y promoveremos la creación de un fondo mundial para la mitigación del cambio climático. Promoveremos una Carta Global de Derechos Laborales con

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158 LA SEGURIDAD HUMANA: PAZ, SOLIDARIDAD Y EUROPA la inclusión obligatoria de los convenios fundamentales de la OIT en los acuerdos comerciales. ● Unidad de mediación y resolución de conflictos: Crearemos una unidad especia - lizada de mediación dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para dotar a la diplomacia estatal de un rol activo en la resolución de disputas estratégicas (como en el Sáhara Occidental, Palestina, Colombia, Haití, Ucrania o la región del Sahel). ● Solidaridad con el pueblo ucraniano: Continuaremos mostrando nuestra solidari - dad con Ucrania para lograr por vías diplomáticas una paz justa y duradera con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ● Relaciones con América Latina y salvaguardas en el Acuerdo UE-Mercosur: Construiremos relaciones horizontales con América Latina integrando a movimien - tos sociales e indígenas, e

impulsaremos una cumbre anual UE-CELAC centrada en la desigualdad, la emergencia climática y los feminicidios. Bajo la aplicación del Acuerdo UE-Mercosur, se fiscalizarán los compromisos laborales, ambientales y de derechos humanos, activando cláusulas de salvaguarda cuando las importacio - nes agrarias generen competencia desleal. ● Vecindad Sur y Fuerza Mediterránea de intervención climática: Reorientaremos la política hacia la Vecindad Sur centrada en los derechos humanos y el apoyo a la sociedad civil. Impulsaremos una Fuerza Mediterránea de intervención climática y protección civil enfocada en la extinción de incendios, rescate en el mar y lucha contra la contaminación. 17.2. Cooperación internacional y ayuda al desarrollo Consolidaremos la cooperación internacional para el desarrollo como una política de Estado incrementando los recursos desde el 0,27 % hasta el 0,7 % de la Renta

Nacional Bruta. La cooperación realizada tendrá las siguientes características: ● Favorecerá la cooperación que priorice el componente de género. ● Impulsaremos una cooperación transformadora y no asistencial. ● La cooperación no buscará en ningún caso retornos en forma de beneficios finan - cieros o comerciales. ● No se dedicará a fortalecer las políticas de privatización en los países de destino. ● Al menos el 10 % del total de la AOD debe destinarse a acción humanitaria basada en principios, centrada en las personas y respetuosa del derecho internacional; el 3 % a educación para la ciudadanía global desde políticas educativas, de partici - pación social y de comunicación que contribuyan a generar sociedades compro - metidas con los retos globales, las desigualdades y sus causas estructurales, y promotoras de los derechos humanos, la democracia y la paz; y el 30 % a la pro -

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159 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO moción de derechos de las mujeres y las niñas como objetivo principal. También debe cumplirse el compromiso internacional de destinar el 0,2 % del PIB para los países menos avanzados (PMA). ● Impulsaremos una cooperación financiera, especialmente vía FEDES, alineada con los objetivos de la cooperación española, el desarrollo sostenible y los derechos humanos orientada a los países prioritarios del Plan Director receptores de AOD, de forma complementaria a otros instrumentos; que avance en transparencia y rendición de cuentas. ● Promoveremos una acción humanitaria basada en principios, centrada en las personas y respetuosa con el derecho internacional humanitario que responda a las necesidades y proporcione protección a quienes más sufren el impacto de las crisis humanitarias y conflictos armados. Que recoja las orientaciones de triple nexo entre

acción humanitaria, desarrollo y paz; sitúe a los actores locales en el centro de la respuesta; y reconozca a las ONGD españolas como socias estraté - gicas desde su valor añadido para la respuesta internacional. Será necesario ac - tualizar su estrategia y dotarla de una financiación suficiente, flexible y predecible (10 % del total de la AOD). ● Continuaremos avanzando en la aplicación de una política exterior y de coope - ración feministas a nivel estatal y europeo, favoreciendo el desarrollo de la Estra - tegia de Cooperación Feminista y de un nuevo Plan de Política Exterior Feminista estatal y europeo (GAP IV), con una adecuada dotación presupuestaria (20 % de la AOD total que tenga la igualdad de género como objetivo principal). ● Aumentaremos la parte de la ayuda de la AECID dedicada a la igualdad de género y a los derechos sexuales y reproductivos, crearemos una Oficina de

Coopera - ción Feminista en la AECID, pondremos en marcha un programa de protección para defensoras y para profesionales de la salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, e incrementaremos las aportaciones al Fon - do de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y a ONU Mujeres. ● Definiremos e impulsaremos una política estatal de apoyo a las personas despla - zadas por fenómenos meteorológicos extremos. ● Continuaremos el desarrollo y operativización de las reformas normativas, insti - tucionales y reglamentarias aprobadas como parte de la reforma del sistema de la cooperación española, así como lo previsto en el VI Plan Director con sus enfo - ques y las correspondientes estrategias, incluida la de paz. ● Reforzaremos la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa - rrollo (AECID), con nuevo Contrato de Gestión, como elemento clave e

institu - ción especializada y articuladora de esta política. ● Consolidaremos el papel diferencial de las organizaciones de desarrollo como actor especializado de la política de cooperación a través del desarrollo de la diversidad de roles reconocidos en el Marco de Relación de las ONGD con la Ad - ministración General del Estado y una dotación presupuestaria adecuada a tra - vés de los instrumentos de financiación gestionados principalmente por la AECID.

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160 LA SEGURIDAD HUMANA: PAZ, SOLIDARIDAD Y EUROPA La capacidad de las ONGD para ejecutar programas y proyectos de calidad es notablemente superior a la disponibilidad presupuestaria de esta última década. Proponemos que el 25 % del presupuesto de la AECID (al menos, 500 millones de euros al finalizar la legislatura) se destine a instrumentos de financiación de ONGD (convenios, programas, proyectos, acciones de innovación, acciones humanita - rias, entre otras), que se trabaje de forma coordinada con el sector para desarro - llar los mejores instrumentos para los próximos años, y que aumenten los recursos destinados al fortalecimiento de las propias organizaciones. ● Facilitaremos el papel de la cooperación descentralizada como expresión de la voluntad de solidaridad de nuestra sociedad eliminando las trabas que impuso la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y

sostenibilidad de la Admi - nistración Local (LRSAL). ● Defenderemos un multilateralismo activo que promueva avanzar en las Agendas de Desarrollo Sostenible y de Financiación para el Desarrollo donde los Estados acuerden compromisos creíbles y vinculantes, con todos los países, incluidos los del Sur Global, como tomadores de decisión al mismo nivel. ● Aprobaremos una ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibi - lidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales que permita adoptar medidas de identificación del riesgo real o potencial para los derechos humanos, de prevención, de mitigación, cesación y de reparación de los daños que causen estas corporaciones. ● Impulsaremos el consumo responsable a través de la aprobación de la Ley de Consumo Sostenible y apoyando iniciativas económicamente viables de comercio justo y financiación alternativa,

mejorando la información y sensibilización a los y las consumidoras mediante campañas de sensibilización y etiquetado social y poniendo en marcha programas de compra ética en toda la administración pública. 17.3. Hacia una Europa de los pueblos Una Europa autónoma y con voz propia en el mundo ● Impulsaremos una Europa como un lugar autónomo y una voz propia en el mundo actual, que acompase valores e intereses y ponga en el centro la paz, los derechos humanos y la lucha contra la emergencia climática y las desigualdades globales, incluidas las de género. ● Promoveremos el desplazamiento progresivo de las garantías de seguridad ha - cia una autonomía estratégica integral al servicio de la ciudadanía europea y no de la industria armamentística, un espacio europeo de seguridad sujeto a control democrático, que desarrolle las garantías derivadas del artículo 42.7 del Tratado de la Unión

Europea e incluya entre sus objetivos prioritarios el respeto a la paz, los derechos humanos, así como el bienestar social y medioambiental de los paí - ses europeos.

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161 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Apostaremos por abandonar el requisito de la unanimidad a favor de un sistema de mayorías cualificadas en materia de política exterior y de seguridad común cuando esté involucrada la protección de los derechos humanos, de la paz y la adopción de medidas de carácter humanitario. Dicho requisito deberá mante - nerse en aquellas cuestiones que afectan a la seguridad y la defensa. ● Impulsaremos una alianza europea de gobiernos, fuerzas políticas y movimien - tos progresistas para hacer frente a la ofensiva de la extrema derecha. Reforma del marco de gobernanza económica y lucha contra guaridas fiscales ● Superación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: Superaremos de forma defini - tiva el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y eliminaremos las políticas de recortes o austeridad presupuestaria como herramienta de ajuste macroeconómico de los Estados

miembros. ● Dotaremos al Marco Financiero Plurianual (2028-2034) de un suelo mínimo del 1,27 % de la Renta Nacional Bruta de la UE, blindando la cohesión territorial y el Fondo Social Europeo. ● Crearemos un Plan Europeo específico contra fenómenos climáticos extremos (olas de calor, sequías e inundaciones), que combine adaptación, mitigación y el refuerzo de servicios civiles de protección y respuesta ante emergencias. Des - tinaremos al menos el 35 % del próximo presupuesto de la UE (2028-2034) a inversiones climáticas, garantizando la aplicación estricta del principio de «no causar un perjuicio significativo» (Do No Significant Harm). ● Erradicación de las guaridas fiscales: Pondremos en marcha medidas comunita - rias estrictas para acabar con los paraísos y guaridas fiscales dentro del territorio de la Unión Europea. Democratización y ampliación del mandato del Banco Central

Europeo (BCE) ● Reforma del mandato y los tratados del BCE: Modificaremos los Tratados y Esta - tutos del Banco Central Europeo para ampliar su mandato, persiguiendo de forma equilibrada la estabilidad de precios, la consecución del pleno empleo, la cohesión social y la transición ecológica. ● Democratización, control parlamentario y cese del Comité Ejecutivo: Atribución al Parlamento Europeo de la competencia para el nombramiento de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE y la facultad de acordar su cese mediante mayorías reforzadas. Reforzaremos la rendición de cuentas periódica ante la Eurocámara sobre el cumplimiento del mandato y sobre los efectos económicos, sociales y distributivos de sus decisiones, preservando su autonomía operativa. ● Limitación de la remuneración de reservas excedentarias a la banca: Revisión y limitación de la remuneración de las reservas excedentarias depositadas en la fa -

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162 LA SEGURIDAD HUMANA: PAZ, SOLIDARIDAD Y EUROPA cilidad de depósito del BCE únicamente a lo estrictamente necesario para la trans - misión de la política monetaria, evitando transferencias o beneficios injustificados hacia el sector bancario. Arquitectura fiscal europea y financiación directa de bienes públicos ● Financiación directa a los Estados miembros: Habilitaremos al BCE para la finan - ciación directa a los Estados miembros de la UE, evitando que los países tengan que acudir a colocar su deuda pública en los mercados financieros. ● Financiación garantizada de bienes públicos europeos y prioridades sociales: Financiación directa desde el BCE para bienes públicos genuinamente europeos e inversiones estratégicas blindadas que garanticen: 1) Vivienda pública con alquile - res limitados al 25 % de los ingresos de los arrendatarios; 2) Gastos e inversiones orientados al pleno

empleo; 3) Recursos para la erradicación de la pobreza y la exclusión social; 4) Inversiones en descarbonización y reducción de emisiones de CO₂ contra el cambio climático; 5) Garantía de suministros estratégicos de salud y material sanitario. ● Financiaremos el presupuesto europeo no solo con contribuciones nacionales, sino también con nuevos recursos propios, como por ejemplo la fiscalidad justa de las empresas digitales y de las criptomonedas. ● Blindaremos con fondos propios la cohesión territorial, el Fondo Social Europeo y la transición ecológica (objetivo del 50 % del gasto), y garantizaremos que re - giones y municipios participen en el diseño y la gestión de los nuevos planes nacionales y regionales. Frente judicial y de derechos contra la «Europa fortaleza» ● Reclamaremos a través del Gobierno e impulsaremos desde la Eurocámara la presentación de un recurso de anulación ante

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (art. 263 TFUE) contra el Reglamento de Retornos de 2026 y los llama - dos hubs de deportación en terceros países. ● Propondremos una regulación comunitaria de vías legales y seguras para per - sonas trabajadoras y estudiantes, rompiendo con el condicionamiento de ayudas exteriores a políticas migratorias represivas y fiscalizando agencias como Frontex. Política comercial exterior y cláusulas de derechos humanos ● Reorientación de la política comercial comunitaria: Reorientaremos la política de comercio exterior para que todos los Acuerdos Comerciales y de Inversión firma - dos por la UE se condicionen estrictamente al respeto de los derechos humanos, los derechos sociales y las exigencias medioambientales. ● Denuncia del Acuerdo de Asociación UE-Israel y veto político: Denunciaremos formalmente el Acuerdo de Asociación UE-Israel por vulneración sistemática de la cláusula de derechos humanos y principios democráticos que condiciona le -

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163 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO galmente el acuerdo. Impulsaremos políticamente desde el Gobierno de España todas las acciones necesarias para evitar un bloqueo comunitario en decisiones que requieran unanimidad o mayorías cualificadas mientras dicho acuerdo siga vigente. ● Reconocimiento y tipificación del ecocidio como crimen tanto en la UE como ante la Corte Penal Internacional. Política tecnológica, Fondo Soberano Europeo e inteligencia artificial ● Fondo Soberano Europeo de la IA e imposición a grandes tecnológicas: Creare - mos un Fondo Soberano Europeo de la Inteligencia Artificial financiado mediante la implantación de un impuesto del 50 % en acciones dirigido a empresas de IA con sede en la UE que facturen más de 200 millones de euros anuales en dicho sector (Plan Sanders en Europa). ● Participación pública en proyectos de InvestAI: Exigiremos participación pública en la

propiedad y capital de todas las empresas o iniciativas tecnológicas que reciban financiación dentro del plan europeo InvestAI (dotado de hasta 200.000 millones de euros).

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Hacia una democracia avanzada 18

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18.1. Hacia una República Federal para alcanzar la democracia real La mejor forma de defender la democracia, ante la amenaza reaccionaria y auto - ritaria, es ensanchar y blindar los derechos. La mejor forma de cohesionar y unir este país de países que es España es reconocer y acomodar la diversidad de los pueblos que la componen e impulsar una nueva descentralización municipalista. Un camino opuesto al de la recentralización y la uniformidad que pretenden unas derechas que amenazan los derechos sociales, el Estado de las autonomías y la diversidad lingüística y cultural. Cuando se van a cumplir, la próxima legislatura, cincuenta años de la aprobación de la Constitución, el Frente Amplio plantea como horizonte la conformación de una mayoría social con el objetivo de avanzar hacia un modelo de Estado republicano federal y plurinacional, que regule el referéndum y el pleno reconocimiento

de la realidad plurinacional y plurilingüística de España, para resolver de forma estructural la cuestión territorial. ● Nuestro horizonte es avanzar hacia una República Federal que nos permita al - canzar una democracia real en la que también elijamos la Jefatura del Estado. ● Blindaremos constitucionalmente la revalorización de las pensiones, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al aborto, los derechos medioam - bientales, e incorporaremos nuevos ámbitos como el cambio climático o la digi - talización. Promoveremos el debate para formar una mayoría social y política e impulsar el cambio de modelo territorial establecido en la Constitución, en un sentido federal y plurinacional incluyendo el derecho a decidir mediante referéndum para resolver definitivamente la cuestión territorial. ● Promoveremos un pacto territorial con los objetivos siguientes: el pleno respeto

a las competencias de las comunidades autónomas y el máximo desarrollo de los Estatutos de Autonomía y de la Constitución a partir de una lectura federal; el fortalecimiento de los mecanismos de participación de las comunidades autóno - mas en la Unión Europea; el impulso de la gobernanza multinivel con la reforma de los espacios de cooperación de las comunidades autónomas, como la conferencia de presidentes y las conferencias sectoriales, así como los espacios de partici - pación horizontal entre las comunidades autónomas y los bilaterales con el Esta - do, de acuerdo con las experiencias de los Estados federales. Y, por supuesto, la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica. ● Por una nueva descentralización municipalista: Los gobiernos locales son funda - mentales para garantizar los servicios públicos, la cohesión social y una democra - cia sólida. A más municipalismo, más y mejor democracia. ● El Senado debe ser una verdadera cámara de representación territorial.

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168 HACIA UNA DEMOCRACIA AVANZADA ● Aprobaremos una ley del plurilingüismo, para garantizar plenamente los derechos lingüísticos, para que la ciudadanía pueda relacionarse en las lenguas cooficiales y estatutarias con las instituciones del Estado. ● Reformaremos el sistema electoral para lograr la proporcionalidad directa a nivel nacional. ● Aboliremos de forma definitiva la pena de muerte, que el artículo 15 declara abolida «salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra». ● Modificaremos el artículo 135 que prioriza el pago de la deuda a cualquier otro ru - bro presupuestario. Las sendas de estabilidad presupuestaria no podrán aplicarse cuando supongan riesgo para el principio de «estabilidad social» y también cuando la tasa de desempleo o la tasa de pobreza y exclusión social sean superiores a las existentes en promedio en los cinco países con menor

tasa de la Unión Europea. ● Rebajaremos a la mitad las firmas necesarias para la iniciativa legislativa popular. Supondrá pasar de las 500.000 en la actualidad a 250.000 e incluir mecanismos para que los promotores de la misma puedan retirarla si el Congreso la desvirtúa, o que puedan solicitar una consulta popular al respecto. ● Crearemos una plataforma electrónica de participación ciudadana. ● Crearemos órganos estables de participación infantil en todas las administra - ciones, con recursos y normativa vinculante, y aprobaremos el Real Decreto de asociacionismo infantil. 18.2. Transparencia, lucha contra la corrupción y dimensión ética de la gestión pública ● Aprobaremos una Ley de Integridad Pública que cierre las vías de ocultación del poder económico. En dicha norma se establecerá la inscripción obligatoria y ac - tualizada en el Registro Mercantil de los cambios de propiedad de

las sociedades limitadas y las anónimas no cotizadas, identificando a sus socios, la cadena de propiedad y las personas que ejercen el control efectivo para levantar el velo tras el cual se ocultan los corruptores. ● Evitaremos que el dinero legisle en la sombra. Aprobaremos una ley de grupos de interés y reformaremos los reglamentos del Congreso y del Senado para prevenir la captura de altos cargos, empleados públicos y representantes políticos. ● Vincularemos el poder de los gestores de las grandes empresas a la responsabi - lidad por sus decisiones. Para ello reformaremos la Ley de Sociedades de Capital para que los administradores y altos directivos rindan cuentas y compartan las consecuencias económicas de su gestión.

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169 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Actuaremos de manera firme contra las empresas corruptoras con el estableci - miento de sanciones que impidan la contratación pública con sociedades impli - cadas en tramas de corrupción juzgadas. ● Reforzaremos la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y crearemos la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vin - culados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa y no solo ligada al ámbito penal. ● Crearemos una Oficina Independiente contra la Corrupción, dotada con recursos suficientes y plena capacidad para investigar y sancionar. ● Pondremos en marcha inmediatamente la nueva Autoridad de Protección del In - formante, con el personal y los medios necesarios para que quienes denuncien tengan garantías reales de protección. ● Eliminaremos la atenuante de dilaciones indebidas en los casos

de corrupción para evitar el alargamiento interesado del procedimiento judicial con el objetivo de reducir las condenas. ● Haremos efectivas las sanciones en casos de corrupción para que las empresas y personas condenadas no puedan contratar con el sector público durante veinte años. ● Ampliaremos las obligaciones de todos los cargos electos y altos cargos de la ad - ministración de la publicación de la agenda de reuniones y contactos con lobbies. ● Regulación más estricta de las incompatibilidades estableciendo un estatuto es - pecial para los expresidentes del Gobierno. ● Auditoría de la deuda y de las políticas públicas. Queremos saber a quiénes y a qué empresas se ha beneficiado con dinero público. Es imprescindible para po - der ejercer un mejor control sobre el gasto público. 18.3. Acabar con la criminalización de la protesta social ● Derogaremos por completo la Ley Mordaza. ●

Reduciremos las multas excesivas y aplicaremos «criterios de proporcionali - dad» para ajustarlas a la «capacidad de ingresos de las personas sancionadas», así como a su edad, en el caso de personas más jóvenes. Las posibles sanciones que se den deberán ser «de índole restaurativa» o el resultado de la conciliación «entre la persona autora y la persona o institución ofendida». En todo caso, en el expediente debe primar la «resocialización por encima de la sanción», además de que se eliminará la «limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario». ● Derogaremos los artículos del Código Penal que castigan los delitos contra los sen - timientos religiosos o de escarnio público, los delitos contra la Corona, las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas

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170 HACIA UNA DEMOCRACIA AVANZADA o a sus símbolos o emblemas, las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo Gene - ral del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma y a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y enaltecimiento del terrorismo. 18.4. Deberes y derechos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para servir en un Estado democrático ● Construiremos un modelo de seguridad fundado en la prevención y la justicia social. ● Impulsaremos políticas públicas de seguridad preventivas, que no sean estricta - mente securitarias y que tengan en cuenta elementos de justicia restaurativa. Que incluyan multiagencia de áreas de gestión y distintos niveles de administración. ● El modelo de Seguridad debe basarse en los derechos humanos, siguiendo las

recomendaciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa sobre las FCSE y las Instituciones penitenciarias. ● Estableceremos un marco regulatorio sobre el uso de la fuerza, las armas poli - ciales y otras herramientas de vigilancia. Es necesaria una regulación de rango legal y reglamentaria del uso de la fuerza que sea flexible pero vigilante respecto al uso de mecanismos menos lesivos, adecuando los protocolos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras recomendaciones de organi - zaciones internacionales. ● Haremos efectivo el mandato de que las personas penadas o privadas de liber - tad siguen formando parte de la sociedad, y sus derechos y libertades no deben verse limitados más allá de lo previsto constitucionalmente. Abandonaremos el concepto de relación de sujeción especial como herramienta para la limitación de derechos y asumiremos la doctrina del

Tribunal Constitucional desde el año 2020. ● Respeto a las directrices y recomendaciones de organismos internacionales en materia de privación de libertad —Comité Europeo para la Prevención de la Tortu - ra, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros similares—. ● Estableceremos un modelo de seguridad pública que proteja a las personas en situación de más vulnerabilidad, evitando el aumento de la desigualdad. ● Restringiremos el uso de las paradas de identificación policial y lo prohibiremos a efectos de aplicar la Ley de Extranjería. ● Evaluaremos la equidad algorítmica de los instrumentos de evaluación de riesgo. ● Plantearemos políticas alternativas, de sustrato social y preventivo frente a las problemáticas de los grupos organizados juveniles.

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171 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Cambiaremos la legislación penal y de extranjería para eliminar las contradiccio - nes entre la LO 4/2000 y la finalidad constitucional de reinserción social de las personas extranjeras que cumplan condena en nuestro país. Eliminaremos los obstáculos en la progresión de grados y el acceso a los medios abiertos (tercer grado y libertad condicional). ● Profundizaremos en marcos legales para evitar la instrumentalización política de las FCSE, y crearemos estructuras organizativas menos burocráticas, más ho - rizontales y flexibles. ● Estandarizaremos, fortaleceremos y homologaremos los procesos de disciplina interna para que cumplan criterios mínimos en todo el Estado. Asumiendo los contenidos básicos del Código Europeo de Ética de la Policía. ● Potenciaremos que la selección, formación y promoción interna garanticen la diversidad e igualdad de

oportunidades para mujeres y colectivos infrarrepre - sentados en los cuerpos de seguridad. ● Estableceremos un cuerpo de agentes de penas y medidas en medio abierto, con capacitación especial en reinserción. ● Desmilitarizaremos la Guardia Civil, como reivindica la Asociación Unificada de Guardias Civiles y respalda el Código Europeo de Ética de la Policía. ● Incorporaremos personas civiles —ciencia de datos, investigación financiera— para funciones que no requieran ser agentes de autoridad y, por otra parte, de - legaremos tareas administrativas. ● Implantaremos mecanismos de coordinación y colaboración sobre la base del respeto del modelo territorial descentralizado reconocido constitucionalmente. ● Crearemos una encuesta nacional de seguridad al menos bianual, que mida las experiencias de victimización y el grado de inseguridad subjetiva, y las percepcio - nes sobre la actuación

estatal en esta materia. ● Desarrollaremos recomendaciones para profesionales de la información sobre cómo informar sobre hechos delictivos y problemas de convivencia para que no se genere más alarma social innecesaria. ● Potenciaremos las políticas preventivas y de gestión comunitaria de conflictos leves. ● Incorporaremos criterios de ingreso y promoción en los procesos de selección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para priorizar competencias de resolución pacífica de conflictos, empatía y perfil social. ● Impulsaremos medidas para asegurar que los integrantes de las Fuerzas y Cuer - pos de Seguridad del Estado reciban una adecuada formación en valores demo - cráticos durante su etapa en las academias y en su posterior desempeño profe - sional. Incorporaremos materias obligatorias e intensivas en derechos humanos, diversidad de género, prevención del racismo y la xenofobia, no victimización se - cundaria y técnicas de mediación comunitaria.

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172 HACIA UNA DEMOCRACIA AVANZADA ● Crearemos un órgano de control externo e independiente a los propios cuerpos y similar a modelos en otros países europeos encargado de investigar denuncias por violencia desproporcionada, malos tratos o abuso de autoridad. ● Control democrático de la actuación policial: Prohibiremos las pelotas de goma y otros materiales antidisturbios muy lesivos, regularemos el uso de la fuerza y de las cámaras corporales, garantizaremos la identificación visible de los agentes y prohibiremos los controles de identidad por perfil racial. Crearemos un organismo independiente, fuera de la cadena de mando, que investigue las denuncias de malos tratos y abusos. ● Objeción de conciencia: Aprobaremos una ley que regule por primera vez el de - recho a la objeción de conciencia. Fijará sus ámbitos y un procedimiento sencillo y con garantías, para que quien la ejerza no

sufra represalias en el ámbito laboral. En ningún caso la objeción podrá impedir que la ciudadanía acceda al ejercicio de sus derechos. ● Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán tener la misma jornada laboral que el resto de la administración pública. ● Cumplimiento íntegro del Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018 con las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional. En con - creto siguen pendientes las cláusulas para reincorporar al servicio activo a agen - tes en reserva y segunda actividad y una ley que impida nuevas diferencias entre cuerpos que hacen las mismas funciones. ● Reconocimiento legal para la Guardia Civil y la Policía Nacional del carácter de profesión de riesgo, con el mismo modelo que las policías autonómicas y la apli - cación de coeficientes reductores relacionados con los años de servicio para ac - ceder a la

jubilación anticipada. ● Derogaremos el Código Penal Militar como norma sancionadora en todas las ta - reas estrictamente policiales realizadas en España. ● Reformaremos la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para adaptarla a las necesidades de la sociedad del siglo XXI, inclu - yendo la presencia de las policías autonómicas como Mossos d’Esquadra, Ert - zaintza y Policía Foral en los organismos internacionales de cooperación policial. 18.5. Transparencia y la pluralidad en los medios de comunicación privados y públicos ● Elaboraremos un marco legal, jurídico y normativo que garantice el derecho a la información plural, veraz y de calidad estableciendo los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas cuya finalidad no es informar.

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173 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Crearemos un registro de medios de comunicación en el que se dispondrá de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Ese registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente, la Co - misión Nacional de los Mercados y la Competencia. ● Estableceremos el deber de publicación anual de inversión publicitaria en cada medio por parte de todas las administraciones públicas que deberán ofrecer esa información de forma visible, clara y transparente. ● Reformaremos la Ley de Publicidad Institucional para hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando seudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news. 18.6. Más memoria democrática para el reconocimiento, la justicia y la reparación ● Desarrollo reglamentario de

la Ley de Memoria Democrática que recoja el dere - cho a la reparación de todas las víctimas de la dictadura franquista y contemple esa reparación integral como derecho subjetivo, así como el derecho al resarci - miento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por ra - zones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura y dotación de medios personales, económicos, tecnológicos y materiales para implementar la Ley de Memoria Democrática, asegurar el funcio - namiento del Banco Estatal de ADN y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para garantizar el acceso a los archivos. ● Cierre de fundaciones franquistas: Continuaremos con el proceso judicial iniciado para el cierre de la Fundación Francisco Franco, Fundación Primo de Rivera, Fun - dación Blas Piñar y la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer. ● Memoria y

reparación de las víctimas de la Transición: Desarrollaremos las reco - mendaciones de la comisión técnica prevista en la Ley de Memoria Democrática para reconocer y reparar las vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1978 y 1983, promoviendo las reformas legales necesarias. Impulsaremos también la investigación histórica de la Transición, incluyendo la violencia política e insti - tucional y el papel de los movimientos sociales en la conquista y consolidación de las libertades democráticas. ● Acceso a los archivos y derecho a la verdad: Garantizaremos el acceso efectivo a la documentación histórica, policial, militar y judicial relacionada con la represión y las vulneraciones de derechos humanos. Impulsaremos la reforma de la legislación sobre secretos oficiales, la desclasificación documental, la digitalización de fon - dos y la eliminación de restricciones injustificadas,

facilitando también el acceso a archivos privados y eclesiásticos de interés para la memoria democrática. ● Reparación integral y restitución patrimonial: Haremos efectivo el derecho al re - sarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas impuestas por motivos políticos, ideológicos o de conciencia durante la Guerra Civil y la dicta -

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174 HACIA UNA DEMOCRACIA AVANZADA dura. Impulsaremos los mecanismos legales de restitución o compensación patri - monial, a partir de la investigación de los bienes expoliados, y reforzaremos las medidas de reconocimiento y reparación de las víctimas y sus familias. ● Aprobaremos una Ley sobre Bebés Robados. Impulsaremos la aprobación de una ley específica que recoja las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas y ga - rantice la investigación de las sustracciones de menores, también las posteriores a la dictadura, el acceso a los archivos y expedientes, la identificación genética y la asistencia a las familias, asegurando sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la recuperación de la identidad. ● Resignificación democrática de Cuelgamuros: Impulsaremos la desacralización del conjunto monumental y su transformación en un espacio público de memoria democrática.

Garantizaremos que el proyecto no se limite a una intervención ar - quitectónica, sino que incorpore una propuesta histórica, científica, museográfica y educativa rigurosa, con participación efectiva de las víctimas y las asociaciones memorialistas, reconocimiento de los trabajos forzados y contextualización del monumento como instrumento de exaltación de la dictadura franquista. ● Reconocimiento y protección de los lugares de memoria democrática y antifas - cista: Impulsaremos la localización, catalogación y protección patrimonial de los lugares de memoria, así como su señalización mediante monumentos, placas y pa - neles explicativos que permitan conocer los hechos históricos vinculados a ellos. En particular, garantizaremos la creación de un Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel en los terrenos de la antigua prisión, con protección y conservación de sus restos y vestigios

frente a las actuaciones urbanísticas, un espacio público de homenaje a las víctimas de la represión franquista y participación de las aso - ciaciones memorialistas y vecinales. Asimismo, impulsaremos y financiaremos un proyecto de investigación histórica, arqueológica y forense para contrastar las hipótesis sobre la localización de los restos de Federico García Lorca y las demás víctimas asesinadas en Granada en agosto de 1936, incluyendo prospecciones en lugares todavía no investigados, con fines de identificación, verdad histórica y reparación familiar. ● Recuperación de las memorias ciudadanas: Promoveremos la investigación, con - servación y difusión de las memorias de los movimientos vecinales, obreros, estu - diantiles, culturales, feministas y de defensa de los derechos civiles que contribu - yeron a la conquista de la democracia. Apoyaremos los archivos comunitarios, la

recuperación de testimonios orales y los proyectos de memoria local, reconocien - do el protagonismo de la ciudadanía en la construcción de las libertades. ● Memoria democrática de las mujeres: Impulsaremos programas específicos de in - vestigación, documentación y divulgación sobre las mujeres represaliadas y sobre su participación en la resistencia antifranquista, el exilio, los movimientos sociales y la construcción democrática. Recuperaremos sus trayectorias políticas, sindi - cales, intelectuales y culturales, incorporándolas al patrimonio documental y a los relatos públicos de nuestra historia.

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175 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO ● Educación y transmisión intergeneracional de la memoria: Desarrollaremos pro - gramas educativos y culturales que conecten a las nuevas generaciones con los testimonios de quienes vivieron la Guerra Civil, la dictadura y la Transición. Pro - moveremos proyectos intergeneracionales, recursos didácticos sobre la historia contemporánea, visitas a lugares de memoria y la colaboración entre centros edu - cativos, universidades, archivos y asociaciones memorialistas para fomentar el conocimiento histórico y los valores democráticos. 18.7. Modernización, renovación y democratización del acceso al sistema judicial ● Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial para que ningún partido pueda volver a bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los vo - cales del turno judicial se seguirán eligiendo por mayoría de tres quintos, pero si

en dos meses no hay acuerdo, las Cámaras podrán elegirlos en segunda votación por mayoría absoluta. Además, el nuevo Consejo podrá constituirse con los vocales ya elegidos, aunque falten los del turno de juristas. ● Responsabilidad de jueces por dolo o culpa grave: Recuperaremos el derecho de las personas perjudicadas a reclamar directamente al juez o magistrado que les haya causado daños por dolo o culpa grave, un derecho que suprimió la reforma de la LOPJ de 2015 del PP, al igual que esa posibilidad existe para cualquier otra profesión en nuestro país. La demanda solo podrá presentarse cuando la resolu - ción sea firme, el Ministerio Fiscal intervendrá siempre como garante de la inde - pendencia judicial y la sentencia nunca alterará el fallo original. ● Juzgados de violencia sobre la mujer especializados: Garantizaremos la espe - cialización de los juzgados de violencia sobre la

mujer, que estarán en manos de profesionales con formación y experiencia real en esta materia. Si no hay especia - listas para una plaza, tendrá preferencia quien haya servido al menos tres de los últimos cinco años en estos órganos, o seis de los últimos diez en el caso de las Audiencias. Los años trabajados en violencia sobre la mujer contarán como orden penal a efectos de carrera. Además, abriremos por una sola vez una vía extraor - dinaria para que quienes acrediten dos años de experiencia obtengan el título de especialista, con curso y evaluación. ● Incompatibilidad total de jueces y magistrados: Estableceremos la incompatibi - lidad total de jueces y magistrados con cualquier actividad remunerada ajena a la carrera judicial, porque la Constitución exige que su régimen de incompatibilida - des asegure «la total independencia» de quienes juzgan (art. 127.2 CE). Eliminare - mos la

excepción que hoy permite cobrar de universidades privadas, academias, empresas, despachos o fundaciones por dar clases, conferencias o preparar opo - sitores. La única formación que podrán impartir será en el sistema público que asumirá la preparación de futuros jueces.

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176 HACIA UNA DEMOCRACIA AVANZADA ● Más jueces y fiscales: Aprobaremos un plan plurianual de plazas para que España alcance en dos legislaturas la media europea de jueces y fiscales por habitante, de modo que el refuerzo de la justicia no dependa de la voluntad del gobierno de turno. Hoy tenemos menos de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de más de 17. Priorizaremos las especialidades más saturadas: violencia sobre la mujer, menores, social, mercantil, medio ambiente y delitos eco - nómicos y de corrupción. También cubriremos con plazas fijas los equipos que hoy no llegan, como forenses, equipos psicosociales y unidades de valoración integral de la violencia de género. Convocaremos cada año las plazas de letrados de la Administración de Justicia y de los cuerpos de gestión, estabilizaremos al personal interino e incentivaremos los destinos de difícil

cobertura para que ningún juzgado funcione a medio gas. ● Sustituiremos el sistema memorístico judicial por acceso becado según renta a través de la Escuela Judicial. ● Justicia digital. Modernizaremos de una vez los juzgados. Acabaremos con el pa - pel en los juzgados y con los sistemas informáticos incomunicados mediante una ley estatal de justicia digital con plazos obligatorios y financiación finalista para las comunidades autónomas. El Estado fijará estándares comunes y obligatorios de interoperabilidad, de forma que un expediente pase de un juzgado a otro en un clic. Los fondos irán vinculados a resultados medibles: expediente judicial electró - nico en todos los órdenes, sedes judiciales accesibles, salas de videoconferencia y salas Gesell para declaraciones de menores y víctimas, espacios separados para víctimas de violencia machista y ciberseguridad. ● Justicia gratuita y turno

de oficio: Ampliaremos el derecho a la asistencia jurídica gratuita y reforzaremos el turno de oficio, para que defenderse ante un tribunal no dependa de lo que cada persona tenga en la cuenta corriente. Subiremos los umbrales de renta que dan acceso al derecho y extenderemos el derecho a más colectivos: personas amenazadas de desahucio, víctimas de violencia sexual y vicaria, y personas migrantes en todos los procedimientos que afecten a sus dere - chos fundamentales. Aumentaremos la financiación del turno de oficio y actualiza - remos los baremos para que la abogacía de oficio cobre lo que vale su trabajo. En las comunidades donde la gestión corresponde al Estado y en los asuntos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, agilizaremos la tramitación y estableceremos pagos con un plazo máximo legal para acabar con meses de retraso. ● Ampliaremos el uso

de las penas no privativas de libertad y el medio abierto para los delitos de mediana gravedad. ● Introduciremos servicios de justicia restaurativa de carácter público y universal para todo el territorio, y en todas las fases del proceso penal y penitenciario. Para ello el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas deberán impulsar una legislación que así lo disponga y disponer la dotación de los medios materiales y personales adecuados.

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177 PROGRAMA ELECTORAL FRENTE AMPLIO 18.8. Laicidad del Estado ● Derogaremos exenciones del IBI a bienes confesionales no destinados al culto. ● Revisaremos los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, así como con las otras confesiones religiosas, incluyendo la legislación de privilegio que se deriva de los mismos. Modificaremos los arts. 16 y 27 de la Constitución. ● Autofinanciación y supresión de las exenciones y beneficios fiscales de las con - fesiones religiosas, con especial atención a la exención del IBI. ● Eliminaremos cualquier financiación pública a las confesiones religiosas, con su control y transparencia por parte del Parlamento. ● Eliminaremos cualquier tipo de concierto o subvención pública a escuelas que promuevan la segregación educativa por sexos o por cuestiones religiosas. ● Retrotraeremos la totalidad de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, afectando al

Patrimonio del Estado los bienes muebles o inmuebles de interés his - tórico-artístico y cultural, incluidos los de naturaleza religiosa. ● Elaboraremos una Ley de Libertad de Conciencia que contemple las convicciones religiosas y de cualquier otro tipo, derogando la Ley de Libertad Religiosa. Dere - cho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la eutanasia y al suicidio asistido.

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