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“7. Ejecutar las inversiones comprometidas. Reclamaremos el cumplimiento de los convenios de carreteras, vivienda, agua, costas e infraestructuras educativas y turísticas. Cada obligación deberá contar con financiación y plazos verificables, de modo que las cantidades anunciadas se conviertan en obras y servicios para las islas. Defenderemos plazos de vigencia y ejecución que permitan completar las actuaciones, sin perder recursos por retrasos ajenos a las administraciones canarias.”
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DEFENDER LOS DERECHOS DE CANARIAS 1 DEFIENDE CANARIAS 29 DE NOVIEMBRE DE 2026 El autogobierno y nuestros derechos deben traducirse en capacidad para resolver problemas. Queremos que la realidad canaria se tenga en cuenta desde el inicio del diseño de las políticas del Estado y que las obligaciones con las islas se cumplan. 1. Cumplir el Estatuto. Exigiremos un calendario verificable para completar los traspasos y desarrollos pendientes del Estatuto de Autonomía, con medios económicos, personal y recursos materiales suficientes. Incluiremos la gestión del transporte aéreo interinsular y las autorizaciones de trabajo para personas extranjeras previstas en el Estatuto. Nos opondremos a la recentralización y a cualquier retroceso en la capacidad de Canarias para decidir sobre sus asuntos. 2. Participar en las decisiones que nos afectan. Reforzaremos la relación bilateral entre Canarias y el Estado. Las decisiones con un impacto singular en las islas deberán contar con la participación efectiva de nuestras instituciones. Reclamaremos mecanismos de acuerdo sobre las infraestructuras científicas estratégicas y sobre los nombramientos en los organismos estatales radicados en Canarias, con criterios de competencia profesional e idoneidad. 3. Reconocer de forma permanente la singularidad canaria. Defenderemos que una eventual reforma constitucional recoja las singularidades derivadas de la lejanía, la insularidad y la ultraperiferia. Las garantías que necesita Canarias deben mantenerse con independencia de los cambios de Gobierno. 4. Proteger y actualizar el REF. Defenderemos la integridad del Régimen Económico y Fiscal, nuestro fuero histórico y un instrumento esencial para compensar desventajas permanentes. Su actualización deberá responder a las necesidades de la sociedad canaria y hacer que sus beneficios lleguen al conjunto de las islas. Reclamaremos más capacidad canaria para decidir sobre sus instrumentos y rechazaremos reformas unilaterales del Estado que prescindan de la participación del Gobierno y del Parlamento de Canarias. 5. Separar el REF de la financiación de los servicios públicos. Impediremos que los recursos del REF se computen como financiación ordinaria de la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales. La compensación por la lejanía y la insularidad no puede restarse de lo que corresponde a Canarias para atender a su población. 6. Una financiación que entienda las ocho islas. Exigiremos un sistema de financiación autonómica suficiente y estable que reconozca el coste real de prestar servicios en un archipiélago alejado. Deberá tener en cuenta la población efectiva y su evolución, la fragmentación territorial, la pobreza y el envejecimiento, para planificar de forma estable los centros, las plantillas y las prestaciones. 7. Ejecutar las inversiones comprometidas. Reclamaremos el cumplimiento de los convenios de carreteras, vivienda, agua, costas e infraestructuras educativas y turísticas. Cada obligación deberá contar con financiación y plazos verificables, de modo que las cantidades anunciadas se conviertan en obras y servicios para las islas. Defenderemos plazos de vigencia y ejecución que permitan completar las actuaciones, sin perder recursos por retrasos ajenos a las administraciones canarias. 8. Decisión canaria en puertos y aeropuertos. Desarrollaremos las previsiones del Estatuto para que el Gobierno de Canarias y los cabildos tengan un papel efectivo en la planificación, las inversiones, la estrategia y la gestión de los puertos y aeropuertos.
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