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✓ VerificadaTexto literal del programa oficial · pág. 31
“Consideramos fundamental aliviar la carga financiera de las familias interespecie, para lo que planteamos la introducción de deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) estableciendo un límite de renta y permitiendo deducciones en la cuota a pagar, con la colaboración de los centros veterinarios, de manera que las familias interespecie se puedan deducir hasta un 10% de los gastos veterinarios, con un ahorro máximo de hasta 500 € anuales.”
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1.7. Reconocimiento de las clínicas veterinarias como centros sanitarios. Reducción del IVA y deducciones fiscales A pesar de que los partidos del Gobierno se comprometieron a reducir el IVA por los servicios veterinarios para animales de compañía, este continúa siendo del 21%. Estamos hablando de la salud, de la vida de los animales que forman parte de nuestras familias. Es inadmisible que se siga considerando un tratamiento o una operación quirúrgica, del que depende su salud, su calidad de vida o su propia vida, como un lujo. Además, este IVA de lujo se traduce en un sobrecoste que desincentiva las vacunaciones, los tratamientos preventivos y los diagnósticos tempranos, con el consiguiente riesgo sanitario para todos. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias reconoce expresamente a la Veterinaria como profesión sanitaria. Sin embargo, ese reconocimiento no se ha trasladado con coherencia en el sistema. Desde PACMA reclamamos el reconocimiento de las clínicas veterinarias como centros sanitarios, dado que están directamente relacionados, no solo con la salud y bienestar de los animales, sino también con la salud pública, debido a su importancia en la prevención y vigilancia de las zoonosis y la seguridad sanitaria desde el enfoque de Una sola salud (One Health). Este reconocimiento permitiría una necesaria reducción del IVA de los servicios veterinarios, no al tipo reducido del 10%, sino al tipo superreducido del 4% e, incluso, a su exención. Consideramos fundamental aliviar la carga financiera de las familias interespecie, para lo que planteamos la introducción de deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) estableciendo un límite de renta y permitiendo deducciones en la cuota a pagar, con la colaboración de los centros veterinarios, de manera que las familias interespecie se puedan deducir hasta un 10% de los gastos veterinarios, con un ahorro máximo de hasta 500 € anuales. 1.8. Modificación del RD 666/2023: no aplicación a los animales de compañía Desde PACMA queremos impulsar una modificación del Real Decreto que tanto malestar está provocando a veterinarios y propietarios de animales de compañía. Nos referimos al Real Decreto 666/2023, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y que se aprobó, en teoría, para adaptar la normativa nacional al Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinarios, pero que, como ya denunciamos en su momento, no es coherente con lo que establece el mismo. Y es que, si bien es cierto que el citado Reglamento obliga a los Estados a recabar los datos sobre el uso de antibióticos en animales -que España ha decidido hacer a través de los veterinarios, estableciendo la obligación de notificar cada prescripción a través del sistema informático PRESVET-, desde PACMA ya explicamos al Gobierno que no se debían incluir las prescripciones realizadas a los animales considerados de compañía, dado que el Reglamento Europeo los excluye. Como se puede comprobar en nuestros programas electorales, desde PACMA llevábamos muchos años advirtiendo del uso rutinario de antibióticos con fines profilácticos y metafilácticos en la industria ganadera y de las consecuencias que eso traería, como la resistencia a los antimicrobianos; algo que, por fin, ha reconocido la UE como un problema de salud mundial. Sin embargo, este mal uso y abuso de los antibióticos, evidentemente, no se estaba produciendo en los animales de compañía, motivo por el que el Reglamento Europeo, lógicamente, los excluye a la hora de establecer la obligación de recabar dicha información. 31
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