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Texto literal del programa oficial · pág. 32

“Desde PACMA insistimos en que la normativa europea, por un lado, es clara al establecer que no es necesario esperar a los resultados de dichas pruebas para administrar el antibiótico que el veterinario considere más oportuno y, por otro, que estas pruebas no son necesarias cuando el antibiótico está contenido en un medicamento autorizado en la UE, y así debería reflejarlo el RD 666/2023.”

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El RD 666/2023, por el contrario, no solo los incluye, sino que exige, además, la realización de pruebas de identificación de patógenos y de sensibilidad al antibiótico para la administración de aquellos categorizados por la Agencia Europea de Medicamentos como “restringidos”. Desde PACMA presentamos alegaciones en contra y denunciamos la muerte de varios animales de compañía a los que no se pudo administrar los antibióticos en espera de los resultados de dichas pruebas. Solo tras estos hechos, el Gobierno accedió a añadir un “siempre que sea posible”, que resulta insuficiente, pues sigue resultando una redacción que crea inseguridad jurídica a los veterinarios. Desde PACMA insistimos en que la normativa europea, por un lado, es clara al establecer que no es necesario esperar a los resultados de dichas pruebas para administrar el antibiótico que el veterinario considere más oportuno y, por otro, que estas pruebas no son necesarias cuando el antibiótico está contenido en un medicamento autorizado en la UE, y así debería reflejarlo el RD 666/2023. Otra de las problemáticas generadas por el RD 666/2023 es que, para la administración de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción, exige la identificación de los animales y sus responsables, lo que supone un gran problema para el tratamiento de animales que muchas veces no están identificados, como los gatos comunitarios o los animales abandonados. Significativamente la regulación prevista por el Reglamento Europeo no impide el tratamiento de estos animales, puesto que, al contrario que el RD 666/2023, no exige la identificación cuando el medicamento es administrado por el veterinario. Aunque los ministerios de Agricultura y Derechos Sociales emitieron una nota en la que reconocían que se había creado una situación de incertidumbre, indicando que, en estos casos, el veterinario debía realizar una reseña indicando que el animal no está identificado, la realidad es que una “nota aclaratoria”, además de referirse únicamente a animales de compañía no identificados, dejando desamparados, en este sentido, a los animales silvestres, carece de rango jurídico como para determinar la antijuricidad de una conducta o cuando concurre dolo o culpa, como llega a afirmar la propia nota. Por último, queremos destacar una vez más la incoherencia y la hipocresía absolutas de este Gobierno al aprobar normas como el RD 666/2023 para garantizar, según su preámbulo, el más alto nivel de protección de la sanidad animal, cuándo, al mismo tiempo, está gravando esa sanidad con un 21% de IVA como si fuera un lujo, inaccesible para muchas familias. 32

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