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“- Mayor protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia machista. Debe darse a los/as menores un tratamiento y protección específicos, incluida la asistencia social integral, con la previsión de dotarles de asistencia letrada autónoma y defensor judicial en caso de conflicto de intereses.”
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- Formación especializada en violencia machista de todos los estamentos de la Justicia (judicatura, fiscalía, abogacía, medicina forense y personal al servicio de la administración de justicia). - Implantación de equipos multidisciplinares con formación específica integrados por profesionales de la judicatura, fiscalía, abogacía, medicina y psicología forense y policía, para ofrecer una respuesta integral a los casos de violencia machista durante todas las fases del proceso. - Mayor protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia machista. Debe darse a los/as menores un tratamiento y protección específicos, incluida la asistencia social integral, con la previsión de dotarles de asistencia letrada autónoma y defensor judicial en caso de conflicto de intereses. - Equipos especializados en menores víctimas de violencia de género en los órganos judiciales. - Reconocimiento legal de la violencia vicaria ejercida sobre los animales. - Incremento del número de casas de acogida, pisos tutelados y puntos de encuentro familiar. - Admisión de los animales a cargo de las mujeres víctimas de violencia machista a las casas de acogida y pisos tutelados. - Implantación de planes y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general y a los/as jóvenes en particular, con la finalidad de eliminar los prejuicios y estereotipos de género y prevenir conductas de violencia machista. 3.10.2. Protección de la infancia frente a la violencia de la tauromaquia La Ley Orgánica de protección jurídica del menor incluye la protección de la infancia contra toda forma de violencia entre los principios rectores de la actuación de los poderes públicos y establece que los menores gozarán de los derechos que les reconocen la Constitución y los Tratados Internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño. La Convención, a su vez, establece que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. El Comité de Derechos del Niño, como órgano de las ONU encargado de velar por el cumplimiento de la Convención, se ha manifestado en varias ocasiones con relación a la tauromaquia como una actividad violenta de la que es necesario proteger a la infancia. En 2018, tras examinar los informes de España, incluyó en sus Observaciones finales la tauromaquia en el apartado sobre “Violencia contra los niños” recomendando prohibir su asistencia y participación en estos espectáculos. Sin embargo, tres años más tarde, el actual Gobierno, ignorando deliberadamente esta recomendación, elaboró la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, sin mencionar, irónicamente, su exposición y participación en las tradiciones más violentas que tienen lugar en nuestro país. Esta absoluta desprotección ha provocado que, ante la evidente decadencia de la tauromaquia, en los últimos años se esté produciendo un incremento exponencial de actividades organizadas, apoyadas o impulsadas por los gobiernos locales y autonómicos, para iniciar a los menores, cada vez a edades más tempranas, como encierros infantiles o campamentos taurinos infantiles. Algunas plazas han 77
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