Justicia

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Texto literal del programa oficial · pág. 31

“70 EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO NO DEPENDERÁ DEL GO- BIERNO. La Fiscalía debe defender la legalidad, no los intereses políti- cos de quien ocupa el poder. Aprobaremos un nuevo Estatuto del Mi- nisterio Fiscal. El fiscal general tendrá un mandato único de cinco años y, como recomienda la Comisión Europea, no cesará con el Gobierno que lo propuso. El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre su idoneidad será preceptivo y vinculante para su nombramiento. Su procesamiento conllevará el cese inmediato y automático.”

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31 2.3 EL PODER NO CONTROLARÁ A QUIEN LO VIGILA 67 LA INDEPENDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES UNA PRIORIDAD DEMOCRÁTICA. El Tribunal Constitucional debe ser percibido y funcionar como una institución jurídica independiente, no como una prolongación de las mayorías políticas. Ningún candidato po- drá haber ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores y estableceremos un régimen estricto de incompatibilidades. Reforzar la independencia, la autoridad y la legitimidad del Tribunal Constitucional es esencial para que los límites al poder sean creíbles y las reglas cons- titucionales sean respetadas por todos. Ningún magistrado participará en la decisión sobre la constitucionalidad de una norma en cuya elabo- ración o impulso haya participado desde el Gobierno o la Administra- ción. 68 LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL DEBE LLEGAR A TIEMPO. La protección de la Constitución pierde eficacia cuando las decisiones llegan después de que el daño institucional se haya producido. Los re- cursos de inconstitucionalidad contra leyes que afecten a derechos fun- damentales se resolverán en noventa días. Ampliaremos el recurso pre- vio de inconstitucionalidad a las leyes orgánicas sobre los poderes del Estado y las instituciones de relevancia constitucional. Se publicarán los asuntos pendientes, las normas de reparto y el sentido del voto de cada magistrado una vez resuelto el asunto. El Tribunal aprobará en seis me- ses un código ético que proteja el secreto de sus deliberaciones y fije consecuencias para las filtraciones. Ampliaremos en la ley las causas de abstención y recusación de los magistrados. 69 Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO SERÁ UNA SEGUNDA INSTANCIA SOBRE EL TRIBUNAL SUPREMO. El recurso de amparo protegerá los derechos fundamentales, pero no servirá para volver a re- visar la interpretación de la legalidad ordinaria que corresponde al Tri- bunal Supremo. Reformaremos la legislación procesal y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para delimitar con claridad qué recursos de amparo admite y qué efectos tienen sus decisiones. 70 EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO NO DEPENDERÁ DEL GO- BIERNO. La Fiscalía debe defender la legalidad, no los intereses políti- cos de quien ocupa el poder. Aprobaremos un nuevo Estatuto del Mi- nisterio Fiscal. El fiscal general tendrá un mandato único de cinco años y, como recomienda la Comisión Europea, no cesará con el Gobierno que lo propuso. El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre su idoneidad será preceptivo y vinculante para su nombramiento. Su procesamiento conllevará el cese inmediato y automático.

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