Igualdad

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Texto literal del programa oficial · pág. 60

“226. Revisaremos los criterios establecidos en el Real Decreto 888/2022 para garantizar que se tengan adecuadamente en cuenta las secuelas, comorbilidades y limitaciones funcionales de las personas mayores y de larga evolución con VIH.”

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61 223. Desarrollaremos la figura de la persona facilitadora procesal, para cubrir las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad relacionadas con la comprensión, comunicación e interacción con el entorno de los actos procesales en los que deban participar. 224. Desplegar el Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031, en colaboración con las comunidades autónomas, reforzando los recursos y apoyos educativos y garantizando criterios comunes de calidad y seguimiento para que el lugar de residencia no condicione el acceso a una educación inclusiva y de calidad. 225. Continuar fortaleciendo al Tercer Sector de la discapacidad, promoviendo la participación de las organizaciones y las familias en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 226. Revisaremos los criterios establecidos en el Real Decreto 888/2022 para garantizar que se tengan adecuadamente en cuenta las secuelas, comorbilidades y limitaciones funcionales de las personas mayores y de larga evolución con VIH. 227. Impulsar el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo de personas con discapacidad en las empresas. 228. Impulsaremos el buen uso de las zonas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad, para evitar el mal uso que se hace de ellas por parte de otras personas usuarias. Financiación territorial justa para garantizar los servicios públicos Nuestra prioridad es reforzar el Estado del bienestar, con una sanidad y una educación públicas de calidad, una atención digna a la dependencia y unos servicios sociales sólidos que garanticen la protección y mejoren la vida de las clases medias y trabajadoras. 229. Impulsaremos el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España y aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aporta 21.000 millones de euros adicionales con el objetivo de garantizar que las Comunidades Autónomas, responsables de gestionar y prestar servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, cuenten con los recursos necesarios para prestar unos servicios de calidad y fortalecer nuestro Estado del bienestar. 230. Actualizaremos y potenciaremos los mecanismos de cohesión y convergencia territorial como el Fondo de Compensación Interterritorial y los incentivos 229

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