“20 LA MULTIRREINCIDENCIA TENDRÁ UNA RESPUESTA PENAL MÁS RÁPIDA Y EFICAZ. Impediremos que nadie haga del hurto y la ocupación un modo de vida. Impulsaremos los juicios rápidos, facilita- remos la tramitación conjunta de delitos leves relacionados y mejorare- mos el acceso policial a los antecedentes necesarios para investigar, con las garantías legales.”
“21 ENDURECEREMOS LA RESPUESTA FRENTE A DISTURBIOS VIOLENTOS Y ORGANIZADOS. Manifestarse es un derecho; sembrar el caos, participar en disturbios violentos y atacar a las Fuerzas y Cuer- pos de Seguridad es un delito.”
“Fortalece- remos la cobertura legal y la seguridad jurídica de la actuación policial preventiva ante indicios objetivos de violencia organizada, con reglas claras que protejan los derechos y libertades individuales, y regulen la incautación anticipada de instrumentos peligrosos, la identificación de quienes ocultan su rostro y la disolución de concentraciones violentas.”
“22 OCULTAR EL ROSTRO PARA COMETER ACTOS VIOLENTOS AGRAVARÁ LA RESPONSABILIDAD. Actuar con el rostro cubierto para evitar la identificación durante la comisión de actos violentos, van- dálicos o delictivos tendrá consecuencias más graves. Esta circunstancia agravará la responsabilidad penal, recuperando la agravante que el Go- bierno eliminó del Código Penal en 2022.”
“23 ORGANIZAR LA VIOLENCIA TENDRÁ MÁS CONSECUENCIAS. Ampliaremos el castigo de la provocación, la conspiración y la proposi- ción para que alcance a todas las modalidades de desórdenes públicos violentos, así como a quienes preparen incendios o daños graves en el marco de estos disturbios. Recuperaremos y ampliaremos el castigo es- pecífico de la difusión pública de mensajes o consignas que inciten a cometer actos violentos o refuercen la decisión de hacerlo. Cuando se utilicen redes sociales, plataformas digitales o páginas web para incitar, convocar, organizar o coordinar estos actos, la pena será mayor. Tam- bién elevaremos las penas ya previstas para las multitudes organizadas capaces de alterar gravemente el orden público.”
“24 VANDALIZAR EL ESPACIO PÚBLICO NO PUEDE SALIR GRA- TIS. Elevaremos la multa mínima a 3.000 euros para quienes participen activamente en actos de vandalismo contra bienes públicos o privados durante desórdenes multitudinarios que alteren gravemente la seguri- dad ciudadana, cuando su conducta no constituya delito. Agilizaremos la valoración de los daños y el pago de las indemnizaciones que corres- pondan a los comerciantes afectados, reforzando la coordinación entre el Consorcio de Compensación de Seguros y las entidades asegurado- ras.”
“25 LOS TUTORES SERÁN PARTE DE LA RESPUESTA CUANDO HAYA MENORES IMPLICADOS EN ACTOS VIOLENTOS. Además de la responsabilidad civil que ya corresponda por los daños causados, estableceremos consecuencias para los padres o tutores que, con co- nocimiento de la participación reiterada del menor en actos violentos y pudiendo razonablemente impedirla, incumplan de forma grave sus deberes de guarda y vigilancia.”
“26 IMPEDIREMOS QUE LAS BANDAS UTILICEN A MENORES PARA DELINQUIR. Castigaremos como delito propio la captación y uti- lización de menores para cometer delitos. Aprobaremos un plan con- tra las bandas juveniles y las armas blancas. Reformaremos la Ley del Menor para que en delitos graves cometidos con violencia, armas o en el seno de bandas o grupos organizados se incremente el tiempo de internamiento en centros cerrados, acompañado de formación y edu- cación.”
“30 AMPLIAREMOS LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE A QUIEN HAGA DESAPARECER A SU VÍCTIMA Y A LOS DEPREDADORES SEXUALES. Se aplicará al asesino que oculte el ca- dáver o se niegue a revelar dónde está, y a los depredadores sexuales, pederastas y violadores reincidentes.”
“33 CREAREMOS LAS PLAZAS DE JUECES, FISCALES, LETRA- DOS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NE- CESARIAS PARA QUE RESPONDA A TIEMPO. Planificaremos con continuidad y previsibilidad las convocatorias de nuevas plazas a lo largo de la legislatura y los requisitos de mérito y capacidad serán esenciales. Agilizaremos la gestión mediante los sistemas de oposición y contare- mos con personal de refuerzo y medios materiales de forma prioritaria en los órganos colapsados. Publicaremos los tiempos de respuesta y, cada trimestre, las plazas cubiertas por sus titulares. Estableceremos in- centivos para los destinos de difícil cobertura. Impulsaremos el proceso de digitalización y la implantación del expediente electrónico en todo el territorio y en todas las jurisdicciones.”
“34 UNA JUSTICIA PENAL MÁS ÁGIL Y ESPECIALIZADA. Elimina- remos las disfunciones y problemas generados en la implantación de los tribunales de instancia y la oficina judicial.”
“Especializaremos órganos en ciberdelincuencia, con especial atención a las estafas digitales, y en delitos fiscales y medioam- bientales. Se regularán con urgencia los procesos de especialización de jueces y magistrados prioritariamente en materia de violencia sobre la mujer, familia, infancia y capacidad.”
“60 LA IMPUNIDAD NO SERÁ MONEDA DE CAMBIO PARA GO- BERNAR. Derogaremos la Ley de Amnistía y prohibiremos que el de- recho de gracia se utilice como contraprestación política para formar o mantener un Gobierno. Aprobaremos una nueva Ley del Indulto con criterios objetivos y transparentes. No podrán ser indultados los conde- nados por corrupción, terrorismo, delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional ni por delitos graves contra menores.”
“61 REFORMAREMOS EL SUPLICATORIO Y REVISAREMOS LOS AFORAMIENTOS. Evitaremos que el suplicatorio pueda convertirse en un instrumento de impunidad ante la Justicia. Corregiremos la exten- sión excesiva de los aforamientos para devolverlos a una concepción limitada y justificada, conforme a la Constitución y a los estándares eu- ropeos.”
“67 LA INDEPENDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES UNA PRIORIDAD DEMOCRÁTICA. El Tribunal Constitucional debe ser percibido y funcionar como una institución jurídica independiente, no como una prolongación de las mayorías políticas. Ningún candidato po- drá haber ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores y estableceremos un régimen estricto de incompatibilidades. Reforzar la independencia, la autoridad y la legitimidad del Tribunal Constitucional es esencial para que los límites al poder sean creíbles y las reglas cons- titucionales sean respetadas por todos. Ningún magistrado participará en la decisión sobre la constitucionalidad de una norma en cuya elabo- ración o impulso haya participado desde el Gobierno o la Administra- ción.”
“68 LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL DEBE LLEGAR A TIEMPO. La protección de la Constitución pierde eficacia cuando las decisiones llegan después de que el daño institucional se haya producido. Los re- cursos de inconstitucionalidad contra leyes que afecten a derechos fun- damentales se resolverán en noventa días. Ampliaremos el recurso pre- vio de inconstitucionalidad a las leyes orgánicas sobre los poderes del Estado y las instituciones de relevancia constitucional. Se publicarán los asuntos pendientes, las normas de reparto y el sentido del voto de cada magistrado una vez resuelto el asunto. El Tribunal aprobará en seis me- ses un código ético que proteja el secreto de sus deliberaciones y fije consecuencias para las filtraciones. Ampliaremos en la ley las causas de abstención y recusación de los magistrados.”
“69 Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO SERÁ UNA SEGUNDA INSTANCIA SOBRE EL TRIBUNAL SUPREMO. El recurso de amparo protegerá los derechos fundamentales, pero no servirá para volver a re- visar la interpretación de la legalidad ordinaria que corresponde al Tri- bunal Supremo. Reformaremos la legislación procesal y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para delimitar con claridad qué recursos de amparo admite y qué efectos tienen sus decisiones.”
“70 EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO NO DEPENDERÁ DEL GO- BIERNO. La Fiscalía debe defender la legalidad, no los intereses políti- cos de quien ocupa el poder. Aprobaremos un nuevo Estatuto del Mi- nisterio Fiscal. El fiscal general tendrá un mandato único de cinco años y, como recomienda la Comisión Europea, no cesará con el Gobierno que lo propuso. El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre su idoneidad será preceptivo y vinculante para su nombramiento. Su procesamiento conllevará el cese inmediato y automático.”
“71 LA IMPARCIALIDAD DE LA FISCALÍA PROTEGERÁ A CADA FISCAL. Reforzaremos el Consejo Fiscal para revisar las órdenes contro- vertidas y proteger la autonomía profesional. Regularemos el reparto de asuntos y la resolución de discrepancias. Los nombramientos y ascen- sos responderán a criterios objetivos y necesitarán el respaldo del Con- sejo Fiscal. La Fiscalía gestionará su presupuesto y su organización inter- na con autonomía. Sus comunicaciones con el Gobierno serán escritas y públicas, salvo las materias legalmente reservadas.”
“72 LOS JUECES ELEGIRÁN A LOS JUECES. Los jueces y magistra- dos de todas las categorías elegirán a los doce vocales judiciales del Con- sejo General del Poder Judicial. Mantendremos la evaluación pública de méritos de los ocho juristas que designan las Cortes. Extenderemos a to- dos los vocales la incompatibilidad por haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores a su elección. Adaptaremos el sistema de renovación para impedir que el bloqueo parlamentario paralice el Con- sejo. Las plazas del Tribunal Supremo se cubrirán por concurso reglado de méritos, con decisiones motivadas y públicas, exigiendo que en la antigüedad mínima de veinte años en la carrera judicial que ya exige la ley no se compute el tiempo en servicios especiales por el desempeño de cargos políticos. Los jueces y fiscales que hayan ocupado cargos polí- ticos no podrán volver a juzgar ni a ejercer la acusación hasta cinco años después de su cese.”
“73 PROTEGEREMOS LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES. Re- forzaremos en la Ley Orgánica del Poder Judicial su amparo frente a las presiones políticas y mejoraremos los medios materiales y tecnológi- cos de juzgados y tribunales. Fortaleceremos la protección penal frente a amenazas, coacciones e injurias graves y estableceremos sanciones administrativas para intimidaciones que no constituyan delito. Los Re- glamentos de las Cámaras impedirán citarlos para responder por sus actuaciones judiciales.”
“74 LA ABOGACÍA DEL ESTADO NO DEFENDERÁ INTERESES PARTICULARES DE LOS ALTOS CARGOS. Reformaremos su Regla- mento para que el ejercicio de acciones judiciales en nombre de un miembro del Gobierno requiera una justificación expresa del interés general y de su relación con las funciones del cargo. La asistencia jurídi- ca pública no podrá utilizarse para pleitos particulares ajenos al ejercicio legítimo de esas funciones.”
“82 LOS CORRUPTOS DEVOLVERÁN LO ROBADO. Restablece- remos las penas por malversación. Reforzaremos la Oficina de Recu- peración y Gestión de Activos para localizar y administrar los bienes procedentes de los delitos que se hayan cometido. Incorporaremos sin demora a la legislación española el marco penal europeo contra la co- rrupción para reforzar la persecución de estos delitos y el castigo a sus responsables.”
“131 IMPEDIREMOS LOS HOMENAJES A ETARRAS Y LA POLÍTICA PENITENCIARIA EXIGIRÁ COLABORAR CON LA JUSTICIA. Haremos efectiva la prohibición de los homenajes a terroristas y haremos respon- sable a la autoridad que los permita o financie. Además, reforzaremos la exigencia de colaboración con la Justicia para acceder a los benefi- cios penitenciarios: no habrá tercer grado ni libertad condicional para los condenados por terrorismo sin arrepentimiento veraz y sin una colabo- ración efectiva y verificable con la Justicia para esclarecer los asesinatos aún sin resolver. Daremos a la Audiencia Nacional, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil los medios para revisar todos los casos, uno por uno.”
“69. Ofrecer un servicio de justicia gratuita para víctimas de abusos inmobiliarios, priorizando aquellas familias que residen en zonas declaradas tensionadas. Se protegerá en particular a los inquilinos de viviendas procedentes de alquiler asequible adquiridas por fondos de inversión.”
“112. Promover una justicia laboral más eficaz. Hacer más accesible y rápida la justicia laboral, mejorando la información y el acompañamiento jurídico a las personas trabajadoras, agilizando las reclamaciones y reforzando la jurisdicción social y los mecanismos de resolución de conflictos.”
“194. Crear juzgados especializados en violencia contra la infancia en el despliegue integral de la LOPIVI, instando a las CC.AA. a la implantación efectiva de la figura del Coordinador de Bienestar y la extensión del modelo Barnahus.”
“223. Desarrollaremos la figura de la persona facilitadora procesal, para cubrir las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad relacionadas con la comprensión, comunicación e interacción con el entorno de los actos procesales en los que deban participar.”
“337. Garantizar la valoración forense del riesgo en todos los juzgados de violencia sobre la mujer, mediante equipos multidisciplinares especializados.”
“346. Incorporar la agravante de género en los delitos económicos, cuando la víctima sea la esposa, exesposa o mujer con la que exista o haya existido una relación de pareja.”
“349. Tipificar como delito específico la creación y difusión de deepfakes sexuales, adaptando el Código Penal a los desafíos planteados por la inteligencia artificial generativa.”
“352. Establecer medidas cautelares y penas digitales, incluyendo la prohibición de acceso a redes sociales y servicios de mensajería utilizados para delinquir, así como órdenes de alejamiento digital.”
“414. Culminar la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas «terapias de conversión», retomando la iniciativa legislativa impulsada durante la anterior legislatura.”
“Protegeremos mejor a las víctimas, empezando por los niños y niñas, reforzaremos la autonomía de la Fiscalía y sustituiremos por fin la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.”
“432. Extender a todo el territorio el modelo Barnahus y ampliar las secciones de violencia sobre la infancia, para que ningún niño o niña víctima tenga que relatar lo vivido más de una vez.”
“433. Aprobar una nueva ley de justicia gratuita que amplíe su cobertura a colectivos como las víctimas de abusos inmobiliarios y mejore las condiciones del turno de oficio, y reforzar las Oficinas de Atención a las Víctimas y la formación especializada en violencia de género para evitar la revictimización.”
“434. Ampliar las plantillas judiciales y fiscales y acabar con el abuso de la temporalidad mediante un proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos, respetando los principios de mérito y capacidad.”
“435. Reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal con pruebas anonimizadas y casos prácticos, un sistema público y opcional de preparación y el blindaje de las Becas Seré, y reforzar la transparencia con un registro público de preparadores, autorización de compatibilidad para quienes preparen oposiciones y la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales y fiscales.”
“436. Reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, con un mandato de cinco años para la Fiscalía General del Estado desvinculado de la legislatura y la prohibición de instrucciones del Gobierno sobre casos concretos, y aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la de 1882 y atribuya la investigación a la Fiscalía bajo supervisión judicial.”
“437. Modernizar la Administración de Justicia con la digitalización y la inteligencia artificial para agilizar los procedimientos y las reclamaciones frecuentes, extender el lenguaje claro en las resoluciones y actualizar el Derecho de familia y sucesiones, incluida la regulación del legado digital.”
“438. Seguir combatiendo la ocupación ilegal de viviendas. Sobre la base de la puesta en marcha de juicios rápidos para el allanamiento de morada y la usurpación que existen desde 2025, seguiremos combatiendo las mafias de la ocupación y dando recursos a los juzgados de guardia para tramitar de forma ágil y efectiva estos delitos.”
“• Promover ante la Justicia el procesamiento a Pedro Sánchez y su gobierno por traición y delitos contra la seguridad del Estado por su actuación durante la invasión sufrida en Ceuta.”
“80. Reducción de la edad de responsabilidad penal del menor y plantear la eliminación de inimputabilidad para ciertos delitos violentos como los homicidios o las agresiones sexuales.”
“100. Independencia y despolitización de la Justicia. Modi - ficar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce vocales de procedencia judicial del Consejo Ge - neral del Poder Judicial sean elegidos mediante voto personal, directo y secreto por y entre los propios jue - ces y magistrados, terminando con el sistema de cuo - tas partidistas. Acabar con la colonización partidista de cualquier institución judicial. Garantizar la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independen - cia del Fiscal General del Estado.”
“101. Liberar el Tribunal Constitucional de las manos de los políticos. El control de la constitucionalidad de las le - yes no puede depender de un órgano político. Velar por el respeto del papel funcional del Tribunal Supremo y evitar que el Tribunal Constitucional actúe como un tri - bunal extraordinario por encima del mismo.”
“Reforma integral del sistema judicial que deje atrás los desvaríos ideológicos de este Gobierno y permita que los españoles puedan contar con una Ad - ministración de Justicia rápida y eficiente.”
“Ilegalización de los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que atenten contra la soberanía e inde - pendencia de España, su unidad e integridad territorial.”
“106. Revertir y poner fin a la gravísima degradación insti - tucional promovida desde el Gobierno de Sánchez, la cual amenaza con romper la unidad y la igualdad de los españoles y quebrar nuestro Estado de Derecho. Máximo respeto por la actuación de todos los servido - res públicos en su lucha contra la corrupción. Mayores medios y recursos a los juzgados y las unidades de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía especia - lizadas en la lucha contra la corrupción.”
“107. Lucha contra la corrupción. Auditoría integral de to - das las Administraciones con el fin destapar cualquier indicio de corrupción y llevarlo ante la Justicia. Refor - zaremos la responsabilidad patrimonial personal de los cargos públicos condenados por delitos de corrupción, garantizando que respondan con todos sus bienes pre - sentes y futuros por la totalidad del perjuicio econó - mico causado a las arcas públicas, hasta su completa recuperación de los fondos públicos desviados.”
“Aprobación de una ley que impida de forma efectiva el enaltecimiento del terrorismo, homenajes a terroristas, actos de humillación de las víctimas o ata - ques a instituciones y símbolos de España.”
“Promover la investigación de todos los crímenes de ETA aún no re - sueltos e impulsar la consideración de todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA como crímenes de lesa humanidad, para que no prescriban nunca.”
“● Pondremos en marcha de inmediato una Comisión de Investigación Parlamenta - ria encargada de auditar de forma exhaustiva la gestión de la SAREB desde su creación en 2012. La comisión analizará las desinversiones realizadas a fondos buitre a precio de saldo y depurará responsabilidades políticas, contables y patri - moniales por los más de 15.000 millones de euros de dinero público perdidos y los 35.000 millones de deuda absorbidos por el Estado.”
“● Suspensión cautelar automática del régimen de visitas: Estableceremos la sus - pensión cautelar automática del régimen de visitas, estancia y comunicaciones respecto al progenitor investigado por violencia machista, violencia vicaria, deli - tos contra la libertad sexual o violencia grave a menores, manteniéndose mientras exista riesgo.”
“● Prohibición del SAP y pseudociencias: Cumpliremos de forma efectiva la prohi - bición del Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías equivalentes mediante el control de informes periciales, formación obligatoria a la judicatura, fiscalía y equipos psicosociales, y procedimientos ágiles para impugnar resoluciones basa - das en estos planteamientos.”
“● Juzgados especializados y centros de crisis 24 horas: Crearemos más Juzgados de Violencia sobre la Mujer y dotaremos adecuadamente de personal y recursos a los Centros de Crisis 24 horas.”
“● Juzgados especializados y Fiscalía de Infancia: Dotaremos adecuadamente de recursos presupuestarios, materiales y humanos a la Fiscalía y a los Juzgados especializados en violencia contra la infancia creados por la Ley Orgánica 1/2025 y la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.”
“● Justicia adaptada: Crearemos secciones de infancia y adolescencia en los tribu - nales y extenderemos de forma generalizada la prueba preconstituida hasta los 18 años.”
“● Reforma de la Ley de Segunda Oportunidad: Reformaremos de forma integral la Ley de Segunda Oportunidad con el fin de evitar que las personas emprendedoras queden condenadas a una situación de ruina permanente tras el fracaso de un proyecto empresarial.”
“● Restablecimiento de la jurisdicción universal y ratificación de convenios: Recu - peraremos plenamente la jurisdicción universal para que los tribunales nacionales puedan perseguir violaciones graves de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Ratificaremos la Convención sobre la imprescriptibilidad de los críme - nes de guerra y de lesa humanidad. Apoyo político y financiero pleno a la Corte Penal Internacional frente a cualquier presión o sanción.”
“● Aboliremos de forma definitiva la pena de muerte, que el artículo 15 declara abolida «salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra».”
“● Actuaremos de manera firme contra las empresas corruptoras con el estableci - miento de sanciones que impidan la contratación pública con sociedades impli - cadas en tramas de corrupción juzgadas.”
“● Reforzaremos la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y crearemos la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vin - culados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa y no solo ligada al ámbito penal.”
“● Pondremos en marcha inmediatamente la nueva Autoridad de Protección del In - formante, con el personal y los medios necesarios para que quienes denuncien tengan garantías reales de protección.”
“● Eliminaremos la atenuante de dilaciones indebidas en los casos de corrupción para evitar el alargamiento interesado del procedimiento judicial con el objetivo de reducir las condenas.”
“● Haremos efectivas las sanciones en casos de corrupción para que las empresas y personas condenadas no puedan contratar con el sector público durante veinte años.”
“● Ampliaremos las obligaciones de todos los cargos electos y altos cargos de la ad - ministración de la publicación de la agenda de reuniones y contactos con lobbies.”
“● Auditoría de la deuda y de las políticas públicas. Queremos saber a quiénes y a qué empresas se ha beneficiado con dinero público. Es imprescindible para po - der ejercer un mejor control sobre el gasto público.”
“● Haremos efectivo el mandato de que las personas penadas o privadas de liber - tad siguen formando parte de la sociedad, y sus derechos y libertades no deben verse limitados más allá de lo previsto constitucionalmente. Abandonaremos el concepto de relación de sujeción especial como herramienta para la limitación de derechos y asumiremos la doctrina del Tribunal Constitucional desde el año 2020.”
“● Profundizaremos en marcos legales para evitar la instrumentalización política de las FCSE, y crearemos estructuras organizativas menos burocráticas, más ho - rizontales y flexibles.”
“● Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial para que ningún partido pueda volver a bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los vo - cales del turno judicial se seguirán eligiendo por mayoría de tres quintos, pero si en dos meses no hay acuerdo, las Cámaras podrán elegirlos en segunda votación por mayoría absoluta. Además, el nuevo Consejo podrá constituirse con los vocales ya elegidos, aunque falten los del turno de juristas.”
“● Responsabilidad de jueces por dolo o culpa grave: Recuperaremos el derecho de las personas perjudicadas a reclamar directamente al juez o magistrado que les haya causado daños por dolo o culpa grave, un derecho que suprimió la reforma de la LOPJ de 2015 del PP, al igual que esa posibilidad existe para cualquier otra profesión en nuestro país. La demanda solo podrá presentarse cuando la resolu - ción sea firme, el Ministerio Fiscal intervendrá siempre como garante de la inde - pendencia judicial y la sentencia nunca alterará el fallo original.”
“● Juzgados de violencia sobre la mujer especializados: Garantizaremos la espe - cialización de los juzgados de violencia sobre la mujer, que estarán en manos de profesionales con formación y experiencia real en esta materia. Si no hay especia - listas para una plaza, tendrá preferencia quien haya servido al menos tres de los últimos cinco años en estos órganos, o seis de los últimos diez en el caso de las Audiencias. Los años trabajados en violencia sobre la mujer contarán como orden penal a efectos de carrera. Además, abriremos por una sola vez una vía extraor - dinaria para que quienes acrediten dos años de experiencia obtengan el título de especialista, con curso y evaluación.”
“● Incompatibilidad total de jueces y magistrados: Estableceremos la incompatibi - lidad total de jueces y magistrados con cualquier actividad remunerada ajena a la carrera judicial, porque la Constitución exige que su régimen de incompatibilida - des asegure «la total independencia» de quienes juzgan (art. 127.2 CE). Eliminare - mos la excepción que hoy permite cobrar de universidades privadas, academias, empresas, despachos o fundaciones por dar clases, conferencias o preparar opo - sitores. La única formación que podrán impartir será en el sistema público que asumirá la preparación de futuros jueces.”
“● Más jueces y fiscales: Aprobaremos un plan plurianual de plazas para que España alcance en dos legislaturas la media europea de jueces y fiscales por habitante, de modo que el refuerzo de la justicia no dependa de la voluntad del gobierno de turno. Hoy tenemos menos de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de más de 17. Priorizaremos las especialidades más saturadas: violencia sobre la mujer, menores, social, mercantil, medio ambiente y delitos eco - nómicos y de corrupción. También cubriremos con plazas fijas los equipos que hoy no llegan, como forenses, equipos psicosociales y unidades de valoración integral de la violencia de género. Convocaremos cada año las plazas de letrados de la Administración de Justicia y de los cuerpos de gestión, estabilizaremos al personal interino e incentivaremos los destinos de difícil cobertura para que ningún juzgado funcione a medio gas.”
“● Justicia digital. Modernizaremos de una vez los juzgados. Acabaremos con el pa - pel en los juzgados y con los sistemas informáticos incomunicados mediante una ley estatal de justicia digital con plazos obligatorios y financiación finalista para las comunidades autónomas. El Estado fijará estándares comunes y obligatorios de interoperabilidad, de forma que un expediente pase de un juzgado a otro en un clic. Los fondos irán vinculados a resultados medibles: expediente judicial electró - nico en todos los órdenes, sedes judiciales accesibles, salas de videoconferencia y salas Gesell para declaraciones de menores y víctimas, espacios separados para víctimas de violencia machista y ciberseguridad.”
“● Justicia gratuita y turno de oficio: Ampliaremos el derecho a la asistencia jurídica gratuita y reforzaremos el turno de oficio, para que defenderse ante un tribunal no dependa de lo que cada persona tenga en la cuenta corriente. Subiremos los umbrales de renta que dan acceso al derecho y extenderemos el derecho a más colectivos: personas amenazadas de desahucio, víctimas de violencia sexual y vicaria, y personas migrantes en todos los procedimientos que afecten a sus dere - chos fundamentales. Aumentaremos la financiación del turno de oficio y actualiza - remos los baremos para que la abogacía de oficio cobre lo que vale su trabajo. En las comunidades donde la gestión corresponde al Estado y en los asuntos ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, agilizaremos la tramitación y estableceremos pagos con un plazo máximo legal para acabar con meses de retraso.”
“● Introduciremos servicios de justicia restaurativa de carácter público y universal para todo el territorio, y en todas las fases del proceso penal y penitenciario. Para ello el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas deberán impulsar una legislación que así lo disponga y disponer la dotación de los medios materiales y personales adecuados.”
“2. Derogar la Llei mordassa. La Llei Orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana es va dis- senyar per reprimir, principalment, els moviments socials, les persones i les organitzacions que llui- ten i protesten per drets i llibertats que mereix la població. En aquest sentit, cal derogar aquesta Llei i revisar tot el marc normatiu que restringeix drets fonamentals, com ara els de protesta, mobilitza- ció i llibertat d’expressió. La llei mordassa, mentrestant, no s’hauria d’aplicar en els territoris amb les competències de seguretat transferides, perquè puguin usar íntegrament la seva pròpia norma en aquesta matèria.”
“3. Suprimir els delictes d’ofensa als sentiments religiosos i d’injúries i calúmnies contra la Corona i contra les assemblees legislatives. Eliminar del Codi Penal aquestes previsions que privile- gien determinades persones i institucions per sobre d’altres. La seva presència en la legislació penal resulta contraria al principi d’igualtat davant la llei. Cal posar fi als tipus penals que s’usen per com- batre la dissidència política i aplicar càstigs exemplars.”
“41. Crear el Consell de Justícia de Catalunya. Estructurar el govern judicial propi a Catalunya i, per a això, cal impulsar la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial per fer possible la creació d’un Consell de Justícia de Catalunya, com a òrgan desconcentrat del CGPJ, amb seu a Barcelona i com- petències sobre govern judicial, territorial, nomenaments, formació, inspecció, disciplina, organitza- ció i planta.”
“100. Millorar la investigació i la resposta judicial davant els delictes d’odi racistes i xenòfobs. Reforçar la formació especialitzada de jutges, magistrats i fiscals en la identificació de la motivació racista i xenòfoba i l’aplicació efectiva dels delictes d’odi i de les circumstàncies agreujants.”
“212. Garantir més recursos judicials per agilitzar els procediments i acabar amb la impunitat. Cal continuar apostant pel desplegament de noves places de jutges i jutgesses a Catalunya, garantint el compliment de l’acord a iniciativa d’Esquerra Republicana per incorporar 180 places entre 2026 i 2027 per accelerar els tràmits judicials, especialment els derivats de processos de reincidència, el cost del qual, per al Govern, serà de 20 milions d’euros anuals. Defensar també una distribució terri- torial de les places d’acord amb la càrrega de treball dels òrgans judicials.”
“213. Millorar la resposta penal davant els delictes amb armes i el robatori de cable. Promoure una revisió del tractament penal de la tinença i l’ús il·lícit d’armes de foc, la possessió d’armes blanques prohibides i els robatoris de cable, amb l’objectiu d’incrementar-ne les penes.”
“Dotación suficiente de prazas xudiciais e de financiamento para medios materiais e humanos nas seccións de violencia sobre a muller dos tribunais de instancia, e reorganización da comarcalización das seccións de Ourense e Santiago de Compostela, sen estendela a Lugo e Pontevedra, para corrixir os desequilibrios territoriais e as dificultades que supón para as vítimas os desprazamentos.”
“Derrogación íntegra da Lei Mordaza por favorecer a discrecionalidade policial, a criminalización do dereito de reunión e manifestación e afondar na indefensión das e dos cidadáns. Especialmente a supresión da desobediencia e resistencia á autoridade, que é considerada unha infracción grave, igual que a negativa a identificarse ou a falta de consideración a algún axente das Forzas e Corpos de Seguranza do Estado. Debe tamén prohibirse o uso de pelotas de goma, as devolucións en quente e eliminarse o principio de presunción de veracidade que se outorga ás declaracións (denuncias, actas ou atestados) das e dos axentes.”
“Derrogación da prisión permanente revisábel, por ser unha forma encuberta de manter a cadea perpetua e ir en contra do principio de reinserción social, así como das medidas de liberdade vixiada unha vez cumprida a pena, baseadas nunha análise subxectiva sobre a “perigosidade” das persoas e en contradición cos principios de rehabilitación e de reinserción social. Así mesmo, traballar para que se garanta o cumprimento das penas impostas aos galegos e galegas en Galiza, ademais do traslado dos que xa están a cumprir penas de prisión noutros territorios do Estado.”
“Derrogación do delito de desordes públicas agravadas, por limitar e afectar o libre exercicio dos dereitos fundamentais de reunión e manifestación, así como do resto de condutas tipificadas como delito que atentan directamente contra o dereito de liberdade de expresión (inxurias contra a Coroa, os Exércitos, as Forzas e Corpos de Seguranza, o Goberno e outras institucións do Estado, do escarnio de crenzas relixiosas ou das denominadas ofensas ou aldraxes aos símbolos nacionais, entre outros).”
“Transferencia a Galiza das competencias en materia de Institucións Penitenciarias co obxectivo de avanzar cara á unha lexislación penitenciaria actualizada e máis garantista e respectuosa cos dereitos fundamentais da poboación reclusa, reducindo as sancións por illamento, reforzando o papel das xuntas de tratamento e recoñecendo dereitos de sindicación ás persoas presas que traballen, entre outras medidas.”
“Inhabilitación directa de cargos públicos e representativos que cometan fraude fiscal ou cando se detecten operacións económicas propias —ou en conivencia co seu contorno familiar e profesional— a través de paraísos fiscais, así como medidas de control exhaustivo das vías de evasión fiscal, evitando que o capital defraudado encontre refuxio en paraísos fiscais ou en contas noutros Estados.”
“- Garantirem l'anonimat i protecció de les persones denunciants de casos de corrupció per llei, mitjançant una bústia ciutadana anònima que permeta que la ciutadania, funcionaris inclosos, puguen denunciar irregularitats en la contractació sense por a represàlies.”
“- Impulsarem el Servei de Justícia Gratuïta com a dret constitucional de la ciutadania mitjançant la dignificació de la feina dels lletrats i procuradors, amb unes retribucions dignes i una formació contínua.”
“- Impulsarem mesures destinades a la preparació de les proves selectives de les persones que no tinguen recursos econòmics, tot i garantint els principis de publicitat, equitat i lliure concurrència.”
“Garantirem l’obligatorietat i avaluació de la formació especialitzada en matèria de gènere no només en les oposicions a Judicatura, Escola Judicial i formació continua anual, impartida pel Consejo General del Poder Judicial, així com als jutges i jutgesses ja en actiu.”
“- Impulsarem la institucionalització dels sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, com ara la mediació i l'arbitratge, per tal de reduir la càrrega de treball dels jutges.”
“- Adequarem els mitjans materials i personals a les necessitats actuals, tot prioritzant-ne l'adscripció de recursos als funcionaris públics amb competències en la lluita contra la corrupció, i el reforç a les unitats de suport de la Policia, de l'Agència Tributària i de la Intervenció dels òrgans judicials i fiscals.”
“- Dotarem els jutjats i a Fiscalia de les unitats de suport i de professionals del peritatge necessaris per a la seua màxima eficàcia. Garantirem que les fiscalies compten amb el mitjans suficients per a desenvolupar la seua tasca.”
“- Impulsarem la creació de deu nous jutjats, la revisió dels mètodes de treball i l’organització de les plantilles de l'oficina judicial i renovació accelerada del parc informàtic.”
“- Garantirem que el Consejo General del Poder Judicial funcione amb independència i siga triat amb criteris de mèrit i capacitat tenint en compte la sobirania del poble. Potenciarem el caràcter col·legiat del CGPJ i en disminuirem l'excessiu presidencialisme.”
“Reforma de l'article 231 de LOPJ per garantir a la ciutadania l'exercici del dret a utilitzar qualsevol de les llengües oficials de l'estat espanyol en l'àmbit de l'Administració de Justícia. Cal que els magistrats, membres del Ministeri Fiscal i funcionaris de l'Administració de Justícia acrediten un coneixement de la llengua oficial pròpia del lloc on estiguen servint, per tal de donar compliment a allò establert a l'article 120.2 de la Constitució Espanyola, que prescriu que les actuacions judicials seran predominantment orals.”
“- Impulsarem la modificació de la Llei Orgànica de Responsabilitat Penal del Menor, ja que representa un clar retrocés en oferir una resposta punitiva i vindicativa cada vegada més pròxima al dret penal de les persones adultes, tot relegant els principis de reeducació i reinserció. Defensarem un model de justícia penal progressista amb mitjans econòmics, materials i humans suficients inspirat en l'interès superior del i la menor, no adreçat a satisfer el populisme punitiu ni l'alarma social.”
“- Promourem la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial per a permetre a les autoritats investigar i processar tota persona sospitosa d’un crim de dret humanitari internacional, amb independència del lloc en què s’haja perpetrat el delicte o la nacionalitat de la persona acusada o víctima.”
“• Aplicar procesos abreviados para la solicitud y reconocimiento de las figuras e instrumentos básicos de protección laboral y social, como las prestaciones por desempleo o las ayudas para colectivos vulnerables.”
“• Eliminar los delitos del código penal que restringen la libertad de expresión y opinión. Por ello propon - dremos despenalizar los artículos sobre las criticas a la corona y las instituciones del estado como los gobiernos o las fuerzas de seguridad; las que penalizan y censuran la critica a sentimientos religiosos, que amparan la censura ideológica frente a la religión; también los artículos sobre el enaltecimiento del terrorismo que permiten una interpretación tan amplia y subjetiva que supone la criminalización de ex - presiones artísticas, humorísticas o de critica política.”
“• Delimitar el concepto de “discurso de odio” para que cumpla con el objetivo de proteger a colectivos vul - nerables, discriminados o sectores sociales que, efectivamente, reciban odio por su condición social, se - xual, ideológica, religiosa, de origen o raza para evitar la instrumentalización sobre esta figura que secto - res no discriminados o instituciones del estado utilizan para perseguir la disidencia política o ideológica.”
“• Garantizar la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria a todas las personas presas y poner fin a todas las medidas de excepción en esta materia. Las decisiones penitenciarias deberán adoptarse de for - ma individualizada, conforme a los requisitos y garantías establecidos por la ley.”
“01 Reforzar la prevención, investigación y persecución de los delitos de odio contra las personas LGTBIQ+, mediante formación especializada y aplicación efectiva de la legislación penal.”
“03 Favorecer la reforma del Código Penal en los delitos relacionados con la expresión de opiniones sobre la Corona, las instituciones y los símbolos del Estado, adecuando la legislación a los estándares europeos de libertad de expresión.”
“04 Favorecer la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar una jurisdicción universal efectiva, facilitando la investigación de crímenes internacionales graves y promoviendo la ratificación de los instrumentos internacionales correspondientes.”
“05 Rechazar la prisión permanente revisable y defender un sistema penitenciario orientado a la reeducación y la reinserción, respetuoso con los derechos de las personas privadas de libertad.”
“03 Promover órganos judiciales especializados en infancia y adolescencia en Euskadi, con profesionales formados y procedimientos adaptados a sus necesidades para evitar la revictimización.”
“01 Favorecer las reformas necesarias para que la organización judicial culmine en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ante el que se agoten las sucesivas instancias procesales, incluidos los recursos de casación o la última instancia que proceda, con la única excepción de la jurisdicción reservada al Tribunal Supremo.”
“02 Impulsar la creación de un Consejo Vasco de Justicia, con capacidad para ejercer las funciones de gobierno del Poder Judicial en Euskadi que le atribuya el nuevo marco jurídico.”
“03 Promover el reconocimiento de la Ertzaintza como Policía judicial en el ámbito vasco, con capacidad plena para ejercer las funciones correspondientes.”
“2. Justicia de calidad al alcance de todos. La justicia gratuita actualmente es lenta y de mala calidad; nadie merece ser condenado por el mero hecho de no tener ingresos.”
“3. Aumento de las penas por corrupción, que deben extenderse también a los partidos po- líticos como personas jurídicas. Garantizar la devolución completa de los fondos públicos objeto del delito.”
“Por todo ello, desde PACMA trabajaremos por la supresión de la pena de multa como alternativa a la pena de prisión, así como por un aumento de la pena de prisión que, en el tipo agravado, esté por encima de los cinco años. Consideramos fundamental, además, una ampliación de la inhabilitación para la tenencia o ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales del máximo posible, pues, quién ha maltratado cruelmente a un animal no debería volver a tener otro animal bajo su cuidado nunca.”
“Consideramos necesaria la creación de una unidad especializada en protección animal en la Fiscalía General del Estado, responsable de la coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en esta materia, unificando los criterios de actuación, para lo que podrá proponer al Fiscal General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones, con la finalidad de ofrecer una respuesta efectiva frente a los ilícitos penales contra los animales. Asimismo, ejercitará la acción pública en cualquier tipo de procedimiento, directamente o a través de instrucciones impartidas a los delegados, exigiendo las responsabilidades que procedan, y elaborará un informe anual sobre los procedimientos seguidos y las actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de protección animal, que será incorporado a la memoria anual presentada por el Fiscal General del Estado.”
“- Formación especializada en violencia machista de todos los estamentos de la Justicia (judicatura, fiscalía, abogacía, medicina forense y personal al servicio de la administración de justicia).”
“6. Prohibición de los desalojos extrajudiciales e ilegalización de empresas de desokupación. Prohibiremos los desalojos extrajudi - ciales y perseguiremos el acoso inmobiliario, entendido como toda acción u omisión dirigida a perturbar el uso y disfrute pacífico de una vivienda, generar un entorno hostil o humillante o forzar a sus ocupantes a abandonarla o adoptar decisiones contra su voluntad. Impulsaremos la ilegalización y desarticulación de los grupos violentos que operan bajo la apariencia de empresas de desokupación como “Desokupa” y tipificaremos la definición de “acoso inmobiliario” y reforzaremos las sanciones contra quienes, con ánimo de lucro, recurran a la intimidación, las amenazas, las coacciones o la violencia contra personas en situación de vulnerabilidad económica o social. Asimismo, habilitaremos mecanismos para cerrar las páginas web que ofrezcan estos servicios ilegales y garantizaremos que ningún desalojo pueda realizarse al margen de los procedimientos judiciales y de las garantías legalmente establecidas.”
“99. Investigación y persecución judicial de soldados y autoridades israelíes. En ejercicio de la jurisdicción universal, promoveremos la investigación de los crímenes cometidos en Palestina por miem - bros del ejército y autoridades israelíes, así como por cualquier otra persona respecto de la que existan indicios de responsabilidad penal. Impulsaremos la cooperación de España con la Corte Penal Inter - nacional, el cumplimiento de las órdenes de detención que resulten jurídicamente aplicables y el uso de los mecanismos de coopera - ción judicial previstos en el derecho internacional y en la legislación española. Asimismo, reforzaremos la capacidad de las autoridades competentes para recopilar y preservar pruebas, apoyar a las víctimas y determinar las responsabilidades individuales.”
“149. Modelo Barnahus. Implantar en todo el territorio del Estado espa - cios para asegurar la adaptación de las intervenciones de los y las profesionales a las necesidades de las niños y los niños víctimas de violencias sexuales, desde el enfoque de infancia y género, y reducir drásticamente los márgenes de impunidad de estas violencias.”
“Garantizar la adecuada composi - ción y la necesaria especialización de todos los operadores jurídicos, y personal forense que sirven en este ámbito, así como la asistencia jurídica a todas las víctimas.”
“156. Regular la composición y funcionamiento de los equipos técnicos adscritos a los juzgados de violencia sobre la mujer y la forma de acceso a los mismos de acuerdo con los criterios de especialización y formación. Para reforzar la asistencia letrada accesible y espe - cializada, medida fundamental para la protección de los derechos de las víctimas, además de promover la formación de este sector profesional, resulta esencial, en cumplimiento de la Disposición final vigesimoprimera de la LO 10/2022, modificar la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.”
“200. Creación de un concepto de mejora de las herencia vinculado a los cuidados. Modificación del artículo 823 del Código Civil con el objetivo de que en la herencia el tercio de mejora pueda disponerse en favor de aquellas personas que, sin perjuicio de que sean descen - dientes o no, hayan cuidado al causante.”
“201. Creación de la Fiscalía para la protección de los derechos de las personas mayores. Un órgano que velará por el goce efectivo de los derechos de las personas mayores previstos en la normativa, con especial atención a la protección frente a la violencia y a la super visión de los protocolos de salvaguarda de derechos de las personas mayores en residencias.”
“409. Supresión de los aforamientos y reducción del peso político del Tribunal Supremo. Con la supresión de los aforamientos, las salas de lo Penal de nombramiento discrecional, en especial la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tendrán menos peso político y un carácter más jurisdiccional, como tribunal de casación. Asimismo, la aplicación estricta de los principios de mérito, capacidad y paridad de género restablecerá el prestigio de sus salas, devaluado como consecuencia de la politización de su composición, determinada por el CGPJ.”
“414. Renovación y democratización del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Reformaremos la legislación para establecer mecanismos efectivos de cese y sustitución de los miembros del CGPJ y del TC una vez agotados sus mandatos, respe - tando los procedimientos de renovación. Asimismo, reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la elección de los doce vocales del turno judicial por el Congreso requiera mayoría abso - luta y el respaldo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios, garantizando el pluralismo y evitando los bloqueos. Mientras no exista una mayoría suficiente para acometer la reforma constitucional que permita su elección directa por la ciudadanía, ampliaremos la parti - cipación en la presentación de candidaturas mediante avales ciuda - danos y comparecencias públicas. Garantizaremos también que los nombramientos discrecionales respeten los principios de mérito, capacidad, transparencia y paridad de género.”
“415. Democratizar el acceso a la carrera judicial. Reformaremos el sistema de acceso y selección de la carrera judicial para combinar los principios de mérito y capacidad con mecanismos de participación ciudadana que refuercen la legitimidad democrática del Poder Judi - cial.”
“Asimismo, establece - remos un sistema de acceso a la judicatura en el cual la mitad de las plazas sean por concurso, primando la experiencia de los y las profe - sionales del derecho en el turno de oficio y justicia gratuita y la forma - ción en derechos humanos y derecho antidiscriminatorio, incluida la perspectiva de género e infancia.”
“Todos los jueces y juezas, sean cuales sean su mecanismo de acceso a la carrera deberán realizar prácticas durante al menos dos años en algún turno de oficio o servicio de orientación jurídica.”
“La preparación de las oposiciones se reali - zará a través de un posgrado universitario a precios públicos con un sistema de becas que garantice el acceso universal, que será común para el acceso a los puestos jurídicos públicos: Fiscalía, Abogacía del Estado y cuerpos superiores de la administración cuya prepara - ción es actualmente privada y generalizadamente opaca al fisco.La Escuela Judicial dejará de depender exclusivamente del CGPJ, y en su dirección y gestión participarán la Universidad y la Abogacía.”
“Impulsaremos una reforma procesal que encomiende al Ministerio Fiscal la instrucción de las causas penales bajo la supervisión de un juez o jueza de garantías, para reducir las posibilidades de la arbitrariedad judicial y homologarnos a nuestro entorno europeo, en el que la instrucción judicial es una anomalía procedente del sistema inquisitivo de instrucción penal.”
“417. Impulso del Tribunal del Jurado. Promoveremos la participa - ción democrática de la ciudadanía en la Administración de Justicia mediante la extensión de la figura del jurado popular.”
“418. Transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial. Estable - ceremos la publicación íntegra y accesible de los autos y sentencias de todos los órganos jurisdiccionales. Facilitaremos así el conoci - miento y el escrutinio público de la actividad judicial. Reformaremos el régimen disciplinario de las carreras judicial y fiscal para acabar con su carácter corporativo y garantizar que jueces y fiscales respondan por los abusos y daños que causen en el ejercicio de sus funciones, recu - perando la responsabilidad patrimonial por mala praxis. Asimismo, estableceremos la obligación de publicar declaraciones de bienes, intereses y actividades de jueces y juezas incluyendo sus ingresos y actividades ajenas a la función judicial, incluidas las relacionadas con cursos de formación y preparación de oposiciones.”
“Aumentaremos la financiación y las plantillas de la Administración de Justicia, mejoraremos las condiciones sala - riales y profesionales de todo su personal, con especial atención a la retribución digna de la abogacía del turno de oficio y reforzaremos la formación y especialización de sus profesionales especialmente, en perspectiva de género e infancia, y con los sistemas alternativos de resolución de conflictos.”
“Garantizaremos una asistencia jurí - dica gratuita digna y suficientemente financiada, así como recursos adecuados para los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, proscribiendo la privatización de los informes periciales médicos, psicológicos y sociales de las víctimas de delitos.”
“Mejoraremos la atención y protección integral de las víctimas, especialmente las más vulnerables, con el sistema “Barnahus” para la infancia, garantizando en todo caso la posibilidad de prestar declaración desde espacios amables y seguros.”
“Se modernizarán y mejorarán las medidas de protección de testigos y peritos, así como de denunciantes, espe - cialmente en casos de corrupción y crimen organizado.”
“420. Supresión de la Audiencia Nacional y redistribución de sus competencias entre los órganos de la jurisdicción ordinaria. Avanzar hacia una justicia plenamente democrática exige superar las estructuras judiciales heredadas de la Transición que mantienen una concepción centralizada y excepcional de la Administración de Justicia. Para ello, proponemos la supresión de la Audiencia Nacional, creada en 1977 en el contexto de la disolución del aparato jurisdic - cional franquista y heredera de algunas de las competencias que había ejercido el Tribunal de Orden Público, y la redistribución de sus competencias entre los órganos de la jurisdicción ordinaria, con pleno respeto a las garantías procesales, la independencia judicial, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de proximidad de la justicia.”
“421. Recuperación de la justicia universal. Derogar la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, y resta - blecer la jurisdicción universal para los crímenes contra los Dere - chos Humanos previstos con anterioridad en nuestras leyes y en los tratados internacionales, incluidas todas las formas de violencia sobre las mujeres y la infancia, incluyendo la violencia digital, para acabar con la impunidad de los delitos cometidos a través de las grandes plataformas digitales.”
“Crearemos un procedimiento judi - cial ágil, gratuito y efectivo para reclamar el cumplimiento de todos los derechos fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución y ampliaremos el acceso al recurso de amparo ante el Tribunal Cons - titucional para incluir los derechos económicos, sociales y culturales.”
“425. Investigar en profundidad el caso Pegasus y depurar todas las responsabilidades políticas y penales. Esclareceremos el alcance del espionaje realizado mediante el software Pegasus, quién lo ordenó, quién lo ejecutó y con qué autorizaciones, así como las posi - bles responsabilidades de las autoridades y organismos implicados.”
“04 Garantizar una justicia especializada y una atención integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia (directa o vicaria), extendiendo las secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia, reforzando la especialización de la Fiscalía y asegurando la formación de los profesionales implicados. Implantar el modelo Barnahus en todas las comunidades autónomas para ofrecer una atención coordinada a las víctimas de violencia sexual, evitando su revictimización y la repetición innecesaria del relato de los hechos.”
“02 Tolerancia cero con la corrupción. Establecer la responsabilidad patrimonial de los partidos en casos de corrupción y financiación ilegal, con devolución íntegra de lo defraudado. Suspensión del cargo a representantes y altos cargos cuando se acuerde la apertura de juicio oral por corrupción (garantizando la presunción de inocencia) y dimisión automática en caso de condena firme. Asi mismo: a. Inhabilitación reforzada y prolongada para cualquier cargo público y para puestos de libre designación a quien sea condenado por corrupción. b. Prohibición del indulto en los delitos de corrupción. c. Reforzar el decomiso y la recuperación de activos de origen ilícito, persiguiendo el patrimonio injustificado de los cargos públicos. d. Dotar de más medios a la Fiscalía Anticorrupción y a los juzgados especializados, y garantizar plazos de instrucción suficientes para las tramas complejas. e. Excluir de las listas electorales y de los contratos públicos a las personas y empresas condenadas por corrupción. f. Reducir los aforamientos al mínimo imprescindible. g. Refuerzo de protección y anonimato a la persona denunciante de corrupción.”
“Reforzar la independencia del Poder Judicial respecto al poder político mediante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificando el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).”
“Mantener la elección parlamentaria de los 8 vocales juristas, 4 por el Congreso y 4 por el Senado, conforme al artículo 122.3 de la Constitución, y establecer que los otros 12 vocales, de procedencia judicial, sean elegidos directamente por jueces y magistrados: 6 entre candidaturas presentadas por las asociaciones judiciales y 6 entre candidaturas de jueces y magistrados no asociados, garantizando la pluralidad, la representatividad y la independencia del órgano de gobierno de los jueces.”
“02 Garantizar la independencia de la Fiscalía General del Estado, reformando el sistema de elección y nombramiento de su titular para asegurar un procedimiento transparente, basado en criterios de mérito, capacidad e independencia, que reduzca la influencia del Gobierno y refuerce la autonomía del Ministerio Fiscal.”
“1. Impulsar un modelo penitenciario orientado a la justicia restaurativa, la rehabilitación y la reinserción social, promoviendo medidas que favorezcan la reparación del daño, la responsabilización y la reconstrucción de los vínculos familiares y comunitarios. Fomentar una información pública rigurosa sobre la realidad penitenciaria, combatiendo los prejuicios y la desinformación sobre las personas privadas de libertad.”
“2. Homologar las normas básicas de accesibilidad y funcionamiento de todos los centros penitenciarios —en especial el régimen de visitas—, para que los derechos de los internos y de sus familias no dependan de la cárcel en la que se encuentren. Garantizar la accesibilidad de todos los centros penitenciarios mediante transporte público, facilitando las visitas y el acceso de profesionales y entidades sociales, para evitar que el aislamiento geográfico dificulte el mantenimiento de los vínculos personales y comunitarios.”
“6. Mejorar los procesos de selección del personal penitenciario, en todas sus categorías profesionales, incorporando, además de las pruebas de conocimientos, la evaluación de las aptitudes personales, la empatía y la capacidad para ofrecer un trato digno y respetuoso a las personas internas. Asimismo, garantizar que todo el personal, sin excepciones por razón de su categoría o cargo, esté sujeto a los mismos controles de seguridad en el acceso a los centros penitenciarios.”
“Desde el 1.º día, el 100 % del sueldo público de Alvise Pérez queda bloqueado en una cuenta del Banco de España. En junio de 2030, se comparan las 119 medidas de este contrato electoral con los votos de Alvise en el Congreso de los Diputados: si no llegan al 100 %, ese dinero acumulado se lo queda España. Si SALF no entra en el Gobierno, la multa se aplica igual en base a la actividad de voto en el Congreso.”
“3 Okupa fuera en 48 horas. Inquiokupa, en 30 días. Con denuncia y título de propiedad, la Policía desaloja en 48 horas. Al que deja de pagar, juicio verbal y lanzamiento en 30 días, sin excusas de 'vulnerabilidad': a los vulnera ‐ bles los atiende el Estado, no tu casa.”
“2 Cumplimiento íntegro. Violadores, asesinos, narcos y corruptos: cumplimiento ínte ‐ gro, sin reducción ninguna ni permisos. Prisión permanente revisable por violación a menores o con lesiones graves. Tres condenas: prisión sin suspensión.”
“3 Agresores sexuales: registro público y castración química. Registro público de reincidentes, pulsera telemática de por vida y castración química voluntaria como condición de cualquier beneficio penitenciario.”
“9 Justicia en 72 horas. 2.000 jueces y 1.500 fiscales más. Juicios rápidos en 72 ho ‐ ras para multirreincidentes y delitos flagrantes. Expediente digital único en toda España. Coste: ≈ 400 M€/año.”
“10 Legítima defensa: el que entra en tu casa asume el riesgo. Presunción legal de legítima defensa en tu vivienda o nego ‐ cio, incluido el uso de armas de fuego legalmente tenidas: quien irrumpe por la fuerza o de noche asume las conse ‐ cuencias. La acusación tiene que probar el exceso, no la víctima. Licencia de arma para defensa del domicilio sin trabas para ciudadanos sin antecedentes.”
“1 La corrupción no prescribe. Cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influen ‐ cias y financiación ilegal cometidos por cargos públicos: im ‐ prescriptibles.”
“Modelo de macrocárcel SALF. Régimen cerrado de máxima seguridad para asesinos, violadores, narcos y corruptos: sin permisos, sin tercer grado, sin piscinas ni gimnasios. Cero ocio y 100 % trabajo, compensación del daño causado y reinserción obligatoria.”
“2 Sin tercer grado, sin indulto, sin permisos. Cumplimiento íntegro para condenados por corrupción y prohibición legal de indulto. El poder no puede perdonar a los que robaron para el poder.”
“3 Amnistías prohibidas en la Constitución. Indultos, nunca por política. Reforma de la Constitución para prohibir expresamente las amnistías y condicionar los indultos a requisitos que impi ‐ dan su utilización política: solicitud por el órgano jurisdiccio ‐ nal en la misma sentencia condenatoria e informe favorable del CGPJ o de un órgano ad hoc sin influencia política en su composición. Prohibición, en todo caso, de los indultos a políticos corruptos, sin excepciones. La propia Constitución exigirá tipos penales que castiguen la aprobación de amnis ‐ tías o indultos generales y la utilización política del indulto, con pena mínima de prisión. Antes de esta reforma, una úni ‐ ca excepción: indultaremos a José Manuel Lomas, el librero de 82 años condenado por defender su finca, y le concede ‐ remos la Orden del Mérito Civil.”
“4 Devuelves el triple o no sales. Responsabilidad civil del triple, decomiso de todo patrimo ‐ nio no justificado y ningún beneficio hasta restituir. El fun ‐ cionario condenado pierde la plaza para siempre; la empre ‐ sa corruptora, quince años sin contratar con el Estado.”
“5 El que denuncia cobra el 15 %. El 15 % de lo recuperado, libre de impuestos, con anonima ‐ to, protección laboral y una autoridad independiente con capacidad de sancionar.”
“6 Fiscal General independiente. Elegido por tres quintos del Congreso entre fiscales con 25 años de carrera, mandato de seis años no coincidente con la legislatura. El último nombrado por el Gobierno acabó condenado por el Supremo.”
“7 Anticorrupción con 100 fiscales. Vigilancia Aduanera y SEPBLAC al completo. La Fiscalía Anticorrupción tiene 29 fiscales y 31 funciona ‐ rios para toda España; la Antidroga, 15; Vigilancia Aduanera tiene el 54 % de sus plazas sin cubrir y el SEPBLAC recibió un 76 % más de alertas con la misma plantilla. Anticorrup ‐ ción pasa a 100 fiscales con unidad propia de peritos y au ‐ ditores; Antidroga, a 40; Vigilancia Aduanera cubre todas sus vacantes en dos años y el SEPBLAC duplica su plantilla. Presupuesto propio por ley, fuera del alcance del ministro. Coste: ≈ 120 M€/año, dentro del fondo de 400 M€ de la UCO, la UDEF y la UDYCO.”
“8 Fuera el Tribunal Constitucional: el control pasa a una sala del Supremo elegida por los jueces. Reforma de la Constitución para suprimir el Tribunal Consti ‐ tucional y atribuir la potestad de control de constitucionali ‐ dad de las leyes y de las actuaciones de los poderes públi ‐ cos a una sala especial del Tribunal Supremo. Su composi ‐ ción vendrá determinada por criterios estrictamente exclu ‐ yentes de cualquier influencia política: elección por jueces y magistrados, antigüedad y/o sorteo.”
“9 Jueces independientes: CGPJ sin políticos y cárcel para quien dé instrucciones a un juez. Reforma de la Constitución para garantizar la independen ‐ cia del Consejo General del Poder Judicial, con composi ‐ ción determinada por criterios excluyentes de cualquier in ‐ fluencia política: elección por jueces y magistrados, anti ‐ güedad y/o sorteo. Tipos penales específicos, y endureci ‐ miento de los existentes, para cualquier actuación política o judicial que comprometa la independencia judicial, como transmitir o recibir instrucciones. Las becas públicas para preparar oposiciones se concederán únicamente por mérito y capacidad.”
“10 Acción popular blindada en la Constitución. La ley no podrá vetar ni restringir el ejercicio de la acción popular a ninguna persona física o jurídica, y podrá exten ‐ der la posibilidad de ejercerla a entes sin personalidad. Na ‐ die volverá a cerrar la puerta de los tribunales a quien denuncia a un corrupto. Art.”