Vivienda

PARTIDO POPULAR · 13 medidas

“144 CONSTRUIREMOS UN MILLÓN DE VIVIENDAS. Movilizaremos suelo público y privado en colaboración con las Comunidades Autóno- mas y las entidades locales. Aprobaremos una nueva Ley del Suelo para agilizar el planeamiento urbanístico y reforzar su seguridad jurídica. Pu- blicaremos todas las parcelas públicas destinadas a vivienda para que cualquier promotor o cooperativa pueda conocerlas. Se abrirá la posi- bilidad de construir vivienda social en suelo dotacional y se permitirá el cambio de uso en suelo de oficinas y locales para transformarlo en vivienda asequible. Facilitaremos la segregación de viviendas grandes, siguiendo la experiencia de otros países europeos. Las licencias de obra nueva y de rehabilitación se resolverán en tres meses, con silencio posi- tivo. Incentivaremos la financiación de las entidades que cumplan con los objetivos nacionales de creación de suelo y movilización de suelo pú- blico. Cada año publicaremos cuántas viviendas se han iniciado y cuán- tas se han terminado, tanto en suelo público como privado.”

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“145 DEROGAREMOS LA LEY DE VIVIENDA. Recuperaremos la se- guridad jurídica que necesitan propietarios e inquilinos. Eliminaremos las zonas tensionadas y el índice de precios, que han introducido más intervención, más incertidumbre y menos oferta en el mercado del al- quiler.”

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“146 IMPULSAREMOS LOS PROYECTOS RESIDENCIALES ESTRA- TÉGICOS PARA CONSTRUIR ANTES. Crearemos, con las Comunida- des Autónomas y los ayuntamientos, una figura urbanística que unifi- que los trámites de planeamiento, gestión y ejecución de los grandes desarrollos de vivienda, con declaración implícita de utilidad pública. Reduciremos la tramitación necesaria para iniciar las obras. Eliminare- mos trámites e informes duplicados, fijaremos plazos máximos de re- solución y facilitaremos la tramitación en paralelo. Coordinaremos las actuaciones de las administraciones para reducir las esperas entre cada fase del desarrollo del suelo.”

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“147 PROMOVEREMOS LA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA. Necesi- tamos construir más viviendas y hacerlo en menos tiempo. La vivienda industrializada permite reducir plazos, mejorar la calidad y la eficiencia de los edificios y aliviar la falta de trabajadores en la construcción. Supri- miremos las barreras normativas y financieras que hoy frenan su desa- rrollo.”

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“148 FOMENTAREMOS LA REHABILITACIÓN PARA QUE CADA VI- VIENDA VACÍA O DETERIORADA VUELVA A SER UN HOGAR. Que- remos aprovechar mejor la vivienda que ya existe, recuperar edificios degradados y devolver vida a barrios y cascos históricos. La rehabilita- ción de vivienda habitual tendrá un IVA superreducido del 4%, contará con ayudas, financiación pública y avales preferentes, y podrá apoyarse en la figura del agente rehabilitador. Cuando sea necesario para hacer viable una actuación, se facilitará una mayor densidad y edificabilidad.”

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“149 FLEXIBILIZAREMOS LA REGENERACIÓN URBANA PARA CREAR MÁS VIVIENDA. Facilitaremos la renovación de barrios y edi- ficios aprovechando mejor el suelo ya urbanizado. Impulsaremos con las Comunidades Autónomas los cambios necesarios en sus leyes de suelo para facilitar los ajustes de edificabilidad y altura, las transferencias de aprovechamiento entre parcelas, el uso de la edificabilidad que no se haya consumido y las remontas para añadir plantas a edificios exis- tentes priorizando estos cambios en la vivienda de carácter social. Estas operaciones se desarrollarán dentro del mismo ámbito de actuación, con las debidas garantías de seguridad y habitabilidad.”

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“150 FACILITAREMOS EL ACCESO AL CRÉDITO PARA DESARRO- LLAR SUELO Y CONSTRUIR VIVIENDA ASEQUIBLE. Pondremos en marcha instrumentos de financiación para las fases necesarias en la construcción de la vivienda: el desarrollo del suelo, su urbanización y la construcción de vivienda asequible. Para ello movilizaremos el ICO, el Banco Europeo de Inversiones, los fondos europeos y fondos propios.”

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“151 LA FINANCIACIÓN LOCAL IMPULSARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. Vincularemos las mejoras de financiación y la flexibili- zación del uso de los superávits y los remanentes de tesorería al cum- plimiento de objetivos de suelo, construcción y puesta a disposición de vivienda pública y a precio asequible.”

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“152 FORMAREMOS E INCORPORAREMOS A LOS PROFESIONA- LES QUE NECESITA LA CONSTRUCCIÓN. Impulsaremos un plan de formación y empleo para atender las necesidades del sector y evitar que la falta de trabajadores frene la construcción de viviendas. Poten- ciaremos los planes formativos y la recualificación hacia los oficios de la construcción. Las necesidades de mano de obra del sector se podrán tener en cuenta al fijar los cupos de inmigración laboral, facilitando la contratación en origen.”

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“Ampliaremos el aval público, que cubre hasta el 20% del valor de la vivienda, a los compradores menores de 40 años, con la po- sibilidad de ampliar el límite de edad hasta los 50, para que tener unos padres con ahorros deje de ser condición para comprar una vivienda.”

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“155 CREAREMOS LA HUCHA HOGAR JOVEN. Los jóvenes meno- res de 40 años podrán aportar hasta 2.000 euros al año a una cuenta de ahorro para la compra de su primera vivienda, con una deducción fiscal del 20% de lo aportado. El límite de aportaciones acumuladas será de 40.000 euros. Los rendimientos generados estarán exentos de tri- butación siempre que el ahorro se destine a la compra de la primera vivienda. Además, podrán acceder a un aval por un importe equivalente al ahorro acumulado, hasta un máximo de 40.000 euros, para obtener financiación a un tipo de interés bonificado.”

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“156 «TRES AÑOS+». EL INQUILINO QUE CUMPLE PODRÁ QUE- DARSE Y EL PROPIETARIO QUE LO HAGA POSIBLE PAGARÁ ME- NOS. Daremos a las familias que viven de alquiler la posibilidad de esta- bilidad que hoy pierden cada vez que vence su contrato. Los inquilinos tendrán una deducción en el IRPF por el alquiler de su vivienda habitual, graduada según sus ingresos, con más apoyo para quien menos gana. El propietario particular que, al vencer el contrato de una vivienda habi- tual, lo renueve a su inquilino por tres años más subiendo la renta por debajo del IPC tendrá una deducción en el IRPF o un crédito fiscal que compense ese esfuerzo. Las familias tendrán la tranquilidad de seguir en su casa y quien se la ofrezca verá reconocido su compromiso.”

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“157 EL OCUPA SALDRÁ EN 48 HORAS POR ORDEN JUDICIAL. Aprobaremos una ley para que el propietario pueda recuperar su vivien- da en 48 horas desde el primer día. Reformaremos la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan pedir al juez el desalojo. Quien tenga su vivienda ocupada no estará obligado a pagar el agua, la luz, el gas ni los impuestos de esa vivienda mientras dure la ocupación. Se declarará nulo el empadronamiento del ocupa. Endureceremos las penas para las mafias que promuevan la ocupación ilegal de viviendas.”

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“38. Movilizar anualmente un 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda. La vivienda a precio asequible será la principal prioridad de la legislatura, con objetivos que se evaluarán de forma periódica. Se unirán a este esfuerzo todas las administraciones públicas y el ICO a través del Fondo España Crece.”

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“41. Desplegar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para continuar transfiriendo recursos presupuestarios récord a las Comunidades Autónomas para la construcción de viviendas públicas o protegidas con carácter permanente, con el objetivo de que supongan al menos la cuarta parte del total de nuevas viviendas.”

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“42. Constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante la construcción y adquisición para incrementar la oferta de vivienda para la venta o alquiler estable a precio asequible, que se sumarán a las promovidas por las comunidades autónomas y las entidades locales en el ejercicio de sus competencias. o Reinvertir los ingresos del parque estatal en nuevas actuaciones de vivienda asequible. o Garantizar las máximas exigencias de transparencia, calidad de construcción, sostenibilidad ambiental y normativa de salud laboral en la gestión.”

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“48. Potenciar la construcción industrializada, con el desarrollo del PERTE de construcción industrializada para garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad y mejorar los tiempos y costes de la edificación. El ICO actuará en tres frentes: la inversión como socio en los principales actores del sector, la financiación de la fabricación de módulos constructivos intercambiables y la financiación directa de promociones con alto grado de industrialización.”

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“58. Empoderar a los vecinos y vecinas para participar en las decisiones de la ciudad y gobernanza de los barrios, incluyendo la decisión sobre los incrementos de edificabilidad por parte de las comunidades de vecinos mediante la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.”

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“59. Ampliar la financiación de programas de rehabilitación integral de viviendas y barrios, para alcanzar, al menos, otras 550.000 viviendas, con especial atención a la adecuación y mejora de barrios vulnerables y continuar financiando actuaciones para garantizar la accesibilidad de edificios.”

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“63. Identificar y publicar desde el Ministerio de Vivienda un mapa de zonas tensionadas de vivienda que actualmente deben elaborar las comunidades autónomas en aplicación de la Ley de Vivienda y que no están realizando.”

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“68. Impulsar un modelo público de intermediación entre propietarios e inquilinos inspirado en experiencias de éxito como la del País Vasco, que ofrezca garantías de cobro, cobertura frente a incidencias y apoyo en la gestión del alquiler, movilizando viviendas vacías hacia el mercado a precio asequible al tiempo que proporciona seguridad tanto a arrendadores como a arrendatarios.”

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“74. Desarrollar un Programa de gestión y rehabilitación de viviendas vacías de personas particulares cuyo uso se ceda para alquiler a precio asequible, garantizando a la persona propietaria el pago de la renta, así como el mantenimiento de la vivienda.”

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“77. Perseguir el fraude en los alojamientos de corta duración y garantizar el cumplimiento de la normativa de precios del alquiler a través de una línea de financiación específica destinada a aumentar las inspecciones públicas en las zonas declaradas tensionadas.”

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“84. Garantizar un marco estable de protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, y creación de un mecanismo de garantía y protección frente al desalojo que dé respuesta a las emergencias habitacionales.”

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“180. Ampliar las plazas públicas de alojamiento universitario, expandiendo el compromiso ya aprobado en 2026 de crear 2.000 nuevas plazas y promoviendo acuerdos con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades públicas para aumentar la oferta a precios asequibles.”

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“213. Avanzar en la prevención y erradicación del sinhogarismo, reforzando los recursos de emergencia en colaboración con las administraciones competentes e impulsando soluciones estables de alojamiento y acompañamiento social bajo el modelo Housing First.”

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VOX · 7 medidas

“27. Las casas, en España, para los españoles. Prioridad na - cional para acceder a una vivienda protegida, social o a una ayuda al alquiler. Modificación o derogación de cuantas normativas pudieran dificultar la consecución plena y efectiva del principio de prioridad nacional.”

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“Incrementar de manera sustancial y sostenida en el tiempo la construcción de vivienda nueva: ampliación de suelo disponible, agilización de procedimientos, su - presión de trabas regulatorias innecesarias, simplifica - ción administrativa.”

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“29. Ampliación de la inversión pública en vivienda por habitante. Aumentar con urgencia la construcción de vivienda protegida para las familias españolas median - te su promoción y colaboración público-privada: cesio - nes de suelo, subvenciones, descuentos, avales a finan - ciación y créditos blandos. Ningún español vulnerable quedará sin hogar.”

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“31. Mano dura contra la okupación y la inquiocupación. Desalojo de la vivienda okupada en menos de 24 ho - ras y recuperación inmediata de la posesión por su le - gítimo titular, el propietario. Asistencia jurídica gratui - ta para los afectados y exención de impuestos y de las cargas fiscales y de suministros del inmueble mientras dure la okupación. Endurecimiento del Código penal. Tipificación de la inquiocupación como delito de estafa.”

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“32. Prohibición del arrendamiento a inmigrantes ilegales. Exigir la verificación previa de la residencia legal como requisito obligatorio para la formalización de contratos de alquiler, control del fraude en el empadronamiento por parte de okupas e inmigrantes ilegales, impidien - do que disfruten de los derechos que ello concede y fin de los pisos patera, domicilios ficticios y alojamien - tos ilegales.”

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Frente Amplio · 55 medidas

“Ampliaremos el parque público y asequible de vivienda a través de la construcción directa y delegada, la compra por tanteo y retracto, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada, la redensificación, la expropiación y el ejercicio del tanteo público con el que se incorporarán 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años (125.000 viviendas públicas/año), alcanzando la media europea (9,3 %) durante la legislatura y el 20 % del parque total en 2035.”

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“Los precios del alquiler público se toparán teniendo en cuenta el coste de la vida en cada territorio con un máximo de 600 € mensuales para inmuebles tipo de 80 m² y en cualquier caso teniendo en cuenta el coste de la vida de cada territorio para que no supere el 25 % de la renta.”

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“● Aprobación de la Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados: El proceso afectará en primera fase al stock residencial de entidades poseedoras de más de 1.000 viviendas (como Blackstone o CaixaBank), en segun - da fase a tenedores de más de 700 viviendas y en tercera fase a empresas pro - pietarias de más de 50 inmuebles. Paralelamente, adscribiremos obligatoriamente todas las fincas urbanas y suelos residenciales de la SAREB a la empresa pública Casa 47.”

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“● Modificación de la Ley del Suelo para que el uso residencial signifique exclusiva - mente vivienda habitual: La ley fijará una reserva mínima del 90 % de la edificabi - lidad residencial para vivienda habitual, que será del 100 % en las zonas tensiona - das. Reservaremos para vivienda protegida al menos el 40 % de la edificabilidad residencial, destinada mayoritariamente a alquiler asequible (25 % del ingreso medio de los hogares de cada zona censal) mediante la reforma de la Ley del Suelo.”

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“● Aprobaremos una línea del ICO para la promoción de vivienda cooperativa en cesión de uso, participación de la economía social y solidaria en el Fondo de Vi - vienda de Impacto Social y un sistema de avales y garantías a través de CERSA y las sociedades de garantía recíproca.”

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“● Movilizaremos suelo y edificios públicos de titularidad estatal, incluidos los de Casa 47, para su cesión a cooperativas sin ánimo de lucro mediante derechos de superficie a largo plazo, con instrumentos de concertación con el sector y concur - sos restringidos.”

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“● Reconoceremos por ley a los proveedores sociales de vivienda sin ánimo de lucro, incluida la vivienda cooperativa en cesión de uso, en coordinación con las figuras autonómicas existentes, y estableceremos un marco jurídico sólido para su colabora - ción con las administraciones públicas en la promoción de vivienda social y asequible.”

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“● Impulsaremos líneas específicas de ayudas a la vivienda cooperativa en cesión de uso para los hogares con menos recursos, mecanismos de financiación que complementen la financiación ajena y reduzcan las aportaciones iniciales de ca - pital de las personas socias, y acceso garantizado de las personas socias a las ayudas al alquiler.”

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“● Reconocimiento y protección legal de la covivienda en el medio rural mediante cooperativas en cesión de uso, a través de la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, facilitando la rehabilitación de edificaciones existentes para varias unidades de convivencia y garantizando que la atribución del uso a las personas socias no se considere, por sí misma, una segregación o parcelación urbanística.”

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“● Prohibiremos por ley la compra de viviendas residenciales para cualquier fin que no sea la residencia habitual y permanente de la persona compradora o su arrendamiento bajo el régimen de alquiler asequible regulado. Esta prohibición alcanzará de forma absoluta a cualquier persona jurídica con ánimo de lucro, como fondos buitre, SOCIMIs, inmobiliarias, entidades bancarias y fondos de inversión.”

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“● Para garantizar el control público de las operaciones inmobiliarias de gran es - cala, se reconoce un derecho de tanteo y retracto preferente y subsidiario a la entidad pública estatal Casa 47 (respetando la prioridad de administraciones au - tonómicas y locales) para la adquisición prioritaria de edificios completos y carte - ras inmobiliarias antes de su comercialización privada.”

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“● Tramitaremos la extinción progresiva y definitiva de todas las licencias de Vi - viendas de Uso Turístico (VUT) y alquileres de temporada fraudulentos en edifi - cios residenciales en un plazo máximo de 3 años dentro de las zonas tensiona - das, devolviendo las fincas al uso residencial estable.”

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“● La actividad económica de los pisos turísticos pasará a tributar al tipo general del IVA del 21 % y perderán toda deducción en el Impuesto sobre Sociedades e IRPF (gastos financieros, reformas y amortización), se elevará al 20 % la imputa - ción de rentas en IRPF por periodos no ocupados y sufrirán un recargo en el IBI de hasta el 150 %.”

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“● Daremos continuidad a la normativa para evitar la elusión de la regulación a tra - vés del alquiler de temporada y de habitaciones, modificando la Ley de Arren - damientos Urbanos. Los alquileres con una duración igual o menor a 30 días pasarán a considerarse alquileres turísticos para evitar el fraude de ley de las plataformas turísticas y se equiparará el régimen jurídico, en especial en lo relativo a los mecanismos de contención de rentas, entre el alquiler de vivienda habitual y el alquiler de temporada, así como respecto del alquiler de habitaciones.”

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“● Constituiremos la Agencia Estatal de la Vivienda (AEV) como organismo públi - co independiente dotado de un cuerpo especializado de inspección y capacidad sancionadora directa para imponer multas de hasta 1.000.000 € por infracciones graves a la normativa inmobiliaria. Se complementará y coordinará con las comu - nidades autónomas y ayuntamientos que ya dispongan de equipos de inspección y sanción.”

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“● Paralelamente, crearemos el Registro Estatal de Arrendamientos (REA) en tiem - po real, en el que será obligatorio inscribir cualquier contrato de alquiler de vivien - da habitual o de temporada de forma previa a su publicidad o firma, permitiendo controlar fraudes y evitar encadenamientos ilícitos de contratos de corta estancia.”

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“● Daremos recursos a ayuntamientos y comunidades autónomas para que hagan cumplir la normativa de pisos turísticos y de vivienda. Serán fondos condiciona - dos a reforzar la inspección y la sanción, porque de nada sirve una buena ley si no hay recursos o voluntad política para aplicarla. Esto incluirá financiación a los ayuntamientos para que, una vez que hayan vencido los plazos de la licencia o del plan sin que se haya iniciado la construcción, puedan iniciar los trámites, declarar el incumplimiento de la obligación de construir y llevar a cabo la expropiación de los terrenos en manos de especuladores, pagando un precio justo, para destinar - los a viviendas públicas con alquileres asequibles.”

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“● Otorgaremos reconocimiento legal pleno a los Sindicatos de Inquilinas como or - ganizaciones representativas con potestad para negociar convenios colectivos de arrendamiento de ámbito territorial o de gran tenedor.”

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“● Asimismo, regularemos el derecho a la huelga de alquileres en supuestos de abusos sistémicos o incumplimientos graves de las condiciones de habitabili - dad, permitiendo el depósito de la renta en consignación judicial sin que ello pueda ser esgrimido como causa judicial de desahucio.”

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“● Aprobaremos una Carta Estatal de Derechos de las Personas Inquilinas. Reforza - remos la defensa legal de inquilinas e inquilinos frente a los abusos, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil para que la existencia de cláusulas abusivas sea causa de oposición.”

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“● Limitaremos por ley el precio del alquiler residencial en todas las zonas tensio - nadas aplicando la fórmula objetiva que garantice la renta más baja para el inqui - lino: el techo máximo de la mensualidad será la cifra menor resultante de compa - rar el 25 % de la renta neta media por hogar de la sección censal y el tope fijado por el índice SERPAVI. Esta regulación provocará una reducción media del 35 % en los precios actuales del mercado.”

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“● Desarrollaremos una nueva figura contractual en el marco de la Ley de Arrenda - mientos Urbanos que regule el alquiler de viviendas para servicios de carácter social que ofrecen alojamiento, siempre en condiciones de asequibilidad.”

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“● Garantía pública de arrendamiento a propietarios privados a cambio de alquiler asequible: Ofreceremos a los arrendadores/as particulares la posibilidad de aco - gerse a un servicio que ofrece la administración para alquilar su vivienda.”

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“● La declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) será obliga - toria y automática en el momento en que una demarcación cumpla con los pará - metros objetivos legalmente establecidos en la Ley de Vivienda (carga de vivien - da >30 % de la renta media o incremento acumulado superior al IPC + 3 puntos). Si la comunidad autónoma correspondiente se negase a tramitar la declaración, el Ministerio de Vivienda actuará de forma subsidiaria activando la ZMRT de oficio o a solicitud expresa del Ayuntamiento afectado.”

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“● El contrato de arrendamiento residencial pasará a tener carácter indefinido por defecto. Durante la fase de transición legislativa, se establecerá la prórroga obli - gatoria del contrato en periodos automáticos de 5 años (7 años cuando el casero sea persona jurídica), exigiendo un preaviso legal de 6 meses para la no reno - vación y una indemnización de 12 mensualidades a cargo del arrendador si este incumple los estrictos supuestos legales fijados para rescindir el contrato.”

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“● Prohibiremos totalmente el desarrollo, comercialización, cesión o empleo de aplicaciones informáticas, software o algoritmos de inteligencia artificial orien - tados a la fijación automatizada, recomendación o coordinación de precios de alquiler a partir de bases de datos de arrendadores. Las empresas tecnológicas e inmobiliarias que utilicen o distribuyan estos sistemas serán sancionadas con multas de hasta el 10 % de su facturación global anual.”

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“● Transparencia, control público y auditoría de los algoritmos de los portales inmo - biliarios: Reforzaremos las competencias de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en coordinación con la Agencia Estatal de la Vivienda, para fiscalizar los algoritmos empleados en el mercado inmobiliario, investigar posibles prácticas anticompetitivas y garantizar condiciones equitativas para pequeños propietarios, agencias y usuarios frente a los grandes operadores. Estableceremos la obligación de realizar auditorías periódicas e independientes de los sistemas algorítmicos utilizados por las plataformas inmobiliarias, con el objetivo de detectar y corregir sesgos discriminatorios, prácticas de competencia desleal y mecanismos que puedan favorecer la coordinación de precios o la mani - pulación del mercado residencial.”

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“● Prohibiremos de forma permanente y con rango de ley la ejecución de lanza - mientos o desahucios de personas y familias en situación de vulnerabilidad eco - nómica o social sin que las administraciones públicas hayan proporcionado con carácter previo una alternativa habitacional digna, adecuada y estable. La admi - nistración pública asumirá el pago del alquiler a precio de índice de las propietarias que sean personas físicas pequeñas tenedoras.”

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“● Asimismo, impondremos la obligación legal a grandes tenedores de ofrecer un con - trato de alquiler social de al menos 7 años, ajustado a los ingresos reales de la unidad familiar, antes de poder iniciar cualquier demanda judicial de recobro o desalojo.”

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“● Crearemos un escudo hipotecario de protección que otorgará una deducción en el IRPF en forma de impuesto negativo de hasta 300 € al mes para familias con ingresos inferiores a 3 IPREM (21.600 €/año) cuya cuota hipotecaria absorba más del 40 % de sus ingresos netos.”

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“● Pondremos en marcha un programa para erradicar los desahucios por la impo - sibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca de la primera vivienda. El Estado se hará cargo de la vivienda y de la hipoteca, la incorporará al parque público y la familia podrá seguir viviendo en ella con un alquiler social ligado a sus ingresos. Un fondo de intervención urgente permitirá ejercer con rapidez el derecho de tan - teo y retracto en los procesos de desahucio. También obligaremos a los grandes tenedores de las zonas tensionadas a ofrecer un alquiler social a las familias vul - nerables en caso de desahucio.”

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“● Pondremos en marcha el plan de adecuación y eficiencia energética de 2,5 mi - llones de viviendas residenciales en 10 años (250.000 actuaciones/año) per - tenecientes a familias vulnerables. La administración pública subsidiará entre el 80 % y el 95 % del coste total de las obras, ejecutando las actuaciones a través del personal contratado por el Plan de Empleo Garantizado.”

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“● Desplegaremos Oficinas de Proximidad como ventanillas únicas en red, coordi - nadas por las agencias de rehabilitación y el resto de las administraciones, para garantizar acceso universal, acompañamiento integral y participación ciudadana. Esta ventanilla única de financiación otorgará un marco estable, accesible y sufi - ciente de financiación y una fiscalidad justa asumiendo la vivienda, y en especial la vivienda rehabilitada, como derecho social, herramienta climática y servicio de in - terés general, y no como un activo especulativo, por el conjunto de las administra - ciones públicas. Crearemos un instrumento público de financiación que funciona como ventanilla única (Monedero de rehabilitación para una Vivienda Digna) de fi - nanciación integral y que centraliza todos los recursos públicos (fondos europeos, estatales y autonómicos y reformas de fiscalidad verde) y privados (atracción de capital privado y ahorro ciudadano) para ofrecer soluciones financieras de reha - bilitación permanente, adaptadas de forma socialmente progresiva a cada hogar.”

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“● Recuperaremos las Normas Mínimas de Eficiencia Energética (MEPS) mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), garantizando por ley una calidad energética digna en los contratos de compra y alquiler, o un plan obligato - rio de mejora, reforzando así la función social de la propiedad.”

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“● Construcción de edificios nuevos de consumo casi nulo o descarbonizados: Apli - caremos requisitos de eficiencia a las nuevas licencias y excluiremos calderas fó - siles, nuevas redes y acometidas de gas en desarrollos urbanísticos desde 2027.”

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“● Protegeremos la vivienda contra incendios e inundaciones estableciendo la pro - hibición por ley de edificar en áreas con riesgo potencial significativo de inun - dación (ARPSI) así como en los primeros 500 metros del litoral. Aseguraremos la existencia de planes de emergencia local con la financiación necesaria en las zonas de alto riesgo de incendio (ZAR).”

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“● Integración del modelo urbanístico de los 15 minutos en la legislación estatal y autonómica de ordenación del territorio: Prohibiremos la aprobación de promo - ciones residenciales que no aseguren la existencia a menos de 15 minutos a pie o en transporte público de equipamientos sociales esenciales: centros de salud, escuelas infantiles y colegios, zonas verdes de calidad y redes de transporte co - lectivo.”

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“● Ordenaremos una auditoría estatal de accesibilidad en el 100 % de los edificios residenciales colectivos para financiar la instalación de ascensores y rampas en fincas con personas mayores o con movilidad reducida.”

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“● Impulsaremos una reforma constitucional de urgencia para trasladar el derecho a la vivienda desde los principios rectores (Capítulo III) a la Sección 1.ª del Capí - tulo II del Título I de la Constitución Española. Con esta modificación, el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible adquirirá la condición de derecho fun - damental, otorgándole la máxima protección jurídica e idéntica exigibilidad directa ante los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional mediante recurso de am - paro. Hasta que se realice la reforma, reconoceremos por ley un derecho subjetivo a la vivienda exigible ante los tribunales, empezando por las personas en situación de sinhogarismo, las familias con menores y las víctimas de violencia machista.”

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“● La reforma consagrará de forma explícita la prevalencia absoluta de la función social de la propiedad sobre cualquier interés comercial o especulativo, la prohi - bición expresa de ejecuciones hipotecarias o desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional digna a cargo de la administración pública, y el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de todo el parque público de vivienda o que tenga algún tipo de protección pública, impidiendo legalmente su privatiza - ción o venta a fondos especulativos.”

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“● Pondremos en marcha un Programa Integral de Vivienda Rural. Construiremos viviendas sostenibles en los municipios despoblados, solo para residencia per - manente y nunca para uso turístico; ayudaremos al alquiler y a la rehabilitación de viviendas para jóvenes, familias y profesionales que quieran instalarse en los pue - blos; fomentaremos la autopromoción y el cooperativismo; y crearemos oficinas comarcales de gestión con las comunidades autónomas. Empezaremos con un programa piloto en Aragón dotado con 75 millones de euros.”

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“Molt especi- alment, cal que el govern espanyol, donant compliment a les competències exclusives en habitatge de la Generalitat de Catalunya, traspassi tots els habitatges de la SAREB i la resta d’organismes que depenen de l’AGE situats a Catalunya, conjuntament amb els recursos necessaris per rehabilitar-los i destinar-los a habitatge de protecció oficial.”

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“55. Dotar la Generalitat de Catalunya de competències per al desplegament d’una llei d’arrenda- ments urbans catalana. Impulsar l’aprovació d’una legislació estatal, per la via de l’article 150.1 de la Constitució espanyola, que delegui formalment a la Generalitat de Catalunya la facultat de legis- lar de manera plena i integral en matèria d’arrendaments urbans. Aquest nou marc normatiu hauria de permetre solucionar el bloqueig de competències en matèria de dret civil i habitatge, que impe- deix a la Generalitat un desplegament efectiu de les seves competències en habitatge mitjançant les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, i respondre a la realitat socioeconòmica singular del mercat de l’habitatge a Catalunya, als consensos socials del país i a les necessitats de les persones treballadores.”

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“56. Augment del finançament estatal en matèria d’habitatge. Cal garantir un finançament públic adequat a les polítiques d’habitatge i incloure’l als pressupostos generals de l’Estat, que dediqui a aquestes polítiques almenys l’1,5 % del Producte Interior Brut (PIB), la qual cosa implica multiplicar els recursos que actualment es dediquen a les polítiques d’habitatge a l’Estat espanyol. S’ha de ga- rantir que aquests recursos es transfereixen a les comunitats autònomes i es posen al servei d’incre- mentar el parc públic d’habitatges de lloguer als estàndards europeus.”

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“57. Traspàs immediat de tots els immobles de la SAREB i Casa 47 a la Generalitat de Catalunya. Resulta urgent el traspàs immediat i gratuït de la titularitat d’aquests immobles a la Generalitat com a administració competent en matèria d’habitatge per poder-los destinar a l’ampliació del parc pú- blic d’habitatge. Alhora, cal garantir el traspàs dels recursos necessaris per a la rehabilitació dels immobles.”

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“58. Modificar la legislació bàsica en matèria de sòl per garantir que el sòl classificat es posa a disposició de la construcció d’habitatge assequible. S’ha d’incorporar a la legislació bàsica en matèria de sòl el deure legal de transformar el sòl en el termini que fixi el planejament urbanístic o, subsidiàriament, la legislació urbanística, habilitant la possibilitat de recórrer als mecanismes de venda i substitució forçosa als propietaris que incompleixin aquest deure o establint l’obligació de les administracions públiques de revisar el sòl no construït en el termini legalment previst. Es tracta d’un mecanisme essencial per evitar la retenció de sòl, que actualment impedeix la construcció de milions d’habitatges, i que és fonamental per obtenir habitatges assequibles i garantir l’exercici del dret a un habitatge digne.”

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“62. Millorar la regulació dels arrendaments per protegir els drets dels arrendataris i evitar els des- nonaments de les persones vulnerables sense habitatge alternatiu i mantenir les compensacions als petits propietaris que es puguin veure perjudicats per aquestes situacions.”

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“64. Garantir la transparència del mercat immobiliari i l’accés de les administracions competents a les dades de l’AEAT. Establir l’obligació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) de publicar anualment, de manera desagregada territorialment, les dades relatives a les operacions de compravenda i als arrendaments d’immobles declarats, incloent-hi els imports i les principals ca- racterístiques de les operacions. Així mateix, obligar l’AEAT a facilitar trimestralment a les adminis- tracions competents en matèria d’habitatge i drets socials informació sobre els immobles propietat de grans tenidors, incloent-hi la ubicació, la titularitat i la situació d’ús, amb les garanties legals de protecció de dades i confidencialitat tributària.”

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“65. Garantir l’accés de les administracions competents a les dades dels subministraments bàsics. Establir l’obligació de les empreses subministradores d’aigua, electricitat i gas de facilitar a les ad- ministracions competents en matèria d’habitatge i drets socials la informació necessària per millo- rar la planificació, la gestió i l’eficàcia de les polítiques públiques, garantint la protecció de les dades personals.”

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“Transferencia dos activos da SAREB (entidade de xestión de activos inmobiliarios das entidades financeiras saneadas) situados en Galiza, para incorporación nunha bolsa de vivendas e inmóbeis para fomento da vivenda pública social en Galiza.”

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“Topar por lei os prezos dos alugueiros e prohibir os desafiuzamentos de persoas en situación de vulnerabilidade, así como decretar a suspensión automática e indefinida de calquera lanzamento sen alternativa habitacional Impulsar a protección e estabilidade das persoas arrendatarias ante as dinámicas especulativas, estabelecendo a renovación automática dos alugueiros, blindando por lei o carácter indefinido dos contratos de alugueiro e impulsando mecanismos e recursos para a persecución das prácticas de acoso, discriminación e abuso inmobiliario.”

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“Estender o requisito de cualificación permanente como vivenda protexida a aquelas vivendas adquiridas por entidades sen ánimo de lucro ou de lucro limitado especializadas en vivenda que recibisen financiación pública para tal fin.”

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“Incrementar as reservas mínimas de solo de vivenda protexida para actuacións de renovación e rexeneración urbanas impedindo a diminución do porcentaxe da reserva xeral de solo da edificabilidade residencial en solo urbano non consolidado e solo urbanizable destinado a vivenda protexida.”

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“Modificar as axudas do Plan estatal de vivenda destinadas á rehabilitación, accesibilidade e renovación urbana e rural para que se condicionen á duración dos contratos vixentes e futuros das vivendas ou edificios subvencionados ou ben ao control de rendas durante un período de tempo determinado, co fin de evitar que as melloras, en ámbitos con forte presión especulativa, deriven en finalización de contratos ou subas abusivas.”

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“Evitar a degradación, o alleamento e a privatización do patrimonio público do solo e da vivenda, nomeadamente de entidades estatais como ADIF, INVIED ou Portos do Estado, procurando o seu uso como vivendas e espazos públicos e a cesión ás CCAA.”

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“Adoptar as medidas necesarias para facilitar a aplicación por parte CCAA de mecanismos como o alugueiro forzoso, a expropiación temporal ou o estabelecemento de canon á vivenda desocupada (importe de como mínimo 10 euros por metro cadrado, incrementándose un 10% anual até o triplo do importe inicial) para as vivendas baleiras desde hai 5 ou máis anos e en mans de grandes propietarios.”

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“Promover as modificacións legais que faciliten a creación de empresas públicas, de ámbito autonómico, municipal ou supramunicipal para a promoción de vivenda pública e a xestión de programas de subarrendo e alugueiro social.”

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“Garantir o acceso da mocidade como un dos actores prioritarios ao parque de vivenda pública. Esixindo urxentemente ao Estado a transferencia de todos os activos da SAREB á Xunta de Galiza para destinalos á promoción de vivenda pública, sobre todo en réxime de aluguer, sendo a mocidade un dos actores de acceso prioritario a estas vivendas.”

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“22. Un acuerdo de vivienda con financiación plurianual. Impulsaremos un fondo estatal de ocho años para cofinanciar vivienda pública y asequible, con una asignación para Canarias ajustada a sus necesidades. Permitirá construir, adquirir y rehabilitar viviendas, además de comprar suelo, edificios y promociones disponibles.”

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“Reforzaremos las ayudas para conservación, ascensores, eliminación de barreras, aislamiento, fachadas, cubiertas, eficiencia energética, autoconsumo y adapta- ción climática, priorizando las necesidades de las personas mayores y de las personas con movilidad reducida.”

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“La financiación de la rehabilitación de viviendas vacías se vinculará a su incorporación a esos programas duran- te un periodo suficiente. Defenderemos una regulación estatal estable que proteja a inquili- nos y propietarios y facilite el alquiler de larga duración.”

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“25. Vivienda para la emancipación. Defenderemos una línea estatal reforzada de vivienda joven, alquiler asequible y cooperativas. Incluirá fórmulas residenciales para estudiantes, alumnado de formación profesional, jóvenes investigadores y trabajadores, de manera que formarse o empezar a trabajar permita construir un proyecto de vida en Canarias.”

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“26. Limitar la compra de vivienda por extranjeros. Impulsaremos en las Cortes Generales las reformas necesarias para limitar la compra de vivienda en Canarias por extranjeros, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a quienes viven en las islas. Reclamaremos al Estado que defienda ante la Unión Europea un régimen específico para Canarias, atendien- do a nuestra condición de región ultraperiférica, con medidas justificadas, proporcionadas y compatibles con el marco jurídico europeo. Promoveremos las reformas estatales y euro- peas necesarias para hacer viable una Ley Canaria de Residencia que permita ordenar el crecimiento poblacional y respetar los límites del territorio.”

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“27. Vivienda vacacional con reglas y control. Defenderemos la cobertura jurídica estatal y europea necesaria para que Canarias y sus municipios puedan modular y limitar los usos turísticos donde exista presión acreditada sobre la vivienda residencial. La normativa dife- renciará el uso ocasional de una vivienda de la explotación profesional o intensiva.”

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“28. Agilizar la vivienda protegida y asequible. Impulsaremos reformas de los procedi- mientos estatales y de los informes sectoriales para acortar los plazos. La reducción de trámites deberá mantener las garantías ambientales, urbanísticas y de seguridad. Reclama- remos incentivos fiscales estatales a la primera vivienda para jóvenes y familias con ingre- sos medios y bajos, y apoyo a la construcción industrializada para reducir los costes y los plazos de construcción de vivienda protegida.”

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“29. Proteger del calor a los hogares vulnerables. Reclamaremos ayudas estatales para protección solar, aislamiento, ventilación, toldos, cerramientos y climatización eficiente en las viviendas de los hogares con menos recursos. Adaptar la casa al calor debe estar al alcance de quienes más lo necesitan.”

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“- Destinarem l’ 1% del PIB anual a programes d’adquisició d’habitatges o de promoció d’habitatge protegit, de titularitat pública o en col·laboració amb cooperatives, empreses del tercer sector i d’altres societats privades sense ànim especulatiu, en col·laboració amb comunitats autònomes i ajuntaments.”

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“- Limitarem les compres d'habitatges destinades a l'acumulació especulativa de propietats, tant per part de persones físiques com jurídiques, mitjançant criteris objectius de concentració de la propietat i garantint la protecció de l'habitatge habitual.”

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“- Impedirem el desenvolupament i ús d’algoritmes immobiliaris i programaris de fixació de preus i d’IA que coordinen o determinen els preus de lloguer mitjançant dades compartides entre propietaris i immobiliàries. Les empreses infractores seran sancionades amb multes de fins al 10% dels seus beneficis mundials.”

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“- Exercirem el dret de tanteig en cas de venda de promocions antigues d’habitatges de protecció oficial, i a través de les Administracions competents, tret que la transmissió siga entre particulars per a finalitat exclusiva d’habitatge habitual.”

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“- Impulsarem la mobilització d’estalvis privats per a augmentar la inversió en habitatge a través de la creació d’un Fons d’Inversió Estatal que capte 18.000M € destinats a programes d’habitatge assequible, tot donant remuneració a xicotets estalviadors.”

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“- Mobilitzarem habitatges buits fent que Casa 47 i les empreses públiques d’àmbit autonòmic actuen d’intermediàries entre propietàries i demandants d’habitatge, assegurant a la propietat el cobrament puntual de rendes i el bon manteniment dels immobles i garantint a les demandants d’habitatge el pagament d’unes rendes justes.”

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“- Crearem un gravamen específic del 10% sobre el valor cadastral dels habitatges addicionals a partir del tercer immoble en mans de persones físiques o jurídiques, incloent-hi els que es troben en règim d’arrendament o desocupats. Quedaran excloses les persones que justifiquen que els habitatges estan destinats a ús habitual, a cooperatives sense ànim de lucre o a programes públics d’habitatge social.”

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“- Reformarem la Llei del Sòl, d’acord amb les comunitats autònomes, amb nous estàndards de proximitat: no s’aprovarà cap nou desenvolupament residencial sense centre de salut, escola, zona verda i transport públic a menys de 15 minuts a peu o en transport col·lectiu.”

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“- Impulsarem un fons estatal de regeneració urbana integral per als barris més degradats, amb convocatòries anuals per als ajuntaments, que combine rehabilitació, espai públic, equipaments i salut. Inclourà garanties antiespeculatives perquè la millora no expulse els veïns i les veïnes que hi viuen.”

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“- Crearem un inventari i un banc estatal de sòl i edificis públics en desús per a destinar-los a habitatge social, equipaments i usos veïnals, culturals i agroecològics. Se’n facilitarà la cessió a col·lectius organitzats i a horts urbans comunitaris.”

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“- Reformarem la Llei de Bases de Règim Local per a fixar un marc estatal d’àrees metropolitanes amb competències mínimes en transport, habitatge, aigua, residus i planificació, i amb governança democràtica. Les dotarem de finançament propi a través de la Llei d’Hisendes Locals i d’una llei de finançament del transport públic metropolità que acabe amb el greuge entre àrees.”

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“- Reforçarem i prioritzarem, dins de les línies d'ajudes a la rehabilitació d'edificis, aquelles actuacions orientades a la millora de l'eficiència energètica i a la instal·lació de sistemes de climatització, amb especial atenció als edificis on hi haja habitatges en règim de lloguer de persones joves.”

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EUSKAL HERRIA BILDU · 12 medidas

“• Un mecanismo especial de financiación estatal dirigido a ayuntamientos que hayan aplicado y declarado zonas tensionadas, para impulsar el desarrollo de los planes de vivienda locales asociados a la declaración y regulación del alquiler.”

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“• Presentaremos de nuevo la Proposición de Ley para prohibir la publicidad y contratación de pisos turísti - cos ilegales por parte de las plataformas digitales, tomada en consideración por el pleno, pero bloqueada en su tramitación.”

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“• Condicionar la compra de vivienda por parte de extranjeros multipropietarios a la inscripción en el pa - drón municipal durante al menos los 2 años previos a la compra de vivienda. El inmueble adquirido debe - rá dedicarse a vivienda habitual y efectiva del propietario o a alquiler regulado bajo los índices de precios de referencia.”

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“• La compra de edificios completos de inmuebles quedará condicionada a que su finalidad/destino sea el de alquiler regulado en función de los índices de precios, quedando prohibida la compra con finalidad turística o especulativa.”

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“Eliminar las SOCIMIs como figura promotora de vivienda, acabando así con las ventajas y privilegios fis - cales de las que gozan, la concentración de capital especulativo en el parque residencial que promueven y el impacto en el alza de precios del mercado que generan.”

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“• Financiación para la rehabilitación: Establecer mecanismos de financiación anticipada y subvenciones progresivas en función del nivel de renta que, para las personas más vulnerables puede llegar al 100%, destinadas a la rehabilitación energética profunda de las viviendas.”

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“• Electrificación térmica de los edificios y protección frente a olas de calor: Otorgar ayudas específicas para sustituir calderas de combustibles fósiles por alternativas eléctricas de alta eficiencia como las bombas de calor (aerotermia y geotermia) combinadas con mejoras de aislamiento. Incluyendo en los programas la instalación de sistemas de refrigeración eléctrica, enfocados especialmente en los edificios públicos y los hogares vulnerables.”

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“• Protección del alquiler y del derecho a la vivienda: Condicionar las subvenciones públicas a la rehabilita - ción a compromisos de permanencia de las personas inquilinas y límites al precio del alquiler para evitar subidas abusivas o desahucios indirectos.”

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FRENTE OBRERO · 7 medidas

“Paralizar inmediatamente todos los procesos de desahucio de las familias trabajado - ras en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer frente al pago del alquiler/ hipoteca hasta encontrar una alternativa habitacional.”

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“Enfocar el acceso a la vivienda pública hacia los españoles autóctonos. No permitir que suceda como con las ayudas, que, como se ha visto en el programa, también de - ben cambiar, pues se suele priorizar al extranjero.”

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“Esta medida debe combinarse con un esfuerzo en particular hacia la rehabilitación de inmuebles ubicados en los centros de las ciudades, con el objetivo de: - Transformar el entorno urbano para hacerlo más sostenible, habitable, atractivo y accesible. - Ampliar la oferta de viviendas, evitando la gentrificación. - Mejorar la movilidad de los residentes, para reducir la dependencia de los vehículos motorizados. - Mejorar la imagen de las ciudades.”

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“• Persecución efectiva del fraude, blindando legalmente el uso del alquiler por habitaciones y de temporada mediante un registro obligatorio, evitando que se utilicen de forma fraudulenta para sortear la Ley de Vivienda.”

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PODEMOS · 26 medidas

“1. Bajar los alquileres un 40% por ley. Aprobaremos una reduc - ción extraordinaria del 40 % de los precios del alquiler, aplicable a los contratos vigentes, sus renovaciones y prórrogas, así como a los nuevos contratos para acabar con los alquileres abusivos y garantizar el derecho a la vivienda. Se establecerá un precio que sea un 40% menor que el precio anterior, siempre y cuando el precio resultante no quede por debajo del 60% del precio medio actual en la correspon - diente zona. Si la vivienda nunca ha sido puesta antes en alquiler, el precio inicial será el 60% del precio medio actual de la zona. Acaba - remos así con los alquileres abusivos y avanzaremos hacia el derecho efectivo a la vivienda.”

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“2. Contratos de alquiler indefinidos. Convertiremos todos los contratos de alquiler de vivienda habitual en contratos de duración indefinida por defecto, para garantizar la estabilidad residencial y evitar que nadie tenga que abandonar su hogar por el mero vencimiento del contrato.”

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“3. Prohibición de la compra de casas que no sean para vivir. Prohi - biremos la adquisición y acumulación de viviendas que no estén destinadas a residencia habitual. Las viviendas adquiridas deberán destinarse a residencia habitual de la persona compradora o de un familiar hasta el segundo grado de parentesco, o a segunda residencia de uso propio. Las viviendas deberán destinarse efectivamente a estos usos durante los cuatro años posteriores a la compra, sin poder permanecer vacías ni ponerse en alquiler durante ese periodo, salvo excepciones tasadas, como el alquiler social o la movilidad laboral. En los territorios insulares, aplicaremos limitaciones específicas a la adquisición de viviendas por personas sin residencia efectiva en ellos, con independencia de su nacionalidad u origen. Asimismo, reforma - remos las subastas y los procedimientos de ejecución hipotecaria para impedir que se utilicen como mecanismos de concentración de la propiedad.”

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“4. E xpropiación de uso de viviendas de grandes tenedores para ampliar el parque público de alquiler. Impulsaremos la expropia - ción de uso por interés social de las viviendas que superen las diez en manos de grandes tenedores, fondos de inversión, entidades finan - cieras y bancos, incluyendo las aproximadamente 626.000 viviendas concentradas en manos de grandes propietarios. Incorporaremos al parque público de vivienda aquellas que estén vacías o destinadas al uso turístico, siempre que reúnan las condiciones de habitabilidad, para destinarlas al alquiler social. En las viviendas que ya estén alqui - ladas, estableceremos rentas de alquiler social o precios regulados en función de la situación económica de las familias, garantizando en todo caso los derechos de las personas inquilinas.”

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“5. Prohibición de los desahucios de personas vulnerables sin alter - nativa habitacional. Prohibiremos los desahucios y lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional digna y adecuada, estableciendo su suspensión indefinida, también en los casos de contratos de renta antigua. La inexistencia de alter - nativa habitacional digna y adecuada supondrá que se presuma la condición de vulnerabilidad. Garantizaremos la asistencia letrada a las personas afectadas en el momento del desalojo y ampliaremos los medios de prueba disponibles para acreditar su situación de vulne - rabilidad. Incorporaremos además la cláusula “Maricarmen” para garantizar que las personas reciban una alternativa habitacional en sus proximidades, respetando sus vínculos comunitarios y su arraigo. En ningún caso se considerará alternativa habitacional una plaza en una institución residencial.”

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“7. Prohibición de los pisos turísticos. Pondremos fin al uso turístico de viviendas residenciales, mientras se mantenga la emergencia habita - cional, mediante la eliminación progresiva de las autorizaciones exis - tentes y la prohibición de nuevas licencias. Asimismo, sancionaremos a las viviendas turísticas ilegales con una cesión gratuita y obliga - toria de los inmuebles a la Empresa Inmobiliaria Pública. En las zonas de turismo masificado, estableceremos una moratoria indefinida a la apertura de nuevas plazas hoteleras. Esta medida contemplará excepciones para las viviendas rurales y otros alojamientos vincu - lados al turismo rural, siempre que no perjudiquen los ecosistemas ni el derecho a la vivienda de la población local.”

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“8. Creación de una Inmobiliaria Pública. Crearemos una inmobiliaria pública que actúe como intermediaria entre propietarios e inquilinos y asuma la gestión integral de los arrendamientos, incluidas las obli - gaciones y responsabilidades que correspondan a los propietarios. A cambio, garantizará alquileres asequibles, con una renta máxima equivalente al 30 % de la renta media del municipio.”

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“9. Incorporación al parque público de vivienda de los activos de la SAREB. Incorporaremos al parque público de vivienda la totalidad de las viviendas vacías y en construcción propiedad de la SAREB, así como todo el suelo edificable en sus manos, para destinarlos al alquiler social y garantizar que estos activos cumplan una función social al servicio del derecho a la vivienda.”

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“15. Regulación del alquiler de temporada y por habitaciones. Incor - poraremos de forma inmediata los alquileres de temporada y por habitaciones a la regulación de la vivienda de la Ley de Arrenda - mientos Urbanos (LAU), para evitar que estas modalidades se utilicen para eludir los límites legales, encarecer los alquileres y precarizar las condiciones de acceso a la vivienda.”

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“Garantizaremos que todas las familias y personas que lo necesiten puedan acceder a una vivienda pública, procurando que el coste conjunto del alquiler y los suministros básicos no supere el 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia.”

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“17. Prohibición de la venta y subasta de vivienda pública. Prohibi - remos la venta al sector privado de las viviendas que formen parte del parque público de vivienda. Asimismo, prohibiremos la subasta y venta mediante procedimientos de ejecución de viviendas de titu - laridad pública, para impedir la pérdida de patrimonio residencial público y garantizar que se destine permanentemente a ampliar el parque público de vivienda y atender las necesidades habitacionales de la población.”

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“18. Carácter permanente de la vivienda protegida. Toda vivienda que tenga algún tipo de protección pública conservará permanentemente esta condición, al objeto de impedir que sea vendida a precios de mercado y objeto de especulación.”

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“19. Rehabilitar millones de viviendas para ahorrar energía y ganar bienestar. Pondremos en marcha un plan a gran escala de rehabi - litación energética de viviendas para mejorar el aislamiento térmico, renovar los sistemas de calefacción y agua caliente e instalar tecno - logías eficientes. Con la rehabilitación de la vivienda las familias podrán llegar a reducir en un 50 % su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales. Priorizaremos los hogares con menos recursos, los edificios más ineficientes y los municipios que afrontan mayores dificultades para acceder a estas mejoras. Facilitaremos ayudas públicas suficientes para que ninguna familia se quede atrás y apoyaremos también a las pequeñas empresas y comunidades de propietarios. Así reduciremos el consumo energético, mejoraremos el confort frente al frío y al calor, combatiremos la pobreza energética y generaremos empleo estable en el sector de la rehabilitación. Casas mejor aisladas, facturas más bajas y barrios más habitables.”

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“20. Reconocimiento de los derechos sindicales de las personas inquilinas. Reconoceremos el derecho de las personas inquilinas a organizarse, negociar colectivamente con los propietarios y defender sus intereses de forma conjunta.”

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“21. Acabar con los abusos y discriminación en el acceso a la vivienda. Reforzaremos los derechos de las personas inquilinas y cerraremos las vías de fraude utilizadas por inmobiliarias y propietarios para imponer cobros encubiertos, garantías desproporcionadas y cláu - sulas abusivas. Perseguiremos especialmente la discriminación racista, capacitista, xenófoba y LGTBIfóbica en el acceso al alquiler, impidiendo que se rechace a personas por su origen, nacionalidad o situación administrativa, racialización, orientación ideológica, religión, orientación sexual, edad, tenencia de mascotas, identidad o expresión de género o situación familiar, incluida la que afecta a familias monomarentales. Estableceremos mecanismos ágiles de denuncia, inspecciones y sanciones efectivas, garantizando la devo - lución de los cobros indebidos y de las fianzas cuando corresponda, así como el derecho a una vivienda en condiciones dignas.”

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“22. Crear un registro público de todas las viviendas y de todos los alquileres. Creación de un registro público, digital y único de todas las viviendas del país y de su uso habitual, alquilada, vacía o turística, de las que se ofrecen en alquiler y de quienes buscan alquilar. No se podrá alquilar una vivienda que no esté inscrita, y el registro servirá de censo de las viviendas vacías de bancos, fondos y grandes tenedores.”

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“24. Protección frente a la subida de las hipotecas a tipo variable. Estableceremos un tope al diferencial de las hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual de los hogares con ingresos inferiores a tres veces el IPREM, incrementado en un 0,3 por cada hijo o hija, de modo que, mientras el euríbor se mantenga por encima del 2 %, el interés aplicable no supere el euríbor más un 0,1 %. Esta medida tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable, y los gastos derivados de su aplicación correrán a cargo de las entidades bancarias. Asimismo, obligaremos a las entidades a facilitar la conversión de estas hipo - tecas a tipo fijo, eliminando barreras y costes, para garantizar cuotas estables y previsibles y evitar que las familias pierdan su vivienda por no poder hacer frente a los pagos.”

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“25. Protección de las familias frente a los abusos y las ejecuciones hipotecarias. Estableceremos la aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» a los contratos hipotecarios, obligando a renegociar sus condiciones cuando circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las personas titulares alteren sustancialmente su capa - cidad de pago. Reformaremos la Ley de Enjuiciamiento Civil para obligar a los órganos judiciales a realizar un juicio de proporcionalidad antes de acordar una ejecución hipotecaria y paralizar los procedi - mientos cuando se haya iniciado una renegociación al amparo de esta cláusula o existan demandas pendientes por cláusulas abusivas.”

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“26. Estrategia integral contra el sinhogarismo desde un enfoque de derechos. Aprobaremos una estrategia estatal para prevenir y erradicar el sinhogarismo desde un enfoque de derechos humanos, garantizando el acceso a una vivienda digna y a los servicios sociales, sanitarios y de apoyo necesarios. La perspectiva de género regirá la Estrategia prestando especial atención a las mujeres víctimas de violencias machistas en situación de sinhogarismo. Su diseño y apli - cación se desarrollarán en colaboración con las comunidades autó - nomas y los ayuntamientos, asegurando una respuesta coordinada e integral que atienda las distintas situaciones de exclusión residencial.”

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“Se priorizará la parti - cipación de las familias y de las entidades vecinales en todas las fases del proceso y se prohibirán los desalojos y derribamientos sin una alternativa habitacional consensuada previamente.”

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“229. Lucha contra la segregación residencial y la discriminación en el acceso a la vivienda. Reforzaremos las políticas públicas de vivienda para prevenir la concentración de población vulnerable en asenta - mientos sin servicios adecuados y combatir la discriminación inmobi - liaria por origen racial o nacionalidad. Se promoverán actuaciones en la Ley 15/2022 para fomentar programas de alquiler asequible, media - ción residencial y acceso a vivienda pública, con criterios transpa - rentes y mecanismos de denuncia frente a prácticas discriminatorias.”

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“01 Crear un gran parque público de vivienda asequible en alquiler. Incrementar sustancialmente el parque de vivienda social que permanecerá, bajo algún tipo de control público o social, destinado al alquiler. Las personas inquilinas de estas viviendas pagarán un alquiler en función de su renta, que se revisará anualmente adecuándolo a las condiciones económicas en ese momento, ya sea al alza o a la baja, y que nunca superaría el 30% de la renta familiar. Objetivo 5% (desde el 1,1% actual): alcanzar al menos 1,35 millones de viviendas sociales y asequibles de carácter permanente en 2030, como primera etapa hacia un parque social del 10% durante la década siguiente.”

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“• Toda vivienda protegida mantendrá esa calificación de forma permanente. Su precio máximo de venta se actualizará según el Índice de Precios de Consumo (IPC), desvinculado de las fluctuaciones del mercado inmobiliario, y lo determinará y supervisará la Administración competente.”

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“• La Administración tendrá derecho de tanteo y retracto en cada venta de una vivienda protegida, de modo que pueda adquirirla o facilitar su transmisión a otra persona demandante, garantizando que siga destinada a vivienda protegida.”

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“Prohibiremos la venta, cesión o transferencia de viviendas públicas en alquiler a empresas privadas, bajo cualquier fórmula jurídica, garantizando su permanencia en el patrimonio público y su destino al alquiler social y asequible.”

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“03 Movilizar el suelo e inmuebles públicos. • Priorizar la construcción de vivienda social y asequible y la rehabilitación de edificios públicos para habilitarlos como viviendas facilitando el cambio de uso. • Inventariar los edificios públicos infrautilizados, en especial los de gran tamaño situados en las zonas más céntricas de las ciudades, y destinar a vivienda social y asequible los que no sean imprescindibles para prestar un servicio público, aplicando criterios de austeridad y eficiencia en el uso del patrimonio público.”

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“• Los contratos de alquiler de vivienda habitual serán indefinidos y sólo podrán terminar por necesidad acreditada de la vivienda para la persona propietaria o sus familiares directos, o por incumplimiento de la persona inquilina. La venta de la vivienda no extinguirá el contrato, y la persona inquilina tendrá derecho preferente de compra.”

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“05 Garantías para las pequeñas propietarias. Proteger a las personas inquilinas es compatible con dar seguridad a quienes alquilan una o dos viviendas como personas físicas. Para ellas proponemos: • Incentivar, mediante medidas fiscales, el alquiler social, tanto para la persona propietaria como para la persona inquilina, y establecer mecanismos que diferencien estas medidas entre grandes y pequeñas propietarias, evitando el perjuicio desproporcionado de estas últimas.”

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“• Crear un seguro público de alquiler, garantizado por la Administración, que cubra los impagos y los desperfectos a las personas físicas propietarias que alquilen su vivienda a un precio igual o inferior al de referencia.”

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“• Evitar que el coste de una política de protección frente a los desahucios recaiga injustamente sobre pequeñas propietarias. Establecer mecanismos públicos de compensación cuando la persona propietaria sea una persona física que dependa significativamente de la renta para su subsistencia.”

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“• Simplificar los trámites, la burocracia y la normativa, flexibilizando las condiciones del CTE (Código Técnico de la Edificación) siempre que quede asegurada la habitabilidad y la calidad. • Establecer convenios de colaboración con los colegios profesionales para facilitar la aplicación del punto anterior. • Crear un registro de empresas promotoras/constructoras, acreditadas, colaboradoras de la Administración, para el desarrollo de vivienda pública. • Bonificar la promoción de vivienda pública, desarrollada por promotoras privadas, asegurando el beneficio por parte de la Administración sin la preocupación de las ventas o los alquileres.”

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“• Poner en el mercado la vivienda vacía (incentivando, y con garantías públicas, a las personas propietarias que las movilicen y penalizando con medidas fiscalmente proporcionadas a quien no las ponga en el mercado de alquiler o venta).”

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“09 Agencia Pública de Información y Protección de la persona inquilina. Crear una herramienta nacional, coordinada con Comunidades Autónomas y municipios, que permita a cualquier persona conocer gratuitamente: alquiler medio de su zona, alquiler de referencia, precio máximo legal cuando exista regulación, derechos de la persona inquilina, ayudas disponibles, condiciones de su contrato, vías de reclamación. Y, sobre todo: que denunciar un alquiler ilegal o abusivo no obligue a la ciudadanía a convertirse en personas expertas jurídicas.”

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“• En los nuevos desarrollos urbanísticos, garantizar su desarrollo en un plazo determinado, de modo que, si éste no se cumple, sea la Administración quien pueda desarrollar las parcelas que no lo han hecho, destinándolas a la ejecución de vivienda pública, únicamente justificando el incumplimiento del plazo, adquiriéndolas a la propiedad por el valor del suelo según su derecho.”

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“• Suspender la ejecución de los desahucios cuando la persona o familia se encuentre acreditádamente en situación de vulnerabilidad económica, o de cualquier otro tipo y/o carezca de alternativa habitacional adecuada. El lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que exista una solución habitacional efectiva avalada por la Administración o entidad social competente. • Crear una Oficina pública de defensa habitacional y un Sistema de Alerta Temprana. La actuación de la Administración pública debe producirse antes del desahucio, no cuando ya existe una fecha de lanzamiento. • Crear un Fondo de Emergencia Habitacional destinado a evitar que un desahucio se convierta en sinhogarismo.”

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“04 Reconocer el derecho efectivo a elegir cómo y dónde vivir durante la vejez. Para ello se impulsarán viviendas colaborativas o cohousing, apartamentos con servicios compartidos, viviendas intergeneracionales, viviendas tuteladas, centros de convivencia comunitaria y residencias de pequeño tamaño integradas en los barrios y municipios. La financiación pública deberá orientarse a favorecer la diversidad de modelos y no exclusivamente una única modalidad residencial.”

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“07 Garantizar el derecho de todas las niñas, los niños y adolescentes a una vivienda digna y adecuada, priorizando a las familias con menores en situación de vulnerabilidad en el acceso al parque público de vivienda y evitando los desalojos que afecten a menores sin una alternativa habitacional adecuada.”

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“1. Una casa para empezar la vida. Reservar para menores de 35 años una parte del nuevo parque público de alquiler, dentro del sistema de acceso en función de la renta y con un alquiler ajustado a sus ingresos en los términos de la medida 1 de Vivienda, dando prioridad a rehabilitar viviendas vacías frente a construir de nuevo. Regular el alquiler de habitaciones, hoy la única salida para miles de jóvenes y prácticamente sin control, con contrato por escrito, derechos claros y precios sujetos a los índices de referencia.”

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“1. Promover un Pacto de Estado para la Prevención de la Pobreza Extrema y el Sinhogarismo, con financiación específica, sistemas de alerta temprana y protocolos de coordinación entre administraciones, servicios sociales, equipos de intervención en calle y recursos de emergencia. Garantizar que ninguna persona salga de una institución pública directamente a una situación de calle. Fomentar la sensibilización social y la participación ciudadana en la prevención de la exclusión residencial.”

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“5. Crear un programa específico de erradicación del sinhogarismo dentro del Plan Estatal de Vivienda, con presupuesto propio y reservas de vivienda pública y financiación en colaboración con las comunidades autónomas. Ampliar los programas de titularidad pública basados en la vivienda, como Housing First y Housing Led, y otras soluciones habitacionales adaptadas a las necesidades de cada persona, financiando la adquisición y rehabilitación de inmuebles destinados a vivienda social y garantizando acompañamiento personalizado, reconociendo la vivienda como un derecho fundamental y un punto de partida para la recuperación de la autonomía, la inclusión social y el acceso efectivo al resto de derechos y servicios.”

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“6. Garantizar el acceso a la vivienda sin condiciones previas. El acceso a la vivienda social no dependerá de haber superado antes un proceso de inserción laboral u otros requisitos: ambos procesos irán a la par. La vivienda no se condiciona a que la persona resuelva previamente sus problemas de salud, empleo, adicciones o situación social, y se ofrece acompañamiento profesional personalizado, respetando su autonomía y sus decisiones. Housing First (Primero el hogar) facilita una vivienda individual y estable a personas en situación de sinhogarismo, especialmente a quienes presentan situaciones de exclusión prolongada o necesidades complejas. Housing Led ofrece soluciones de vivienda para favorecer la autonomía de personas adultas y jóvenes en situación de sinhogarismo: alojamientos temporales, viviendas compartidas o individuales y acompañamiento para recuperar o desarrollar un proyecto de vida autónomo. La vivienda no es solo un derecho básico: abre la puerta al acceso a otros derechos y servicios.”

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SE ACABÓ LA FIESTA · 5 medidas

“4 Suelo público gratis y vivienda en propiedad. Todo el suelo de la Sareb y del Estado, en 12 meses, a con ‐ curso para construir vivienda protegida en propiedad a pre ‐ cio tasado. El joven que compra es dueño, no inquilino del Ayuntamiento.”

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“5 Licencia en un mes o silencio positivo. Un mes obra menor, dos obra mayor, tres grandes desarro ‐ llos. Pasado el plazo, licencia concedida y el ayuntamiento paga el retraso. Las reformas no requerirán declara ‐ ción responsable.”

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“7 Hipoteca joven: el Estado avala tu entrada. Aval público del 20 % de entrada para menores de 40 en su primera vivienda. Con un 35 % de ahorro y la entrada avala ‐ da, comprar vuelve a ser posible con un sueldo normal. Garantía de 2.000 M€; no es gasto.”

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“8 Aval del Estado para que el casero no tenga miedo. Seguro público de impago: doce meses de renta y daños garantizados; después, el Estado persigue al moroso. A cambio, se alquila sin exigir tres nóminas y un aval banca ‐ rio. Prioridad a menores de 45 y familias con hijos. Coste: ≈ 150 M€/año.”

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“9 Construir rápido: licencia automática en 15 días. Vivienda industrializada en suelo público y urbano consoli ‐ dado con licencia automática y estándar técnico único: lo que vale en Sevilla vale en Bilbao. Registro único de alquiler turístico con cumplimiento fiscal, sin prohibiciones.”

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